El cierre de la jornada se llevó a cabo con las conferencias de Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de DESC de Naciones Unidas, quien expondrá sobre el rol del Ministerio Público en la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien disertará sobre el rol del Ministerio Público en casos penales.
Expusieron Gonzalo Molina (Defensor Público oficial ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Resistencia), Eduardo Aguirre (Defensor General de la Provincia de La Pampa), Maximiliano Benítez (Defensor General ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos) y Alfredo Pérez Galimberti ((Defensor General Alterno de Chubut).
El Dr. Benítez trazó un mapa de la autonomía de la defensa en nuestro país, en donde el 67% de las provincias no tiene una defensa autónoma independiente. La mayoría de nuestro país no tiene una defensa autónoma y en muchos casos los defensores dependen de los procuradores. Al respecto, Benítez señaló que “cuando hablamos de republicanismo, hablamos de separación de poderes, por eso debe haber una separación clara entre acusación y defensa”, e invitó a todos los defensores a tener “una actitud militante y proactiva” que contribuya a la autonomía.
El Dr. Molina se detuvo en la situación de la defensa en su provincia, Chaco, en donde no hay un Defensor General y los defensores dependen del Procurador General. Esa situación, según Molina, atenta contra la autonomía de la defensa, ya que “no se pueden establecer lineamientos para garantizar el acceso a la justicia, ni pensar en un litigio estratégico, ni en una capacitación adecuada para los defensores”. Además, “la estructura implica una desventaja para la defensa pública: tres defensorías civiles ante treinta juzgados que existen hace más de veinte años y estaban pensadas para siete juzgados. ¿Cómo pensar en este contexto en una defensa proactiva?”
El Defensor General de La Pampa, Eduardo Aguirre, recordó la creación de la Defensoría General en su provincia advirtiendo que “se crea interponiendo una enmienda a la ley orgánica de la provincia para poder adecuar la defensa pública al nuevo código procesal.” Esto, según él, generó una debilidad estructural para el organismo. Por eso remarcó el rol de los defensores a la hora de intentar un cambio dentro de esa estructura, y dijo: “depende de nosotros, de nuestras subjetividades y singularidades, llegar a hacer una cosa distinta aun con un sistema superestructural contrario a nuestros interés de ir por la defensa de intereses colectivos de personas vulnerables.”
Diego Fernández, Defensor General de Azul, repasó el proceso que se viene sucediendo tras la reforma constitucional de 1994 en la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa dependen de una misma cabeza, el Procurador General.
“En febrero del año pasado se promulgó una ley que creó el cargo de Defensor General de la provincia que, si bien lo mantiene en el ámbito de la Procuración, le asigna todas las atribuciones que en los hechos permite la dirección de la defensa pública y le otorga autonomía”, señaló el Defensor de Azul.
Sin embargo, Fernández explicó que una vez puesta en vigencia esta ley, la Procuradora General Ana María Falbo planteó la inconstitucionalidad de algunos artículos.
Ante esta situación que paralizó la autonomía de la Defensa Pública, el Defensor de Azul señaló: “Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de esta autonomía y de que no es una mera opción legislativa sino un requisito constitucional. Si somos una República, la división de poderes también debe darse entre acusación y defensa. Este equilibrio es difícil si ambas partes , con fines e intereses opuestos en su mayoría, dependen de la misma cabeza. Y sin derecho de defensa no puede hablarse de verdadero acceso a la justicia”.
Al finalizar, Fernández recordó que “la situación actual en la provincia de Buenos Aires es grave: con condiciones inhumanas de detención, superpoblación carcelaria, detenidos en calabozos, incremento de detenidos en preventiva. Por eso es imprescindible una Defensa Pública autónoma que garantice el acceso a la justicia”.
Por último, Alfredo Pérez Galimberti además de hacer una descripción pormenorizada de cómo funciona la defensa en su provincia, Chubut, se preguntó para qué sirve la autonomía de la defensa, puntualizando: “¿Para qué la autonomía? Para que el sujeto que lo requiere cuente con una persona competente, para prestar un servicio cada vez más eficiente. La autonomía no es para los defensores, sino para los usuarios. Hay que luchar contra la estructura de exclusión económica y nuestra misión es el servicio para aquellos usuarios que no pueden pagar un abogado.” (Fuente: Dirección General de Prensa y Difusión)