El respeto irrestricto del concepto de soberanía estatal como poder supremo (susceptible de ser entendido también como summa potestas) de dictar la ley y hacerla cumplir dentro de los límites de un territorio, conspiró durante mucho tiempo contra el desarrollo de una Justicia universal y un Derecho penal internacional[1].

De hecho, el primer antecedente que intentaba establecer una jurisdicción penal internacional fue el proyecto generado por el ex presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gustave Moynier, en 1872[2].

Antes de esa propuesta, las iniciativas de juzgar a criminales de guerra fueron escasas, y se llevaron a cabo en procesos que los vencedores de las guerras impulsaban contra los vencidos, lo que profundizaba brutalmente el sesgo selectivo que ha caracterizado desde siempre al sistema penal internacional.

Si bien es posible encontrar algunos precedentes primarios en la Grecia antigua, y también en casos como el que se juzgara, condenara y ejecutara en en 1268 en Nápoles al Duque de Suabia Conradin von Hohenstaufen por haber iniciado una guerra injusta, hasta el proyecto formulado por Moynier no se unificó un proyecto normativo que apuntara a la creación de un tribunal internacional que debería actuar como garante del Convenio de Ginebra de 1864 y juzgar crímenes de guerra[3].

El proyecto de Moynier, de apenas una decena de artículos, intentaba subsanar algunas deficiencias operativas del Convenio ginebrino y prevenir los conflictos armados, incluso con sanciones pecuniarias a imponer a los beligerantes[4]. Tenía competencia automática y exclusiva en caso de enfrentamientos entre los Estados signatarios y significaba en la práctica un avance de la cultura jurídica internacional indiscutible[5]. No obstante ello recibió muchísimas críticas de los expertos en derecho internacional y fue rechazado por todas las naciones con la excepción de Suiza[6].

Debe suponerse que la sola idea de una jurisdicción internacional conmocionaba el avance que había alcanzado hasta entonces el derecho inernacional, y fue así entonces que, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, no se retomó la idea de constituir un tribunal internacional permanente.

En efecto, es en el Tratado de Versalles de 1919 donde aparecen algunos artículos que expresamente aluden a un juicio conjunto que sería llevado adelante por las potencias vencedoras en la guerra. Pero, cuando se intentó juzgar al Kaiser Guillermo II,  la iniciativa fracasó porque el Gobierno de los Países Bajos le otorgó asilo al perseguido y no lo entregó para que comparecera ante el tribunal, a pesar de lo que expresaba en ese sentido el Tratado de Versalles[7].

Esa frustración puso en crisis la efectividad y vigencia del acuerdo, y en la práctica implicó un amesetamiento del desarrollo de un sistema penal internacional, al menos hasta que en 1937 la Sociedad de las Naciones decidiera adoptar la Convención para la Prevención y la Represión del Terrorismo y la Convención para la Creación de una Corte Penal Internacional, impulsados desde 1934 por Francia luego de los asesinatos del Rey Alejandro de Yugoslavia y del Canciller Louis Barthou[8].

Una vez finalizada la Segunda Guerra, como ya lo hemos visto, los tribunales Militares de Nuremberg y Tokio, al asentar el principio de responsabilidad individual por crímenes internacionales, superando la noción vigente hasta entonces de culpabilizar únicamente a los países por este tipo de conductas, sentaron las bases para el sistema que iba a demorar casi medio siglo en conformarse.

En el período que va desde que aquellos tribunales terminaran su cometido y hasta 1996, esto es, durante la guerra fría y hasta los primeros años posteriores al colapso del bloque soviético y la caída del Muro de Berlín, se crearon las condiciones culturales para la aceptación de una jurisdicción universal en un mundo que se suponía  más globalizado y mucho más pequeño, lapso en el que se establecieron distintos tribunales ad-hoc, algunos de los cuales se analizan en esta investigación.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de 1995, promovió finalmente la formación de un Comité Preparatorio (ComPrep) para debatir los principales aspectos de un  Estatuto para la futura Corte Penal Internacional[9]. Dicho Comité Preparatorio finalizó su trabajo y entregó sus conclusiones en abril de 1998. Había redactado un Proyecto de estatuto de 116 artículos, para que fuera tratado en la Conferencia prevista para el 15 de junio del mismo año, a realizarse en Roma[10]. El  tratamiento se inició con la presencia de representantes de 160 países y 250 organizaciones no gubernamentales, lo que da la pauta de la importancia  del cónclave en función de sus propósitos[11]. La Asamblea sesionó por más de un mes, y el 18 de julio de 1998, la mayoría excluyente de los Estados presentes votaron favorablemente su texto[12].

