Francisco Gabriel Marull y Andrés Aníbal Olié, Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa defendieron ayer exitosamente, en un acto público colmado de estudiantes, graduados y docentes, sus respectivas tesis de Maestría.

El P. Marull presentó su investigación "Resulta ineludible la reformulación de las prácticas de los operadores para que cualquier reforma legislativa en materia procesal penal redunde en la efectiva vigencia de los postulados constitucionales y convencionales actuales. O sino ¿Cómo cambiar aquello que siempre se ha hecho así?", con la dirección de los Profesores José María Meana -a quien dedicó la misma- y Hernán Gullco. Andrés Olié defendió su trabajo Eutanasia pasiva y eutanasia indirecta en la dogmática penal argentina. Especial referencia al caso pampeano”, dirigido por el Dr. Fernando Arnedo. Constituye una enorme satisfacción para nuestra joven comunidad académica, a la vez que un anhelado objetivo, que finalmente esta Carrrera de Postgrado, acreditada y evaluada por la CONEAU, pueda exhibir sus primeros egresados. Felicitaciones a ambos.

Joxerramón Bengoetxea es Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, Doctor (Ph. D.) en Derecho por la Universidad de Edinburgh, Ex Director Científico del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate (IISJ) y profesor en el International Master for the Sociology of Law de dicho Instituto y de la Facultad de Derecho de la UPV; posee título oficial interuniversitario de las Universidades del País Vasco y Dgli Studi di Milano. Profesor en varios cursos interactivos por internet y Master On Line: fundación ASMOZ Sociedad de Estudios Vascos y UPV/EHU, (Curso Jakinet desde 2001-2006, Curso sobre política comunitaria de educación 2004, Curso CISCE 2004-2006), Plataforma Deusto Master On-line sobre Integración Europea 2006 y Hegoa-UPV Master On Line sobre Inmigración y Cooperación al Desarrollo en la UE (2005-2006). Desde febrero de 2005, fue Vocal de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nombrado por acuerdo de los grupos parlamentarios.
Especialista en la teoría jurídica del derecho comunitario europeo y el Tribunal de Justicia de las CE, dialoga con el Profesor Eduardo Luis Aguirre, a partir del reciente pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, que ratifica la “ilegalidad” de determinadas organizaciones políticas vascas, en una entrevista imperdible.

- Estimado Joxerramón, comprenderás que me veo obligado a preguntarte en primer término acerca de su opinión sobre el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que ratifica
la “ilegalidad” de determinadas organizaciones políticas vascas (Batasuna).

-Claro, lo comprendo. Es una sentencia que ha causado sorpresa en varios círculos convencidos de que Estrasburgo frenaría la deriva antidemocrática que han adoptado los tres poderes del Estado Español desde el fracaso en 2000 de la estrategia de Lizarra que aglutinó todas las fuerzas nacionalistas vascas en pos del soberanismo y desde el fracaso de la toma del poder en el País Vasco por parte del nacionalismo español en 2001. Este sector del españolismo ha acogido la sentencia con alivio ya que se bendice su estrategia de ilegalizar los partidos políticos que se puedan considerar antidemocráticos. Con la ilegalización de Batasuna-ANV y la pérdida de los 100 000 votos nulos que apoyaron a estas candidaturas el españolismo ha conseguido una mayoría parlamentaria mínima que les ha permitido formar un gobierno; un nuevo frentismo. Con un análisis más pausado se pueden contemplar ciertas afirmaciones fuertes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hacen reflexionar sobre los límites de la democracia y sus modelos: los Estados Europeos pueden optar entre dos modelos: uno permite partidos políticos “antisistema” siempre que no estén directamente implicados en actividades ilícitas o delictivas; el otro exige que los partidos políticos acaten y asuman las reglas del sistema para llevar a cabo su actividad política. Este segundo modelo es donde se pueden presentar derivas democráticas preocupantes.

-Sinceramente, desde este margen nos parece encontrar riesgosas similitudes entre esta decisión y la doctrina de la guerra preventiva, sólo que desarrollada mediante argumentaciones jurídico- políticas que se llevan puestos a derechos tales como la libertad de asociación, el derecho a opinión o el pluralismo jurídico. Como siempre, el aparente dilema entre seguridad y libertad parece saldarse a favor de la primera.

-Comparto la preocupación en lo concierne al dilema seguridad libertad, pero no tanto en lo que se refiere a la guerra preventiva. La sentencia de ilegalización de Batasuna y la ley de partidos políticos tienen elementos preocupantes desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la excesiva discrecionalidad en su aplicación; y así ha quedado demostrado en la aplicación de dicha ley a varias candidaturas que se han ido presentando en elecciones locales donde en unos casos se aceptaban las candidaturas y en otros casos se consideraban “contaminadas”. En mi opinión esta aplicación caprichosa de la ley, más que la ley propiamente dicha, sí que podría ser considerada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos si y cuando el caso venga resuelto por el Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, en el Estado Español ha habido medidas y decisiones aún más preocupantes que confirman la lectura dominante de la prevención e incluso del derecho del enemigo: clausura de varios periódicos mediante medidas judiciales cautelares, sin sentencia firme; mantenimiento de una jurisdicción especial como la Audiencia Nacional para centralizar casos relacionados con el “terrorismo” donde se puede incluir hasta fenómenos de violencia callejera siempre que ocurran en el País Vasco y se sospeche de una posible vinculación política; divulgación de la tesis del entorno de ETA o “el entorno del entorno” en las causas judiciales conocidas como 18/98; es decir que todo es ETA siempre que se sospeche una sintonía con los fines que persigue o simplemente que se haya coincidido con simpatizantes de ETA en algún tipo de iniciativa cultural o social; procesamiento del Lehendakari, el presidente del Gobierno Vasco y del entonces líder del PSOE por haber mantenido reuniones con los dirigentes, no de ETA, sino del partido político Batasuna, pero al aceptar la tesis según la cual todo es ETA, tanto quien coloca la bomba como quien rechaza la condena política de sus atentados, se siguió adelante con el procesamiento. Del mismo modo el Presidente y dos vicepresidentes de la mesa de presidencia del Parlamento Vasco han sido condenados por el Tribunal Supremo por haberse negado a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, dejando sin ejecutar la orden de disolución que se seguía tras la sentencia de ilegalización de dicho partido. Sin embargo el reglamento del Parlamento Vasco no contempla dicha prerogativa de la mesa de presidencia y el Parlamento Vasco no tuvo una mayoría suficiente para reformar el reglamento. Son ejemplos que muestran un cierta manera de entender la judicialización de la política o la instrumentalización política del derecho en España.

-¿Significa esta resolución, en tu opinión, un menoscabo al derecho a expresarse política y democráticamente de las minorías, un resurgimiento hegemónico del “patriotismo constitucional” y el unidimensionalismno cultural?

-ETA es una organización armada revolucionaria implicada en actividades criminales o delictivas y que ocasiona mucho daño a la sociedad vasca y a la sociedad española. También ha causado víctimas mortales procedentes de latinoamérica como el atentado de Barajas (parking de la T 4). En mi opinión ETA no puede invocar ni legal ni legítimamente ningún derecho a expresarse políticamente. En la medida en que las expresiones políticas de grupos que se consideren próximos a ETA no sean capaces de dejar claro que los medios utilizados por la banda armada son inaceptables, su pretensión de expresarse democráticamente quedará puesta en entredicho. Esta es la lectura que puede salvar la sentencia del TEDH desde la teoría democrática. Grupos políticos que antes eran cercanos a Batasuna han comprendido y asumido esta tesis y han optado por la actividad exclusivamente política alejada de la violencia de ETA, condenándola como contraria a la democracia y a los derechos humanos. Partidos como Aralar o Eusko Alkartasuna defienden la independencia del País Vasco por vías exclusivamente democráticas. Es cierto que en el españolismo dominan las tesis que entienden el patriotismo constitucional como la defensa y gloria de la Nación española, frente a lo que consideran ataques del nacionalismo periférico. Estos planteamientos recaban mucha simpatía en gran parte del establishment español tanto político, como económico-financiera, mediático, judicial, académico… Habermas seguramente se escandalizaría ante semejantes lecturas que nos recuerdan al franquismo.


- ¿Creés que, además de estas cuestiones, el fallo indirectamente gravita sobre los derechos políticos y civiles de las naciones sin estado, uno de los fenómenos políticos más apasionantes de la modernidad tardía?

