Desde la creación del Tribunal Russell- Sartre (1966) hasta la actualidad, la importancia y gravitación de los tribunales de opinión no ha sido valorada, extrañamente, en su verdadera dimensión, defección ésta que se advierte particularmente en las academias de derecho, pero que constituye una constante de la política y el derecho internacional. Tanto aquel, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, o las diferentes comisiones de verdad (dentro de la cuales, la sudafricana es una referencia obligada, aún a sabiendas de las distintas valoraciones que existen sobre su cometido), han significado un avance sustancial en materia de construcción de instancias de denuncia, enjuiciamiento y condena de hechos significativos que implicaron, a lo largo de la historia, estremecedoras experiencias de afectación de Derechos Humanos fundamentales. Lo ocurrido con los crímenes estadounidenses en Vietnam, el genocidio que implicó el apartheid o los procesos seguidos contra empresas multinaciones, son ejemplos que dan plena fe de la relevancia de decisiones que, aunque no obligatorias, ponen en evidencia su condición superadora respecto de dos connotaciones regresivas del sistema jurídico internacional. Una, es la profunda selectividad a la hora del juzgamiento de los más horrendos crímenes masivos, que generalmente han culminado en la más absoluta impunidad de los mismos, en tanto y en cuanto fueran cometidos por las potencias hegemónicas o los vencedores de las distintas guerras. Otra, es la originalidad de sustitutir el castigo -única reacción prevista institucionalmente por las agencias del derecho internacional- por novedosas y superadoras estrategias no punitivas. Como la verguenza reintegrativa, el perdón, la reparación o, particularmente, la comprobación de los crímenes masivos y sus responsables, y la consecuente denuncia de los mismos antes la comunidad internacional. Esta última alternativa tiene una potencia incalculable, de cara a la deslegitimación de los tribunles internacionales, extremo éste del cual nos hemos ocupado reiteradamente en este medio. No fué la ONU, ni la CPI, ni los tribunales creados especialmente para juzgar determinados conflictos (TPIY, TPIR, etcétera), los que han avanzado en la persecución y enjuiciamiento de verdaderas masacres perpetradas por el imperialismo, sus socios, o las grandes empresas multinacionales. La consolidación de un sistema de control global punitivo, que se expresa unilateralmente a través de guerras, operaciones policiales a gran escala, embargos, bloqueos o "intervenciones humanitarias" que encubren sistemáticas violaciones al derecho internacional, exige la construcción de instrumentos de respuesta democráticos, en manos de los millones y millones de militantes de todo el mundo que observan azorados la fascitización creciente de las relaciones internacionales. La creación de nuevos tribunales de opinión supone una instancia válida para contrapesar las asimetrías de las instancias orgánicas sistémicas, cuyos resultados están a la vista. También, importa un desafío logístico, organizativo, pero sobre todo político e ideológico, a la hora de concitar interés sobre estas vías no convencionales de resolución de los grandes conflictos y la predisposición que los militantes, intelectuales, luchadores sociales y académicos de todo el mundo muestren de cara a estas iniciativas.

El código penal argentino trata el delito de sedición en un único capítulo que se ocupa de describir dos conductas típicas diferentes. 

La primera de ellas, a la que podríamos caracterizar como sedición en su forma genérica, la aborda en el artículo 229, describiendo conductas diferentes a la rebelión contra el gobierno nacional, claramente incompatibles con la vida democrática, circunscriptas en este caso a armar una provincia contra otra, alzarse en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. 

En el artículo 230, por su parte, el código contempla supuestos igualmente atentatorios contra el orden institucional, que algunos autores caracterizan como "motín". El inciso primero de dicho texto legal, penaliza a los miembros de una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste, conducta que también fulmina la Constitución Nacional en su artículo 22. El inciso segundo del mismo artículo, sanciona a los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o las resoluciones de los funcionarios nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya un delito más severamente penado. Con lo que, este último tipo penal, adquiere, al parecer, una función “residual” que cedería frente a conductas más graves que atenten contra los poderes públicos y el orden constitucional.

En los dos artículos en los que el código analiza el delito de sedición, se observa una preocupación del legislador por adecuar las conductas típicas a expresos mandatos constitucionales.

Una vez más, podríamos advertir frente a esta formulación la hegemonía contemporánea de una cultura del castigo como forma de resolver las diferencias, que trasciende los ordenamientos internos y se proyecta con la misma impronta a las normas del derecho internacional, incluso con el beneplácito de los discursos progresistas.