Un nuevo panorama se perfilaba en materia de justicia universal, habida cuenta de la influencia que el Estatuto automáticamente generaba con respecto a la nueva forma de regular la ciudadanía universal. Como era de esperar, la mayor reticencia estuvo puesta de manifiesto por la delegación de Estados Unidos, quien alegaba que la Corte a crearse no podía poner en riesgo a aquellos gobiernos que llevan a cabo conductas tendientes a promover la paz y la seguridad, desarrollando “misiones humanitarias”[13].

En rigor, Estados Unidos borraba con el codo lo que había escrito con la mano durante los juicios de Nuremberg y Tokio, y su verdadera intencionalidad era (y es) obtener la impunidad de sus súbditos por las terribles consecuencias de sus múltiples y constantes intervenciones en diversos países del mundo[14]. De todas maneras, si aceptamos que la Corte Penal supone la más compleja y evolucionada construcción que en materia de cultura jurídico penal han logrado acordar la mayoría de las naciones, deberemos ahora atender a algunos aspectos relevantes que caracterizan a este Tribunal Internacional. El primero de ellos, que vuelve a explicar sobre la razón de ser de la Corte, no despierta demasiadas polémicas: “El contar con una Corte Internacional Penal, constituye una oportunidad para las naciones de la tierra, ya que ello permite que este disponible un órgano judicial con competencia y jurisdicción internacional capaz de conocer, juzgar y aplicar justicia en los casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Muchas naciones están sumidas en situaciones violentas, guerras y conflictos armados. Los que sufren en estas circunstancias son los más pobres y los más vulnerables. Se cometen atrocidades, crímenes horrorosos, asesinatos selectivos y en masa y nuestra sociedad mundial, gracias a las comunicaciones globales y en masa, somos espectadores de estos despreciables crímenes. Se violan derechos humanos elementales, se violan los derechos humanitarios, no se tiene misericordia”[15].

Ciertamente, la creación de un Tribunal Penal Internacional de estas características, supone un enorme paso adelante en un contexto global donde, lamentablemente, la realidad de nuestros días está signada por continuas y graves violaciones a los Derechos Humanos. Es más, la superación de la estructura precaria y la condición “ex post facto” de los tribunales especiales coadyuva sustancialmente a la mayor legitimidad de la Corte. Tanto ello así, que quizás ahora, por primera vez en la historia de la Humanidad, podamos llevar a cabo un examen exhaustivo de las lógicas de las decisiones, la coherencia interna de las instituciones y organismos, las características realizativas de la persecución y el enjuiciamiento penal y la eventual superación de una limitación histórica del derecho penal internacional: su carácter profundamente selectivo y discriminatorio. “En este sentido, el Estatuto de Roma (ER o Estatuto) de la Corte Penal Internacional (CPI) es un tratado complejo, pues establece (incluso puede decirse que codifica) aspectos tanto sustantivos como adjetivos del DPI. Se trata de un gran trabajo de codificación, sin embargo, muchas normas que conforman el DPI sustantivo o adjetivo siguen estando dispersas en diversas normas jurídicas internacionales ajenas al Estatuto”[16].

Ciertamente, y como admite buena parte de la doctrina, la estructura del Estatuto no exhibe una puerza dogmática intachable, sino que pone al descubierto los límites de los acuerdos que en materia político criminal alcanzaron los Estados miembros de acuerdo a sus intereses y tradiciones jurídico penales[17].

Todos estos aspectos se encuentran fuertemente coaligados entre sí, y el análisis de los mismos constituye, en la actualidad, una tarea impostergable para los juristas. Por supuesto, nuestro relevamiento ha de incluir también, como no podía ser de otra manera, las respuestas que el sistema penal internacional reserva a los crímenes contra la humanidad, por ser éste el núcleo duro que confiere sentido a la investigación.  Para ello, habremos de recorrer los pronunciamientos condenatorios firmes de los tribunales especiales, analizando críticamente lo que podríamos denominar la sobre representación punitiva de los mismos.[18]

Se ha admitido modernamente, respecto del genocidio, "que la Criminología, hasta hoy, no había estudiado este delito, refiriendo entonces que el gran desafío para la criminología en el siglo XXI es el crimen de Estado, por ser el que más vidas sacrifica, más aun en tiempos en donde el terrorismo resulta ser la excusa más utilizada por el Estado para reprimir, torturar y matar gente”[1].

Una de las tareas que dota de sentido a la Criminología y se transforma en uno de sus objetivos fundamentales es, precisamente, la formulación de estrategias para prevenir las situaciones sociales problemáticas, en particular aquellas creaciones culturales denominadas delito.