-Voy a ser muy tajante: ETA y sus expresiones políticas son el mayor daño que se puede hacer a la causa de la defensa de los derechos civiles y políticos de las naciones sin Estado propio, como bien dices, un fenómeno político muy interesante. La violencia ha dado la excusa perfecta al nacionalismo españolista más radical para frenar todo tipo de aspiraciones autodeterministas en Euskadi. Es cierto que en Cataluña no hay violencia política y que se frenan igualmente dichas aspiraciones, pero ETA es una excusa perfecta para ver con el mismo recelo dichas aspiraciones. Además, ETA se presenta como la vanguardia del autodeterminismo y no acepta el sistema autonómico instaurado por la Constitución, un sistema que tiene sus defectos, cierto, pero que fue aceptado por la mayoría de los vascos en referendum. Ese fue el error político de Batasuna, el rechazo frontal al sistema autonómico. Por ello el planteamiento es el de la independencia. El camino para conseguirlo es la revolución. Pero se topa con la oposición frontal de la gran mayoría del pueblo vasco, tanto de la Comunidad de Euskadi, como mucho más de Navarra, por no mencionar al País Vasco Francés. Por ello ETA y los grupos políticos que lo apoyan tienen un problema enorme. Los partidos políticos de ámbito nacional vasco han diseñado una estrategia institucional y política que consiste en la reivindicación del derecho de decisión que compete a Euskadi como nación y sujeto político que es. A partir de ahí, cada uno de ellos defiende objetivos distintos: independencia clásica, independencia en la Unión Europea actual, autonomía mayor, soberanía compartida con España. Hay muchas opciones, pero en mi opinión las más interesantes son las que abandonan la contraposición simplista España/Euskadi para explorar nuevas formas políticas en el seno de Europa donde las naciones sin Estado propio pueden buscar un nuevo estatus institucional común. Esta será la nueva forma de hacer política, pero a ETA y su mundo le parece ciencia ficción.

- Un aspecto bastante inexplorado, desde la perspectiva del pluralismo jurídico, lo constituye la creación al interior de las naciones sin estado de formas de resolución alternativas a las del derecho penal “oficial”. Le confieso que estoy llevando una investigación acreditada por mi universidad respecto de este tema. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas formas jurídicas, digamos, “no institucionales”?

-Me parece sumamente interesante. Es un ámbito que apenas se ha explorado en nuestro entorno, pero teniendo en cuenta las nulas competencias que nuestra Autonomía tiene en materia de justicia y administración de justicia sería interesante explorar esta vía. A menudo se presenta la autonomía vasca como una de las más altas de Europa. Esto sólo se puede decir respecto del sistema fiscal y tributario, pero no en las restantes materias. En materia de justicia España sigue siendo un país centralista y unitario. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos exigirían, para su aceptación y funcionamiento adecuado, que todos los agentes los contemplasen como deseables y aceptables y esto es algo que todavía no consigo imaginar.

-¿No constituiría el reconocimiento y el respeto de la diversidad y el pluralismo un punto de partida para una salida pacífica del conflicto?

-Si, se trata de una posible salida, pero lo esencial es el abandono de las armas por parte de ETA, la incorporación a las reglas del juego democrático de los partidos y grupos rehenes de ETA (los que no quieren o temen alejarse) y la reconciliación nacional en torno a la defensa democrática de todas las posturas: el pluralismo democrático como realidad cotidiana, la tolerancia hacia las ideas contrarias y la no imposición del juego de la mayoría territorial española sobre la mayoría democrática vasca.

-En otro orden de ideas, qué piensas en términos de gobernabilidad y de cara al futuro, del entramado inédito de alianzas que modificó recientemente el esquema político vasco?

-Algo he comentado ya: me parece que la actual composición del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco se deben a la ilegalización de un partido político y de una postura política que ha recabado aproximadamente 100 000 votos declarados nulos. No resta legalidad a dicho gobierno y parlamento, pero sí merma su credibilidad democrática. En otro orden de cosas, el partido del gobierno, el PSOE-PSE/EE (la sucursal vasca del PSOE y lo que quedó tras la escisión de Euskadiko Ezkerra) se presentaba antes de las elecciones como partido transversal, vasquista y de consensos. Su alianza estratégica con el PP, representante del nacionalismo españolista, ha contribuido a disipar esa imagen de transversalidad y ha colocado al Partido Gobernante en un espectro alejado del vasquismo político. El nombramiento de algunos consejeros y consejeras más afines a las posturas vasquistas, no ha logrado frenar esa deriva españolista.
Sobre el espectro político vasco, permíteme hacer una prognosis atrevida. El partido mayoritario, el PNV, está liderando la oposición. Su calculada ambigüedad y difícil funambulismo, junto con el lógico desgaste durante sus casi 20 años liderando el Gobierno Vasco quizá le hayan pasado factura, pero si hace una apuesta decidida por el europeísmo y por la defensa de los derechos del pueblo vasco, será la nueva mayoría social. Junto a este nacionalismo vasco más transversal nos encontramos con lo que será el independentismo vasco de izquierdas, donde se ubicarán dos partidos actuales EA y Aralar y lo que salga del mundo de la ilegalizada Batasuna. Sus planteamientos serán maximalistas pero se verán obligados a participar en la gobernanza del país. Entre estas posturas, pueden haber partidos intermedios que operen como visagras como Izquierda Unida/Ezker Batua o su Alternatiba o Hamaika Bat (una escisión de EA). Lo que ocurra con el PSOE-PSE depende de los resultados electorales siguientes. Mi lectura es que recobrarán una centralidad menos agresiva y más alejada del PP, pero su apego al poder les hará fluctuar según las mayorías.

Por Julio Rubén Yza *
1- INTRODUCIÓN:
Lo que vamos a describir en el presente trabajo, es el concepto de inseguridad y su relación con el miedo al delito en la sociedad, además su utilización como mecanismo de control social.
Posteriormente analizaremos la investigación realizada en el texto de David Garland “La cultura del control”. A partir de esta descripción haremos una comparación buscando similitudes y diferencias con la realidad Argentina.

* Abogado (UNLP). Especialista en Derecho Penal y Criminología (UNLP). Docente J T P Sociología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP). Profesor en Postgrado de la UNLP. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

** Este trabajo fue publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP.



2- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE INSEGURIDAD Y SU RELACION CON EL MIEDO AL DELITO EN LA SOCIEDAD.

El objetivo de este parágrafo es analizar la gestión de políticas criminales, la inseguridad, el miedo al delito y su utilización como mecanismo de control social.
Si analizamos el mecanismo del miedo, podemos ver la utilización que se hace del mismo (ej: miedo al delito) como herramienta de control social y de mantenimiento del poder, hoy en la Argentina en las encuestas de opinión, la inseguridad aparece como el primer tema que preocupa a la población y si analizamos los períodos preelectorales es un tema central dentro de las campañas políticas, lo que pensamos, termina generando esta utilización política seguramente, un aumento de la sensación de inseguridad.
Como vemos, la inseguridad y el miedo al delito, es una herramienta para el mantenimiento del poder o como acceso al mismo, independientemente de las consecuencias que genere en la población.
Si agregamos otro tema central en esta cuestión, que es el tratamiento que los medios de comunicación realizan del tema de la inseguridad (ante la detención de un imputado, se lo condena anticipadamente, o se exige el aumento de penas como una solución al problema).
Ante esta descripción previa, nos parece que corresponde entonces, intentar precisar el término de inseguridad, Wagman hace la siguiente reflexión: “Un concepto clave en el mundo actual es la seguridad y como contrapartida también su opuesto la inseguridad. Buena parte de los acontecimientos de la vida contemporánea tienen que ver con la inseguridad en todas sus variantes: internacional, nacional y cotidiana. Sin duda, la búsqueda de la seguridad es un requisito básico para que el ser humano pueda satisfacer otras necesidades vitales. Sien embargo, el concepto de la palabra seguridad es abstracto, etéreo y poco concreto”.[1]
Este autor intentado precisar el concepto de inseguridad, nos habla de cuatro planos, que son los siguientes:
“Como primer plano la idea de la inseguridad como resultado de la existencia de crimen y delincuencia en la vida diaria.
Como segundo plano el de la inseguridad originada de múltiples dinámicas sociales y naturales que operan sobre el planeta. Peligros y amenazas que van desde desastres naturales, guerras, epidemias, accidentes de transporte, envenenamiento alimenticio, crisis económicas, pérdida de empleo, hasta un infinito etcétera.
El tercer plano es la inseguridad como percepción, como sentimiento o sensación. La percepción de seguridad o inseguridad puede no tener relación con la realidad objetiva, con la amenaza o con la ausencia de peligro. La percepción es subjetiva. Una situación de peligro puede no despertar miedo y, al contrario, el miedo puede existir aunque no exista peligro.
La sensación de inseguridad, de miedo aunque subjetiva en su raíz, se convierte en una realidad objetiva.
Un cuarto plano de investigación del concepto de inseguridad sería su faceta como mecanismo de poder, como herramienta de actuación política y social. El miedo como un arma para mantener relaciones de dominio”.[2]
A partir de esta descripción tan rica para el análisis de la inseguridad, un segundo concepto que nos parece oportuno describir es el miedo, citamos entonces a González Duro, este autor se pregunta si vale la pena hacer una biografía del miedo? entonces contesta a esta pregunta: “Oficiosamente se admite la palabra miedoso/miedosa, con la que se designa al/a la que tiene mido de cualquier cosa, en el caso de que alguna vez hubiese existido alguien con miedo a cualquier cosa”.[3]
“el equívoco –o manipulación ideológica- puede residir en que cuando se habla de miedo casi todo el mundo se refiere exclusivamente a quien lo padece como un sentimiento meramente personal e intransferible, además de vergonzante, y hay muy escasas referencias a los que tienen la fuerza o el poder suficiente para producirlo y mantenerlo, individual o colectivamente. Porque el miedo se contagia muy fácilmente y puede afectar a aquellas poblaciones que se vuelven susceptibles de ser dominadas, subyugadas”.[4]
Este autor hace referencia a una de las cuestiones centrales para entender la inseguridad, el miedo y su relación con el poder, la utilización del miedo como mecanismo de control social y mantenimiento del poder.
Dentro de nuestra realidad latinoamericana Aguirre nos ayuda a pensar el concepto de inseguridad haciendo la siguiente reflexión: “Hace algunos años, había intentado advertir acerca de que ‘el abordaje de las agencias estatales han hecho respecto de la –inseguridad- en Latinoamérica, y muy especialmente en la argentina, importa, en sustancia, un reduccionismo que parte, en casi todos los casos, de asimilar la inseguridad a la criminalidad. Esta particular e intencionada simplificación, por ende ha connotado tan sólo uno de los aspectos desde los que, epistemológicamente, podría referirse la relación seguridad/inseguridad: la que se circunscribe al -miedo al otro-, que se ciñe a la mera posibilidad de ser víctima de un delito y que se sostiene en base a un imaginario colectivo construido a partir de la idea de que la sociedad está habitada por una multitud de sujetos peligrosos y desviados, contra los que hay que acometer –antes que nada ocurra-, y que deben, además, desaparecer de la mirada banal de los consumidores alienados”.[5]

