Este es el esperado avance del film "Rejas, Suspiros y Llaves", un original alegato abolicionista que, simplemente, estaba haciendo falta. Ese es un mérito (uno más) de esta valiente iniciativa, que seguramente constituirá un aporte sustancial para poner en crisis los paradigmas hegemónicos, las gramáticas y prácticas punitivas, las pretendidas soluciones que brinda el secuestro institucional de miles de seres humanos, y las lógicas de los operadores.

Por Daniel Alejandro Escalante

INTRODUCCION
Dentro del cambio revolucionario penal, uno de los tópicos que más me llevo a reformular conceptos fue el relativo a la Acción Penal, su concepto, evolución en el tiempo y su titular. Aquí quiero detenerme y preguntarme si el Fiscal es el EXCLUSIVO dueño de la acción penal EN EL PROCESO. A esta altura quizás se me cuestione mi poca experiencia doctrinaria. Pero al menos solicito se me otorgue el beneficio de la duda en las próximas líneas. Para llegar a ello, pretendo resaltar lo poco que se habló del resurgimiento de la figura de la victima, en concreto del querellante conjunto, que no deja de ser también llamativo. Ya que con el Viejo Código Procesal y más precisamente en el Procedimiento Sumario, le confería recién intervención en el avocamiento en el Juzgado Correccional, y de ninguna manera antes de la Requisitoria Fiscal. Y en el supuesto de que se presentase, por lo que era el anterior Art. 353 se encauzaba en las reglas de la instrucción Formal, es decir que el procedimiento rápido y querellante no podrían ser términos que se relacionen.
Esta será mi tarea y para mi postura me basaré concretamente en la legislación de forma y en fallos referidos al tema, pero aportando el peculiar punto de vista que me caracteriza, obviamente respetando los parámetros del nuevo sistema.
EXCLUSIVIDAD
Para comenzar con mi humilde postura me propongo restar un poquito de credibilidad a lo que se sostiene en Art. 76 del CPP. Función. El  Ministerio Público Fiscal  promoverá y ejercitará la acción penal,  en  la  forma establecida por la  ley,  y practicará  la  investigación penal preparatoria, conforme las disposiciones de este Código. Tal razonamiento surge de la esencia misma del sistema acusatorio en el que tiene como característica fundamental la división de poderes ejercidos en el proceso, por un lado el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro el imputado quien puede resistir la imputación ejerciendo el derecho de defenderse, y finalmente el tribunal que tiene en sus manos el poder de decidir. Por ello, se propugna que el Fiscal es el dueño de la Acción. Pero a medida que uno lee las distintas y mejoradas redacciones normativas de la Ley de Forma, resulta que no es tan dueño, o quizás sí dueño de iniciar la investigación mediante el decreto de apertura que reza el Art. 245 CPP. Por lo que se desprende de ello la palabra investigada apunta a la unicidad de algo. En nuestro caso el Fiscal. Pues bien, lo que pretendo demostrar es que esta exclusividad radica en el inicio, en otras palabras, que sea el provocador de todo el aparato judicial. Luego mas adelante, ya no goza de mencionado rol.
LEGISLACION
Comencemos con el Art. 435 CPP. Allí en primer término introduce una importante función, quizás a mi juicio la más novedosa de la reforma. El querellante deberá formular su acusación dentro de los seis días de conformidad a lo estipulado en Art. 434 (contenido de la acusación). Tarea que hasta hace pocos meses conocida como Requisitoria de Elevación a Juicio confeccionada por el Fiscal Penal interviniente en la causa, ahora encontraremos un dictamen más, pero por parte de la querella penal. Seguramente alguien pretenderá refutarme al decir que “bueno...la acusación la efectuó el órgano principal acusador,  y habiéndose cumplido dicha condición recién es que continúa el acusador privado”. Muy bien en ese sentido puede ser verdad, pero la manera de enfocar los hechos investigados, la participación conferida a cada uno de los autores investigados, las agravantes, atenuantes, etc. será diferente. Pero más resalto la diferente calificación pretendida por cada acusador. Y lo complico más. Que el Fiscal Penal utilice otra novedad salteña, cual es la acusación alternativa, de la que escribí en otros artículos. Aquí noto una disminución de la exclusividad de la acción, resultando en manos del querellante, mayor poder sobre ella. Por ello digo que es una idea original y justa y que ofrece una importante intervención a la victima, extremo que fue dejado de lado durante mucho tiempo.
Y mas todavía ocurre en la etapa critica. Remitámonos al Art. 436 CPP. En su parte pertinente estipula que el querellante puede deducir oposición en relación al auto de remisión a juicio del Juez de Garantías. Es decir no solo se puede enfrentar con las conclusiones del Sr. Fiscal Penal sino también respecto de las conclusiones del Juez de Garantías. Véase la fuerza y protagonismo en pos de hacer valer sus pretensiones.
LO MÁS CRUCIAL
Hasta ahora lo más “light” de mi postura. Ahora pretendo meterme más de lleno en esta Acción compartida o condominial.
