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Publicado: 31 Julio 2012

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Publicado: 20 Julio 2012

La policía cargó esta madrugada y disparó pelotas de goma contra manifestantes y transeuntes entorno a la medianoche, con el Congreso de los Diputados cercado por decenas de miles de personas que se concentraban en la zona en protesta por los recortes que se ha celebrado en Madrid. La protesta fue pacífica en todo momento, aunque cuando se dirigió al Congreso aumentó la tensión hasta producirse una primera carga policial. Los bomberos estaban en primera línea agrupados protegiendo a los manifestantes, aunque cuando uno de sus compañeros fue detenido decidieron retirarse para rebajar la tensión. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se repitieron por todo el centro de Madrid, lleno de barricadas por todas las calles. En la plaza Santa Ana también cargó la policía, que finalmente tomó la puerta del sol con un enorme número de efectivos y muchos manifestantes empezaron a dispersarse. El balance es de 6 detenidos y 26 heridos.Original de www.larepublica.es

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Publicado: 30 Junio 2012

Por Celso Amorim* - Hace siete años, cuando se hablaba de la necesidad de cambios en la geografía económica mundial o se decía que Brasil y otros países deberían desempeñar un papel más relevante en la Organización Mundial de Comercio (OMC) o integrarse de modo permanente el Consejo de Seguridad de la ONU, muchos reaccionaban con escepticismo. Desde entonces, el mundo y Brasil han cambiado a una velocidad acelerada, y algunas supuestas "verdades" del pasado se van rindiendo ante la evidencia de los hechos. Las diferencias en el ritmo de su crecimiento económico con relación a los países desarrollados han convertido a los países en vías de desarrollo en actores centrales de la economía mundial. La mayor capacidad de articulación Sur-Sur -en la OMC, en el FMI, en la ONU y en nuevas coaliciones, como el BRIC- eleva la voz de países que antes estaban relegados a una posición secundaria. Cuanto más hablan y cooperan entre sí los países en desarrollo, más son escuchados por los ricos. La reciente crisis financiera puso de manifiesto de manera aún más evidente el hecho de que el mundo ya no puede estar gobernado por un consorcio de pocos. Brasil ha intentado de forma osada desempeñar su papel en este nuevo escenario. Tras siete años y medio de Gobierno del presidente Lula, la visión que se tiene del país en el exterior es otra. Es innegable el peso cada vez mayor que Brasil, así como un grupo nuevo de países, tiene hoy en la discusión de los principales temas de la agenda internacional, desde el cambio climático al comercio, desde las finanzas a la paz y la seguridad. Esos países aportan una nueva forma de mirar los problemas del mundo y contribuyen a un nuevo equilibrio internacional. En el caso de Brasil, ese cambio de percepción se debió, en primer lugar, a la transformación de la realidad económica, social y política del país. Avances en los más variados rubros, desde el equilibrio macroeconómico hasta el rescate de la deuda social, hicieron un Brasil más estable y menos injusto. Las cualidades personales y el compromiso directo del presidente Lula en temas internacionales colaboraron para llevar la contribución brasileña a los principales debates internacionales. Brasil está desarrollando una política exterior abarcadora y proactiva. Buscamos construir coaliciones que vayan más allá de las alianzas y las relaciones tradicionales, a las que tratamos sin embargo de mantener y profundizar, como la formalización de la Relación Estratégica con la Unión Europea y del Diálogo Global con Estados Unidos. El elocuente crecimiento de nuestras exportaciones hacia los países en desarrollo y la creación de mecanismos de diálogo y concertación, como la UNASUR, el G-20 en la OMC, el Foro IBAS (India, Brasil y África del Sur) y el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) reflejaron esa política exterior universalista y libre de visiones pequeñas de lo que puede y debe ser la actuación de un país con las características de Brasil. La