3- ANÁLISIS DEL TEXTO DE DE DAVID GARLAND “LA CULTURA DEL CONTROL”.
El autor de este libro sintéticamente nos explica el contenido del mismo cuando afirma: “Este libro trata de la cultura del control del delito y de la justicia penal en Estados Unidos y Gran Bretaña. O, para ser más precisos, se ocupa de los cambios dramáticos que se han producido en nuestra respuesta social al delito durante los últimos treinta años y de las fuerzas sociales, culturales y políticas que los han generado”.[6]
Precisando esta idea Garland, describe la caída del “Estado del Bienestar” de los años 70, y su correlación o impacto en el Sistema Penal,
en la disolución del paradigma de la resocialización, y la aparición de Políticas Neoliberales (o Neoconservadoras) y su consecuencia en el Sistema Penal, ya que en Estados Unidos, en 1970 el índice de delitos cada 100.000 habitantes estaba alrededor de 4.000, en 1998 este índice había ascendido solamente 4.500, sin embargo la población carcelaria cada 100.000 habitantes era en 1970 de 3.500 aproximadamente, en 1996 había ascendido a 9.000.
En esta investigación el autor intenta encontrar las razones que originaron este cambio y da una respuesta alternativa a estas políticas denominadas de “Ley y Orden”.
Dentro de las razones para que se produzca el cambio social que aludimos anteriormente Garlan nos dice: “…nuestros dispositivos de control del delito contemporáneos han sido moldeados por dos fuerzas sociales subyacentes, concretamente la organización social distintiva de la modernidad tardía y las políticas de libre mercado, conservadoras socialmente, que dominaron en Estados Unidos y Gran Bretaña durante los ochenta”.[7]
Otra de la razones para el cambio de políticas citadas por este autor es que “…los actores políticos y las agencias gubernamentales –fuerzas policiales, agencias de persecución penal, tribunales, prisiones, departamentos gubernamentales, funcionarios electos- se encontraron a un nuevo conjunto de problemas prácticos…estos nacieron fundamentalmente de la persistente presencia de altas tasas de delito y desorden y de la creciente conciencia acerca de los límites de la justicia penal moderna en lo que respecta a su capacidad de controlar el delito y proveer seguridad”.[8]
Este es un dato importante de la imposibilidad en las sociedades modernas por parte del Estado, de no poder combatir el delito y proveer seguridad, por lo tanto se explica la aplicación como diseño de política criminal la creación del Principio de Oportunidad, seleccionar sólo los hechos delictivos que más daño causa a la sociedad, o más alarma producen para darle una resolución rápida.
Posteriormente afirma: “durante las mismas décadas en que las agencias de la justicia penal luchaban por ajustarse a la realidad del delito en la sociedad tardomoderna, los ciudadanos, comunidades y empresas aprendieron a adaptarse a un mundo social en el que las tasas de delito elevadas eran un hecho social normal. Los actores privados de la sociedad civil desarrollaron sus propias adaptaciones a la nueva generalización del delito, sus propias precauciones y controles sociales rutinarios y estas adaptaciones más que las tasas de delito en si mismas son las que explican la relevancia cultural y social que el delito ha adquirido en los años recientes. Estas rutinas prácticas cotidianas proveen la base social de muchas de las nuevas políticas criminales de los últimos años y moldean la formación cultural –el complejo del delito- que ha surgido en torno al delito a fines del siglo XX”.[9]
Lo que posteriormente explica Garland, pensar que sólo las políticas Neoliberales aplicadas en Estados Unidos por Reagan en los 80, o Thacher en Gran Bretaña, no justifica el abandono del “Estado de Bienestar” sino que había razones económicas, sociales y culturales que acompañaron esas políticas, de otra manera no podría explicarse un cambio tan drástico, en lo político y social que termina impactando en la política criminal.
En este sentido afirma Garland: “Las raíces de los dispositivos contemporáneos de control del delito se encuentran en el carácter de la organización social actual y en las elecciones políticas y culturales que se realizaron en relación con ella. Este nuevo mundo del control del delito provee, a su vez, fuentes importantes de legitimación para una política
antiwelfare, así como una concepción de los pobres como una –underclass- que no merece ser ayudada”.[10]
En cuanto a los medios de comunicación y su influencia en las decisiones políticas este autor afirma: “…Hoy, el delito y el castigo están constantemente en la noticias. Las decisiones organizacionales y la elaboración de políticas públicas son típicamente reactivas y políticas y están atrapadas en las exigencias de la competencia electoral”.[11]
Respecto a una característica de los años 70 nos dice Garland, el temor al delito va adquiriendo mayor importancia, y la acción de política criminal de los gobiernos, están investigando estas circunstancias para actuar en consecuencia.
4- SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LOS PROCESOS DESCRIPTOS POR GARLAND Y LA REALIDAD ARGERNTINA.