El Art. 469 y me permito transcribirlo textualmente para su posterior análisis.
Desistimiento de  la Acusación.  Si  en cualquier  estado del debate el Fiscal desistiese de la acusación y, no hubiere querellante particular que la mantenga, se sobreseerá al acusado. Si  el  Fiscal  no mantuviese  su acusación al  momento de  la discusión prevista en el  artículo 479,  y el  querellante particular sí   lo hiciera,  el  Tribunal deberá dictar sentencia.
En relación al primer párrafo, no hay ningún tipo de discusión. Que son aquellos procesos con un único acusador, cual es el Fiscal y sin ningún querellante. Pero lo peculiar se detiene en lo regulado en segundo párrafo. Si el Fiscal no mantiene la acusación en el momento de los alegatos, la lógica y de acuerdo a los fallos Tarifeño y Mostaccio el Tribunal debería absolver. Pero habilita una vía para que el Juez pudiese condenar si fuese, si el querellante particular sí mantuviera la acusación.
Lo que me lleva a pensar que la acción penal adquiere cierta autonomía de la que no se esperaba de otros códigos. Dicho de otra manera, hay un proceso abierto todavía, sin fiscal penal, solo con acusador privado, pregunto… la exclusividad de quien es? Acaso deberíamos decir que la exclusividad reposa en el inicio de la investigación penal preparatoria?
Veamos ahora el Art. 478 CPP que consigna:
Advertencia sobre la calificación. Si en el curso del debate el Tribunal advirtiera la posibilidad de que la sentencia califique el hecho imputado de   una  manera   diferente   y  más   gravosa   a   la   utilizada   por   el   Fiscal   y   el querellante en la acusación contenida en la requisitoria de elevación a juicio, se lo hará saber al Fiscal y las partes. Esta manifestación no podrá considerarse adelanto de opinión, pero sin ella, no podrá la sentencia modificar la calificación de la acusación por una figura más grave, salvo que lo hiciere el propio Fiscal o el querellante en la discusión final.
Evitando explicar la etapa en la que se encuentra inmerso este artículo, concretamente el Tribunal de Juicio podría advertir una calificación por los hechos investigados de manera más gravosa. De la norma se extrae la importancia de la Requisitoria de Elevación a Juicio, considerando el límite dentro del cual debe resolver el magistrado. De lo contrario “no podrá la sentencia modificar la calificación de la acusación…” Pero véase que se respeta dos Requisitorias, una es la del Fiscal y la otra del Querellante, esa que se establece en Art. 435 CPP. Y hay otro momento en que considera la vía que tome la Acusación, es decir en el alegato final, pero no solamente de lo que pudiere hacer el Fiscal, sino también el querellante. Por ello, la exclusividad como sinónimo de unicidad, se va menguando a medida que desmembramos los artículos que ofrece el Nuevo Código de Forma.
Creo que el siguiente articulo, completa lo analizado en el párrafo previo. A continuación y mayor ilustración Art. 482.
Correlación entre acusación y sentencia. Al dictar sentencia el Tribunal no podrá apartarse del hecho contenido en la acusación del Fiscal o querellante,   en   sus   ampliaciones   o  modificaciones.  Los   jueces   sólo   podrán resolver lo que haya sido materia de debate. El Tribunal deberá absolver cuando ni el Fiscal ni el Querellante Particular hubieran formulado acusación y pedido de pena.
Destacamos la suma importancia del contenido de la Acusación por parte del órgano acusador (publico o privado) ya que es materia de resolución y decisión por parte del Juez de Juicio. Ni más ni menos. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente: Véase la limitación de la materia decisoria, la define el órgano que acusa. Principalmente el Fiscal, según el titulo de exclusividad que tiene. Pero en este artículo nuevamente se merma el grado exclusivo del rol del Fiscal. La mirada del Tribunal apunta a dos personas; la primera obviamente al Fiscal, pero la otra al querellante. El tema es que el Magistrado decisor no puede apartarse de ninguno de los dos dictámenes.
Y estas imposiciones por estos dos órganos acusadores, en el caso de no formular acusación no quedan otra que dirigir la decisión judicial hacia una Absolución.
A continuación y terminando esta Sección pasare a demostrarles mi postura.
Art. 488.- Nulidades. La sentencia será nula: (solo parte pertinente)
e) Si  aplicare una pena mayor a  la solicitada por el  Fiscal  o  la querella salvo   que   se   hubiera   producido   un   cambio   de   calificación   en   los términos de los artículos 478 y 482 segundo párrafo.;
Solamente analizaré de modo breve la regla que establece el inciso e. La sentencia emitida por el Tribunal de Juicio resultará NULA cuando se aplique una pena mayor a la solicitada... ¿por quien? Vea Ud. que el Código dice a la solicitada por el Fiscal y por la querella. No solo se atendrá a la pena solicitada por el acusador público sino también por el privado.
Con todo ello es que esta exclusividad no es tan exclusividad. Que no hay discusión que desde el inicio o la inauguración del proceso penal queda en manos del Fiscal Penal. Pero a partir de la etapa crítica en adelante tal concepto resulta débil.