Creemos que más que un deber de penalizar, asistimos a un penalismo asentado en una relación de fuerzas políticas y sociales que le son extremadamente favorables.

De otra forma, no podría entenderse la aparición, el indudable prestigio y la permanencia en el tiempo de los Tribunales de opinión y de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. Más aún, destacamos que los mismos se consolidaron a favor de la desconfianza que por su intrínseca e histórica selectividad ha empañado al sistema penal internacional, lo que desmiente a priori esta supuesta obligación de penalizar, porque si algo ha caracterizado a estas nuevas formas de resolución de conflictos es, justamente, su imposibilidad de recurrir a las penas institucionales; más precisamente, a la pena de prisión. No obstante, los mismos han contribuido de manera decisiva al mantenimiento de la confianza de la sociedad global en sus decisiones, justamente porque se basan en valores fundamentales, igualitarios y universales, tales como la vida, la dignidad  y los Derechos Humanos.

Fue en el marco de estas acotadas experiencias no punitivas, por el contrario, donde se han puesto en práctica ejercicios de vergüenza reintegrativa, se han observado los mayores casos de aceptación de la culpa por parte de los agresores y de sus disculpas por parte de las víctimas, produciendo genuinos procesos de reintegración social y pacificación comunitaria.

Y han sido las decisiones de los Tribunales de opinión las que han condenado, por primera vez, a los grandes genocidas que eludieron sistemáticamente al derecho penal internacional, a los depredadores y contaminadores mayores del planeta, o a quienes con sus conductas promueven las más grandes iniquidades del mundo moderno.

c- Se ha afirmado también que la reparación requiere de una instancia previa de castigo en los casos de graves crímenes contra la Humanidad, reservando a las formas  alternativas de resolución de conflictos un papel subsidiario, complementario y subordinado siempre a la imposición de una pena convencional, también en este caso partiendo de la idea de que las sociedades no pueden tolerar que los criminales de masa no sean juzgados y castigados, como paso previo indispensable para la reconciliación social.

Esta perspetiva ofrece, sin embargo, algunas inconsistencias constatables.

La primera de ellas es el desdén injustificado de la potencia de las formas no puntivas de resolución de cualquier tipo de conflictos, la que por supuesto no cede ni se subordina a  la eventual gravedad de las ofensas perpetradas.

Esa subestimación, como es lógico, se explica a partir de una sobreestimación de la capacidad del derecho penal para resolver esos conflictos, que parte de la negación y el desconocimiento de algunas lógicas superadoras propias de la justicia restaurativa.

No cabe duda, en este sentido, que la crisis de legitimidad del sistema penal estriba justamente en su incapacidad para brindar respuestas satisfactorias ante la conflictividad social contemporánea, abstracción hecha del consenso que conserva la cultura de la penalidad, últimamente asentada en las funciones simbólicas del castigo institucional, antes que en la perspectiva de reintegración social de los infractores.

d- Otras perspectivas que asumen la imposibilidad de justificar la sanción penal desde la equivalencia entre cualquier sanción  punitiva y la magnitud de los daños inferidos por los delitos contra la Humanidad, legitiman la pena echando mano a una perspectiva utilitaria, diferenciando la labor del legislador, que intenta expedirse sobre circunstancias futuras, de la de los jueces, que resuelven hechos pretéritos. Se trata de una reivindicación de la prevención general positiva, que adjudica a la ley penal el cometido de reforzar la adhesión a determinados valores sociales, disuadiendo mediante la amenaza penal cualquier conducta violatoria de Derechos Humanos fundamentales.

El juicio justo, además de su aptitud para devolver a las normas penales su aptitud preventiva y a la comunidad su confianza en las mismas, tendría una indudable connotación simbólica y pedagógica para las sociedades que deciden revisar su pasado trágico.

Creemos, por el contrario, que el juicio justo no debe ser asimilado necesariamente a la imposición de castigos de violencia inusitada, que pierdan de vista la finalidad que a las penas asignan los Estados democráticos.

Por el contrario, una sociedad podría revalorizar su confianza en las normas, cuando un juicio insospechable le permita reconstruir su historia y su memoria, reproducir la verdad de lo acontecido en el pasado, identificar a los agresores y a las víctimas,  lograr la reprobación de los perpetradores y, eventualmente, intentar su reintegración a la sociedad que agredieron.

e- Acaso la justificación más encomiable mediante la que se pretende legitimar el recurso a la pena en los delitos masivos, radica en la necesidad de desechar las amnistías en circunstancias tan sensibles para la sociedad global.