A modo de ensayo y sólo como especulación intentaremos buscar similitudes y diferencias entre el proceso descrito por Garland en EEUU y Gran Bretaña y compararlo con Argentina.
En principio tanto Estados Unidos y Gran Bretaña son países desarrollados con democracias consolidadas, donde en general funcionan las
instituciones, además la característica es que se realizan investigaciones socio-jurídicas que se aplican después como políticas de estado, como comenta Garlan: “El panorama del control del delito que ha surgido en Estados Unidos y Gran Bretaña a fines del siglo XX ha sorprendido a los expertos y ha desafiado predicciones históricas”.[12] Con esto hace referencia a que los procesos económicos, políticos y culturales terminaron produciendo las reformas en el Sistema Penal y una de las características es que no se tuvo en cuenta la opinión de los expertos, si no que esa presión social, por el aumento del delito, el miedo al mismo, la incorporación del delito como algo cotidiano, sumado a los medios de comunicación instalando constantemente este tema, condujeron a estas reformas de endurecimiento en las políticas criminológicas.
En Argentina, por el contrario, todo el siglo XX signado por la inestabilidad política, por los constantes golpes de estado, la falta de continuidad democrática, recién a partir de 1983 logramos estabilidad política, lo que nos permitiría realizar políticas de estado, fomentar las investigaciones criminológicas (cuestiones todavía pendientes), sin embargo los procesos de la segunda mitad del siglo veinte descritos por Garland en las sociedades tardomodernas, también se produjeron en nuestro país lo que condujeron a un aumento en los índices delictivos (según cifras oficiales) en
1980 se producían 806 delitos cada 100.000 habitantes, en 1997 se producen 2.507 cada 100.000 habitantes.[13] O las cifras que nos aporta Kaminsky, de los delitos denunciados en 1980 eran de 806 cada 100.000 habitantes, y pasó a 3200 cada 100.000 en el 2006, cuyo pico máximo se produjo en el 2002 con más de 3.500 delitos cada 100.000 habitantes.[14]
Respecto de la caída del estado de bienestar en Argentina, esto se produjo en la década de los 90, políticas neoliberales que implicaron la reforma del estado, privatizaciones de empresas del públicas (las cuales se pagaban con papeles de la deuda, y poco dinero en efectivo), flexibilización laboral, acompañado de una política económica (convertibilidad: un peso igual a un dólar) que implicaba hacer descender la inflación a partir de un tipo de cambio fijo, al haber inflación en dólares, permitía la importación de productos, los que presionaban artificialmente los precios internos, lo que produjo la quiebra de las industrias nacionales, ya que era más rentable importar que producir en Argentina, todas esta políticas produjeron los niveles más altos de desocupación y pobreza, esto hizo eclosión en la crisis del 2001. Según la Encuesta Permanente de Hogares: “La abrupta caída bajo la línea de pobreza en los últimos años en el GBA (siendo en 2001 de 35,4 % de las personas, de 49,7 % en 2002 y llegando a la cifra histórica de 51,7 % en 2003)”.
Es interesante analizar, si la caída del estado de bienestar influyó en las políticas criminales, es difícil hacer esta afirmación, ya que lo que caracteriza la Argentina es la ausencia de políticas públicas, lo que si se puede percibir son acciones reactivas por parte de los gobiernos de turno, ante hechos delictivos que conmocionaban a la opinión pública, como respuesta de los gobiernos se aumentaron las penas en el Código Penal de la
Nación y se restringió la posibilidad de conceder la libertad a través de la modificación de los Códigos de Procedimiento Provinciales.
Ejemplo de esto es la Reforma al Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires sancionada por la ley 11.922 el 11/12/1997, que introdujo un
procedimiento Acusatorio, en el título de “medidas de coerción” establecía como regla general que el imputado permanecerá en libertad durante el proceso, salvo que esta pueda resultar un medio para su evasión o entorpecimiento de la investigación, esto fue sucesivamente modificado restringiendo la libertad, hasta llegar a utilizar la casuística, en determinados delitos o por características de los imputados o por modalidades de comisión del delito, ver art. 171 del C.P.P., para limitar la posibilidad de otorgar la libertad.
Una característica particular de los países periféricos son las crisis socioeconómicas recurrentes, la última en la Argentina es la del 2001, los efectos sociales de la misma están bien descriptos en la investigación realizada por Duschatzky y Corea realizada en el 2001, en los barrios pobres de la periferia de la Provincia de Córdoba, en la que nos dicen: “El texto que presentamos intenta pensar la situación de la escuela en una coyuntura singular, que hemos denominado, a partir de la lectura de los testimonios de la investigación, el declive de las instituciones en tiempos de fragmentación”.[15]
Mas adelante realiza la siguiente pregunta: “…¿Cómo habitan los jóvenes situaciones de exclusión social?”, y responde “…La violencia se presenta como el sustrato cotidiano sobre el que construyen la subjetividad niños y jóvenes…Nuestra hipótesis es que la violencia se presenta como un modo de relación que aparece en condiciones de impotencia instituyente de la escuela y la familia, es decir en una época en que parecen haber perdido potencia enunciativa los discursos de autoridad y el saber de padres y maestros, que tuvieron la capacidad de interpelar, formar y educar en tiempos modernos”.[16]
Vemos como la crisis del 2001 impactó directamente en los niveles del delito ver Kaminsky [17], de los delitos denunciados en 1980 eran de 806 cada 100.000 habitantes, y pasó a 3200 cada 100.000 en el 2006, cuyo pico máximo se produjo en el 2002 con más de 3.500 delitos cada 100.000 habitantes.
Una información interesante que nos aporta Jock Young sobre la relación entre exclusión social y delito, lo ocurrido en los 60 en Estado Unidos, que habiendo pleno empleo, aumentaban los niveles de delito.[18]
Otro de los temas tratados por Garland, es el de los medios de comunicación, el tratamiento que hacen del delito en nuestro país, nosotros
observamos que aparecen diariamente los hechos delictivos como en una novela en episodios, ya que dura meses el seguimiento de los casos, hasta un nuevo hecho delictivo que conmociona a la sociedad, y se inicia un nuevo episodio trágico de esta novela, donde las víctimas cuentan su sufrimiento y los periodistas concluyen exigiendo sanciones, y condenas.
Un ejemplo de cómo presentan los medios de comunicación los delitos es el
caso de los homicidios dolosos, mientras que en la proporción a otros delitos es de un 0,2 %, en los medios de comunicación se presentan en 24,1 %, tomando el período septiembre 2004 agosto 2005.[19]
Este tratamiento de los hechos delictivos por los medios de comunicación influyen en la sociedad aumentando la sensación de inseguridad, y la presión que la sociedad ejerce sobre los dirigentes políticos, que piensan en términos electorales, aumentado penas y limitando excarcelaciones, o presionando a los jueces para que no concedan la libertad de procesados y condenados.
En una investigación que realizamos en la ciudad de La Plata, sobre la sensación de inseguridad en 1998/99, teníamos dos opiniones mayoritarias los que asociaban al los niveles de delito con la alta desocupación, pobreza, marginalidad, lo que les producía temor; pensaban que la respuesta al problema era mejorar las condiciones sociales y la presencia policial, y otro sector de la sociedad que estaba más expuesto a los delitos por su contacto con el público, comerciantes, colectiveros, taxistas, la respuesta era esencialmente al aumento de penas y mayor presencia policial como solución.
Un dato interesante nos aporta Kaminsky, en el capítulo escrito por Kessler, sobre la evolución de victimización y percepción de victimización en la Ciudad de Buenos Aires. “…esta percepción de probabilidad de victimización se ha mantenido muy alta desde 1997 hasta el 2005. Sin embargo, del 2003 al 2005 se produce una caída de la victimización pero a la vez, un aumento de la percepción de probabilidad de victimización”.[20]
En esta investigación nos demuestra que no hay relación entre los niveles de delito y la percepción que la sociedad tiene, ya que mientras los
niveles de delito desde el 2003 empezaron a descender, la percepción social sobre la inseguridad y miedo a ser victimizado aumentó.
En el final del texto de Kaminsky, Kessler propone políticas frente al temor al delito, realizamos una cita textual: “Es evidente, por un lado, la autonomía relativa del temor al delito como problema social y, por otro, que más allá de una eventual disminución de la victimización en un futuro cercano, no necesariamente el temor disminuirá…”. Posteriormente Kessler, describe diseños de política criminal para reducir el temor al delito, con una
advertencia[21] previa, que lo que puede servir para reducir el temor para algunos grupos sociales (clases medias urbanas) puede no ser útil para otros, presencia policial en barrios catalogados como peligroso (Ej:La Caba, -el ejemplo es nuestro-), porque puede aumentar el temor como ejercito de ocupación[22]. Es por esto que la presentencia policial debe ir acompañada también de políticas sociales que ayuden a mejorar la situación de los individuos que viven en los barrios periféricos o carenciados.
Como consecuencia de lo descrito anteriormente, lo primero que nos propone es la capacitación de las fuerzas de seguridad; otro tema relacionado con el anterior, consiste es fomentar la participación ciudadana y recrear de otra manera las relaciones entre la institución policial y los ciudadanos. Lo que secundariamente ayudaría a reducir el temor de la población al delito.
Otras políticas que nos sugiere tiene que ver con lo ecológico, la iluminación de los barrios (reduce el miedo a la oscuridad), el aspecto de los mismos, el cuidado, su limpieza.
Finalmente Kessler, se refiere a los medios de comunicación, aconseja por parte de los gobiernos transmitir a los que los dirigen, comunicarles que el modo de informar aumenta los niveles de miedo al delito y de inseguridad, propone llegar a acuerdos, solicitar que se especialice al personal para el tratamiento de los temas de seguridad, que también haya un control y participación de los ciudadanos, para que ellos mismos sean los que controlen el tratamiento que los medios hacen de los temas ligados a la seguridad.[23]


5- CONCLUSIONES.
1) Como síntesis de este trabajo, la primer conclusión a la que podemos arribar es la necesidad de fomentar por parte del Estado las investigaciones criminológicas, para que a partir de ellas se diseñen políticas públicas, que superen a los gobiernos de turno, en este caso se elaboren políticas criminales que este dirigidas en principio, a descender en la población la sensación de inseguridad y miedo al delito.
2) También podemos concluir que en Argentina, en líneas generales se producen los fenómenos descritos en el texto de Garlan, respecto a las sociedades tardomodernas y los crecientes niveles de delito, además de una mayor represión penal por parte del Estado.
3) Las diferencias que podemos percibir en Argentina como país periférico, que vivimos en crisis socioeconómicas recurrentes (la última 2001, la que produjo un aumento los niveles de delito), y también produjo un aumento de la sensación de inseguridad, aunque los índices delictivos desciendan (ver período 2003 a 2005).[24]
4) Uno de los desafíos debería ser, el poder instalar en la sociedad la convicción que la represión penal permanente, no es la solución al problema de la inseguridad, sino que contribuye a agravarlo (Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña, 2002).[25]
5) Para concluir pensamos, que un ejercicio permanente que debemos realizar es el de la imaginación y la creatividad, en busca de nueva soluciones a los problemas sociales que nos aquejan, y que repercuten en los niveles de inseguridad; pensando en la creatividad recordamos un cuento de Eduardo Galeano, el escritor Uruguayo que dice.
Bajan de un camión una enorme roca, en la casa de un escultor. Este
hace surgir de ella un hermoso caballo; un niño se le acerca y le pregunta: ¿Cómo sabia usted que en esa roca enorme había un caballo?.
Galeano como reflexión final nos pregunta: ¿Cuántos caballos nos están esperando dentro de las rocas, para trotar en libertad?.









6- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:
-Aguirre, Eduardo Luís. (2005). Bienes Jurídicos y sistema Penal. Ed. Fabián Di Plácido. Buenos Aires.
Plan de Gestión Dirección Nacional de Política Criminal. (desconocemos si fue publicado).
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(2007). Elementos de control social en las naciones sin Estado. Disponible en: www.derechopenalonline.com
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-Bauman, Zigmunt. (2007). Miedo Líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Ed. Paidós. Buenos Aires.
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-Young, Jock. (2001). Canibalismo y Bulimia. Patrones de control social en la modernidad tardía. en “Delito y Sociedad”. N° 15-16.