En esta implicación entre Criminología y genocidio, que estamos intentando describir, es inevitable recorrer las alternativas que en materia de prevención de este delito es posible articular desde la comunidad internacional, teniendo a la mano los datos objetivos de la experiencia histórica de los últimos dos siglos, jalonada por una multiplicidad de horrendos crímenes masivos, frente a los cuales las respuestas jurídicas y sobre todo criminológicas -debemos admirlo- no han estado a la altura de lo que podría reclamar una ciudadanía universal en completo desarrollo[2].

Prevención del delito y reacción social (en este caso, reacción de la comunidad internacional) son dos conceptos criminológicos inescindibles, que deberemos tener en cuenta al momento de intentar dilucidar la factibilidad de la articulación de un sistema de prevención de crímenes contra la humanidad y genocidio.

Hemos ya mencionado el sesgo punitivista, prevencionista y retribucionista, que generalmente ha caracterizado al sistema penal internacional, la justicia universal y los sistemas internos de los Estados-nación, en aquellos contados casos donde este tipo de hechos aberrantes han sido juzgados.

Por lo tanto, la tarea de la construcción de estrategias de prevención de este tipo de conductas merece un abordaje original, diagnósticos consistentes y ejercicios de anticipación que prescindan de lugares comunes, meras expresiones de deseo y rutinas de probada ineficiencia.

Por de pronto, a la luz de la evidencia histórica, pareciera que, mientras existan experiencias de gestión institucional autoritarias, el riesgo de este tipo de prácticas sociales podría llegar a reproducirse e incrementarse.

La democratización de las relaciones humanas, por el contrario, permitiría incorporar nuevas formas de convivencia, mucho más tolerantes y horizontales, basadas más en la confianza que en la desconfianza, y en la percepción del otro como un diverso, pero nunca como un enemigo.

Una prueba de esta hipótesis estaría dada por la cantidad de prácticas de aniquilamiento que se están dando en el presente, empezando por Irak y Afganistán y terminando en Darfur.

Lo cierto es que los crímenes de masas son un fenómeno que ha recorrido el último siglo y lo que ha transcurrido del presente. Las respuestas institucionales internacionales han consistido en un aumento exponencial del poder punitivo de los Estados y una ratificación de la selectividad y asimetría de esos procesos.

Más aún: cuando la respuesta frente a las matanzas colectivas no han consistido en penas draconianas -desde Nüremberg hasta la actualidad- ello no ha ocurrido tanto porque se hayan repensado críticamente esas respuestas neocriminalizadoras, sino por razones meramente utilitarias.

Esto queda plasmado en las expresiones del Fiscal de la Corte Penal Internacional cuando explica que en Ruanda “se produjo un verdadero genocidio. Un millón de personas  en tres meses. Y Ruanda utilizó un mecanismo interesante, que es un modelo de justicia tradicional para juzgar a miles (en este caso 40 mil) de personas acusadas. La gente acusada ya había estado presa durante ocho años. Igualmente, era imposible juzgar a cuarenta mil personas. Entonces, lo que hicieron fue una especie de reunión comunitaria en que los acusados iban a las comunidades donde habían cometido los crímenes. Confesaban allí sus crímenes, pedían perdón y los condenaban a una pena de ocho años de prisión. Pero, como ya habían cumplido esos ocho años, los dejaban en libertad. Básicamente, esto fue lo que hicieron. Además, hay investigaciones específicas y todavía hay (actuando para Ruanda) un tribunal internacional[3]”.

Abstracción hecha de la connotación utilitarista que subyace en la explicación, es importante recordar que aparece aquí, por primera vez, el concepto del perdón que, al parecer, adquiere en la cultura propia una connotación especialísima, como veremos cuando analicemos el proceso sudafricano.

No obstante esta situación problemática en la que se encuentra el Derecho penal internacional, insistimos que el objetivo de una ciudadanía global constituye una utopía proactiva, absolutamente plausible.

Será la relación de fuerzas políticas la que en un futuro defina su impronta definitiva. La labor de los juristas comprometidos en el tema estriba en realizar todos los esfuerzos posibles para que el Derecho penal internacional se democratice y se desarrolle con sujeción a pautas civilizatorias y humanistas.