CONCLUSION
En el Código Viejo que se nos fue en el año 2012 teníamos un querellante automático. Recién aparecía en el avocamiento del procedimiento sumario y luego ofrecía pruebas, que no debían ser complejas atento a la finalidad de este proceso rápido. La otra opción era ingresar por el proceso de instrucción formal, en aquellos casos de delitos cuyo máximo excedía los cinco años. Pero los querellantes en delitos de menos de cinco años, la única salvaguarda era ingresar mediante las excepciones del procedimiento sumario del Art. 353 CPP. Sino no era posible discutir nada. Ahora en cambio, la figura del querellante adquiere mayor respeto, creo principalmente por la independencia de que goza en varios momentos del proceso penal. Y ello sumado al beneficio de incorporarse desde el inicio de la investigación penal preparatoria. Incluso puede hasta opinar en aquellos casos de la aplicación de los Criterios de Oportunidad, o en una mediación.
Pero ello no acaba allí, ya no se debe atener a lo que la requisitoria de elevación de juicio fiscal contenía. Mediante el Art. 355 el mismo querellante podrá formular su propio punto de vista sobre como ocurrieron los hechos, quienes fueron los autores, en que grados, etc. Ello es un avance importante en la materia. Y creo que esto se debe publicitar de manera permanente. A nivel social, la sociedad salteña cree que es solo un código para imputados, y sinceramente creo que no es así. Si es garantista, pero en el sentido de que resguarda y realza todas las garantías contempladas constitucionalmente. Es un código también para las victimas, que desde el comienzo de la investigación puede tomar parte. Donde se le confiere un protagonismo del que no gozaba desde hace mucho tiempo.
Retomo las palabras de un magistrado sobre la aceptación o no del Código, que mas allá de ello, solo hay que tener en cuenta que es Ley y es sobre la que hay que trabajar. No es algo ideado por el mero capricho de alguien, sino que es producto de varias charlas y consultas a distintos organismos vinculados con el espectro jurídico. Sumado al hecho que en distintas provincias de nuestro suelo Argentino dio muy buenos resultados, según los informes estadísticos oficiales. Se debe procurar mayor celeridad en la resolución de los casos sin descuidar el derecho a la Justicia que posee todo ciudadano argentino.

