El viernes 14, ante la importante cantidad de público que habitualmente asiste a los talleres sobre el castigo y la pena, Maximiliano Postay, literalmente, nos maravilló a todos con su imaginación no punitiva. Hacía mucho, demasiado tiempo, que no escuchábamos a un abolicionista en nuestros claustros, excepción hecha de la histórica prédica solitaria y vernácula de quien esto escribe. Más de una década pasó, por ejemplo, desde que nos acompañara el maestro Louk Hulsman. Con su impecable y ordenado desarrollo teórico y un bagaje de propuestas específicas, Maxi dió un paso fundamental: proporcionó insumos abolicionistas concretos en materia de construcción de políticas públicas y bajó línea táctica y estrategica respecto de qué hacer y cómo. Por cierto, aspectos ellos muy sensibles a la cultura de los juristas, casi siempre proclives a agotar su curiosidad en las formas extrínsecas de la dogmática y las distintas maneras de teatralización de la persecución penal y el castigo. La exposición de Postay, más allá de permitir un debate inédito sobre el tema, dejó en claro que el abolicionismo sigue siendo un camino posible, aquí y ahora, avanzando además sobre las formas de acumulación política tendientes a lograr, desde la militancia, discursos y prácticas contrapuestas al poder punitivo.
El embajador de Estados Unidos en Libia, dos guardias de seguridad y un funcionario del consulado norteamericano fueron asesinados en un ataque perpetrado por hombres armados contra la sede consular norteamericana en Bengasi, supuestamente en protesta contra el contenido de una película que resultaba ofensiva contra la religión islámica. Un ataque similar se registró contra la sede de la embajada norteamericana en Egipto, sin que en este caso se registraran consecuencias mayores. Ambos embates, paradójicamente, se dan en países en los que se depusiera recientemente a sus líderes Muammar al Gadafi y Hosni Mubarak, y en los que Estados Unidos y sus aliados tuvieran un papel preponderante y activo para salvar, como de ordinario ocurre, a estos pueblos de sus dictadores. Tan compleja parece la situación, que en el colmo de la hipocresía la Secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, la misma que festejó la muerte de Bin Laden, se preguntó: "¿Cómo puede pasar esto en una ciudad a la que ayudamos a liberar?". Por supuesto, sin profundizar en las posibles respuestas de la incógnita planteada, amenazó con una serie de represalias contra los autores del asesinato de Bengasi. Paradójicamente, buena parte de la explicación a semejante interrogante la proporcionó el viceprimer ministro de Libia, Mustafa Abushagur, quien en un rapto de sincericidio colonial admitió por una red social, que el atentado implicaba una ofensa "contra Estados Unidos, Libia y los pueblos libres en todo el mundo". Las lógicas imperiales de conquista no resisten análisis, y suponen, en la práctica, un regreso al positivismo sociológico del siglo XIX, de resultas del cual las intervenciones estadounidenses se hacen con el objeto de que ciertos pueblos primitivos, que se afilian a formas de convivencia diferentes a las democracias occidentales, puedan "avanzar" hacia el edén de la institucionalidad representativa burguesa. Casi toda la retórica occidental está condicionada por prejuicios y estereotipos groseramente caprichosos al momento de describir la complejidad de estos países: "Los egipcios son anárquicos. Y ruidosos. También los libios, con los que comparten la misma fuerte tendencia a comunicarse a los gritos aunque la persona con la que hablan esté al lado o con el teléfono en el oído". "Una de las situaciones más peligrosas en Oriente Medio y África no es la violencia de las guerras....; hay un riesgo superior soterrado y sordo: cruzar una avenida en El