Respecto a la cuestión de si los homicidios masivos los comete el poder punitivo, se estima que ello está “fuera de toda duda, también es verificable que cuando el poder punitivo del Estado se descontrola, desaparece el Estado de Derecho y su lugar lo ocupa el de policía y, además, que los crímenes de masa son cometidos por este mismo poder punitivo descontrolado, o sea, que las propias agencias del poder punitivo cometen los crímenes más graves cuando operan sin contención (…). Por ende, la doctrina penal del Estado de Derecho bien puede dejar de legitimar la pena y admitir sinceramente que no sabe cuál es su función, porque sabe que debe contener racionalmente la habilitación del poder punitivo en la medida de su contra-poder de control jurídico para preservar el Estado de Derecho y evitar los crímenes de masa. El Derecho penal sería en el momento político el equivalente del derecho humanitario en el momento bélico: ambos servirían para contener un factum en la medida de su limitado poder jurídico de contención (…) ¿Qué legitima al Derecho penal internacional? Si el poder punitivo internacionalizado se descontrolase, se convertiría en un instrumento hegemónico de una suerte de Estado policial planetario, que pareciera ser lo que los críticos de izquierda quieren evitar y los de derecha provocar. Ante este riesgo, cabe preguntarse si el poder punitivo internacionalizado, dentro de límites menos irracionales, sería legitimado por alguna contribución positiva -incluso en limitada medida- a la evolución paulatina hacia una mejor convivencia internacional[4]”.

Por lo tanto, conforme a lo indicado, resulta que no es posible compartir el rol que se asigna al Derecho penal internacional en materia de prevención de crímenes de masas. Su legitimidad se ciñe, hasta ahora, únicamente a intentar que el ofensor no pierda su condición de persona y a evitar la venganza privada (y pública).

Ahora bien, si el Derecho penal, acotado a una intensidad compatible con un Estado Constitucional de Derecho, no previene ese tipo de delitos masivos, deberíamos repensar las estrategias posibles y alternativas de anticipación frente a este tipo de tragedias[5].

La posibilidad de evitar la venganza o el acotamiento del poder punitivo, para que el sistema penal no se transforme él mismo en un factor generador de crímenes contra la humanidad, no son elementos suficientes para prevenir las futuras matanzas ni puede ser el único objetivo que justifique la existencia de un Derecho penal internacional.

Es indudable que el capitalismo ha coadyuvado decisivamente a la perpetración de este tipo de delitos con su impronta de apropiación constante y unilateral de recursos de todo tipo, de voracidad impiadosa y de violencia infinita.

Pero también durante la modernidad encontramos genocidios o crímenes contra la humanidad en sistemas de gobierno no capitalistas (el caso de Camboya  constituyen un buen ejemplo en ese sentido), por lo que la cuestión no parece explicarse fácilmente apelando a categorías ideológicas tradicionales, sino a una permanente disputa por el discurso, por la cultura, por alcanzar formas de reorganización de las relaciones sociales, generalmente por parte de grupos hegemónicos débiles que buscan reafirmar su poder antidemocrático mediante la creación de un chivo expiatorio y su posterior exterminio[6].

Más aún, si aceptamos que cualquier tipo de organización social antidemocrática es una condición de probabilidad cierta de un genocidio, con mayor razón deberíamos tender hacia formas pacíficas de convivencia porque, de lo contrario, cualquier estrategia preventiva que no tome en cuenta la necesidad de mayor democracia podría resultar inviable frente a rebrotes políticos autoritarios.

Todo lo que logremos avanzar en dirección a un Derecho penal mínimo, caracterizado por una disminución de todas las formas de violencia en nuestra cotidianeidad (incluida, claro está, y muy especialmente, la violencia institucional),  debería influir en la obtención de formas distintas de resolución de los conflictos a nivel internacional.

El genocidio puede explicarse de muy distintas formas. Pero cualquiera de ellas debería incluir su condición cultural, su particularidad de ser el producto de una tecnología de poder, que en algún momento de la historia sintetiza la agudización de contradicciones tan potentes como la desconfianza, la intolerancia, el miedo y los prejuicios que el otro nos genera.

El otro, visualizado de esa manera como una síntesis de los riesgos y peligros que habrían de amenazarnos, y un unidimensionalismo cultural autoritario, son algunos de los elementos que tienen la suficiente envergadura como para ser el germen de las más terribles expresiones de la violencia colectiva.

La batalla cultural por la desarticulación de estas lógicas castrenses nos incumbe, directamente, a los penalistas y criminólogos, que durante siglos fuimos portadores de la creencia de que profesábamos una disciplina neutral y ascética.

En suma, se ha postulado al respecto: “Desde la actitud de compromiso se objeta que el saber penal nada puede hacer frente a las decisiones del poder, por lo que es preferible refugiarse en el compromiso supuestamente pragmático. Esta objeción subestima el poder del discurso, que es precisamente el que los juristas no deben ceder. Con el discurso se ejerce poder -los dictadores lo supieron siempre-, aunque no sea el mismo poder de que disponen las agencias ejecutivas del sistema penal, pero éstas sin el discurso quedan deslegitimadas y, en definitiva, el poder sin discurso, aunque puede causar grave daño antes de derrumbarse, no se sostiene mucho tiempo[7]”.