“Si el general Petraeus pudiera lograr en Irak lo que Putin logró en Chechenia, sería coronado rey. La pregunta clave es aquí si aplicamos para nosotros los mismos estándares que les aplicamos a otros”1.

“No hay que dejarse atrapar por el prestigio de los escándalos (….) No son ellos los que dan cuenta del desarrollo histórico. Los regímenes y los sistemas económicos y políticos no mueren jamás por sus escándalos. Mueren por sus contradicciones. Es absolutamente otra cosa”2.

Asistimos a la que se presenta como la crisis más profunda del capitalismo global desde su primer colapso durante la gran depresión del 29', que al parecer no solamente no ha terminado sino que amenaza con alcanzar proporciones cataclísmicas, que  ponen en uestión los paradigmas unidimensionales del fin de la historia que proclamaba Francis Fukuyama (foto), cuya hegemonía duró apenas dos décadas. En ese lapso, el pensamiento conservador, sus lógicas y narrativas, no solamente se expandieron rápidamente y con inusual éxito por los países más poderosos de la tierra, sino que al influjo de las nuevas recetas neoliberales, las regiones más desfavorecidas del mundo adhirieron también a diferentes programas que poseían esa misma impronta ideológica. El Consenso de Washington hizo lo suyo y las experiencias políticas de las décadas del 80' y 90' en América Latina así parecen atestiguarlo. Se trató, al final de cuentas, del paradigma hegemónico más corto de la historia humana. En menos de 20 años -un instante en términos históricos- la realidad objetiva planetaria conoce ya que el mercado ha demostrado su imposibilidad de contribuir sino a experiencias espantosas de depredación e inequidad, de proporciones inusitadas en todo el mundo, a una concentración de la riqueza sin precedentes, una consecuente diseminación de la exclusión y la pobreza a escala ecuménica (la fortuna de las 400 personas más ricas del mundo equivale al patrimonio de 2300 millones de seres humanos), y una crisis de proporciones y consecuencias -como decimos- hasta ahora desconocidas. No solamente las fuerzas productivas, sino más propiamente el sistema financiero desbordaron las fronteras de los estados nacionales, esencia misma de la globalización. “En los quince años transcurridos desde entonces, el mundo imperialista no aprendió nada ni olvidó nada. Sus contradicciones internas se agudizaron. La crisis actual revela una terrible desintegración social de la civilización capitalista, con señales evidentes de que la gangrena avanza”, decía León Trotsky en 19326, en un escrito que parece demostrar la inexorabilidad de las crisis del capitalismo y su carácter cíclico de profecía autocumplida. No obstante, la propia dinámica de la realidad objetiva parece acercarnos algunas pautas para intentar entender algunos aspectos fundamentales. Así, podemos afirmar que asistimos a una crisis global sin precedentes, donde -como ya hemos dicho- cruje el paradigma hegemónico más breve de la historia humana. Luego, que el mundo no será el mismo a partir de la crisis, y que podemos asistir a una nueva relación de fuerzas ecuménicas, en lo que importaría la superación del concepto de la unipolaridad. Por lo demás, las dificultades en la caracterización y la profundidad de la misma, contrastan con la rápida puesta en práctica de una batería de medidas que apuntan a superar una pretendida “crisis de confianza” de los mercados, otorgando un crédito inicial de 700 billones de dólares a los bancos, ponen al descubierto la autonomía relativa de un Estado que -pese a declamar la representatividad del conjunto social- restringe la misma a la tutela de las entidades reproductoras y asegurativas del capitalismo financiero, mientras los analistas de CNN sugieren a los temerosos ciudadanos restringir sus gastos en restaurantes. Finalmente, que las nuevas inseguridades que se agregan a las múltiples ya existentes en la "sociedad global de riesgo", autorizan a indagar si habrá algún intento imperial de superar la misma, también en este caso, mediante la guerra, que en realidad debe entenderse como una batería de intervenciones policiales a nivel internacional. Y si las nuevas ideologías securitarias impactarán en la región de la mano de una hipertrofia del punitivismo prevencionista y peligrosista, que luego de "reinventar" un enemigo, proponga la vigencia de un nuevo sistema de creencias y representación global, que implique una obligada desformalización y funcionalización de los sistemas penales internos y del derecho penal internacional.