[1] Wagman, Daniel. (2003). Los cuatro planos de la seguridad. En Revista “Revista Seguridad Sostenible”. Instituto Internacional de Gobernabilidad, disponible en www.iigov.org/seguridad/?p=17_01. pág.1
[2] Wagman, Daniel. (2003). Los cuatro planos de la seguridad. En Revista “Revista Seguridad Sostenible”. Instituto Internacional de Gobernabilidad, disponible en www.iigov.org/seguridad/?p=17_01. Pág. 2

[3] González Duro, Enrique. (2007). Biografía del miedo. Ed. Debate. Barcelona. Pág. 11
[4] González Duro, Enrique. (2007). Biografía del miedo. Ed. Debate. Barcelona. Pág. 11.

[5] Aguirre, Eduardo L. (2007). Acerca de la Inseguridad y el miedo a delito. disponible en www.derechopenalonline.com . Pág. 1.
[6] Garland, David. (2005). La cultura del control. Ed. Gedisa. España. Pág. 11.
[7] Garland, David. (2005). La cultura del control. Ed. Gedisa. España. Pág. 14.
[8] Garland, David. (2005). La cultura del control. Ed. Gedisa. España. Pág. 14.
[9] Garland, David. (2005). La cultura del control. Ed. Gedisa. España. Pág. 15.
[10] Garland, David. (2005). La cultura del control. Ed. Gedisa. España. Pág. 16.
[11] Garland, David. (2005). La cultura del control. Ed. Gedisa. España. Pág. 21.
[12] Garland, David. (2005). La cultura del control. Ed. Gedisa. España. Pág. 313.
[13] Tieghi, Osvaldo N. (2004). Criminalidad. Ciencia, filosofía y prevención. Revisión Histórica y Experimental. Ed Universidad. Buenos Aires. Pág. 607.
[14] Kaminsky, G. Kosovky, A., Kessler, G. (2007). El delito en la Argentina post-crisis. Ed. Sociedad Impresora Americana. Argentina. Pág. 51.
[15] Duschatzky, S. Corea, C. (2005). Chicos en banda. Paidós. Bs. As. Pág. 10.
[16] Duschatzky, S. Corea, C. (2005). Chicos en banda. Paidós. Bs. As. Pág. 21.
[17] Kaminsky, G. Kosovky, A., Kessler, G. (2007). El delito en la Argentina post-crisis. Ed. Sociedad Impresora Americana. Argentina. Pág. 51.
[18] Young, Jock. (2001). Canibalismo y Bulimia. Patrones de control social en la modernidad tardía. en “Delito y Sociedad”. N° 15-16. Pag. 31. este autor nos dice “La segunda aproximación también es un modelo de déficit pero, en este caso, el delito y la desviación se ven sobrevenir en razón de una carencia de bienes materiales –de desigualdad, pobreza, desempleo, etc.- Este enfoque está preocupado por la privación absoluta; las personas comenten delitos porque no están incluidos en la economía, la política correlativa es que los delitos y los desórdenes desaparecerán si se les proveen trabajo e ingresos monetarios. Semejante mirada de la exclusión social es un lugar común; ella informa, por ejemplo, las políticas de las administraciones Clinton y Blair. Este positivismo social fue sacudido severamente por la experiencia de los años 60, cuando el pleno empleo y los crecientes estándares de vida a lo largo del mundo occidental fueron acompañados por índices delictuales en alza. No fue la privación absoluta sino la privación relativa la fuente de intranquilidad, y tal experiencia subjetiva de desigualdad e injusticia está relacionada con la meritocracia, no solamente con la oportunidad de trabajar”.
[19] Kaminsky, G. Kosovky, A., Kessler, G. (2007). El delito en la Argentina post-crisis. Ed. Sociedad Impresora Americana. Argentina. Pág. 72.
[20] Kaminsky, G. Kosovky, A., Kessler, G. (2007). El delito en la Argentina post-crisis. Ed. Sociedad Impresora Americana. Argentina. Pág. 87.
[21] Kaminsky, G. Kosovky, A., Kessler, G. (2007). El delito en la Argentina post-crisis. Ed. Sociedad Impresora Americana. Argentina. Pág. 96.
[22] La presencia policial, en general es requerida en todos los barrios, pero para ser eficaz esta debe ir acompañada con una buena comunicación entre los agentes de seguridad y los vecinos del barrio.
[23] Kaminsky, G. Kosovky, A., Kessler, G. (2007). El delito en la Argentina post-crisis. Ed. Sociedad Impresora Americana. Argentina. Pág. 99.
[24] Kaminsky, G. Kosovky, A., Kessler, G. (2007). El delito en la Argentina post-crisis. Ed. Sociedad Impresora Americana. Argentina. Pág. 87.
[25] Aguirre, Eduardo Luís. (2005). Bienes Jurídicos y sistema Penal. Ed. Fabián Di Plácido. Buenos Aires. Pág. 102.
Por Eduardo Luis Aguirre.

El cambio de relación de fuerzas políticas en América Latina, con la asunción y consolidación de gobiernos populares, que, con sus matices, se diferencian marcadamente de las gestiones tributarias del Consenso de Washington y el neoliberalismo de la década pasada, obliga a repensar el derecho, sus narrativas y sus prácticas, a partir de una permanente e inusitada discusión acerca de lo que es “legítimo” y lo que no lo es.

