Este es el esperado avance del film "Rejas, Suspiros y Llaves", un original alegato abolicionista que, simplemente, estaba haciendo falta. Ese es un mérito (uno más) de esta valiente iniciativa, que seguramente constituirá un aporte sustancial para poner en crisis los paradigmas hegemónicos, las gramáticas y prácticas punitivas, las pretendidas soluciones que brinda el secuestro institucional de miles de seres humanos, y las lógicas de los operadores.


Las experiencias de corte progresista y democrático que parecen haberse afianzado definitivamente en América del Sur, significan un hallazgo inesperado en materia geoestratégica mundial y, a la vez, una transformación superlativa que en términos culturales ha debido sobreponerse a fabulosos procesos de restauración conservadora que, en la mayoría de los casos, han fracasado por la debilidad de la base social que los patrocinaba, inversamente proporcionales a la potencia de la prédica de las grandes corporaciones mediáticas, embretadas en la ardua tarea de la construcción de una oposición política presentable, cuando no, de explícitos intentos golpistas.
Los avances en materia de crecimiento económico, distribución más equitativa de la riqueza, políticas públicas inclusivas, educación, salud, conquista de derechos, memoria y justicia, no reconocen antecedentes en los dos siglos de historia de estas naciones artificiosamente divididas por fuerzas imperiales para facilitar su dominación.
Por eso, el proceso de unidad que se concretó a partir de convergencias genuinas en organismos internacionales latinoamericanos (MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA), prescindentes y alternativos de la tutoría conservadora de la OEA, expresan justamente un cambio cultural profundo que retrotrae a la idea de la gran Nación latinoamericana inconclusa. El sueño continental de nuestos libertadores.
El primer resultado, impactante por cierto, es el reconocimiento del MERCOSUR, con el reciente ingreso a dicho mercado de Venezuela, como quinta potencia económica mundial. Un dato de la realidad, impensable hace apenas una década. Ahora con la entrada de Venezuela, el MERCOSUR se ha convertido en uno de los más grandes bloques comerciales en el mundo. Con su Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 3.3 millones de millones de dólares está disputando el tercer lugar con el bloque asiático ASEAN (formado por 11 países cuyo PIB combinado oscila entre 3.2 a 3.3 millones de millones de dólares), entre las uniones comerciales más importantes del planeta, colocándose detrás del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México con el PIB estimado en 18.6 millones de millones de dólares) y Unión Europea compuesta por 27 países con el PIB total de 17.7 millones de millones de dólares. 
No obstante estas conquistas indiscutibles, estos mismos gobiernos democráticos tiene deudas pendientes en materia de “profundización de los modelos”, que amenazan convertirse en el futuro en un evitable e innecesario Talón de Aquiles del nuevo paradigma regional.
Muchas medidas se adoptan, se anuncian, y sus efectos tardan en ser advertidos por la ciudadanía o, directamente, nunca llegan o se constituyen en pretextos ideales para los cacerolazos de la derecha (en ese sentido, la columna de esta mañana de Eduardo Anguita en Radio Nacional traza una semblanza perfecta).
Hay áreas de gobierno específicas (por ejemplo, en la Argentina), en que las iniciativas se anuncian y se concretan de inmediato. Esto se advierte claramente en economía, particularmente en el área de comercio exterior, en el ANSES y en materia de Relaciones Internacionales, por citar algunos casos.
En otras áreas, en las provincias y en los municipios, esta relación casi automática entre la decisión política y su puesta en práctica no muestran la misma ejecutividad.
En Venezuela, las gestiones estaduales, al igual que en el caso de Argentina, no pueden emular la prepotencia política de los gobiernos centrales en materia de gestión de las contradicciones.
El diputado venezolano Héctor Navarro, al referirse públicamente al “descontento” que se ha generado en Venezuela, en torno a la gestión pública y a la burocracia, admitió que “sí hemos tenido algunas fallas de gestión pública” , pero que igualmente “el pueblo se siente identificado con  Chávez, lo que, además de marcar una peligrosa obviedad, revela la inconsistencia del país en materia de Gobernanza (que alude precisamente al proceso de toma de decisiones y la forma en que las decisiones son implementadas, o no1), librada por ahora al enorme crédito de que goza el líder bolivariano.
Insisto, no es demasiado diferente lo que ocurre en algunas áreas de gobierno argentinas, déficit éste que se soslaya con el recurso al histórico liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde una perspectiva nacional, popular, latinoamericana y antimperialista, es posible observar que muchas de estas experiencias históricas de acumulación de poder popular, que fueron abortadas en sus primeras expresiones, sucumbieron a manos de las presiones explícitas del imperialismo y las oligarquías locales.
La indecisión de las experiencias nacionalistas populares al momento de ceder la vanguardia de estas transformaciones a la clase obrera, y la consiguiente defección a la hora de construir movimientos nacionales liderados por los sectores más dinámicos de la sociedad, que emprendieran la histórica tarea de afectar la propiedad de los medios de producción, constituyeron los límites objetivos de aquellos avances sociales y políticos sin precedentes.
Quizás, el desafío de la hora siga siendo el mismo: la superación de una etapa de corte nacionalista, y el avance en aras de medidas socialistas autóctonas de gestión del caos.