Es menester entonces dar en la Argentina, y desde América Latina, una discusión sostenida desde la sociedad y el Estado, reivindicando la amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el capitalismo tardío marginal depara. La convalidación de una percepción reaccionaria de la “inseguridad”, únicamente se comprende a partir de una declinación en el plano discursivo, cooptado y rellenado a su imagen y conveniencia por los sectores más conservadores de la sociedad, que además se escudan en el “cumplimiento de la ley” como forma de disciplinamiento ritual.

Es que las nuevas formas de dominación obligan a ocultar la verdadera ideología de sus mentores y ejecutores políticos. Asistimos a una sociedad que naturaliza fenómenos tales como el aumento exponencial de la población reclusa, el deterioro de las libertades civiles y un enfrentamiento declarado y continuo contra las “clases peligrosas” 7; una guerra que se comporta como un instrumento totalizante de control social y custodia de un sistema, que no tiene fin, donde se confunden ensayos militares de baja intensidad, y lógicas y prácticas policíacas de alta intensidad, donde las relaciones internacionales y la política interior tienden a confundirse y a difuminarse las diferencias en la visualización de un enemigo que en las guerras pasadas, libradas por estados soberanos, existía siempre en el “afuera”.Las experiencias políticas en los estados convenientemente debilitados, en los que la “lucha contra el delito” se vuelve indispensable para la legitimación de los mismos, demuestran que estas irrupciones conducen a regímenes autoritarios y policiales, que conservan las formas extrínsecas aparentes de la democracia,8 La lógica de la “enemistad” y una práctica de la desconfianza permanente, impiden hacia el interior de estas sociedades, advertir los términos de las contradicciones fundamentales, y las opiniones se banalizan generalmente respecto de cuestiones personales escandalosas o, a lo sumo, se entretienen en el control rumoroso de hechos que juzgan socialmente reprochables, incluso la corrupción estatal, justamente porque permiten distinguir maniqueamente a los buenos de los malos; a los amigos de los enemigos, a quienes -como es obvio- tampoco les cabe “ni justicia”.