  “La prosperidad de Guatemala pasa por la aniquilación de la tradición maya o por la exclusión de los mayas de esa prosperidad, lo cual es legítimo ya que son los indígenas inconversos los responsables de que Guatemala no haya levantado nunca la cabeza”[1]. “Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no se cerrarán”[2].

Hace 25 años finalizaba una de las prácticas sociales genocidas más tremendas de la historia contemporánea latinoamericana, ocurrida en Guatemala, un país acostumbrado a convivir desde el fondo de su historia con la marginalidad, la, las más grandes asimetrías sociales, la corrupción política y una cultura racista dominante que somete a la mayoría de la población indígena (casi el 60%) y que bien podría interpretarse como la causa fundamental de un aniquilamiento de proporciones dantescas[3].

En efecto, este pequeño país centroamericano está integrado por la segunda mayor población indígena de América, de origen maya, confinada mayoritariamente en las zonas más pobres y las tierras menos fértiles del interior del país, conminados a una vida miserables, sin acceso a los bienes y servicios básicos.

El asentamiento de una gran cantidad de mayas en el altiplano del país, permitió la consolidación de condiciones objetivas prerrevolucionarias y una paulatina elevación de la conciencia de los indígenas -los “indios alzados”- que luego serían las víctimas de la masacre, perpetrada en la inmensa mayoría de los casos por fuerzas policiales,  militares y paramilitrares (las temibles “patrullas de Autodefensa civil”)[4]. “Entre tanto, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, impulsada por la ONU, ofrece datos escalofriantes sobre la represión durante los 36 años de guerra: 200.000 muertos, miles de violaciones de los derechos humanos, un millón de desplazados. Y además dos aspectos cruciales: el 93% de esos hechos fueron cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado apoyadas e incluso estimuladas por Estados Unidos”[5], lo que torna, también en este caso, insostenible el argumento de la existencia de una “guerra” o la reedición de la teoría de los dos demonios.

En rigor, las últimas informaciones dan cuenta de que Estados Unidos participó directamente en el genocidio: “Nuevas revelaciones sobre experimentos médicos ilegales de un equipo estadounidense con guatemaltecos en la década de 1940 devela hoy la magnitud de aquel acto considerado aquí genocida. Un informe de la comisión investigadora, generado el lunes en Washington, cifra en 83 los ciudadanos de ese país muertos de los alrededor de 5.500 utilizados como cobayos de 1946 a 1948 por científicos norteamericanos. Reos, deficientes mentales y prostitutas estuvieron entre unos mil 300 a quienes les inocularon gonorrea y sífilis, con el objetivo de verificar los efectos de la penicilina sobre esas enfermedades de transmisión sexual. El hecho causó honda conmoción en Guatemala al conocerse en noviembre pasado, y entonces el presidente Alvaro Colom lo criticó de manera enfática, al punto de calificarlo como un acto genocida contra su pueblo”[6].

No hay duda, entonces, que desde una perspectiva tan extrema en materia de racismo como el que profesaban las clases dominantes y las fuerzas represivas guatemaltecas, el aniquilamiento tuvo como objetivo eliminar a los mayas, a quienes, por ser “potencialmente enemigos”, se consideraba legítimo reprimir, perseguir, torturar y asesinar sin distingo alguno.

Justamente, la particularidad que justifica un detenido análisis del genocidio guatemalteco, radica en la relación directa entre el aniquilamiento y el racismo, y la  gravitación que las prácticas y gramáticas racistas tuvieron en el fatal desenlace. En las formas en las que, en definitiva,  el racismo, como tecnología de poder y factor de opresión y dominación: “En ese sentido, resulta indispensable utilizar la expresión de Foucault de racismo de Estado, en la medida en que es el Estado, a partir del liberalismo, el que va a crear un modelo homogéneo, monocultural, monoétnico y excluyente, a partir de mediados del siglo XIX. El Estado juega un papel esencial en la reproducción del racismo y, por ello, nos parece más pertinente el  enfoque histórico-político. Este autor en Genealogía del racismo, hace un repaso histórico de la configuración del Estado moderno a través de diversos filósofos y pensadores políticos del siglo XVIII y XIX. Concluye afirmando que por influencia de las teorías darwinistas en las ciencias sociales, se produce una estatalización” de lo biológico y el Estado modifica el concepto de soberanía utilizado hasta el siglo XVIII”[7].

Para entender en un apretado relato el conflicto guatemalteco, es preciso situarnos en el año 1954, cuando es derrocado por un grupo de extrema derecha apoyado por los Estados Unidos, el Presidente Jacobo Guzmán, que había llevado a cabo una serie de medidas protectivas de los derechos indígenas, leyes laborales, democratización del acceso a la tierra, todas ellas medidas de corte nacionalista burguesa apoyadas en la Constitución Nacional.