Un texto de Iñaki Gil San Vicente *
Las palabras no son neutrales, están cargadas ética y políticamente, también con vulgarismos, con tópicos y eufemismos, y casi siempre con ideología, es decir, con falsa conciencia que invierte la realidad, que oculta las contradicciones, o que las suaviza haciéndolas aceptables al reformismo y a ese verdadero cepo inmovilizador de la conciencia crítica que es el llamado sentido común. Hablamos de suicidio en vez de asesinato indirecto en el caso de las muertes de personas que estaban a punto de ver cómo el capitalismo les desahuciaba, asesinato inducido a distancia mediante la esotérica «mano invisible del mercado» que para funcionar con efectividad material necesita de la muy visible y férrea mano acorazada del Estado y de la ley de la propiedad burguesa. Estado y propiedad privada son, por tanto, dos conceptos imprescindibles para acercarnos con un mínimo de rigor al problema de los llamados suicidios provocados por razones de desahucio de la vivienda.
Siempre debemos contextualizar las palabras y sacar a la luz aquellos contenidos suyos sistemáticamente expurgados del lenguaje dominante, contenidos que muestran las contradicciones irresolubles del sistema capitalista que son la razón última y definitiva del tremendo deterioro de la salud psicosomática de la humanidad trabajadora. Por esto es de agradecer que muy recientemente se hayan publicado en GARA dos artículos al respecto: «Desahucios: el desamparo definitivo», del 17-XI-2012, y «Aumento de suicidios como consecuencia de la crisis», del 5-XI-2012. Dos artículos necesarios para bucear al fondo del problema, de la tragedia mejor dicho, de los desahucios y suicidios provocados directa o indirectamente por la incompatibilidad última entre la propiedad privada de las fuerzas productivas y la libertad humana que siempre ha necesitado de la propiedad colectiva, comunal y/o comunista, según se quiera, para realizar sus inagotables potencialidades. Personalmente, voy a intentar completar tres aspectos que, a mi entender, son imprescindibles para una mejor lucha contra la explotación.
Un primer aspecto no es otro que la pregunta sobre ¿Qué debemos entender por propiedad privada de las fuerzas productivas? Desde luego que nunca hemos de entender por tal cosa y en el capitalismo actual, la posesión de un utilitario de segunda o tercera calidad, o de dos televisores en el domicilio, o de un ordenador con acceso a internet, por ejemplo, sin hablar del propio domicilio y de sus aparatos domésticos socialmente establecidos como equipamiento mínimo estandarizado. Frecuentemente estos y otros bienes son necesarios para la recomposición de la fuerza de trabajo en el actual sistema de explotación asalariada. No. Por propiedad privada de las fuerzas productivas hay que entender, por ejemplo y citando solo una de las informaciones más recientes, de mediados de octubre de 2012, el hecho de que el 1,3% de la población acumule el 44,4% del PIB del tercio vascongado, unos 37.502 millones de euros. Ahora sí estamos hablando realmente de propiedad privada de las fuerzas productivas. Por el lado opuesto, sin propiedad burguesa alguna, en ese mismo mes de octubre supimos que en el tercio vascongado el 6,3% de los hogares tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, siendo el 5,1% en Nafarroa, y en el total de Hego Euskal Herria ascienden a 70.810 hogares.
La diferencia entre propiedad burguesa y propiedad familiar o personal «normal» radica en que la primera se asienta sobre la explotación ajena para extraer plusvalor, que permite acumular más propiedad y que, sobre todo, permite expropiar el domicilio, desahuciar y expulsar a la desolación más inhumana, a quienes con su muy enana propiedad personal y/o familiar son incapaces de sobrellevar los gastos mínimos de su malvivencia cotidiana. La propiedad personal se reduce, en síntesis, a la propia fuerza de trabajo, apenas a algo más. Bajo esta realidad instaurada desde el inicio del capitalismo, con su fase de acumulación originaria de capital, que se reactiva siempre con formas y modalidades nuevas, por ejemplo la de la actual acumulación por desposesión generalizada de los bienes comunes y de la muy reducida propiedad personal y/o familiar, bajo esta realidad, el desahucio contemporáneo nos remite a las violencias terroristas burguesas de otrora, ya denunciadas y combatidas por el socialismo utópico. Sin ir muy lejos, en 1845 Engels citaba el desahucio como una de las tácticas habituales de la patronal inglesa para aplastar la resistencia obrera y popular en la permanente lucha de clases o «guerra social» de aquella época. Propiedad burguesa y lucha de clases forman una unidad de contrarios irreconciliables, siendo los desahucios y los suicidios un efecto necesario que surge del interior de esa contradicción. Y para acabar con el efecto hay que acabar antes con su causa.
Un segundo aspecto derivado del anterior es precisamente el de la tendencia ciega del capital a la acumulación por desposesión, a la reactualización de las violencias terroristas -así las llamó Marx- sin las cuales millones de campesinos y artesanos nunca hubieran claudicado ante el derecho burgués de explotación, y el papel clave del Estado burgués para facilitar la acumulación de propiedad cada vez en menos manos.
Tanto a nivel mundial como a nivel vascongado con el inmoral y reaccionario golpe de Kutxabank, el Estado interviene masiva y permanentemente en la privatización descarada de ingentes masas de capital, bienes y riquezas públicas, de todo tipo, forma y condición. Un expolio privatizador que supera todo lo habido anteriormente en la sangrienta historia capitalista. No vamos a dar cifras porque aumentan cada día y no tenemos espacio ahora. El capital tiene la «ciega necesidad» de acumular cada vez más y por eso, entre otras vías, debe expropiar, privatizar y desahuciar todo lo que pueda, y más, o de lo contrario se acelerará a medio y largo plazo la tendencia a la caída de la tasa media de beneficio, base de la acumulación de propiedad burguesa. Hablamos de tendencia a la baja porque su velocidad y materialización depende de la lucha de clases, de las contratendencias que logre aplicar el Estado mediante sus estrategias socioeconómicas, políticas y represivas. Un ejemplo demostrativo de la dialéctica entre la tendencia a la baja de la tasa media de beneficio y el aumento de la tasa de suicidios lo tenemos en el hecho de que un aumento de un 1% del desempleo supone un aumento del 0,8% de los suicidios, como se nos informa en el artículo «Aumento de suicidios como consecuencia de la crisis», del 5-XI-2012.
Y el tercer aspecto es la necesidad del comunismo como única alternativa a la privatización de lo común, de lo poco que pervive fuera de la propiedad burguesa, desde las tierras comunales y/o estatales, hasta los primeros o últimos sentimientos humanos, está siendo mercantilizado por el capitalismo. Transformar lo real en mercancía y reducir al máximo posible el tiempo de trabajo son dos exigencias ineludibles para el aumento de la propiedad burguesa. La antropogenia se sostiene sobre la sociabilidad y sobre los bienes comunes, colectivos. Privatizarlos, reducirlos a propiedad burguesa es destruir lo que, hasta ahora, ha creado a nuestra especie, pero esta y no otra es la esencia del imperialismo en su fase actual. Por todas partes, en cualquier resistencia popular y obrera, casi al instante aparece el verdadero problema: cómo impedir la expropiación, el desahucio, la privatización. Manuel Reguera y Amaia Egaña tomaron el camino del suicidio, pero la única solución es la lucha ofensiva, tenaz y estratégicamente dirigida a la recuperación de lo público, común y colectivo. Es la lucha contra la propiedad burguesa, empezando por la del suelo, de la vivienda, la salud, la economía, la educación, las armas, el aire, la sexualidad, el amor y hasta la propia muerte. La propiedad socialista de Euskal Herria, su independencia. ¿Acaso no es esto el comunismo?
* Publicado en www.gara.net
Por Daniel Alejandro Escalante
INTRODUCCION
Dentro del cambio revolucionario penal, uno de los tópicos que más me llevo a reformular conceptos fue el relativo a la Acción Penal, su concepto, evolución en el tiempo y su titular. Aquí quiero detenerme y preguntarme si el Fiscal es el EXCLUSIVO dueño de la acción penal EN EL PROCESO. A esta altura quizás se me cuestione mi poca experiencia doctrinaria. Pero al menos solicito se me otorgue el beneficio de la duda en las próximas líneas. Para llegar a ello, pretendo resaltar lo poco que se habló del resurgimiento de la figura de la victima, en concreto del querellante conjunto, que no deja de ser también llamativo. Ya que con el Viejo Código Procesal y más precisamente en el Procedimiento Sumario, le confería recién intervención en el avocamiento en el Juzgado Correccional, y de ninguna manera antes de la Requisitoria Fiscal. Y en el supuesto de que se presentase, por lo que era el anterior Art. 353 se encauzaba en las reglas de la instrucción Formal, es decir que el procedimiento rápido y querellante no podrían ser términos que se relacionen.
Esta será mi tarea y para mi postura me basaré concretamente en la legislación de forma y en fallos referidos al tema, pero aportando el peculiar punto de vista que me caracteriza, obviamente respetando los parámetros del nuevo sistema.
EXCLUSIVIDAD
Para comenzar con mi humilde postura me propongo restar un poquito de credibilidad a lo que se sostiene en Art. 76 del CPP. Función. El  Ministerio Público Fiscal  promoverá y ejercitará la acción penal,  en  la  forma establecida por la  ley,  y practicará  la  investigación penal preparatoria, conforme las disposiciones de este Código. Tal razonamiento surge de la esencia misma del sistema acusatorio en el que tiene como característica fundamental la división de poderes ejercidos en el proceso, por un lado el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro el imputado quien puede resistir la imputación ejerciendo el derecho de defenderse, y finalmente el tribunal que tiene en sus manos el poder de decidir. Por ello, se propugna que el Fiscal es el dueño de la Acción. Pero a medida que uno lee las distintas y mejoradas redacciones normativas de la Ley de Forma, resulta que no es tan dueño, o quizás sí dueño de iniciar la investigación mediante el decreto de apertura que reza el Art. 245 CPP. Por lo que se desprende de ello la palabra investigada apunta a la unicidad de algo. En nuestro caso el Fiscal. Pues bien, lo que pretendo demostrar es que esta exclusividad radica en el inicio, en otras palabras, que sea el provocador de todo el aparato judicial. Luego mas adelante, ya no goza de mencionado rol.