Las nuevas formas de impartir justicia, en gran medida explicables por las cosmovisiones de una justicia en pleno, aunque lento e impredecible, proceso de renovación, condiciona en buena medida las agendas de los poderes políticos acerca de temas cruciales que hacen a los intereses del conjunto.
Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina sobre aspectos tan cruciales como Derechos Humanos y problemas ambientales, por dar dos ejemplos emblemáticos, y un indudable prestigio, constituyen un hecho sin precedentes en el país.
Decisiones institucionales inéditas y la resignificación de una democracia que se manifiesta, con idéntica pretensión de legitimidad, en calles y rutas, en escarches y marchas, en blogs y sitios virtuales donde coexisten tendencias a una profundización de las formas democráticas con proclamas destituyentes, y una cultura de la enemistad que exigen una reinterpretación continua de las categorías jurídicas, ameritan una nueva mirada acerca de las formas novedosas que asume la democracia en la Argentina.
Desde 2003, a partir de la gestión del Presidente Néstor Kirchner, el Gobierno adoptó dos resoluciones trascendentes: a pocos años de los cacerolazos de 2001, anunció que no iba a reprimir las protestas sociales, por una parte, y por la otra prohibió que los servicios estatales de inteligencia realizaran tareas de vigilancia y control sobre dirigentes políticos y sociales, y sobre colectivos democráticos vinculados a derechos humanos, derechos de las víctimas, consumidores, sindicatos, etcétera.
La emergencia de nuevos sujetos políticos, invisibilizados durante la etapa de hegemonía neoliberal, y una democracia de baja intensidad expresada únicamente a través del periódico sufragio, trasladan las disputas cotidianas al espacio público, en demanda de tierra, trabajo, vivienda, seguridad, justicia.
Los piquetes, los cortes de calles y de rutas se han convertido en sucesos regulares del paisaje social contemporáneo, naturalizados por el resto de la multitud.
La protesta social, en sus más distintas formas, y el derecho a la misma, han ocupado a constitucionalistas, antropólogos, penalistas y sociólogos.
A principio de 2002 escribía: “En medio de la efervescencia de un país sacudido en sus históricas seguridades portuarias, en plena disputa irresuelta por la capitalización política e ideológica de la protesta social, algunas formas inéditas de los colectivos insurreccionales comienzan a preocupar a diestra y siniestra. Es natural que así ocurra.Los piquetes, las movilizaciones, los escraches de lógica transitiva, los cacerolazos, saqueos y tantas otras formas novedosas de expresión popular comienzan a despertar reacciones a medida que se ensanchan y multiplican sobre el territorio nacional.Muchas de esas reacciones tienden previsiblemente a intentos infructuosos de (re) encontrar formas de restitución o recomposición del antiguo stato quo.Traspasadas por la ingenuidad esperanzada de un retorno (aquí sí) imposible, o ganadas lisa y llanamente por una ideología funcional a la reproducción de las formas históricas de explotación social (esta vez más violentas y regresivas), la ola reactiva clama por el "orden" perdido de la sociedad añorada. La sociedad heredera del pensamiento oligárquico hegemónico que se retroalimentaba de los mitos fundacionales de que "se vive un mundo justo" y que (solamente) el esfuerzo propio garantizaba las metas de ascenso social.La influencia positivista de este razonamiento "pseudocontractualista de adhesión" señala como principio y fin de todos los males a lo distinto, lo inorgánico y disfuncional, a lo que intuye en definitiva como disparador puntual del "des-orden" incurrido.La protesta en las calles, a través de sus distintas formas, es un blanco fijo para encontrar una explicación necesariamente simple a lo que ocurre y lo que está por venir.La apelación maniquea se completa con un reclamo de mayor rigor punitivo en contra de los manifestantes y para hacer frente al nuevo caos que presagia un nuevo orden.Detrás de esta consigna se encolumnan dirigentes de distinta extracción, periodistas de diferente pelaje aunque análoga filiación conservadora, opinólogos internacionales de potencias "democráticas" escandalizados por el "default" y preocupados por el futuro de sus empresas asentadas en este marasmo, etcétera.La criminalización de la protesta social, como escribe Juan Fernández Bussi, configura en última instancia la nueva y redoblada apuesta del establishment para re-disciplinar al conjunto en derredor de voces que advierten sobre las consecuencias de una hipotética y nunca bien explicada "anarquía", por oposición al orden perdido” [1].
Una de las lecturas más frecuentes de la protesta social parte de la caracterización de que se trata de sujetos que encuentran en los espacios comunes la única forma de ser visibilizados, luego de años de privatizaciones, incluso de los lugares comunes. De una multitud de “distintos” que quedaron afuera de un proceso brutal de marginación y exclusión social, que vuelven a hacerse presentes ante los ojos de los “ciudadanos”, con quienes comparten a través de la protesta los espacios públicos.
De pronto, los millones que “des-existían” como consumidores vuelven a la escena social reclamando su lugar en el mundo.
Un proceso dificultoso pero sostenido de inclusión social, y decisiones políticas consecuentes, a veces contradictorias y otras tantas insuficientes, los relegitiman.
El derecho a la protesta pasa a ser, de esta forma, “el primer derecho”, y comienza a asumirse que “no hay democracia sin protesta”.[2]
“En estas circunstancias, la manera de manifestar la demanda de ciudadanía, el modo de peticionar a las autoridades, de reclamar los derechos que formalmente alguna vez prometió el Estado, será a través de la constitución de foros. Se trata de tomar la palabra y ponerla en los lugares públicos, sea una plaza, un puente, la calle o la ruta, o un edificio público. En definitiva, la protesta social contemporánea, en todas las formas citadas arriba, constituye la posibilidad concreta que tienen los sectores desaventajados de expresar sus problemas. De allí que, como dice Gargarella, el derecho a la protesta sea el primer derecho, es el derecho a tener derechos, es el derecho que llama a los otros derechos, la oportunidad que tienen estos sectores de ser tenidos en cuenta otra vez, recuperar la voz para ser tomados como actores otra vez. El derecho a la protesta es la puesta en acción de la dignidad, la oportunidad de hacer valer la dignidad” [3].
Pareciera de toda lógica que en un Estado que se rige todavía por categorías tan inapelables e inconmovibles como la “autonomía relativa”, y que en general ha representado en muchos momentos de nuestra historia los intereses de clase de los sectores dominantes, la democracia permita el derecho a coaligarse mediante formas expresivas innovadoras a enormes colectivos de expropiados y destituidos.
Por ende, la “criminalización” o la judicialización de las protestas son la consecuencia esperable de una cultura institucional que observa al conflicto desde el código penal, por cierto que nunca de manera inocente, que también ha sido puesta en crisis.
Sobre esto no pareciera haber demasiadas dificultades interpretativas, incluso por la nueva impronta política antes apuntada.
La cuestión se torna más compleja, por cierto, cuando son otros los agregados sociales que se proclaman a sí mismo desaventajados, discriminados y empobrecidos, y ganan los espacios públicos con protestas cuyas modalidades arrojan algunas similitudes, pero muchas más diferencias cualitativas y conceptuales con las que protagonizan los segmentos a los que hace referencia Gargarella.
El “problema del campo” ha sido, sin dudas, el caso testigo por excelencia. Se cortaron rutas en todo el país durante varios días, se impulsaron cacerolazos y marchas en las ciudades, se impidió el tránsito de insumos y alimentos vinculados a la producción agropecuaria, todo en nombre, también, del “derecho a la protesta social”, con el aval explícito de las principales empresas periodísticas del país que claramente describieron el conflicto como si fuera una puja entre pares, antes que un lock out patronal respecto de las autoridades constituidas y la mayoría de la población a la que éstas expresaban.
Se construyeron de esta forma discursos, proclamas, marchas y consensos, paradójicamente invocando el interés del conjunto social, al que se suponía indisolublemente ligado a los intereses de los propietarios.
Dentro de esas narrativas, no pasó demasiado tiempo en que se invocara el derecho a la protesta social como un derecho que también debería abarcar los intereses de los patrones rurales y legitimarlos.
Consecuente con su política en este tema, el Gobierno decidió no conjurar los piquetes, ni los cortes de ruta generalizados a lo largo y a lo ancho del país. Pero la protesta se fue afianzando y asumió formas políticas explícitas, hasta conmover el delicado entramado de alianzas que caracterizó al gobierno de Cristina Fernández (el propio Vicepresidente de la Nación, definió con su voto “no positivo”, en contra del Gobierno que integrara, una votación decisiva en el Congreso, la de la “Resolución 125“).
No son estos los únicos colectivos que se coaligan detrás del derecho a la protesta social. Sucesivas protestas de víctimas de delitos, con proclamas de mayor rigor punitivo cuando no de reclamos regresivos francamente incompatibles con la Constitución, claman contra la “inseguridad”, que por supuesto atribuyen a la inacción o las políticas públicas erráticas del gobierno central. Su influencia en materia político criminal ha sido decisiva en la última década, en la que el código penal y las leyes procesales han sufrido la mayor cantidad de reformas conservadoras que se recuerden.
La proliferación del nuevo fenómeno de la comunicación virtual pone de relieve la heterogeneidad de la “multitud”, pero igualmente impacta, en muchos casos y de manera regresiva, respecto de la convivencia armónica del conjunto. El anonimato de los posteos es un factor coadyuvante a una nueva forma de control social. Estamos así, en medio de la sociedad “contra democrática” que describe Pierre Rosanvallon[4].
Una sociedad en la que en los últimos treinta se han disuelto los vínculos de solidaridad, y que en la última década acentuó sus decibeles de desconfianza e insolidaridad hasta límites insospechados.
“Efectivamente una operatoria maravillosa del neoliberalismo consistente en disolver los dos grandes procesos de intelección que constituyen la subjetividad. En lo tocante a la conciencia reflexiva (procesos secundarios) el neoliberalismo liquida definitivamente al sujeto crítico kantiano.Y en lo tocante al inconsciente (procesos primarios) liquida al sujeto neurótico atormentado por la culpa. En lugar de ese sujeto doblemente determinado, prefiere disponer de un sujeto acrítico y lo mas psicotizante posible
“La tesis principal de Rosanvallon que exploraremos en próximas editoriales es que, contrariamente al supuesto refugio en la vida privada (y las tesis de Dufour de algún modo nos llevan allí) los ciudadanos han descubierto la inanidad del lazo de confianza que pretenden instalar los procedimientos institucionales potenciando, en cambio, un continente de desafío activo.
Sometiendo a escrutinio las políticas públicas, impidiendo y juzgando la vida cotidiana de los ciudadanos se ha convertido en la contra-democracia. Mientras que por un lado la economía promueve los flujos irrestrictos la movilización negativa busca restringirlos”.
Todas las semanas, especialmente si vivimos en los trópicos y somos azuzados por la agenda de los grandes medios, los únicos que en Argentina, a excepción del gobierno nacional -y ahora el porteño- hacen política, nos encontramos con un gran proselitismo en contra de la concepción que los gobiernos en el poder tienen de la política”[5].
Se trata, en definitiva, de las nuevas reivindicaciones de representación, cada vez más numerosas en la región, llevadas adelante por diferentes intereses y corporaciones que se arrogan la representatividad política del conjunto. Aquella que, por supuesto, no han podido ganar ni siquiera en los procesos electorales, después de los cuales, “nada debería discutirse”, como también afirma Rosanvallon. Sólo que aquí no sólo se discute, sino que se afirma como tesis alternativa de representatividad social.
“Todavía menor legitimidad tienen muchas de las formas no electorales de representación a nivel local y nacional. Se podría decir, por ejemplo, que las grandes corporaciones, aunque no sean fruto de elecciones, representan los intereses nacionales: “Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos”[6].Aquí, consignas tales como “”lo que es bueno para el campo es bueno para el país”, “todos somos el campo”, guardan una notable similitud con aquella proclama. Hasta ahora, la evidencia empírica nos ha mostrado solamente qué es lo que ocurrió con la Gener
[1] Aguirre, Eduardo Luis: “El eterno retorno”, disponible en www.derechopenalonline.com, 2002.
[2] Conf. Gargarella, Roberto: El derecho a la protesta. El primer derecho, Ad Hoc, Bs. As., 2005, p. 19
[3] Conf. Rodríguez, Esteban: “El derecho a la protesta, la criminalización y la violencia institucional en Neuquén “ disponible en http://www.ciaj.com.ar/images/pdf/Neuquen.%20Dreceho%20a%20la%20protesta%20y%20a%20la%20criminalizacion.pdf
[4] La contra-democracia. La politica en la era de la desconfianza Manantial, 2007.
[5] Piscitelli, Alejandro Gustavo: “Desconfianza, apatía, contrademocracia”, disponible en http://www.filosofitis.com.ar/2008/01/17/desconfianza-apatia-contrademocracia/
[6] Hardt, Michael; Negri, Antonio: “Multitud”, Debate, 2004, Buenos Aires, p. 334 y ss.


