Es de reconocer que el impacto ha sido de tal magnitud que ha logrado transformar las predicciones y certezas habituales de los analistas económicos, en incógnitas diversas, hasta ahora sin respuestas.

Las preguntas de los economistas y las distintas agencias estatales mundiales se reparten entre las irresueltas incógnitas que  intentan diagnosticar el alcance, la duración y la profundidad de estas drásticas transformaciones, y las que se plantean “qué hacer” frente a las mismas.

Hasta ahora, el sistema ha intentado recomponerse con rápidos reflejos y pragmáticas recetas, adoptadas a partir de la crisis estadounidense y luego mundial, mediante un paquete de medidas duramente ortodoxas que se direccionan a auxiliar financieramente a la banca, a costa de brutales ajustes y recortes del gasto público de los Estados, que impactan, como siempre ocurre, en el bolsillo y la economía de los sectores populares.

Pero las verdaderas y últimas razones de la crisis, su  naturaleza y sus consecuencias sociales, constituyen cuestiones no dilucidadas por parte de los operadores financieros, las corporaciones multinacionales y los medios de comunicación occidentales. La magnitud del quebranto ha provocado también disidencias al interior de los intelectuales progresistas de todo el mundo. 

Algunos piensan al respecto lo siguiente: “Esta crisis financiera no es el fruto del azar. No era imposible de prever, como pretenden hoy altos responsables del mundo de las finanzas y de la política. La voz de alarma ya había sido dada hace varios años, por personalidades de reconocido prestigio. La crisis supone de facto el fracaso de los mercados poco o mal regulados, y nos muestra una vez más que éstos no son capaces de autorregularse. También nos recuerda que las enormes desigualdades de rentas no dejan de crecer en nuestras sociedades y generan importantes dudas sobre nuestra capacidad de implicarnos en un diálogo creíble con las naciones en desarrollo en lo que concierne a los grandes desafíos mundiales”[1].

Otros, por el contrario, exigen desde el centro del poder financiero que “el sistema financiero debe ser recapitalizado, en este momento, probablemente con ayuda pública. En la base de esta crisis se encuentra el hecho de que el sistema financiero, como un todo, dispone de poco capital. Aun cuando el sistema se está encogiendo y los malos activos están siendo eliminados, muchas instituciones seguirán careciendo de capital suficiente para proveer de manera segura crédito fresco a la economía. Es posible para el Estado proveer capital a bancos en formas que no impliquen la nacionalización de éstos. Por ejemplo, muchos miembros del FMI en una situación similar en el pasado han combinado inyecciones de capital privado con acciones preferenciales y estructuras de capital que dejan el control de la propiedad en manos privadas”[2].

Los menos, prefieren la cautela y admiten la falta de insumos conceptuales para diagnosticar con alguna precisión las consecuencias futuras: “Cuando intentamos comprender un fenómeno tan complejo como la crisis financiera actual, la primera palabra que surge es modestia. Modestia respecto del alcance de los conocimientos que tenemos los economistas para entender lo que está sucediendo; no digamos para aventurar lo que pueda acontecer”[3].

Lo que no resulta materia de disputa, hasta ahora, es que la realidad social planetaria, a partir de la crisis, será mucho más “riesgosa” todavía, producto del descalabro de las grandes variables económicas y financieras y las nuevas dinámicas sociales que han transformado al riesgo en la categoría conceptual que sintetiza y torna inteligible la realidad global; a la incertidumbre como un dato objetivo de las nuevas sociedades, al miedo (al delito y al “otro”) en un articulador de la vida cotidiana y al Derecho penal en un fabuloso instrumento de control y dominación de esas tensiones sociales cada vez más profundas.

 Ahora bien, aún aceptando que la presión imperialista alcanzará ribetes y formas inéditas, las formas de dominación responderán a un diseño diferente. Es probable que nos alejemos cada vez más del riesgo de una gran guerra como forma de resolución de las crisis imperiales, para asistir a la reproducción y multiplicación de guerras de baja intensidad u operaciones policiales de altísima intensidad como instrumentos futuros de control social punitivo, económico y cultural.

 Esos instrumentos, además, tendrán como protagonistas, en el primero de los casos, a las fuerzas armadas regulares que retroalimentan imprescindiblemente el complejo industrial militar. Pero el segundo de los supuestos seguramente incorporará como nuevas guardias pretorianas de intervención, a las policías, los servicios penitenciarios y las propias burocracias judiciales. No son pocos los ejemplos que podemos encontrar en América Latina, respecto de estas dos primeras novísimas tecnologías de derrocamiento, y Ghana y Griesa parecen alertar sobre la última de las posibilidades enumeradas.

  La condena reciente a la Argentina a pagar a los fondos buitres (demanda que instauraron también "ahorristas" argentinos) no puede desagregarse de una nueva manera de ejercer una democracia "coactiva" que amenaza con llevarse puestas otras negociaciones y quitas de deudas públicas que empiezan a inquietar incluso a los países centrales. No en vano la propia reserva federal de EEUU advirtió al magistrado sobre las consecuencias probables de su fallo, y la prensa europea se ha hecho eco inmediato de las implicancias que esa decisión puede tener para una región en profunda crisis. Advierte el diario El País, en su edición digital del día de la fecha:  "La decisión de un tribunal de EE UU sobre el pago de la deuda argentina puede generar problemas a países en dificultades....En todo caso, no es solo la suerte de Argentina la que está en juego. El caso ha disparado las alarmas de los países que han renegociado o piensan renegociar sus deudas, como Grecia. Si la justicia hace pasar por delante a los que rechazan un acuerdo sobre los que aceptan las quitas, las estrategias del FMI y del Banco Mundial se pueden venir abajo".

  En todo caso, Argentina está sacando los pies del plato y debería pagar por ello. Las referencias infantiles a los excesos retóricos de funcionarios nacionales constituyen un argumento pueril que subestima la inteligencia de los lectores, aunque no faltarán aquellos que crean o se aferren a echar las culpas a la gestión del gobierno, como de ordinario hacen.

Más allá de la delicada operación de ingeniería jurídica que demanda la coyuntura, lo cierto es que es necesario advertir de qué manera las formas de sometimiento incluirán, de aquí en más, las decisiones de los tribunales jurisdiccionales, internos o internacionales. Lo que equivale a enfrentar una forma no convencional de disciplinamiento de los indóciles, hasta ahora no suficientemente explorada.