LEGISLACION
Comencemos con el Art. 435 CPP. Allí en primer término introduce una importante función, quizás a mi juicio la más novedosa de la reforma. El querellante deberá formular su acusación dentro de los seis días de conformidad a lo estipulado en Art. 434 (contenido de la acusación). Tarea que hasta hace pocos meses conocida como Requisitoria de Elevación a Juicio confeccionada por el Fiscal Penal interviniente en la causa, ahora encontraremos un dictamen más, pero por parte de la querella penal. Seguramente alguien pretenderá refutarme al decir que “bueno...la acusación la efectuó el órgano principal acusador,  y habiéndose cumplido dicha condición recién es que continúa el acusador privado”. Muy bien en ese sentido puede ser verdad, pero la manera de enfocar los hechos investigados, la participación conferida a cada uno de los autores investigados, las agravantes, atenuantes, etc. será diferente. Pero más resalto la diferente calificación pretendida por cada acusador. Y lo complico más. Que el Fiscal Penal utilice otra novedad salteña, cual es la acusación alternativa, de la que escribí en otros artículos. Aquí noto una disminución de la exclusividad de la acción, resultando en manos del querellante, mayor poder sobre ella. Por ello digo que es una idea original y justa y que ofrece una importante intervención a la victima, extremo que fue dejado de lado durante mucho tiempo.
Y mas todavía ocurre en la etapa critica. Remitámonos al Art. 436 CPP. En su parte pertinente estipula que el querellante puede deducir oposición en relación al auto de remisión a juicio del Juez de Garantías. Es decir no solo se puede enfrentar con las conclusiones del Sr. Fiscal Penal sino también respecto de las conclusiones del Juez de Garantías. Véase la fuerza y protagonismo en pos de hacer valer sus pretensiones.
LO MÁS CRUCIAL
Hasta ahora lo más “light” de mi postura. Ahora pretendo meterme más de lleno en esta Acción compartida o condominial.
El Art. 469 y me permito transcribirlo textualmente para su posterior análisis.
Desistimiento de  la Acusación.  Si  en cualquier  estado del debate el Fiscal desistiese de la acusación y, no hubiere querellante particular que la mantenga, se sobreseerá al acusado. Si  el  Fiscal  no mantuviese  su acusación al  momento de  la discusión prevista en el  artículo 479,  y el  querellante particular sí   lo hiciera,  el  Tribunal deberá dictar sentencia.
En relación al primer párrafo, no hay ningún tipo de discusión. Que son aquellos procesos con un único acusador, cual es el Fiscal y sin ningún querellante. Pero lo peculiar se detiene en lo regulado en segundo párrafo. Si el Fiscal no mantiene la acusación en el momento de los alegatos, la lógica y de acuerdo a los fallos Tarifeño y Mostaccio el Tribunal debería absolver. Pero habilita una vía para que el Juez pudiese condenar si fuese, si el querellante particular sí mantuviera la acusación.
Lo que me lleva a pensar que la acción penal adquiere cierta autonomía de la que no se esperaba de otros códigos. Dicho de otra manera, hay un proceso abierto todavía, sin fiscal penal, solo con acusador privado, pregunto… la exclusividad de quien es? Acaso deberíamos decir que la exclusividad reposa en el inicio de la investigación penal preparatoria?
Veamos ahora el Art. 478 CPP que consigna:
Advertencia sobre la calificación. Si en el curso del debate el Tribunal advirtiera la posibilidad de que la sentencia califique el hecho imputado de   una  manera   diferente   y  más   gravosa   a   la   utilizada   por   el   Fiscal   y   el querellante en la acusación contenida en la requisitoria de elevación a juicio, se lo hará saber al Fiscal y las partes. Esta manifestación no podrá considerarse adelanto de opinión, pero sin ella, no podrá la sentencia modificar la calificación de la acusación por una figura más grave, salvo que lo hiciere el propio Fiscal o el querellante en la discusión final.
Evitando explicar la etapa en la que se encuentra inmerso este artículo, concretamente el Tribunal de Juicio podría advertir una calificación por los hechos investigados de manera más gravosa. De la norma se extrae la importancia de la Requisitoria de Elevación a Juicio, considerando el límite dentro del cual debe resolver el magistrado. De lo contrario “no podrá la sentencia modificar la calificación de la acusación…” Pero véase que se respeta dos Requisitorias, una es la del Fiscal y la otra del Querellante, esa que se establece en Art. 435 CPP. Y hay otro momento en que considera la vía que tome la Acusación, es decir en el alegato final, pero no solamente de lo que pudiere hacer el Fiscal, sino también el querellante. Por ello, la exclusividad como sinónimo de unicidad, se va menguando a medida que desmembramos los artículos que ofrece el Nuevo Código de Forma.
Creo que el siguiente articulo, completa lo analizado en el párrafo previo. A continuación y mayor ilustración Art. 482.
Correlación entre acusación y sentencia. Al dictar sentencia el Tribunal no podrá apartarse del hecho contenido en la acusación del Fiscal o querellante,   en   sus   ampliaciones   o  modificaciones.  Los   jueces   sólo   podrán resolver lo que haya sido materia de debate. El Tribunal deberá absolver cuando ni el Fiscal ni el Querellante Particular hubieran formulado acusación y pedido de pena.
Destacamos la suma importancia del contenido de la Acusación por parte del órgano acusador (publico o privado) ya que es materia de resolución y decisión por parte del Juez de Juicio. Ni más ni menos. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente: Véase la limitación de la materia decisoria, la define el órgano que acusa. Principalmente el Fiscal, según el titulo de exclusividad que tiene. Pero en este artículo nuevamente se merma el grado exclusivo del rol del Fiscal. La mirada del Tribunal apunta a dos personas; la primera obviamente al Fiscal, pero la otra al querellante. El tema es que el Magistrado decisor no puede apartarse de ninguno de los dos dictámenes.
Y estas imposiciones por estos dos órganos acusadores, en el caso de no formular acusación no quedan otra que dirigir la decisión judicial hacia una Absolución.
A continuación y terminando esta Sección pasare a demostrarles mi postura.
Art. 488.- Nulidades. La sentencia será nula: (solo parte pertinente)
e) Si  aplicare una pena mayor a  la solicitada por el  Fiscal  o  la querella salvo   que   se   hubiera   producido   un   cambio   de   calificación   en   los términos de los artículos 478 y 482 segundo párrafo.;
Solamente analizaré de modo breve la regla que establece el inciso e. La sentencia emitida por el Tribunal de Juicio resultará NULA cuando se aplique una pena mayor a la solicitada... ¿por quien? Vea Ud. que el Código dice a la solicitada por el Fiscal y por la querella. No solo se atendrá a la pena solicitada por el acusador público sino también por el privado.
Con todo ello es que esta exclusividad no es tan exclusividad. Que no hay discusión que desde el inicio o la inauguración del proceso penal queda en manos del Fiscal Penal. Pero a partir de la etapa crítica en adelante tal concepto resulta débil.
CONCLUSION
En el Código Viejo que se nos fue en el año 2012 teníamos un querellante automático. Recién aparecía en el avocamiento del procedimiento sumario y luego ofrecía pruebas, que no debían ser complejas atento a la finalidad de este proceso rápido. La otra opción era ingresar por el proceso de instrucción formal, en aquellos casos de delitos cuyo máximo excedía los cinco años. Pero los querellantes en delitos de menos de cinco años, la única salvaguarda era ingresar mediante las excepciones del procedimiento sumario del Art. 353 CPP. Sino no era posible discutir nada. Ahora en cambio, la figura del querellante adquiere mayor respeto, creo principalmente por la independencia de que goza en varios momentos del proceso penal. Y ello sumado al beneficio de incorporarse desde el inicio de la investigación penal preparatoria. Incluso puede hasta opinar en aquellos casos de la aplicación de los Criterios de Oportunidad, o en una mediación.
Pero ello no acaba allí, ya no se debe atener a lo que la requisitoria de elevación de juicio fiscal contenía. Mediante el Art. 355 el mismo querellante podrá formular su propio punto de vista sobre como ocurrieron los hechos, quienes fueron los autores, en que grados, etc. Ello es un avance importante en la materia. Y creo que esto se debe publicitar de manera permanente. A nivel social, la sociedad salteña cree que es solo un código para imputados, y sinceramente creo que no es así. Si es garantista, pero en el sentido de que resguarda y realza todas las garantías contempladas constitucionalmente. Es un código también para las victimas, que desde el comienzo de la investigación puede tomar parte. Donde se le confiere un protagonismo del que no gozaba desde hace mucho tiempo.
Retomo las palabras de un magistrado sobre la aceptación o no del Código, que mas allá de ello, solo hay que tener en cuenta que es Ley y es sobre la que hay que trabajar. No es algo ideado por el mero capricho de alguien, sino que es producto de varias charlas y consultas a distintos organismos vinculados con el espectro jurídico. Sumado al hecho que en distintas provincias de nuestro suelo Argentino dio muy buenos resultados, según los informes estadísticos oficiales. Se debe procurar mayor celeridad en la resolución de los casos sin descuidar el derecho a la Justicia que posee todo ciudadano argentino.