Cairo". Quien escribe esto no es un cronista suizo, sino un periodista argentino, editor de política Internacional del Diario Clarín, uno de los principales medios monopólicos siempre dispuestos a editorializar contra el atraso de las experiencias populistas de América Latina y el mundo en general [1]. Mientras se desatan protestas airadas en Yemen e Irán contra el contenido antiislámico de dicho filme,algunos expertos creen que la cuestión es mucho más compleja, y articula la complejidad de las sociedades musulmanas con los estrechos y sinuosos desfiladeros por los que ha elegido transitar la diplomacia estadounidense. Incluso, la propia administración de Obama ha decidido investigar si el ataque podría estar relacionado con un nuevo aniversario del 11-S. La analista Concheta Dallavernia concluyó que "El video es la excusa que pone EE.UU., pero la evidencia es otra y los hechos así lo confirman. El pasado día nueve, se filtró a través de los foros de inteligencia islámica de Al Qaeda que iba a haber una serie de ataques hacia las embajadas de EE.UU., y además concretamente se dijo que se iba a comenzar el once de septiembre, y de hecho fue así, en Libia". "Según Dellavernia, EE.UU. y la OTAN implantaron en Libia el islamismo radical porque a pesar de que son amigos del presidente del Consejo Nacional actual de Libia, que al parecer controla al país, es claro que la ideología de los rebeldes se nutre del extremismo takfir, que es el que está patrocinando esta 'primavera árabe', la cual es una contrarrevolución, que en realidad lo que está eliminando es la incipiente democracia que puede haber a través de partidos laicos y de avances democráticos en países árabes y que EE.UU. ha destruido de un plumazo". “Esta es la realidad, que EE.UU. ha financiado a los que ahora los van a ir atacando paso por paso como en Egipto. La película es el pretexto, es la ideología la que no quiere a EE.UU. no a Occidente, ellos lo han patrocinado, pues que ahora acarreen las consecuencias. Es el peligro de estas amistades”. "La analista cree además que después del ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi, Washington seguirá apoyando a los extremistas wahabíes porque es la única salida que queda, debido a que ha decidido hacer una alianza con este grupo a través de las casas reales del Golfo Pérsico"[2]. Es que, finalmente, más allá de la supremacía militar, los costos que insume un control global punitivo no serán nunca menores. Sobre todo si la forma de resolver la conflictividad siguen siendo la violencia, la rapiña, los crímenes masivos, la denigración de los sistemas de creencias diferentes y el unidimensionalismo cultural imperialista.


[1] Cantelmi, Marcelo: "Una primavera en el desierto", Ed. Debate, Buenos Aires, 2012, p. 127 y 129)
[2] http://actualidad.rt.com/actualidad/view/53548-experta-eeuu-seguira-apoyando-atacaron-consulado?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Este viernes, 14 de septiembre,a las 20 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, continuará el mentado Taller sobre la pena y el castigo. Para debatir sobre el abolicionismo, uno de los temas cuya centralidad en la criminología crítica parece olvidado, nos acompañará Maxi Postay, Master en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, quien en la oportunidad presentará también el libro "El abolicionismo Penal en América Latina. Imaginación no punitiva y militancia", que ha compilado el propio Postay (miembro del colectivo "Locos, Tumberos y Faloperos"), y que cuenta con aportes de los más reconocidos criminólogos de la región.Esperamos que este tramo -también especial- del encuentro, albergue una concurrencia tan masiva como la que nos acompañó en las anteriores presentaciones.Será, también, una jornada "especial".