No obstante, Guzmán fue acusado -como ocurrió con otros líderes nacionalistas y populares latinoamericanos- de “comunista”, y en su derrocamiento participaría ya uno de los personajes sindicados como principales perpetradores del genocidio que sobrevendría: el general Efraín Ríos Montt (foto) [8].

Este personaje llegaría a la presidencia del país de la mano de un golpe de estado, que en 1982 le permitió asumir la suma del poder  público, derogando la vigencia de la Constitución nacional y declarando un estado de emergencia militarizado, con un objetivo inmediato: saldar cuentas con los pueblos originarios que se resistían a la opresión fascista a través de su eliminación física lisa y llana.

Ríos consideraba a los mayas como “ignorantes y por ello vulnerables al comunismo internacional”, aludiendo a la mayor o menor participación o simpatía con la que este pueblo originario observaba las actividades insurgentes de tres grupos combatientes de orientación socialista: las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Ejercito Guerrillero de los Pobres y el Partido Guatemalteco del Trabajo[9].

Según el usurpador, “los indígenas son la base de estos movimientos y por lo tanto, al ser sospechosos hay que matarlos a todos”[10] .

Desde entonces, entre 1983 y 1986 se producen los episodios más cruentos del genocidio. Se lleva a cabo una política lisa y llanamente genocida, de una connotación fuertemente racista, que se apropiaba de las lógicas de dominación y los prejuicios anti indigenistas que en Guatemala han sido instaladas como discurso hegemónico por las clases dominantes desde hace siglos.

El racismo en Guatemala es un fenómeno histórico y cultural de larga duración y antigua data, una estructura de pensamiento y acción que empezó a construirse desde el momento mismo de la conquista y la posterior colonización.

Sin perjuicio de ello, los antecedentes más inmediatos y significativos que le dieron vigencia renovada al racismo antiindigenista después de la emancipación de España se advierten fundamentalmente desde finales de siglo XX, materializándose de la manera más brutal y sangrienta mediante la política contrainsurgente llevada a cabo por el ejercito guatemalteco durante el conflicto armado interno, que se desarrolló desde la década del sesenta hasta mil novecientos noventa y seis[11].

Si bien los antecedentes históricos más visibles en materia de racismo, remiten en Guatemala a los últimos años de atroces de su  historia, para entender el arraigo de estos  significantes es necesario remontarse al imaginario colonial, que es cuando se construye un discurso de naturalización del racismo, absolutamente discriminatorio en virtud de la asignación de una otredad negativa  explícita a los pueblos originarios.

Este racismo y la discriminación consecuente pueden explicar  la forma en la que se desarrolló la violencia contra las comunidades mayas: “El racismo se convirtió en una auténtica ideología de Estado, porque proporcionó una estrategia política para la acción. Fue durante este periodo cuando la élite de poder proyectó una estrategia de represión selectiva indiscriminada, empleando la tortura, la guerra psicológica y todo tipo de métodos represivos contra la población civil y especialmente contra la población indígena, que provocaron un autentico etnocidio, como sucedió especialmente durante la época de Ríos Montt. El intento de desestructurar y destruir las bases comunitarias en las que descansan y se asientan las poblaciones mayas respondió a un plan perfectamente diseñado y planificado por parte de la inteligencia militar. La forma como se desarrolló la violencia por parte del Ejército y otros aparatos del Estado, así como la intencionalidad con la que ésta se materializó durante el conflicto guatemalteco no responde a un proceder coyuntural y aislado, sino a una política superior estratégicamente planificada que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente. Como señala al respecto Jennifer Schirmer, es necesario proceder a un análisis estructural de la violencia como parte intrínseca de la lógica de la contrainsurgencia, desterrando la interpretación de las violaciones masivas de derechos humanos en Guatemala como algo irracional y fruto de comandantes incontrolables y sanguinarios. Supuso la materialización de un plan perfectamente diseñado y llevado a cabo de destrucción de las bases culturales y físicas de las comunidades mayas. Es por ello, que, de un análisis somero de las distintas tipologías de violencia ocurridas durante la contienda armada, podemos concluir diciendo que entre las distintas opciones de las que dispuso el estado guatemalteco para operar durante el conflicto armado, optó por aquellas que causaron un mayor sufrimiento y un mayor costo de vidas humanas a la sociedad civil no combatiente. Es ilustrativo en este sentido el parecer de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuando afirma: “Los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas no fueron actos aislados o excesos cometidos por tropas fuera de control, ni fruto de eventual improvisación de un mando medio del Ejercito... Muchas de las masacres cometidas en contra de tales grupos respondieron a una política superior, estratégicamente planificada que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente” (numeral 120). Asimismo, se perciben claramente indicios de racismo en la política represiva desencadenada en Guatemala. Como se señala al respecto en el informe remhi, “en muchas ocasiones, las acusaciones contra las poblaciones indígenas por parte del Ejército utilizaron los prejuicios racistas como parte de la justificación de la violencia... Los comportamientos y trato a las víctimas estaban cargados de malestar” por esa actitud de indio levantado”. Es decir, el componente racista presente en todos los estratos de la sociedad guatemalteca contribuyó a que luego veremos y que la intención de dicha represión fuera la destrucción social, cultural e, incluso, física de la propia comunidad” (…) “De hecho, la mayor parte de las víctimas del conflicto pertenecían a las comunidades mayas. En este sentido, el Informe elaborado por la ceh, Memoria del Silencio, en sus numerales 1y 2, pone de manifiesto que de los 42275 casos investigados y verificados, el 83% de las víctimas plenamente identificadas eran mayas y el 17% ladinos.(…) Por lo tanto como podemos comprobar, la violencia desatada contra las comunidades mayas ha estado teñida e impregnada de discriminación y del desprecio más absoluto hacia los elementos definitorios de su identidad, con la clara intencionalidad de “destruir la identidad social” de las comunidades mayas”[12].