Claudia Cesaroni, del CEPOC, Magister en Criminología y Docente de Criminología de la Maestría en Ciencias Penales de la UNLPam, analiza críticamente el denominado "Caso Maidana", que conmoviera recientemente a la opinión pública argentina.

Un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense es brutalmente torturado, como bienvenida a un grupo especial de operaciones. Por estupidez, impunidad, o simplemente porque no le parecía que hubiera hecho nada que le exigiera un cuidado especial, uno de los torturadores se olvida un celular donde había registrado las imágenes, y el torturado las copia en su propio celular, las presenta ante la justicia y las autoridades, circulan por la televisión e Internet. Los torturadores son echados, el ministro de justicia recibe a la víctima, le garantiza seguridad, le consigue otro trabajo.

El caso de Carlos Maidana, el agente penitenciario torturado, provoca, luego de la lógica sensación de horror, un comentario obligado: “Si esto hacen entre compañeros, qué no harán con los presos”. “Bienvenida”, por ejemplo, es un término que todo preso conoce: se la dan en el primer ingreso a una institución carcelaria, y en los sucesivos traslados, y consiste en golpes, insultos y amenazas. Es una “puesta a prueba” del nuevo preso frente a la autoridad: si intenta resistirse, o al menos defenderse, será doblemente golpeado para que le quede claro dónde está el poder, y qué poca cosa es él. Si no se defiende y se deja pegar, el mensaje será el mismo: su condición de ser inferior frente al poder de los borceguíes y los uniformes.

Sin embargo, el modo en que se desarrolló el caso de Maidana, y lo que sucede en el día a día en cárceles, institutos de menores, lugares de alojamiento para personas con adicciones o con problemas psiquiátricos, es decir, en todo lugar donde hay personas privadas de libertad, muestra una sustancial diferencia: en esos lugares, en la inmensa mayoría de esos lugares, no hay cámaras. Nadie de afuera ve nada. No se permite el ingreso. Se ponen innumerables obstáculos para que organizaciones sociales y de derechos humanos, e inclusive organismos públicos, visiten a los presos y las presas, a los niños y niñas, a los locos y a los adictos.

Quien esto escribe dictó durante dos años la materia “Derechos Humanos y Ejecución Penal” en el Instituto de Formación del Servicio Penitenciario Bonaerense. Respondió a una convocatoria amplia, se sentó frente a un tribunal académico que la entrevistó y calificó sus antecedentes, elaboró con absoluta libertad su programa de estudios y presentó a sus alumnos y alumnas, cadetes del primer año de la Tecnicatura en Ejecución Penal, autores y textos que jamás habían escuchado ni leído. Les habló por ejemplo, de Nils Christie, un criminólogo noruego que define el sistema penal como un sistema de reparto de dolor, y convoca a limitar ese reparto. Discutió las noticias de los diarios; llamó masacre y no motín a la muerte de decenas de presos en la cárcel de Magdalena y el penal de varones de Santiago del Estero; invitó a dar charlas, entre otros, al Relator de los derechos para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, y al Coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, Roberto Cipriano.

En clase se leyeron cartas de presos y familiares de presos, se planteó la necesidad de ponerse en el lugar del otro, de limitar el ejercicio de poder, de entender que la seguridad del personal penitenciario está o debe estar vinculada, no a la brutalidad, sino al respeto de los derechos de todos quienes están bajo el mismo techo. Se explicó una y otra vez que no hay “derechos de los delincuentes”, sino derechos de todos, incluyéndolos a ellos/as, cadetes penitenciarios y futuros/as funcionarios/as de cárceles bonaerenses.

El debate se iba tornando más fructífero clase tras clase. Podía discutirse todo, hasta la eficacia o inutilidad de la tortura. Pero en algún momento algún alumno o alumna decía lo siguiente: “Sabe, profe?: cuando vamos a las unidades, nos dicen: ‘todo lo que aprendieron de derechos humanos, se lo olvidan, porque acá la realidad es otra’”.

La realidad, en las cárceles, es la que un celular olvidado y un sujeto doliente nos mostraron estos días.

Del mismo modo que es preciso plantear una batalla por el acceso a la información, y pelear a fondo contra los monopolios mediáticos, las políticas de derechos humanos tienen una enorme deuda con el presente: en el presente se tortura y se mata; en el presente se trata a las personas privadas de libertad como deshechos humanos; en el presente se impide que la sociedad ingrese a los lugares de encierro, se oculta, se tapa, se roba, se maltrata a las visitas, se miente.

Poco antes de culminar su mandato, el 14 de noviembre de 2007, el entonces presidente Kirchner dijo en el acto en que se demolió la ex cárcel de Caseros que esa decisión “nos pone frente a los hechos de ayer y las asignaturas pendientes de hoy”, y que uno de los temas pendientes para la presidenta electa, Cristina Fernández, era “el mejoramiento profundo del sistema penitenciario argentino (…) es la tarea central para consolidar profundamente la política que todos nosotros creemos respecto a los derechos humanos”

En noviembre de 2004, la Argentina ratificó el Protocolo Facultativo para la Convención contra la Tortura, que establece la obligación de los Estados firmantes de crear mecanismos de visita a los lugares de encierro, facilitando que la sociedad en su conjunto pueda ingresar, recorrer, ver lo que allí sucede. Que no dependa de la estupidez o la impunidad de un torturador y el olvido de su celular, sino que cotidianamente, entre muchos, evitemos nuevos hechos de tortura y corrupción.

Aquella tarea central y pendiente no se cumplió. Los mecanismos todavía no han sido creados. Veinte organizaciones de derechos humanos hemos trabajado durante todo el año pasado, y elaboramos un anteproyecto de ley para su implementación. Sin ninguna duda, esta es otra batalla que valdría la pena encarar.

Claudia Cesaroni
Buenos Aires, 4 de setiembre de 2009
www.cepoc-cepoc.blogspot.comEsto saldra en la pagina al pulsar leer mas
CONVOCATORIA: Se convoca a estudiantes, profesionales, docentes e investigadores en ciencias jurídicas y sociales a participar del Concurso “Derecho a Réplica”.

Las BASES del Concurso serán las siguientes:

Podrán participar en el mismo los estudiantes universitarios,
profesionales, docentes e investigadores del país y el extranjero que
presenten obras inéditas en idioma español. Cada participante podrá
presentar solamente un trabajo, que verse sobre temáticas inherentes al
sistema penal, Estado y Sociedad.
Los concursantes deberán remitir sus trabajos a la dirección de correo
electrónica del blog, consignando en el “Asunto” la Referencia “Concurso en Ciencias Sociales”, y a al final del trabajo el nombre del autor, universidad y carrera profesional en la que estudia, año de estudios, título de grado o de postgrado que posea, condición docente o de investigador si la hubiera, dirección postal, teléfono y su correo
electrónico.
El ensayo debe presentarse en un original, en archivo adjunto, en formato digital Word.
Las obras se recibirán hasta las 12:00 horas del 31 de enero de 2010,
horario de Argentina. Los trabajos presentados no serán devueltos. Los
ganadores ceden los derechos de publicación de su obra a “Derecho a
Réplica“.
La sola presentación de trabajos a este concurso implica la aceptación de las bases del mismo.
La temática es libre dentro del ámbito de las ciencias jurídicas y sociales.
La extensión no debe ser menor de 30 carillas ni mayor de 150, escrita en Times New Roman 12.
La bibliografía utilizada deberá detallarse alfabéticamente al final del trabajo, debiendo además consignarse las citas al pie de página.
El jurado estará compuesto por las siguientes personas, entre otras: Olga Luisa Salanueva (Dra. en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata y UNLPam); Eduardo Luis Aguirre (Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Pampa).
El premio para el primer lugar consistirá en una orden de compra en libros equivalente a mil quinientos pesos argentinos ($ 1.500,oo), y para el segundo de ochocientos pesos ($800,oo) y la publicación de los mismos en el blog.
Adicionalmente el jurado puede otorgar las menciones honrosas que juzgue convenientes. Los resultados serán leídos en acto público el 1 de marzo de 2010 en lugar y hora a designar, y la información será exhibida en http://www.derecho-a-replica/. Blogspot.com


Se trata de los dos alumnos de la Carrera de Abogacía que ganaron la IV Conferencia Interamericana de Derechos Humanos, organizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

-¿Cómo y cuándo se enteraron que habían ganado la competencia interuniversitaria a nivel nacional?


“La instancia final de la Competencia Interuniversitaria se realizó el día viernes 28 de Agosto a partir de las 15:30 horas luego de haber sido anunciada, el mismo día, alrededor de las 12:00 horas.
Tras dos horas de intenso debate frente a los competidores de la UBA, los tres integrantes de la Corte Interamericana (que cumplen una activa función de interpelación y evaluación) se retiraron a deliberar acerca del resultado final. A su regreso, marcaron las fortalezas y debilidades, los aciertos y los errores de cada uno de los grupos que competían y anunciaron que los representantes de la Comisión (nosotros, en representación de la UNLPam) nos convertíamos en los ganadores del certamen” (E.T).