“Si el general Petraeus pudiera lograr en Irak lo que Putin logró en Chechenia, sería coronado rey. La pregunta clave es aquí si aplicamos para nosotros los mismos estándares que les aplicamos a otros”1.
No hay que dejarse atrapar por el prestigio de los escándalos (….) No son ellos los que dan cuenta del desarrollo histórico. Los regímenes y los sistemas económicos y políticos no mueren jamás por sus escándalos. Mueren por sus contradicciones. Es absolutamente otra cosa”2.
Asistimos a la que se presenta como la crisis más profunda del capitalismo global desde su primer colapso durante la gran depresión del 29', que al parecer no solamente no ha terminado sino que amenaza con alcanzar proporciones cataclísmicas, que  ponen en uestión los paradigmas unidimensionales del fin de la historia que proclamaba Francis Fukuyama (foto), cuya hegemonía duró apenas dos décadas. En ese lapso, el pensamiento conservador, sus lógicas y narrativas, no solamente se expandieron rápidamente y con inusual éxito por los países más poderosos de la tierra, sino que al influjo de las nuevas recetas neoliberales, las regiones más desfavorecidas del mundo adhirieron también a diferentes programas que poseían esa misma impronta ideológica. El Consenso de Washington hizo lo suyo y las experiencias políticas de las décadas del 80' y 90' en América Latina así parecen atestiguarlo. Se trató, al final de cuentas, del paradigma hegemónico más corto de la historia humana. En menos de 20 años -un instante en términos históricos- la realidad objetiva planetaria conoce ya que el mercado ha demostrado su imposibilidad de contribuir sino a experiencias espantosas de depredación e inequidad, de proporciones inusitadas en todo el mundo, a una concentración de la riqueza sin precedentes, una consecuente diseminación de la exclusión y la pobreza a escala ecuménica (la fortuna de las 400 personas más ricas del mundo equivale al patrimonio de 2300 millones de seres humanos), y una crisis de proporciones y consecuencias -como decimos- hasta ahora desconocidas. No solamente las fuerzas productivas, sino más propiamente el sistema financiero desbordaron las fronteras de los estados nacionales, esencia misma de la globalización. “En los quince años transcurridos desde entonces, el mundo imperialista no aprendió nada ni olvidó nada. Sus contradicciones internas se agudizaron. La crisis actual revela una terrible desintegración social de la civilización capitalista, con señales evidentes de que la gangrena avanza”, decía León Trotsky en 19326, en un escrito que parece demostrar la inexorabilidad de las crisis del capitalismo y su carácter cíclico de profecía autocumplida. No obstante, la propia dinámica de la realidad objetiva parece acercarnos algunas pautas para intentar entender algunos aspectos fundamentales. Así, podemos afirmar que asistimos a una crisis global sin precedentes, donde -como ya hemos dicho- cruje el paradigma hegemónico más breve de la historia humana. Luego, que el mundo no será el mismo a partir de la crisis, y que podemos asistir a una nueva relación de fuerzas ecuménicas, en lo que importaría la superación del concepto de la unipolaridad. Por lo demás, las dificultades en la caracterización y la profundidad de la misma, contrastan con la rápida puesta en práctica de una batería de medidas que apuntan a superar una pretendida “crisis de confianza” de los mercados, otorgando un crédito inicial de 700 billones de dólares a los bancos, ponen al descubierto la autonomía relativa de un Estado que -pese a declamar la representatividad del conjunto social- restringe la misma a la tutela de las entidades reproductoras y asegurativas del capitalismo financiero, mientras los analistas de CNN sugieren a los temerosos ciudadanos restringir sus gastos en restaurantes. Finalmente, que las nuevas inseguridades que se agregan a las múltiples ya existentes en la "sociedad global de riesgo", autorizan a indagar si habrá algún intento imperial de superar la misma, también en este caso, mediante la guerra, que en realidad debe entenderse como una batería de intervenciones policiales a nivel internacional. Y si las nuevas ideologías securitarias impactarán en la región de la mano de una hipertrofia del punitivismo prevencionista y peligrosista, que luego de "reinventar" un enemigo, proponga la vigencia de un nuevo sistema de creencias y representación global, que implique una obligada desformalización y funcionalización de los sistemas penales internos y del derecho penal internacional.
Es menester entonces dar en la Argentina, y desde América Latina, una discusión sostenida desde la sociedad y el Estado, reivindicando la amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el capitalismo tardío marginal depara. La convalidación de una percepción reaccionaria de la “inseguridad”, únicamente se comprende a partir de una declinación en el plano discursivo, cooptado y rellenado a su imagen y conveniencia por los sectores más conservadores de la sociedad, que además se escudan en el “cumplimiento de la ley” como forma de disciplinamiento ritual.
Es que las nuevas formas de dominación obligan a ocultar la verdadera ideología de sus mentores y ejecutores políticos. Asistimos a una sociedad que naturaliza fenómenos tales como el aumento exponencial de la población reclusa, el deterioro de las libertades civiles y un enfrentamiento declarado y continuo contra las “clases peligrosas” 7; una guerra que se comporta como un instrumento totalizante de control social y custodia de un sistema, que no tiene fin, donde se confunden ensayos militares de baja intensidad, y lógicas y prácticas policíacas de alta intensidad, donde las relaciones internacionales y la política interior tienden a confundirse y a difuminarse las diferencias en la visualización de un enemigo que en las guerras pasadas, libradas por estados soberanos, existía siempre en el “afuera”.Las experiencias políticas en los estados convenientemente debilitados, en los que la “lucha contra el delito” se vuelve indispensable para la legitimación de los mismos, demuestran que estas irrupciones conducen a regímenes autoritarios y policiales, que conservan las formas extrínsecas aparentes de la democracia,8 La lógica de la “enemistad” y una práctica de la desconfianza permanente, impiden hacia el interior de estas sociedades, advertir los términos de las contradicciones fundamentales, y las opiniones se banalizan generalmente respecto de cuestiones personales escandalosas o, a lo sumo, se entretienen en el control rumoroso de hechos que juzgan socialmente reprochables, incluso la corrupción estatal, justamente porque permiten distinguir maniqueamente a los buenos de los malos; a los amigos de los enemigos, a quienes -como es obvio- tampoco les cabe “ni justicia”.
Esta “desideologización” de lo político, implica que las luchas sociales no se comprenden más como una confrontación entre sistemas que se excluyen, sino más bien a partir del nuevo prestigio de los escándalos, que impide discernir lo esencial de lo accesorio y diferenciar las contradicciones fundamentales de las secundarias. No tanto el orden como el mítico retorno a un orden inexistente, no tanto la autoridad como la vulgar vocación de la erradicación social de los diferentes, constituyen los elementos que tienden a exacerbar y reinventar en clave conservadora, a los “nuevos” miedos como articuladores de la vida cotidiana y a la vigencia de una democracia (también de baja intensidad), que se resiste a admitir su incompatibilidad con la guerra9, aunque de hecho la practica. En un estado de emergencia permanente, los discursos políticos desbordan de lugares comunes y apelaciones tan enfáticas como inconsistentes respecto de la lucha que a diario se emprende (y se vuelve a emprender sin solución de continuidad) contra el “desorden”, la “impunidad” y la “inseguridad”, sin que siquiera nos percatemos de que esas mismas narrativas, transmitidas en clave de amenazas, enmascaran o suprimen deliberadamente cualquier tipo de propuesta dirigida a revertir las inéditas asimetrías sociales de la tardomodernidad en nuestro margen. Una potencia del primer mundo puede acudir en salvaguarda de los intereses de sus propias empresas en la Argentina, a pesar del descalabro que en términos sociales las mismas han ocasionado o podrían causar a los jubilados nacionales. Esto no podría sorprender. Lo que llama la atención, es la inmediatez de las alianzas entre los grandes multimedios (donde muchas de esas AFJP habrían comprado acciones que son parte de sus ganancias) que ayudan a confundir y direccionar a una clase media urbana que no alcanza a comprender siquiera quiénes son los que colocan en riesgo sus propios ahorros y su acceso a una jubilación digna, como ya lo hicieron con la escasa y anestesiada conciencia de clase de los mismos sectores medios durante la puja entre el Estado y el “lockout” patronal agropecuario o el conflicto por la recuperación de una línea aérea de bandera. En todos los casos, los titulares de los diarios de las metrópolis -aún los de la prensa “socialista”- hablaron de estatismo, disparate, populismo, corrupción, cajas, riesgo, o peligro. Es que el mundo se ha vuelto riesgoso, también, para los sectores más concentrados del capital y sobre todo, para los países centrales. Sólo que esta vez, del otro lado, no existe ni una clase obrera ni una izquierda capaz de aglutinar a las grandes mayorías sociales del planeta. Por ende, un nuevo y violento proceso de disciplinamiento se podría abatir sobre las administraciones indóciles en América Latina. Venezuela, Bolivia y la Argentina pueden dar testimonio de esta prevención. La región acumula no solamente reservas monetarias, sino importantes yacimientos acuíferos, energéticos (muy particularmente petroleros) y alimenticios. La gran crisis no ha desestabilizado en demasía -mal que le pese a la derecha- sus respectivas arquitecturas políticas ni sus economías nacionales, y la creación del Consejo Sudamericano de Defensa constituye una iniciativa original y protectiva en términos securitarios continentales. Por lo demás, resulta tan difícil como forzado vincular seriamente a las administraciones regionales con el “terrorismo”, la moneda de cambio habitual cuando nos referimos a los últimos intentos de disciplinamiento y control global punitivo llevados a cabo por los Estados Unidos. Gramáticas hegemónicas y prácticas contraculturales de administraciones nacionalistas keynesianas o neosocialistas parecen resumir la contradicción política y estratégica fundamental. Si el capitalismo en crisis decidiera resignificar un enemigo externo, debería apelar tal vez a otros sujetos colectivos. El narcotráfico, las maras, o el afloramiento de la violencia juvenil a la que las fuerzas de seguridad nacionales no logran conjurar, son algunas de las hipótesis de conflicto que podemos analizar. Las marchas y concentraciones frente a episodios conmocionantes se nuclean en derredor de discursos que pugnan por degradar el catálogo de libertades decimonónicas compatibles con el programa constitucional, sin que esto parezca preocupar demasiado, en aras de la “victoria” a lograr contra los peligrosos. Ante este escenario verificable, llama la atención la falta de objeciones orgánicas ante las nuevas "inseguridades", que se derivan directamente de la vigencia del propio sistema de control social punitivo (nacional e internacional), y la consecuente convalidación de ejercicios punitivos de diversa naturaleza, que en la Argentina de los últimos años se corporizaron en una multiplicidad de reformas de las leyes penales, la derogación constante del plexo de garantías constitucionales como consecuencia de un derecho penal de enemigo que se expresa fundamentalmente en la sucesiva reforma de los códigos procesales, el incremento sostenido de la población reclusa, una creciente sociología de la enemistad, lógicas binarias y reduccionistas en términos político criminales, una tendencia naturalizada a la criminalización de los sectores más dinámicos de la sociedad (pobres, excluidos y jóvenes) y un formidable y coordinado aparato propagandístico que exhibe a la conflictividad y la violencia urbana en términos lisa y llanamente bélicos.
Dicho de otra manera: aparecen muy claras las analogías conceptuales entre la doctrina de la “guerra preventiva” y las medidas predelictuales de política criminal , como las representaciones del nuevo realismo criminológico de derecha10 y el derecho penal del enemigo, arraigadas de manera preocupante en los sistemas de creencias hegemónicos de las sociedades nacionales de este margen. La inquietante presencia de la guerra, como vía restaurativa hipotética del imperio, caracterizada como gigantescas intervenciones policiales a nivel internacional, podría encontrar fácilmente las vías de acceso al corazón de los estados latinoamericanos, algunos de ellos en pleno proceso de restauración soberana.
Este nuevo contexto en la búsqueda de autonomía por parte de las naciones hemisféricas no es gratuito ni sencillo en términos político criminales. La “inseguridad” se exhibe en clave destituyente, y las respuestas estatales no siempre (o casi nunca) alcanzan para disminuir una preocupación que se multiplica intencionadamente desde los grandes medios de comunicación de masas, que se coaligan con actores inéditos, tales como las policías, fuerzas de seguridad hasta ahora ignotas y buena parte del entramado judicial internacional.