Este exterminio de un grupo étnico y nacional determinado pudo llevarse a cabo porque la oligarquía guatemalteca consideraba al aniquilamiento no solamente posible, sino también deseable y conveniente.

La condición de des-existencia de los mayas en la sociedad guatemalteca, su histórica exclusión social, los había transformado en “no sujetos”, aquellos que los sectores dominantes, en su momento, hacían como que no veían en el paisaje social, pero que, sumados ahora a una militancia insurrecional o de mera toma de conciencia de su condición de explotados, los tornaba absolutamente “peligrosos” para el orden impuesto y los intereses afines de una clase fuertemente influyente en materia de políticas públicas de control social punitivo.

La mera circunstancia de que el indígena abandonara su condición de objeto de la historia para intentar convertirse en sujeto de la misma, incorporándose masivamente a la vida política a través de estas organizaciones insurreccionales, movilizó en las clases dominantes guatemaltecas un “inconsciente colectivo” genocida, que añadía al miedo a la rebelión del indio los seculares y brutales prejuicios racistas que incluían, explícita o implícitamente, el deseo de exterminio[13]: “La ideología de la “inferioridad de los indios” se construyó con base en las teorías aristotélicas de la desigualdad natural, para justificar a posteriori el régimen de subordinación y explotación de los indígenas, así como los límites que pusieron a sus atribuciones. Bajo esta ideología se decía que los indios no tenían capacidad de entendimiento suficiente, no podían gobernarse, ni podían inteligir el derecho natural. Eran los españoles quienes, como hermanos mayores, debían enseñarles las leyes y poner límite a las costumbres “bárbaras” de los indios”. Así, los indígenas fueron “encomendados” a los españoles, para su evangelización a cambio de su trabajo. La “herencia del encomendero” es un símil que recuerda que los rasgos de arbitrariedad y violencia han estado presentes en las más diversas relaciones sociales respecto de la población indígena (…). “Debe recordarse que las pautas de violencia en una sociedad tienden a generalizarse. Se copian o se imitan, se difunden por todo el cuerpo social y se reproducen de una a otra generación. El racismo, consciente o inconsciente, es un factor muy importante en la explicación de muchos de los actos desmedidos de violencia cometidos a lo largo de la historia de Guatemala y del enfrentamiento armado. En la mentalidad racista, cualquier movilización indígena trae a la mente la imagen atávica del levantamiento. En este sentido, puede considerarse que el racismo también estuvo presente en los momentos más sangrientos del enfrentamiento armado, cuando se castigó a la población indígena como si fuese un enemigo a vencer”[14].

En consecuencia, es posible afirmar que el genocidio encarna en este caso la máxima expresión del racismo, su fase superior, que, concibiendo al indígena como su enemigo interno, desató contra este grupo racial una práctica de aniquilamiento reconocida por las normas del Derecho Internacional en sendas oportunidades.

En una de ellas, a través del pronunciamiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico; en la otra, como resultado de una conclusión emitida por el Tribunal Permanente de los Pueblos en 1973[15].

Por eso, si se analizan detenidamente las regularidades de hecho que evidenciaba el proceso represivo, salta a la vista la intencionalidad previa de deshacerse de un determinado grupo social, pulsión criminal asentada en códigos indudablemente raciales, tendientes a destruir las formas de coaligación y relacionamiento social preexistentes entre el grupo de víctimas, para sustituirla por otras.