Las amnistías han intentado constituirse, en muchos supuestos, como una especie de imposición unilateral pergeñada por los propios perpetradores respecto de las sociedades agredidas y, particularmente, de sus víctimas, para obtener de manera unilateral su propia impunidad.

Este tipo de autoamnistías resultan manifiestamente inaceptables por razones políticas, jurídicas y morales.

En general, se ha tratado de casos llevados adelante a espaldas de las víctimas, y en holocausto de pronunciamientos expresos de Tribunales internacionales sobre el particular. Por ende, así concebida, la asimilación entre amnistía e impunidad resulta tan correcta, como reprochables tales iniciativas. Y esa reprochabilidad encuentra su fundamento en que esas amnistías unilaterales no han nacido de la previa reconciliación entre agresores y víctimas, y se han intentando concretar de espaldas a las sociedades vulneradas por las prácticas genocidas.

Ahora bien, si las amnistías, en vez de provenir de un ejercicio vertical y autoritario, implicaran una síntesis que diera testimonio de los acuerdos sociales alcanzados a través de una reconciliación efectiva, en la que las víctimas han sido escuchadas, y los perpetradores han pedido disculpas, han reformulado su sistema de creencias violento y han demostrado un sincero arrepentimiento respecto de sus crímenes, probablemente sean merecedoras de una conclusión menos terminante.

Sería posible, en estos casos, poner en crisis el estereotipo de su regresividad, y resignificarlas en clave de poner fin a graves y profundos conflictos, y recuperar la paz social y la armonía del conjunto social escamoteadas por la tragedia. La experiencia sudafricana, con sus más y su menos, constituye un dato objetivo de la realidad histórica que merece, al menos, una nueva discusión alrededor de este tipo de soluciones.

Somos conscientes de que este tipo de problematizaciones serán criticadas por su pretendido utopismo, pero reiteramos que nuestro rol como intelectuales del campo popular, implica la obligación inexorable de concebir e imaginar formas de convivencia menos violentas y sociedades futuras más justas, equitativas, democráticas y armónicas. Esto supone pensar aquello que nos ha sido escamoteado pensar, en palabras paradójicas de Heidegger.

Esos objetivos superadores en materia de convivencia humana y administración de la conflictividad, está claro, no podrán convivir con la violencia intrínseca, e irreversible, de los sistemas penales institucionales.

Daniel de Santis presentará en Santa Rosa su libro "¿Por qué el Che fue a Bolivia", el próximo miércoles 11 de junio, a las 20 horas, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa.

Daniel De Santis nació en 1948. A los veinte años comenzó su militancia socialista, en 1971 se incorporó al PRT-ERP, en 1975 era dirigente de los obreros de la fábrica Propulsora Siderúrgica, desde donde llevaron adelante tres meses de huelga, y enseguida integró el Comité Central del partido. Durante la dictadura estuvo exiliado. Participó de la Revolución Sandinista. Regresó al país en 1983, y se graduó como profesor en física. Impartió sus clases en los secundarios de La Plata. Creó posteriormente la Cátedra Che Guevara en la Universidad de La Plata en 2003, dos años después de lo que llama la rebelión popular de 2001.

El libro recorre, polemiza e intenta explicar, recurriendo a profusas citas bibliográficas y expresivas posiciones ideológicas, a lo largo de más de cuatrocientas páginas, un hecho político e histórico que ha dado lugar a las más variadas interpretaciones en la militancia política revolucionaria de todo el mundo.

Para explicar por qué, en su visión, el Che Guevara emprendió su campaña en Bolivia (una decisión que entiende correcta), De Santis analiza la evolución de la estrategia de poder en el marxismo y el desarrollo de este metarrelato en América Latina. Desmenuza, a lo largo de tres capítulos de su obra, la historia de la Revolución cubana, las experiencias revolucionarias de mediados del siglo pasado, y concluye haciendo una reseña de la no siempre recordada revolución boliviana de 1952. 
En síntesis, un encuentro para escuchar, analizar, contextualizar y, fundamentalmente, debatir.

Las respuestas que ese sistema en pleno proceso de construcción y consolidación ha proporcionado (solamente) a algunos hechos de exterminio, que repugnan a la conciencia colectiva de la humanidad, no trascendieron hasta ahora las lógicas de la clásica ecuación  infracción-castigo, y en este último caso el castigo se limitó casi exclusivamente (dejando al margen abominables y sumarias ejecuciones) a la aplicación de graves penas privativas de libertad a los vencidos en los conflictos armados.