base de esa nueva política exterior fue la profundización de la integración sudamericana. Uno de los principales activos de que dispone Brasil en el escenario internacional es la convivencia armoniosa con sus vecinos, comenzando por la intensa relación que mantenemos con Argentina. El Gobierno del presidente Lula se ha empeñado, desde el primer día, en integrar el continente sudamericano por medio del comercio, de la infraestructura y del diálogo político. El Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina creó, en la práctica, una zona de libre comercio que abarca toda la América del Sur. La integración física del continente avanzó de una forma notable, incluida la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Nuestros esfuerzos para la creación de una comunidad sudamericana llevaron a la fundación de una nueva entidad: la Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR). Sobre las bases de una América del Sur más integrada, Brasil contribuyó en la creación de mecanismos de diálogo y cooperación con países de otras regiones, fundados en la percepción de que la realidad internacional ya no permite la marginalización del mundo en desarrollo. La formación del G-20 de la OMC, en la Reunión Ministerial de Cancún de 2003, marcó la madurez de los países del Sur, cambiando de forma definitiva el modelo de toma de decisión en las negociaciones comerciales. El IBAS respondió a los anhelos de concertación entre tres grandes democracias multiétnicas y multiculturales, que tienen mucho que decir al mundo en términos de afirmación de la tolerancia y de conciliación entre el desarrollo y la democracia. Además de la concertación política y de la cooperación entre los tres países, el IBAS se convirtió en un modelo para los proyectos en pro de naciones más pobres, demostrando, en la práctica, que la solidaridad no es un atributo exclusivo de los ricos. También lanzamos las cumbres de los países sudamericanos con los países africanos (ASA) y con los países árabes (ASPA). Construimos puentes y políticas entre regiones hasta ahora distantes unas de las otras, a despecho de sus complementariedades naturales. Esa aproximación política derivó en notables avances en las relaciones económicas. El comercio del Brasil con los países árabes se cuadruplicó en siete años. Con África se multiplicó por cinco y llegó a más de 26.000 millones de dólares, cifra esta superior a la del intercambio con socios tradicionales como Alemania y Japón. Estas nuevas coaliciones ayudan a cambiar el mundo. En el campo económico, la sustitución del G-7 por el G-20 como principal instancia de deliberación sobre los rumbos de la producción y de las finanzas internacionales es el reconocimiento de que las decisiones sobre la economía mundial carecían de legitimidad y eficacia sin la participación de los países emergentes. También en el terreno de la seguridad internacional, cuando Brasil y Turquía convencieron a Irán para que asumiera los compromisos previstos en la Declaración de Teherán, quedó demostrado que nuevas visiones y formas de actuar son necesarias para lidiar con temas tratados hasta entonces de forma exclusiva por los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de las resistencias iniciales a una iniciativa que nació fuera del cerrado club de las potencias nucleares, estamos seguros de que la dirección del diálogo allí señalada servirá de base para las futuras negociaciones y para la eventual solución de la cuestión. Una buena política externa exige prudencia. Pero también exige osadía. No puede basarse en la timidez o en el complejo de inferioridad. Es común escuchar que los países deben actuar de acuerdo con sus medios, lo que es casi una obviedad. Pero el mayor error es subestimarlos. A lo largo de estos casi ocho años, Brasil actuó con osadía y, al igual que otros países en desarrollo, cambió su lugar en el mundo. Esos países son vistos hoy, inclusive por los eventuales críticos, como actores a los que les tocan crecientes responsabilidades y un papel cada vez más central en las decisiones que afectan los destinos del planeta. *Celso Amorim es ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. En sección "Tribuna" de El País.