La utilización de la fuerza por parte de los Estados, en su vinculación con otros Estados, es un dato recurrente de la realidad histórica objetiva en materia de relaciones internacionales. Ahora bien, la utilización de esa fuerza puede ser legal o ilegal, conforme el grado de adaptación que la misma exhiba respecto de los estándares y principios del derecho internacional. Esta formulación, por sí misma, no expresa demasiado en cuanto a las lógicas que determinan la utilización de la fuerza estatal, pero permite, al menos, determinar un concepto de fuerza que atraviesa la modernidad, que es la política de fuerza que responde a la concepción imperialista del sistema internacional. El ejemplo más categórico de la gravitación de la política de fuerza en materia internacional, es la que han desplegado los Estados Unidos, sobre todo a partir de la consolidación de su liderazgo en materia militar, política y económica, producido después de la segunda guerra mundial. La fuerza adquiere una centralidad excluyente en la política internacional imperialista, al punto de ser admitida y reivindicada como el único instrumento capaz de regular las relaciones interestatales. Hablamos, como es obvio, de la fuerza militar. La capacidad de prevención, disuasión y conjuración de las diferencias con otros estados fue un continuo de la política exterior estadounidense, hasta que se produce la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y la consolidación de su liderazgo en un mundo unipolar. A partir de ese momento, a las intervenciones militares (efectuada directamente o a través de terceros Estados) se agrega una política de intervención policial a gran escala en diversas partes del mundo. Se produce, de esa manera, una inédita actualización en las formas de imposición de la fuerza. Como lo mencionamos en otros tramos de este mismo trabajo, coexisten guerras de baja intensidad con operaciones policiales de alta intensidad, siempre desplegadas preventiva o represivamente en defensa de los intereses de Estados Unidos, de la paz, la democracia y los mejores valores de Occidente, que casi siempre han terminado en horrendas e impunes masacres. La política de la fuerza,en el sistema internacional, encarnada por Estados Unidos y sus aliados, posee una serie de características diferenciales. La primera de ellas es la confianza en la fuerza, basada en una supremacía militar objetiva y una cultura binaria, proclive a solucionar los conflictos mediante el ejercicio de la coacción que otorga un poder ilimitado. En segundo lugar, una vocación para hacer prevalecer la voluntad política propia, a como dé lugar, mediante la construcción de un enemigo y de razones para acudir a su aniquilamiento, interviniendo sin hesitación alguna en los asuntos internos de otros Estados para imponer sus designios al vencido. Luego, la imposibilidad de concebir a la coexistencia pacífica, igualitaria y democrática entre los Estados como la modalidad más atinada para solucionar las diferencias. Por último, la profundización de una mirada imperial, que lleva a legitimar un derecho de excepción sobre la base de los hechos consumados de manera unilateral, con prescindencia de perpetrar las peores matanzas que haya conocido la Humanidad.
El líder del Partido Popular vasco, Antonio Basagoiti, acaba de hacerse mundialmente conocido con su desafortunada confesión: "Nos importan un bledo los presos de ETA enfermos". El exabrupto de Basagoiti puede ser analizado desde diferentes miradas. Una de ellas, es el ejercicio de un sincericidio infrecuente, que, por brutal, no hace sino poner al descubierto un sistema de control global punitivo que no reconoce fronteras aunque sí identidades y analogías; y que expresa narrativas, creencias y prácticas hegemónicas propias de las nuevas lógicas de dominación, que exhiben límites difusos entre las permanentes violaciones en materia de Derechos Humanos que se perpetran en los sistemas jurídicos nacionales, con las tremendas iniquidades que podemos advertir en el sistema jurídico internacional. Podríamos agregar que la situación de los presos vascos no es la única grave violación en que incurre el Estado español. "Caramel Guillén -explica la edición digital del diario Público día 4 de septiembre de 2012- tiene 46 años y cirrosis hepática en fase terminal. Permanece en prisión desde 1997 y un abogado, Martín Elíseo, está intentando sacarle de la prisión Sevilla-I donde actualmente cumple condena, aunque según el letrado, tendría que haber salido hace tres años, o "dándole la razón a los cálculos de Instituciones Penitenciarias, a finales del pasado mes de agosto". En la Argentina, existen menores condenados a cadena perpetua, en casos que están actualmente sustanciándose ante la Corte Interamericana de DDHH y que implican graves violaciones por parte del propio Estado sudamericano. Los adultos privados de libertad, son trasladados unilateral y arbitrariamente por las autoridades del Servicio Penitenciario argentino a cárceles distantes a varios centenares de kilómetros de sus respectivos lugares de residencia, violentando el derecho a las visitas, el estudio y el trabajo. La Procuración Penitenciaria de la Nación acaba de denunciar centenares de casos de tortura en las cárceles federales.
En Chile, el sistema penal criminaliza selectivamente a los mapuches a través de instrumentos procesales de máxima celeridad y la aplicación de la ley antiterrorista.