1 ”Chomsky, Noam: “La crisis financiera era previsible, pero no su magnitud”, reportaje concedido a Der Spiegel, edición del diario La Arena del 26 de octubre de 2008.
2, Bouvier, Jean: “Les Deux Scandales de Panamá”, París, Julliard 1964, p. 204.

3 Lucita, Eduardo: “Lo que está en crisis es el capitalismo”, publicado en la edición del día 24 de octubre de 2008 del diario “La Arena”, p. 8.
4 Hobsbawm, Eric, en: “El redescubrimiento de Marx gracias a los hombres de negocios”, publicado en la edición del día 25 de octubre de 2008 del Diario “La Arena”, p. 8.
5 Majfud, Jorge: “El Estado y sus enemigos”en Página 12, edición de 7 de octubre de 2008.
6 Declaración al Congreso contra la guerra del Ámsterdam, disponible en http://www.ceip.org.ar/escritos/Libro2/ContextHelp.htm, 2008
7 Hardt, Michael; Negri, Antonio: “Multitud”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p. 39.

8 Christie, Nils: “Una sensata cantidad de delitos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 74.
9 Hardt, Michael; Negri, Antonio: “Multitud”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p. 36
10 Wilson, James; Kelling, George :”Ventanas rotas: La policía y la seguridad en los barrios” en revista “Delito y sociedad”, Año 10, Números 15 y 16, Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, 2001, p. 67 a 91. En la misma publicación, Koch, Ed: “Controlar a los terroristas juveniles” -p. 85 a 87-; Kopel, Dave: “Poner más armas en los bolsillos de la gente obediente de la ley” -p. 92 a 94-; Di Iulio Jr., John: “Salvar la pena de muerte del simbolismo”.



Cualquier interpretación que se intente hacer respecto de la sociedad de la modernidad tardía y sobre las particularidades del Derecho penal internacional actual -a partir de octubre de 2009- debe incluir una necesaria referencia a la crisis más profunda que registra el capitalismo global desde 1929.

Es de reconocer que el impacto ha sido de tal magnitud que ha logrado transformar las predicciones y certezas habituales de los analistas económicos, en incógnitas diversas, hasta ahora sin respuestas.

Las preguntas de los economistas y las distintas agencias estatales mundiales se reparten entre las irresueltas incógnitas que  intentan diagnosticar el alcance, la duración y la profundidad de estas drásticas transformaciones, y las que se plantean “qué hacer” frente a las mismas.

Hasta ahora, el sistema ha intentado recomponerse con rápidos reflejos y pragmáticas recetas, adoptadas a partir de la crisis estadounidense y luego mundial, mediante un paquete de medidas duramente ortodoxas que se direccionan a auxiliar financieramente a la banca, a costa de brutales ajustes y recortes del gasto público de los Estados, que impactan, como siempre ocurre, en el bolsillo y la economía de los sectores populares.

Pero las verdaderas y últimas razones de la crisis, su  naturaleza y sus consecuencias sociales, constituyen cuestiones no dilucidadas por parte de los operadores financieros, las corporaciones multinacionales y los medios de comunicación occidentales. La magnitud del quebranto ha provocado también disidencias al interior de los intelectuales progresistas de todo el mundo. 

Algunos piensan al respecto lo siguiente: “Esta crisis financiera no es el fruto del azar. No era imposible de prever, como pretenden hoy altos responsables del mundo de las finanzas y de la política. La voz de alarma ya había sido dada hace varios años, por personalidades de reconocido prestigio. La crisis supone de facto el fracaso de los mercados poco o mal regulados, y nos muestra una vez más que éstos no son capaces de autorregularse. También nos recuerda que las enormes desigualdades de rentas no dejan de crecer en nuestras sociedades y generan importantes dudas sobre nuestra capacidad de implicarnos en un diálogo creíble con las naciones en desarrollo en lo que concierne a los grandes desafíos mundiales”[1].