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Publicado: 25 Junio 2012

(Este artículo también fue publicado en www.diario-octubre.com). A pocas horas de haberse consumado un golpe de estado contra el Presidente Fernando Lugo, que pone de manifiesto la versatilidad de las nuevas estrategias imperiales de intervención en la región, la situación en Bolivia ha derivado hacia una preocupante coyuntura que reproduce, incluso en la velocidad con la que se despliegan estas acciones concertadas, algunos precedentes de intentos de quiebre institucional contra los gobiernos progresistas de América Latina. En este caso, es la policía boliviana la que, aupada en un pretendido reclamo salarial, pone en vilo a la propia institucionalidad, reproduciendo el protagonismo que también asumió la policía en Ecuador contra el presidente Correa. El Gobierno boliviano, a través de su Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, expresó hace pocas horas “su preocupación por la posibilidad de que se esté gestando un golpe de Estado en su contra, a instancias de la protesta de los policías que están amotinados desde el jueves y la llegada a La Paz la próxima semana de los nativos amazónicos que defienden el parque Tipnis”….”Dávila aludió así a los disturbios violentos en varias ciudades, sobre todo en La Paz, donde centenares de agentes saquearon el edificio donde funcionan la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la Policía, además de Interpol, y quemaron sus archivos”, advirtiendo que se estaba llegando a un escenario “muy preocupante”, según publica el diario catalán “La Vanguardia”[1]. Nos permitimos recordar lo que, en una entrevista que nos concediera hace algunos años, el premio Estocolmo de Criminología Eugenio Raúl Zaffaroni había manifestado, cuando nos respondía cuáles eran, a su entender, los instrumentos para acotar la violencia de los aparatos represivos del Estado en América Latina: “Primero, sería necesario jerarquizar a las policías y convertirlas en verdaderas policías comunitarias. El gran peligro de los aparatos de poder aquí no son los servicios de inteligencia, sino las policías comunes, que se autonomizan. De este modo reciben el poder que otrora era de las fuerzas armadas y comienzan a protagonizar golpes de estado. Si bien no asumen el poder, derrocan políticos cuando no les gustan (caso Rio de Janeiro, golpe interno en Plaza de Mayo en diciembre del año 2001). Sería necesario permitir que se sindicalicen para desarmar el poder de las cúpulas corruptas, terminar con la recaudación y las cajas y darles salarios y condiciones dignas de trabajo. En otro orden sería necesario reforzar la selección de los magistrados por concurso en toda la región y la autonomía de los poderes judiciales. Desde lo académico impulsar discursos realistas y no meramente tecnocráticos. Despertar la conciencia jurídica hacia la verdadera función de lo judicial, que es de contención y de vigilancia de las agencias ejecutivas”[2]. Llama la atención que el supuesto reclamo de los uniformados se haya planteado contra un gobierno que en los últimos seis años aumentó los salarios de la fuerza en un 46% y que durante el mismo período haya incrementado la masa salarial de esta agencia en más de un 100%. En rigor, la asonada de los uniformados debería leerse en clave de las últimas medidas adoptadas por Evo Morales, especialmente la expropiación decretada sobre el 99% de las acciones de la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE), hasta entonces pertenecientes a la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de la Red Eléctrica Española, acciones que pasaron a manos de la compañía eléctrica estatal ENDE. El anuncio de esa recuperación de una empresa fundamental para el Estado boliviano, se anunció dos semanas después de que el gobierno argentino expropiara a la española Repsol las acciones de la petrolera YPF, lo que arroja luz sobre ciertas coordenadas e identidades no siempre visibilizadas, en términos de poder real, al interior de nuestro Continente. “Este rumbo de recuperación de soberanía – publicó en su edición en español La Voz de Rusia- en sectores clave de la economía del país del altiplano, no le ha evitado al gobierno de Evo Morales críticas varias ni conflictos de otra índole. En efecto, el nuevo decreto fue comunicado a la población en el marco de airadas protestas de la Central Obrera, de una histórica huelga del sector de la salud y una nueva marcha de los indígenas del norte del país que protesta para evitar la construcción de una carretera en el parque Tipnis. En paralelo, no son pocas las críticas especializadas que indican que la política de nacionalizaciones en el sector hidrocarburífero se contradice con un reciente anuncio de redituables e innecesarios incentivos a las compañías extranjeras que operan en el sector. Todo ello aún cuando la captura de una buena parte de la renta energética ha sido destinada en estos años para distintos y muy necesarios programas sociales”[3] . Como se observa, la analogía con las reacciones de ciertas corporaciones en Argentina, frente a un anuncio de similares características, son llamativas, y ayudan a desnudar las contradicciones fundamentales que se agudizan en este singular momento de nuestra historia. Con la evidente complicidad imperial en todos los casos, los denominadores comunes de la reacción se visibilizan y permiten ser observados en su verdadera dimensión. En el caso paraguayo, la “amenaza” no concretada de una reforma agraria para remover una situación estructural donde menos del 3% de los propietarios poseen el 85% de las tierras, fue determinante para que políticos representantes del viejo orden se coaligaran en la cruzada golpista. A eso debe sumarse la debilidad institucional histórica, el poder del narcotráfico, el interés norteamericano por los enclaves militares en espacios estratégicos de extrema complejidad y la escasa organización popular dispuesta a defender organizadamente en las calles al presidente Lugo. La situación de Bolivia no es, por cierto, menos compleja. Al racismo desembozado de sus clases dominantes, hegemónicas en la denominada “medialuna” del país andino, que ponen en jaque la propia Constitución del nuevo Estado multicultural con sus renovados reclamos “autonómicos”, consolidada por la histórica influencia económica, política, cultural y militar de fascistas de distinto origen (descendientes de alemanes y croatas nazis, militares argentinos partícipes del genocidio, empresarios que fortalecieron una poderosa burguesía regional durante el gobierno del general Hugo Banzer), debe sumarse la incomprensión de ciertos sectores progresistas que terminan siendo funcionales a esta derecha brutal[4]. Argentina, por su parte, ha sido tal vez el país del MERCOSUR que, en los últimos años, ha producido las transformaciones más profundas en el marco de esta desfavorable relación de fuerzas. No debe asombrar, entonces, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de encarnar una referencia política inédita para el país a nivel internacional, haya sido objeto de virulentas y recurrentes tentativas desestabilizadoras, en las que intervinieron activamente sectores concentrados del capital, la poderosa patronal agraria, los medios de comunicación más influyentes -que diseñan a diario las más esmeradas operaciones de prensa de que se tenga memoria-, buena parte de la clase media urbana -que no ha acompañado la evolución de la conciencia política que han experimentado los sectores más dinámicos de la sociedad argentina-, segmentos autoritarios de la burocracia sindical, y los consabidos grupos minoritarios de izquierda, por primera vez en su historia, institucionalizados como necesarios para que el poder conservador corra, por diestra y siniestra, al gobierno popular.