“La final empezó minutos después de las 15:30, se desarrolló durante dos horas muy intensas, fue realmente impresionante los conocimientos que tenían los integrantes del equipo de la UBA, y me sorprendió de sobremanera todo lo que sabían los jueces, no dejaban pasar ningún detalle.
Cuando concluyó la audiencia, los jueces se retiraron, y después de transcurrido aproximadamente más de treinta minutos regresaron, marcaron los aciertos que tuvo cada equipo así como también las cosas débiles que habían notado, y luego de estas devoluciones que se extendieron durante varios minutos de extrema ansiedad, anunciaron que el equipo ganador era el que había representado a la Comisión Interamericana” (C.M).



-¿Cuál fue el recorrido previo que hicieron para llegar a la final?


“El sistema de clasificación hacia la instancia final deriva de una suma de puntajes. Allí se incluyen: en primer lugar, un memorial escrito que contiene la petición frente a la Corte Interamericana (en el caso de la Comisión) o la defensa planteada (en el caso del Estado); en segundo lugar, dos audiencias orales que permiten sumar puntos a partir de criterios como la representación del rol asumido (Comisión o Estado), la oratoria, el sustento jurídico de los fundamentos, el conocimiento de la normativa, la cita de doctrina y jurisprudencia relevante, la comprensión acaba del caso hipotético, etc.
El día viernes 28, los organizadores publicaron el listado de puntajes y al haber sido la Comisión con mayores puntajes, arribamos a la final con el Estado que mayores puntajes había adquirido (la UBA).” (E.T)

“Si bien hay un extenso trabajo previo de preparación de escritos, análisis del caso, de investigación y fundamentalmente de estudio para las etapas orales, lo concreto es que para llegar a la final, luego de presentar los memoriales (escritos), tuvimos que confrontarnos con diversas universidades durante los días que se extendió el certamen.
Para determinar esta diagramación, se realizó un sorteo y quedó establecido que nuestro primer “cruce” iba a ser contra la Universidad Nacional de La Plata el día miércoles a las 15 hs., y al día siguiente contra la Universidad Nacional del Litoral a las 17 hs.
En cada audiencia, se evalúan innumerable cantidad de cuestiones, las cuales previamente ya tienen una puntuación preestablecida. Los jueces ponderan cada acápite en las audiencias que se desarrollan, y luego, se suman individualmente los puntos obtenidos en cada uno de esos apartados por cada uno de los integrantes del equipo. La suma de la puntuación obtenida por ambos integrantes del equipo, promediadas con las participaciones realizadas, determinó el puntaje total para acceder a la final del certamen”. (C.M)


-Una vez que transcurrieron algunos días, ¿tomaron conciencia de la importancia que este logro tiene para nuestra Facultad?

“No sólo tomamos conciencia de la importancia que tiene para nuestra Facultad haber logrado triunfar en el certamen, sino que desde que asumimos el rol de representarla nos hemos sentido orgullos y a la vez comprometidos. Es por demás satisfactorio sentir que estuvimos a la altura de Universidades Nacionales cargadas de historia y de prestigio.
A su vez, tenemos una visión trascendente del triunfo, esto sirve para que la UNLPam pueda comenzar a tomar más fuerza y peso en todo el país, para que comience a reconocérsela como una universidad que forma profesionales altamente capacitados y lo que es más importante, avocados a la promoción y defensa de los derechos humanos” (E.T).

“Particularmente, tuve la suerte de poder ingresar al Colegio de la Universidad, y por lo tanto me encuentro en la misma desde séptimo grado, es decir, ya hace muchos años que estoy vinculado a la UNLPam ; por esa razón, siento un enorme orgullo, y consecuentemente intento procurar el mayor compromiso y seriedad cuando tengo el honor de representarla.
El desafío más grande y una de las metas más difíciles que nos propusimos, fue intentar estar a la altura de las Universidades con mayor renombre de la Argentina.
Quizás, la inmensa alegría que todavía tengo, me impidió apreciar de manera objetiva la importancia de este logro, sin embargo en estos días que han transcurrido, amigos, familiares, allegados, y personas vinculadas a la Universidad nos han felicitado por el logro conseguido, y resaltan la mayoría de ellos, la trascendencia e importancia que este tipo de actividades tienen para empezar a fortalecer el nombre de nuestra joven universidad” (C.M).


- ¿Pueden contarnos en apretada síntesis en qué consiste el certamen?


“El certamen es una simulación de roles en donde las universidades participantes se dedican a emular el funcionamiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Las parejas participantes deben representar a la Comisión Interamericana o a un Estado acusado de vulnerar derechos humanos y enfrentarse en audiencias frente a un tribunal que representa a la Corte Interamericana. Toda esta simulación gira en torno a un caso hipotético, con actores ficticios, redactado por los organizadores, compuesto de una serie de factores de importancia fundamental para la actualidad de los derechos humanos. El caso en particular (una petición realizada por la Comisión frente a un Estado denominado “Sajufiro”), los temas de mayor relevancia fueron la defensa de garantías penales, la progresividad y defensa puntual de los derechos económicos, sociales y culturales y la responsabilidad internacional por omisión del Estado por la falta a la debida diligencia en la organización de un acto partidario” (E.T).

-Me tocó presenciar la actuación de Uds. frente a los representantes de la Universidad Nacional de La Plata, y me sorprendió la originalidad, pero también las dificultades que presentaba el caso sobre el que debían alegar. Se conjugaban elementos de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de Derecho Penal y de Derecho Procesal….

“La Convención Americana, en su calidad de instrumento internacional de protección de los derechos humanos, contiene una basta normativa que refleja la totalidad de los hechos ilícitos internacionales que un Estado puede cometer frente a un individuo, ya sea por acción o por omisión. Los Estados verdaderamente pueden cometer abusos insostenibles y aberrantes frente a los individuos, destruyendo bienes jurídicos inalienables del ser humano… y por este motivo, las aristas que integran el caso son tan abarcativas de todas las ramas del derecho. Se sostiene que los derechos humanos atraviesan transversalmente todas las ramas del derecho e incluso otras disciplinas y esto es una realidad que día a día se hace más palpable. En la actualidad no pueden forjarse profesionales ni políticos ajenos al conocimiento y al respeto de los derechos fundamentales porque ellos hacen a la esencia y a la condición humana misma” (E.T).


“El caso estaba realmente muy bueno y es cierto que tocaba puntos vinculados con diversas ramas del derecho. En definitiva, me dio la sensación que fue un claro ejemplo, para poder apreciar como los derechos humanos se aplican directamente a todas y cada una de las diversas especializaciones jurídicas, y asimismo fue una linda oportunidad de poder relacionar los diversos conocimientos obtenidos en cada materia de la carrera, aplicándolos en un caso concreto” (C.M).


-Supongo que por ahora estarán disfrutando enormemente esta experiencia y este resultado, pero ¿qué objetivos se han trazado de cara al futuro?

“Quizás es un poco prematuro hablar de objetivos a futuros; en este momento me tengo que avocar definitivamente en avanzar en la carrera, pero me gustaría sinceramente poder incentivar a muchos compañeros de la facultad, al contarles nuestra experiencia para que se sumen a este tipo de actividades, y en definitiva, que entre todos podamos colaborar, aportando nuestro granito de arena, para fortalecer día a día más el nombre de nuestra Universidad.
No obstante, estoy profundamente convencido que toda esta etapa que estamos atravesando no consiste solamente en rendir materias, aprobarlas, y así obtener un título, sino que existen paralelamente a ello, un sinfín de actividades que aportan posiblemente mayores conocimientos, experiencia y muchas otras cosas que, sin un verdadero compromiso de las personas que integramos la Universidad, complementadas con la reiterada negativa de muchos en participar de las actividades que se desarrollan y de lo que se llama comúnmente “la vida académica”, no se obtienen” (C.M).


“Verdaderamente la competencia tiene una finalidad superadora, que trasciende las barreras de la simulación concreta. Lo más importante de la competencia es la formación y la educación en derechos humanos y creo firmemente que esta forma de enseñanza tiene una rápida capacidad de reproducción. Ahora nos introducimos en un compromiso mayor, consistente en trasmitir lo adquirido a otros, pero también en ampliar los esfuerzos para continuar nuestra propia formación que recién se inicia.
También creo que este resultado es consecuencia del compromiso de muchos profesores de nuestra universidad que, en un esfuerzo que no necesita hacerse ostensible y público, ejercitan una cotidiana vocación de docencia”. (E.T)




Alumnos de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa fueron los ganadores a nivel nacional de la IV Conferencia Interuniversitaria de Derechos Humanos, organizada este año por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

Cristian Much y Esteban Torroba, con la asistencia del coach Profesor Francisco Marull, fueron los alumnos de la Carrera de Abogacía de la UNLPam que obtuvieron un logro inédito en este prestigiso certamen a nivel nacional. Este desempeño llena de satisfacción a la comunidad académica local, sobre todo por tratarse de una Carrera novel, que pese a su juventud ha dado ya múltiples pruebas de la calidad intelectual y académica de sus docentes y alumnos, y de su esforzado compromiso con los derechos y las garantías. Nuestra felicitación a los alumnos y el docente que accedieron a tan meritorio logro.