Otros, por el contrario, exigen desde el centro del poder financiero que “el sistema financiero debe ser recapitalizado, en este momento, probablemente con ayuda pública. En la base de esta crisis se encuentra el hecho de que el sistema financiero, como un todo, dispone de poco capital. Aun cuando el sistema se está encogiendo y los malos activos están siendo eliminados, muchas instituciones seguirán careciendo de capital suficiente para proveer de manera segura crédito fresco a la economía. Es posible para el Estado proveer capital a bancos en formas que no impliquen la nacionalización de éstos. Por ejemplo, muchos miembros del FMI en una situación similar en el pasado han combinado inyecciones de capital privado con acciones preferenciales y estructuras de capital que dejan el control de la propiedad en manos privadas”[2].

Los menos, prefieren la cautela y admiten la falta de insumos conceptuales para diagnosticar con alguna precisión las consecuencias futuras: “Cuando intentamos comprender un fenómeno tan complejo como la crisis financiera actual, la primera palabra que surge es modestia. Modestia respecto del alcance de los conocimientos que tenemos los economistas para entender lo que está sucediendo; no digamos para aventurar lo que pueda acontecer”[3].

Lo que no resulta materia de disputa, hasta ahora, es que la realidad social planetaria, a partir de la crisis, será mucho más “riesgosa” todavía, producto del descalabro de las grandes variables económicas y financieras y las nuevas dinámicas sociales que han transformado al riesgo en la categoría conceptual que sintetiza y torna inteligible la realidad global; a la incertidumbre como un dato objetivo de las nuevas sociedades, al miedo (al delito y al “otro”) en un articulador de la vida cotidiana y al Derecho penal en un fabuloso instrumento de control y dominación de esas tensiones sociales cada vez más profundas.
 Ahora bien, aún aceptando que la presión imperialista alcanzará ribetes y formas inéditas, las formas de dominación responderán a un diseño diferente. Es probable que nos alejemos cada vez más del riesgo de una gran guerra como forma de resolución de las crisis imperiales, para asistir a la reproducción y multiplicación de guerras de baja intensidad u operaciones policiales de altísima intensidad como instrumentos futuros de control social punitivo, económico y cultural.
 Esos instrumentos, además, tendrán como protagonistas, en el primero de los casos, a las fuerzas armadas regulares que retroalimentan imprescindiblemente el complejo industrial militar. Pero el segundo de los supuestos seguramente incorporará como nuevas guardias pretorianas de intervención, a las policías, los servicios penitenciarios y las propias burocracias judiciales. No son pocos los ejemplos que podemos encontrar en América Latina, respecto de estas dos primeras novísimas tecnologías de derrocamiento, y Ghana y Griesa parecen alertar sobre la última de las posibilidades enumeradas.
  La condena reciente a la Argentina a pagar a los fondos buitres (demanda que instauraron también "ahorristas" argentinos) no puede desagregarse de una nueva manera de ejercer una democracia "coactiva" que amenaza con llevarse puestas otras negociaciones y quitas de deudas públicas que empiezan a inquietar incluso a los países centrales. No en vano la propia reserva federal de EEUU advirtió al magistrado sobre las consecuencias probables de su fallo, y la prensa europea se ha hecho eco inmediato de las implicancias que esa decisión puede tener para una región en profunda crisis. Advierte el diario El País, en su edición digital del día de la fecha:  "La decisión de un tribunal de EE UU sobre el pago de la deuda argentina puede generar problemas a países en dificultades....En todo caso, no es solo la suerte de Argentina la que está en juego. El caso ha disparado las alarmas de los países que han renegociado o piensan renegociar sus deudas, como Grecia. Si la justicia hace pasar por delante a los que rechazan un acuerdo sobre los que aceptan las quitas, las estrategias del FMI y del Banco Mundial se pueden venir abajo".
  En todo caso, Argentina está sacando los pies del plato y debería pagar por ello. Las referencias infantiles a los excesos retóricos de funcionarios nacionales constituyen un argumento pueril que subestima la inteligencia de los lectores, aunque no faltarán aquellos que crean o se aferren a echar las culpas a la gestión del gobierno, como de ordinario hacen.
Más allá de la delicada operación de ingeniería jurídica que demanda la coyuntura, lo cierto es que es necesario advertir de qué manera las formas de sometimiento incluirán, de aquí en más, las decisiones de los tribunales jurisdiccionales, internos o internacionales. Lo que equivale a enfrentar una forma no convencional de disciplinamiento de los indóciles, hasta ahora no suficientemente explorada.


[1] Delors, Jacques y Santer, Jacquees, ex presidentes de la Comisión Europea; Helmut Schmiidt, ex canciller aleman; Máximo d'Alema, Lionel Jospin, Pavvo Lipponen, Goran Persson, Poul Rasmussen, Michel Rocard, Daniel Daianu, Hans Eichel, Par Nuder, Ruairi Quinn y Otto Graf Lambsdorf: “La crisis no es el fruto del azar”, disponible en http://www.lainsignia.org/2008/junio/int_002.htm
[2]   Strauss-Kahn, Dominique, edición del día  23 de septiembre de 2008 del diario “La Nación”, disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052547
[3]  Torrero Mañas, Antonio:  “La crisis financiera internacional”, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social”, Universidad de Alcalá, texto que aparece como disponible en http://www.iaes.es/publicaciones/DT_08_08_esp.pdf
      El Ministerio Público de la Defensa trabajó arduamente sobre un Proyecto de  Prevención de la Conflictividad, Acceso a la Justicia y Vigencia de los DDHH en la Provincia, una iniciativa totalizante que no tiene precedentes en La Pampa. Con el objeto de realizar un aporte en esta materia, en un momento particularmente sensible para nuestra sociedad, creímos oportuno exponer nuestro punto de vista y materializarlo en una iniciativa de más de 50 carillas, en la que se incardinan estrategias criminológicas para prevenir la conflictividad y la violencia, en concordancia con la más plena vigencia de los Derechos Humanos de los habitantes. La propuesta referida fue girada a las instancias competentes del Poder Ejecutivo, con la única finalidad de transformar a la misma en un aporte que pueda ser útil al debate y la construcción de políticas públicas unitarias, eficientes y democráticas, sustentadas en las teorías criminológicas más prestigiosas del mundo, y en un respeto fundamental de las garantías y los Derechos Humanos.
El caso de los pueblos originarios de América Latina constituye un supuesto emblemático de genocidio.
En primer lugar, se perpetró contra minorías étnicas y nacionales, que poseían un sistema de creencias, una cultura y una cosmogonía propia, absolutamente distinta de las que profesaban los ejércitos invasores, y se llevó a cabo con el objetivo explícito de la destrucción de esos pueblos. Es decir, un hecho acaecido en el siglo XIX, inequívocamente, podría haberse tipificado como genocidio estando a la propia letra de la Convención de 1948.Si bien acaso con una connotación diferente respecto de la que -como categoría histórica- adquirió con el capitalismo temprano, no existen dudas que entre los pueblos originarios preexistían organizaciones políticas e institucionales que configuraban “naciones”.

Aún hoy en día los mapuches continúan reivindicándose como una nación sin Estado, otra de las perplejidades que el Derecho internacional no ha logrado resolver en la modernidad tardía[1]. Tampoco, que poseían una organización social, una estructura económica, una lengua, un sistema de creencias que incluían una religión y una mitología alternativas, una identidad, y una percepción del mundo propia, basada en la articulación entre el mundo espiritual y el mundo tangible, difícilmente conciliables con la del blanco[2].

Basta con señalar, en este sentido, que la denominada eufemísticamente “Conquista del Desierto” (debe aclararse que no se trató de una conquista, sino de un aniquilamiento masivo y sistemático de la población originaria, y que esa campaña genocida tampoco se hizo en un desierto sino en regiones densamente pobladas para la época) en Argentina, conducida por el controvertido general Julio Argentino Roca, se hizo para ampliar el horizonte de proyección capitalista dependiente y las fronteras agropecuarias del país oligárquico incipiente, consciente de la feracidad y las riquezas incalculables de las tierras que se ocupaban, pero también para desmontar una cultura milenaria y disfuncional de los “distintos” que se resistían a un proceso violento de aculturación[3].