En aquellos supuestos en que los perpetradores llevaban a cabo la destrucción social de las comunidades (varios centenares de ellas fueron literalmente borradas de la faz de la tierra) sin atender a condiciones de edad, género o grado de involucramiento de las víctimas en el conflicto, es obvio que se  intentaba destruir las bases culturales y sociales mismas  de la comunidad, su estructura de supervivencia y su posible organización política.

Los ataques se realizaban en fechas de especiales congregaciones públicas y en todo momento los que llevaban a cabo el etnocidio se comunicaban con sus superiores, lo que da una idea de que se estaba ante un proyecto mayor de exterminio premeditado, determinado en cuanto a sus víctimas y llevado a cabo mediante tecnologías de poder distintas según los casos, con un alto contenido simbólico, ejemplificador y desmovilizador[16].

Cuando los perpetradores dejaban abandonados a la vista del público los cuerpos de los muertos, o los destrozaban, estaban simbolizando la denigración de las personas y de su dignidad, que en el caso del pueblo maya tiene un marcado carácter cultural.

Algo similar ocurría cuando los hechos de violencia se cometían a propósito en lugares sagrados o de culto, y cuando para la destrucción de las viviendas de las comunidades se utilizaba el incendio, dado el carácter simbólico que el fuego tiene para los mayas y, en general, para la mayoría de las civilizaciones originarias americanas.

De la misma manera, al obligar a los propios miembros de la comunidad a colaborar en asesinatos u otro tipo de atentados contra sus pares, daba cuenta de un objetivo de deteriorar las relaciones de confianza y solidaridad del grupo, haciendo co-partícipes del genocidio a la propia comunidad.

Estas prácticas, lejos de constituir episodios aislados, se convirtieron en una constante de singular relevancia para destruir las formas de reracionamiento social y la cultura de los pueblos originarios: “Todo ello permitió a su vez exonerar de responsabilidad directa al Ejército como autor intelectual de las matanzas y sucesivas violaciones de derechos humanos, al ser sustituido en su ejecución material por los indígenas que integraban las patrullas, lo que contribuyó a generar un gran sentimiento de culpabilidad en muchos de ellos (…). Toda esta dinámica se fue completando a través de la puesta en marcha de diferentes prácticas, mereciendo entre ellas una atención especial aquella que el Ejército denominó como política de “mayificación o del maya autorizado” que, como su propio nombre indica, se trataba de una estrategia orientada a la construcción de un país nuevo y de una Guatemala nueva, así como al restablecimiento de la democracia bajo la integración y asimilación del maya. Desde esta perspectiva, el Ejército y demás aparatos del Estado siguieron considerando al indígena como alguien que necesitaba ser domesticado, socializado y ladinizado. Para tal propósito, se impuso como idónea la política de mayificación, que consintió en la apropiación e indiscriminada instrumentación por parte del Ejercito de símbolos mayas, con el propósito de borrar la memoria histórica del pueblo, vaciando su idiosincrasia cultural de contenido y, todo ello, completado con un ingente esfuerzo de interpretación de lo cultural indígena desde patrones exclusivamente ladinos aplicados por el Ejército”[17].

Según datos oficiales, en menos de dos años se  aniquiló a  más de 200.000 indígenas, se produjeron innumerables desapariciones forzadas de personas, se contabilizan 500.000 refugiados, y poblados enteros borrados de la faz de la tierra, principalmente a través de incendios intencionales, efectuados aprovechando la connotación cultural que entre los mayas tiene el fuego, torturas y violaciones masivas[18].

Si bien Ríos Montt fue derrocado por otro golpe de Estado dado en su contra en el año 1985, nunca debió responder por las prácticas genocidas perpetradas contra un grupo mayoritario de la población por sus peculiaridades étnicas, al que previamente se lo definió como enemigo interior y se dispuso su exterminio, pese a las denuncias que hiciera hasta la propia Rigoberta Menchu[19]. Esta increíble de falta de respuestas en materia de verdad, justicia y reparación  respecto de un verdadero etnocidio, propia de una débil democracia, ha permitido que Ríos Montt se volviera a presentar como candidato a presidente de su país, provocando el pánico de las poblaciones indígenas frente a la posibilidad real de que el máximo acusado de genocidio en el conflicto, descripto por los analistas del conflicto como un “asesino serial”[20], pudiera acceder nuevamente a la primera magistratura, legitimado por el propio sistema; lo que además le hubiera significado un importante reaseguro frente a la posibilidad de ser perseguido por delitos contra la humanidad.