Las cárceles brasileñas están superpobladas con medio millón de reclusos.
Según un informe de Human Rights Watch, "el número de estados de Estados Unidos que imponen la pena de muerte se mantuvo en 35 en 2010. Al momento de escribir este informe, se había ejecutado a 45 personas en EE. UU. durante el 2010, en comparación con las 52 ejecutadas en 2009". "Hay 2,574 delincuentes juveniles (personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito) cumpliendo condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en prisiones estadounidenses. No se conoce ningún caso de delincuentes juveniles que estén cumpliendo este tipo de condena en ninguna otra parte del mundo. En una sentencia histórica dictada en junio de 2010, en el caso Graham contra Florida, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no se puede imponer este tipo de pena a los delincuentes juveniles condenados por delitos distintos del homicidio. Aunque esta sentencia constituyó un avance significativo, la mayoría de los delincuentes juveniles que cumplen esta pena habían sido condenados por homicidio y no resultaron afectados por la sentencia. En junio de 2009, Estados Unidos seguía contando con la población carcelaria más numerosa (2,297,400 reclusos, lo que suponía una disminución del 0.5% desde diciembre de 2008) y la tasa de encarcelamiento per cápita más alta (748 reclusos por cada 100,000 habitantes) del mundo. 17 meses después de que la Comisión Nacional para la Eliminación de la Violación en las Prisiones entregara sus recomendaciones al Departamento de Justicia, el fiscal general Eric Holder no había promulgado todavía las normas finales para la eliminación de la violación en las prisiones. Mientras tanto, la violencia sexual sigue siendo habitual en las prisiones estadounidenses. En agosto de 2010, la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS) informó que 88,500 reclusos de prisiones y cárceles habían experimentado algún tipo de victimización sexual entre octubre de 2008 y diciembre de 2009. Según un estudio estipulado por la Ley para la Eliminación de la Violación en las Prisiones y analizado por la BJS, se estima que el 12 por ciento de los menores de edad recluidos en centros juveniles denunciaron que habían sido víctimas de abuso sexual". Un informe de 2007 de Amnesty International, sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, revelaba que "La lucha contra el terrorismo, el fomento del miedo por parte de los gobiernos, la persecución de la inmigración ilegal y la guerra de Iraq son algunos aspectos que han estado detrás de la violación de los derechos humanos en el año 2006". "El Gobierno de EEUU sigue teniendo bajo su custodia, sin cargos ni juicios, a miles de personas en Irak y Afganistán y en la base de Guantánamo (donde permanecen encarcelados 395 personas de unas 50 nacional) , según el informe anual de AI, que alerta de otros casos de trato degradante en 2006, el año de menos ejecuciones en el decenio". "En Guantánamo, EE UU mantiene encarceladas a unas 395 personas sin cargos Los proyectos de ley sobre la inmigración, la muerte de 70 personas tras recibir descargas de armas de electrochoques de la policía y el trato a las presas también son aludidos por AI. El informe de AI recuerda que en junio el Tribunal Supremo consideró ilegales las comisiones militares establecidas por el presidente George W. Bush para juzgar a los "combatientes enemigos" en la "guerra contra el terror". Los ejecutados en 2006 fueron 53, el número más bajo en el decenio, y suman 1.057 los presos ejecutados desde 1977".
Este panorama global permite advertir esta creciente y novedosa indiferenciación entre las prácticas de control punitivas globales y las locales, poniéndose de manifiesto la existencia de un sistema con lógicas y racionalidades unitivas, legitimantes de un deterioro de los derechos fundamentales de las personas, de un prevencionismo y retribucionismo extremo, puesto en práctica contra un enemigo construido previamente por las agencias internacionales, cuyas víctimas atestan las cárceles y otros ámbitos de secuestro totales, cuando no engrosan las listas de las personas ejecutadas o de los crímenes de masa que se perpetran cada vez con mayor asiduidad.