Los pueblos originarios de América, pero particularmente los que ocupaban los territorios que hoy conforman Argentina y Chile (ranqueles, rankulches, mapuches, tehuelches y onas), no sentían que la tierra“era de ellos”, sino que, por el contrario, “ellos pertenecían a la tierra”. De hecho, por ejemplo, en mapudungun -la lengua originaria- “mapuche”quiere decir “gente de la tierra”[4].

Por ende, la disputa militar se planteó en términos de antagonismo por la tierra; entendida, de un lado, como un bien económico, y de otro, como un espacio para la vida, ya que entre los mapuches no existía la propiedad privada, al menos como es concebida en las sociedades occidentales.

La masacre victimizó a una civilización ágrafa, lo que dificulta indudablemente la recolección de datos más precisos sobre el genocidio[5]. Sobre todo, porque una de las características de los descendientes de estos pueblos originarios es una pertinaz tendencia a la parquedad, acaso como una rémora de procesos de persecución, discriminación y anexión cultural que, como rémora de todo genocidio, se extendió hasta bien avanzado el siglo XX.

Esto provocó, además, que la única historia capaz de ser retransmitida a través de la palabra escrita, de generación en generación, fuera la de los “vencedores” o genocidas, que construyeron a lo largo de los años una épica de la “conquista”.

Los habitantes originarios de la Patagonia eran pueblos que reivindicaban su pertenencia a un orden terrenal en el que, hasta lo que el cientificismo moderno considera “objetos” inanimados, adquieren para ellos sentido y vida propia (el agua, la tierra, las rocas, el aire)[6].

Esos elementos contribuían decididamente al mantenimiento y la reproducción de un orden signado por la idea de equilibrio en un contexto caracterizado por la solidaridad comunitaria, la propiedad común y el respeto por las tradiciones culturales ancestrales y el medioambiente.

Ese orden fue sustituido, después de la invasión, por un sistema jerárquico, clasista, de apropiación individual de los bienes comunes y de un capitalismo dependiente ligado al comercio transnacional. Aquella idea del equilibrio como valor fundante del sistema de creencias mapuche, se extendía, incluso, a las formas de resolución de conflictos.

En esas comunidades, supuestamente “salvajes”, no existía la violencia punitiva propia de la ecuación infracción/castigo, sino formas armónicas y no violentas de justicia restaurativa, como ocurría en la mayoría de las civilizaciones de la América precolombina[7].

Su escala de valores y la particularidad del sistema de ordenamiento de sus bienes jurídicos merecen al menos una mención ilustrativa: el peor crimen era castigar a los niños, ya que éstos eran considerados sagrados.

Se ha afirmado que “los mapuches poseen un importante capital social, entendido-por oposición al capital financiero occidental- como capacidad de los individuos para desarrollar tareas conjuntas y alcanzar objetivos comunes, justamente en base a la solidaridad, la confianza y la cooperación mutua, que redunda en un bienestar individual pero fundamentalmente colectivo, derivado probablemente de la concepción de una propiedad comunitaria de la tierra a la que pertenecen. Frente a la alteración de ese equilibrio, es natural que en su lógica se tienda antes a su restauración que a la punición entendida en clave occidental”[8].

Paradojas de la historia, se trata justamente de un capital social compuesto por aquellas lógicas y valores que reivindicamos -siglos más tarde- como instrumentos capaces de prevenir los crímenes de masa.

Una impactante entrevista efectuada a Diana Lenton (antropóloga social, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, especializada en antropología histórica y política, en cuya tesis doctoral analiza las políticas indigenistas y el discurso político sobre indígenas en el estado nacional en los últimos 125 años) y Walter Del Río(historiador, magister en Etnohistoria de la Universidad de Chile y doctor en antropología, becario del Conicet y se desempeña en la sección antropología y etnografía de la facultad de Filosofía y letras de la UBA, autor recientemente del libro “Memorias de la expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia”) nos sitúa acertadamente en tiempo y espacio.

Cuando se les consulta por qué hablar de genocidio en esa época, Del Río es enfático en señalar que “primero y principal es hablar y pensar en términos históricos que hoy estaban cerrados. La definición de genocidio permite ver los hechos de un país que se construye sojuzgando a los que entiende como diferentes y cómo se maneja esa diferencia, eliminándola y construyendo una historia nacional de la cual algunos quedan excluidos. Reivindicar la Campaña del Desierto sólo como una epopeya militar y en términos de progreso y conformación del Estado cierra y deja en el olvido muchos temas. Hablar de genocidio genera tanto ruido que es positivo, porque habla y se piensa en la historia de otra manera”[9].

A fines del siglo XIX, los mapuches fueron definitivamente sometidos por los gobiernos chilenos y argentinos.

En 1884 se entregó el emblemático cacique tehuelche INACAYAL (en imagen). Fue tomado prisionero y terminó sus días exhibido como una curiosidad antropológica en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, uno de los más importantes de América, en pleno apogeo del pensamiento positivista[10].

Comenzaba de esa manera un proceso de destitución y marginación social sin precedentes para los sobrevivientes, y un trauma colectivo que impactó decididamente sobre la posibilidad de reconstruir los lazos de solidaridad y la cultura previa a la catástrofe.

Los pueblos originarios habían perdido su tierra, su idioma, su libertad, su cultura, sus creencias, y hasta sus apellidos originarios, que fueron sustituidos por otros españoles.

Hacia fines del siglo XIX se conformó en la Argentina un Estado nacional militarista, en el que casi la mitad del presupuesto oficial estaba destinado al sector castrense, que había sido el ejecutor de un capitalismo agrario. “Como en etapas posteriores, los militares ejecutaron proyectos urdidos por empresarios. Ya en esas épocas, apellidos como Martínez de Hoz o Blaquier se destacaban en una Sociedad Rural que financió la “campaña del desierto”[11].

Estos mismos apellidos se repetirían, ejerciendo roles igualmente antipopulares, durante el segundo genocidio argentino, como formando parte de la misma oligarquía exportadora al servicio de intereses extranjerizantes.