Esta “desideologización” de lo político, implica que las luchas sociales no se comprenden más como una confrontación entre sistemas que se excluyen, sino más bien a partir del nuevo prestigio de los escándalos, que impide discernir lo esencial de lo accesorio y diferenciar las contradicciones fundamentales de las secundarias. No tanto el orden como el mítico retorno a un orden inexistente, no tanto la autoridad como la vulgar vocación de la erradicación social de los diferentes, constituyen los elementos que tienden a exacerbar y reinventar en clave conservadora, a los “nuevos” miedos como articuladores de la vida cotidiana y a la vigencia de una democracia (también de baja intensidad), que se resiste a admitir su incompatibilidad con la guerra9, aunque de hecho la practica. En un estado de emergencia permanente, los discursos políticos desbordan de lugares comunes y apelaciones tan enfáticas como inconsistentes respecto de la lucha que a diario se emprende (y se vuelve a emprender sin solución de continuidad) contra el “desorden”, la “impunidad” y la “inseguridad”, sin que siquiera nos percatemos de que esas mismas narrativas, transmitidas en clave de amenazas, enmascaran o suprimen deliberadamente cualquier tipo de propuesta dirigida a revertir las inéditas asimetrías sociales de la tardomodernidad en nuestro margen. Una potencia del primer mundo puede acudir en salvaguarda de los intereses de sus propias empresas en la Argentina, a pesar del descalabro que en términos sociales las mismas han ocasionado o podrían causar a los jubilados nacionales. Esto no podría sorprender. Lo que llama la atención, es la inmediatez de las alianzas entre los grandes multimedios (donde muchas de esas AFJP habrían comprado acciones que son parte de sus ganancias) que ayudan a confundir y direccionar a una clase media urbana que no alcanza a comprender siquiera quiénes son los que colocan en riesgo sus propios ahorros y su acceso a una jubilación digna, como ya lo hicieron con la escasa y anestesiada conciencia de clase de los mismos sectores medios durante la puja entre el Estado y el “lockout” patronal agropecuario o el conflicto por la recuperación de una línea aérea de bandera. En todos los casos, los titulares de los diarios de las metrópolis -aún los de la prensa “socialista”- hablaron de estatismo, disparate, populismo, corrupción, cajas, riesgo, o peligro. Es que el mundo se ha vuelto riesgoso, también, para los sectores más concentrados del capital y sobre todo, para los países centrales. Sólo que esta vez, del otro lado, no existe ni una clase obrera ni una izquierda capaz de aglutinar a las grandes mayorías sociales del planeta. Por ende, un nuevo y violento proceso de disciplinamiento se podría abatir sobre las administraciones indóciles en América Latina. Venezuela, Bolivia y la Argentina pueden dar testimonio de esta prevención. La región acumula no solamente reservas monetarias, sino importantes yacimientos acuíferos, energéticos (muy particularmente petroleros) y alimenticios. La gran crisis no ha desestabilizado en demasía -mal que le pese a la derecha- sus respectivas arquitecturas políticas ni sus economías nacionales, y la creación del Consejo Sudamericano de Defensa constituye una iniciativa original y protectiva en términos securitarios continentales. Por lo demás, resulta tan difícil como forzado vincular seriamente a las administraciones regionales con el “terrorismo”, la moneda de cambio habitual cuando nos referimos a los últimos intentos de disciplinamiento y control global punitivo llevados a cabo por los Estados Unidos. Gramáticas hegemónicas y prácticas contraculturales de administraciones nacionalistas keynesianas o neosocialistas parecen resumir la contradicción política y estratégica fundamental. Si el capitalismo en crisis decidiera resignificar un enemigo externo, debería apelar tal vez a otros sujetos colectivos. El narcotráfico, las maras, o el afloramiento de la violencia juvenil a la que las fuerzas de seguridad nacionales no logran conjurar, son algunas de las hipótesis de conflicto que podemos analizar. Las marchas y concentraciones frente a episodios conmocionantes se nuclean en derredor de discursos que pugnan por degradar el catálogo de libertades decimonónicas compatibles con el programa constitucional, sin que esto parezca preocupar demasiado, en aras de la “victoria” a lograr contra los peligrosos. Ante este escenario verificable, llama la atención la falta de objeciones orgánicas ante las nuevas "inseguridades", que se derivan directamente de la vigencia del propio sistema de control social punitivo (nacional e internacional), y la consecuente convalidación de ejercicios punitivos de diversa naturaleza, que en la Argentina de los últimos años se corporizaron en una multiplicidad de reformas de las leyes penales, la derogación constante del plexo de garantías constitucionales como consecuencia de un derecho penal de enemigo que se expresa fundamentalmente en la sucesiva reforma de los códigos procesales, el incremento sostenido de la población reclusa, una creciente sociología de la enemistad, lógicas binarias y reduccionistas en términos político criminales, una tendencia naturalizada a la criminalización de los sectores más dinámicos de la sociedad (pobres, excluidos y jóvenes) y un formidable y coordinado aparato propagandístico que exhibe a la conflictividad y la violencia urbana en términos lisa y llanamente bélicos.

Dicho de otra manera: aparecen muy claras las analogías conceptuales entre la doctrina de la “guerra preventiva” y las medidas predelictuales de política criminal , como las representaciones del nuevo realismo criminológico de derecha10 y el derecho penal del enemigo, arraigadas de manera preocupante en los sistemas de creencias hegemónicos de las sociedades nacionales de este margen. La inquietante presencia de la guerra, como vía restaurativa hipotética del imperio, caracterizada como gigantescas intervenciones policiales a nivel internacional, podría encontrar fácilmente las vías de acceso al corazón de los estados latinoamericanos, algunos de ellos en pleno proceso de restauración soberana.

Este nuevo contexto en la búsqueda de autonomía por parte de las naciones hemisféricas no es gratuito ni sencillo en términos político criminales. La “inseguridad” se exhibe en clave destituyente, y las respuestas estatales no siempre (o casi nunca) alcanzan para disminuir una preocupación que se multiplica intencionadamente desde los grandes medios de comunicación de masas, que se coaligan con actores inéditos, tales como las policías, fuerzas de seguridad hasta ahora ignotas y buena parte del entramado judicial internacional.