Podremos discutir si lo que emerge con la modernidad tardía es un Imperio o un imperialismo de nuevas características; si la postmodernidad comienza con la crisis del petróleo durante la década del setenta, o recién a partir del desmembramiento de la URSS, la caída del Muro de Berlín y la hegemonía del pensamiento único, o, incluso, el nuevo rol de la diversidad y el multiculturalismo en las formas de disciplinamiento global. Pero lo que no pueden discutirse, son estas analogías que, han contribuido por primera vez en la historia de la humanidad a la construcción de un sistema de control global punitivo. Que por supuesto no son las únicas, que deben completarse con las intervenciones "humanitarias", los ejercicios unilaterales de violación del derecho y la justicia internacional, tales como los asesinatos con aviones no tripulados, o el juzgamiento, la persecución asimétrica de los perdedores en las guerras, el recorte de las garantías de un derecho democrático o el ejercicio de un derecho de permanente excepción por parte de los países más poderosos. Pero que, en todos los casos, contribuyen metódicamente a integrar el nuevo sistema de control global punitivo.
Con una presencia masiva de estudiantes se viene desarrollando el taller sobre la pena y el castigo en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. A la primera y consistente mirada dogmática sobre la pena que aportó el Profesor Andrés Olié, se sumó la segunda jornada en la que su par, el también Magister Alejandro Osio, analizó la etapa de ejecución institucional del castigo. Las jornadas, cuya coordinación está a cargo del respondable editorial de este espacio, prevén tres encuentros más, el próximo de los cuales se llevará a cabo mañana 5 de septiembre, en el horario habitual de las 20,oo horas. El día 14 del mes en curso, contaremos con la presencia de Maximiliano Postay, Magister en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona. No hace falta que digamos que unas jornadas que casi no contaron con difusión "convencional", desarrolladas inmediatamente a continuación que los alumnos asistieran a intensas horas regulares de clase, con semejante concurrencia, nos llena de satisfacción.
La Provincia de La Pampa tenía al 19 de diciembre pasado, según datos que recoge anualmente el MPD, un total de 353 personas privadas de libertad, sea en establecimientos nacionales ubicados en la Provincia o fuera de ella, a disposición o condenados por tribunales provinciales o federales ubicados en jurisdicción Provincial, o en el marco del regimen de prisiones domiciliarias. Tomando en consideración que, según el último censo nacional, la Provincia posee 318.951 habitantes, el indicador de prisionización era de 110,67 presos cada cien mil habitantes, sensiblemente menor al promedio nacional.
En la Primera Circunscripción Judicial había 199 personas privadas de libertad, 23 de las cuales se encontraban alojadas en establecimientos provinciales ubicados en otras provincias.
En la Segunda Circunscripción había 67 detenidos y 18 en la III Circunscripción.
Si a ello sumamos que la Justicia Federal (integrada por el Juzgado Federal de Santa Rosa y el TOF) tenía 61 personas privadas de libertad (9 de las cuales se encontraban en prisión domiciliaria), la tasa de encarcelamiento había descendido sensiblemente respecto de los estándares de años anteriores, donde se alcanzaban indicadores de hasta 166 presos cada 100.000 habitantes.
La conferencia que dictara el viernes pasado el Profesor Hernán Gullco, ante un auditorio colmado por más de 150 personas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, puso de manifiesto no solamente el acierto gratificante de esta iniciativa, impulsada por el MPD y apoyada por  las autoridades de esa Casa, sino también la necesidad de problematizar un tema absolutamente útil y de entera vigencia, cual es el vinculado al Recurso Extraordinario Federal y también, por cierto, la profunda huella que Gullco ha dejado en nuestras aulas.
Existió una conformidad unánime respecto de la pertinenecia y calidad de los contenidos expuestos por el prestigioso docente, y un pedido generalizado de continuar con este tipo de encuentros que interpreten las expectativas y necesidades de los operadores, docentes, estudiantes y la comunidad jurídica en general. Intentaremos, una vez más, cumplir con esas demandas. El próximo encuentro, contará con la presencia del Mg abolicionista Maximiliano Postay, sobre lo que estaremos informando en breve.