[1] http://www.mapuexpress.net/
[2] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”, disponible en www.derechopenalonline.com
[3] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com
[4] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com. Esta diferencia filosófica marca también las irreconciliables distancias que existían entre la concepción del cosmos de los mapuches y la cultura de apropiación individual de la tierra de los perpetradores.
[5] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com
Cabe aclarar que la criminalización del pueblo mapuche, perpetrado a través de sistemas procesales selectivas que apelan a la “macdonalización” de la Justicia y leyes“antiterroristas” que la mayoría de las veces penalizan la protesta social, aún persiste, fundamentalmente en Chile.
[6] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”,disponible en www.derechopenalonline.com Éste es un dato al parecer común en los pueblos originarios de casi toda América, que privilegiaban la composición y la restauración del equilibrio alterado por la ofensa como forma de resolución de los conflictos sociales, por sobre la respuesta punitiva.
[7]Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Justicia penal comunitaria en Latinoamérica”, en Da Rocha, Joaquín Pedro y De Luca, Javier (Coordinadores): “La justicia penal en las comunidades originarias”, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2010, p.102.
[8] Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de justicia restaurativa en las comunidades mapuches.Racionalidades alternativas en tiempos de retribucionismo extremo”, disponible en www.derechopenalonline.com
[9] Vid. el revelador reportaje de Leonardo Herreros, disponible en www.mapuexpress.nety que incorpora la siguiente entrevista:
“- ¿Cuál es su enfoque de estudio sobre la Campaña del Desierto?
- Walter del Río: Trabajamos como una red que nuclea a gente que trabaja desde distintos sectores en la memoria y documentación sobre determinados hechos históricos ignorados de la Campaña del Desierto y posteriores, sobre el genocidio indígena, incorporando documentación que no era tenida en cuenta para describir hechos además de la memoria oral, de las personas que vivieron los hechos que se transmitieron por generaciones... Por ejemplo, trabajamos con copias de publicaciones que hizo el diario “La Nación”, cartas editoriales, es decir la palabra de Mitre[Nota del autor: el diario “La Nación” de Buenos Aires, propiedad de los Mitre, fue y sigue siendo la expresión orgánica de los sectores terratenientes argentinos]. En un artículo de ese diario el 16 y 17 de noviembre de 1878 denuncia la actuación de Rudecindo Roca(hermano de Julio) en San Luis con una matanza de 60 indígenas desarmados y lo califica de “crimen de lesa humanidad” en medio de las campañas. Están los partes militares, que tampoco han sido estudiados a fondo y dicen cosas terribles. De allí sale el secuestro de chicos, la matanza de prisioneros, la violación sistemática como arma de guerra. La prostitución forzada como botín de guerra de los soldados era algo fomentado desde los mandos.
- ¿Es aplicable en la Campaña del Desierto la noción de genocidio, más allá de reconocerse desigualdad militar y matanzas terribles? Algunos historiadores dicen que es una categoría posterior y no aplicable.
- D.L.: Seguimos el modelo de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas, de 1948, que se aplica al genocidio nazi que fue anterior. La carta también se aplica al genocidio armenio de 1915... se puede aplicar retroactivamente. No evaluamos los resultados, porque algunos dicen que se no se exterminó a toda la población indígena, pero el genocidio nazi también fracasó en exterminar a todos lo judíos y no por eso es menos genocidio. Porque la definición se da por el proyecto, no por resultados, la intencionalidad de acabar con un pueblo. Hay un proyecto genocida.
- ¿En dónde se enuncia, en dónde se especifica algo similar a la “solución final” de los nazis? ¿Hay algún discurso, algún documento?
- D.L.: Por empezar en el discurso político, en el Legislativo de la época en donde se habla directamente de “exterminar a los indios salvajes y bárbaros de Pampa y Patagonia”; y con las prácticas que se producen, pequeñas algunas, pero que se suman. El art. 11 de la carta de ONU te habla de genocidio primero como “acciones de un Estado contra sociedad civil” y esto se cumple, porque las mayores acciones militares no eran entre grupos de soldados o guerreros de dos bandos, sino que en muchos casos el Ejército atacó a sabiendas tolderías vacías de hombres adultos porque estaban en otras partidas, con mujeres y chicos solos. Eso lo cuenta el propio general Conrado Villegas. En la memoria del Ministerio de Guerra y Marina de 1881 dice “sabemos que el indio es como el tero, que en un lugar grita y en otro tiene el nido. Nosotros sabíamos que los indios de tal cacique estaban apostados en tal lugar entonces fuimos a la toldería e hicimos tanto de botín, de mujeres y ‘chusma’” (lenguaje que designaba a mujeres y niños). Parece que los objetivos no estaban en los guerreros indígenas sino en la población civil. La otra parte de la definición de genocidio habla de “actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religiosos como tal”. Y la forma sistemática en que fueron atacando después de finalizada la campaña y la resistencia indígena, con partidas de policía contra la familias que habían quedado, lo ratifican. Los partes de Villegas mencionan casos de “persecuciones de a pie”. ¿A qué clase de población guerrera persigue un soldado a pie? A heridos, viejos, chicos, etc. Otra parte de la definición de ONU habla de “matanza de miembros de grupo, lesión grave a la integridad física y mental”. Gran parte del exterminio no se dio en campos de batalla sino con prácticas de tomarlos prisioneros, haciendo traslados a pie hasta Carmen de Patagones, en donde los embarcaban a Martín García. Ese cruce por la Patagonia a pie exterminó a miles de personas, porque mataban a los que no caminaban, mujeres que tenían a sus hijos en el campo, iban todos encadenados, etc. Había más muertes por esos traslados que en las batallas. Otra parte es “sometimiento intencional del grupo, condiciones de existencia que hallan de acarrear destrucción física total o parcial”. Allí está el tema de los campos de concentración.
- ¿Campos de concentración en 1879?
- W.d.R.: Sí. En Valcheta, por ejemplo, se registran campos de concentración con alambres de púas de tres metros de alto, con gente muriendo de hambre por no tener qué comer. Eso se lee en las memorias de los viajeros galeses, por ejemplo. Esas mismas memorias de los viajeros que se usan por los historiadores oficiales para hablar de lo lindo que fue la inmigración, pero en algunas páginas del libro “John Evans, el Molinero”, se habla de esto y nadie le presta atención.
- D.L.: Después de la campaña y la derrota indígena entra en acción la “policía de frontera”, que detecta a una familia indígena y la deporta a otro sitio del territorio. Por Martín García, que funcionó como gigantesco campo de concentración, pasaron miles. Se habla de entre 10 y 20.000. Tuvieron que habilitar dos cementerios especiales en 1879, lo que da una idea de la magnitud de lo que pasó.
- ¿Qué otras políticas se toman?
- D.L.: Otra parte de la definición de ONU es “medidas destinadas a impedir nacimientos en el grupo”. De los partes militares mismos salen las medidas de separar a las mujeres de los varones, el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro... Les cambiaban el nombre de tal manera que muchos saben que tienen ascendencia indígena pero no pueden reconstruir su historia familiar porque a su antepasado le pusieron Juan Pérez.
- Se centran las críticas en el general Julio A. Roca, pero las campañas contra los aborígenes comenzaron antes, ya con Rivadaviacontra los Ranqueles, Juan Manuel de Rosas en La Pampa...
- Es verdad. Se sabe que desde el gobierno de Martín Rodríguez en provincia de Buenos Aires, incluso antes de Rivadavia, década de 1820, se hablaba de exterminio. El ya decía “primero exterminaremos a los nómades y luego a los sedentarios”, textual. El proyecto genocida viene de antes de Roca, pero lo que consigue Roca es el consenso nacional de todos los sectores para hacer la Campaña del Desierto. En ese momento se juzgó indispensable. Se consolida el Estado nacional con la derrota de caudillos provinciales, se pacifica el país y se piensa en extender la frontera al Sur y al Norte. Probablemente si la hubieran hecho 20 años antes hubiera sido más o menos lo mismo. Nos centramos en Roca porque precisamente es el símbolo de la historia oficial, el prócer con el que las clases dominantes se exaltan a sí mismas y es por eso que les molesta tanto que se toque a este prócer. También estaba Avellaneda, pero pocos se acuerdan de él. Roca es el símbolo, el que construyó una nación con estos parámetros.
- ¿En esa época los políticos estaban en condiciones intelectuales de entender la idea de genocidio, con el darwinismo, el positivismo, la idea generalizada de llevar “la civilización” a todo el territorio, de ver a los pueblos originarios como obstáculo a esta civilización? ¿Había intelectuales y políticos que se opusieron?
- D.L.: Bueno, esa expresión es la ideología hegemónica de la época, está bien conocerlo como contexto. Pero toda idea hegemónica tiene opositores, incluso dentro de la propia elite, que cuestionaba esta política de exterminio. En la época ya se planteaba políticas más integracionistas, de colonización pacífica. Antes de la Campaña del Desierto había una coexistencia conflictiva, el gran problema de la frontera en donde se mataban unos a otros, pero también casos de comercio y convivencia pacífica, que luego fueron negados o minimizados. Aristóbulo del Valle en 1884, cuando la campaña ya había llegado al Río Negro (1879) pero se estaba desarrollando la campaña del Nahuel Huapi, se opone duramente a un intento de Rocapor hacer una campaña similar en el Chaco. Allí denuncia: “Al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre. En una palabra, hemos desconocido y violado las acciones que gobiernan las acciones morales del hombre”. Otros políticos que habían apoyado la campaña en la Patagonia se oponen a la del Chaco, porque esto había sido una barbaridad. Le costó un esfuerzo con campaña ideológica y otros medios como el reparto de tierras para acallar las críticas y la oposición. Aristóbulo del Valle representaba a los ganaderos y quería que se expandiera la frontera, pero cuestiona el método”.
[10]Colectivo guias (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social): “Antropología del Genocidio”, Ediciones de la Campana, La Plata, 2010, p. 94.
[11] Cieza, Daniel: “La dimension laboral del genocidio en la Argentina”, en Revista de Estudios sobre genocidio”, Editorial eduntref, Buenos Aires, noviembre de 2009, Volumen 3, p. 69.