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Publicado: 22 Junio 2012

No deja de llamar la atención, en los últimos años, la utilización por parte de las clases dominantes asociadas a los intereses imperialistas, de mecanismos en apariencia legales, en distintos países latinoamericanos (todos ellos, vale aclararlo, con gobiernos progresistas que se hallan en pleno y arduo proceso articulador de un bloque unitario regional), con objetivos claramente destituyentes. El caso del Presidente Zelaya, es, por sus consecuencias consumadas, uno de los más preocupantes. Pero no le van en zaga, desde luego, la asonada policial contra Correa, el secuestro de Hugo Chávez, los embates recurrentes de sectores corporativos en permanente proceso de realineación contra Cristina Fernández de Kirchner, el acoso y bloqueo histórico contra Cuba, o el desgaste sistemático ejercido contra Evo Morales, cuya última manifestación queda a cargo de la propia policía, enancada en supuestos reclamos sectoriales (no hace falta recordar el rol de la policía en Ecuador, ni los análisis que dan cuenta que las policías encarnan el nuevo brazo armado de los desbordes del poder punitivo en América Latina). Finalmente, el juicio político orquestado contra el Presidente Lugo, confirma que la derecha recurre actualmente a mecanismos que preservan una fachada de pretendida legalidad, para intentar tumbar a determinados gobiernos, no por sus errores, sino, justamente, por sus aciertos. Esta metodología marca una evidente ruptura con las prácticas golpistas clásicas de hace algunas décadas, pero expresan los mismos objetivos de sometimiento. Paradójicamente, la naturaleza híbrida, no exenta de arbitrariedad, de un juicio político, coadyuva al menoscabo de garantías básicas del debido proceso. Pero no hay duda que este tipo de procesos debe asegurar sin cortapisas, en particular, una de ellas: la del derecho de defensa de los acusados, que en este caso ha sido groseramente ignorada. Preocupa también la desinterpretación que de estos procesos históricos, orquestados de manera sistemática en la región, hacen ciertos sectores de la izquierda, siempre proclives a sumarse a muchos de estos emprendimientos canallas y ser utilizados así como una suerte de corifeo progresista legitimante, en el marco de estas novedosas formas de interrumpir los ciclos institucionales elegidos por los pueblos de la región. Esto, también, parece ser un sino trágico que ha contribuido de manera decisiva a la balcanización del Continente, a lo largo de toda su historia. No es necesario realizar una reflexión demasiado exhaustiva, para advertir que el Imperio juega sus fichas a la desestabilización de varias democracias incipientes insumisas, de manera casi contemporánea, porque no ignora la potencialidad de la América Latina en un contexto de emergencia de nuevos bloques de poder. En nuestro Continente sobran el agua, los alimentos y los minerales. Vale decir, los elementos más preciados en el mundo entero. El caso de Lugo no es solamente el más cercano en el tiempo (de hecho, lo estamos viviendo en tiempo real), sino que, además, encarna un ejemplo de lo que algún penalista desprevenido podría denominanr como un caso de "falta de conducta". En efecto, como dice Urgente 24: “La matanza de campesinos y policías en Curuguaty, que ocurrió hace 1 semana, y aún no esclarecida, de ninguna manera puede atribuirse al presidente Lugo. Más bien parece resultar parte de la estrategia de los terratenientes paraguayos, la mayoría de ellos vinculados al Partido Colorado, que se empeñan en impedir una mejor distribución de las tierras”. Como sea, se está cobrando la suerte del Presidente pro tempore del UNASUR. Ni más, ni menos.

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Publicado: 20 Junio 2012

Un artículo de Alejandro jasinski (Corresponsal en Buenos Aires para La Voz de Rusia)* Los más importantes portales de noticias de la región informaban este lunes que la Unasur corría riesgos concretos de quebrarse. No faltaban razones. Según había trascendido a la prensa, Perú estaba listo para recibir por visita protocolar en el puerto de El Callao a la fragata de guerra británica HMS Montrose, proveniente de las islas Malvinas. De esta forma, contrariaba el apoyo brindado a la Argentina en su medida de protesta por la reticencia de Gran Bretaña a sentarse a negociar en la ONU la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Las rápidas y, al parecer, muy tensas gestiones de la cancillería y embajada argentina para revertir la decisión peruana tuvieron éxito y la llegada de la nave inglesa fue cancelada. No obstante ello, queda flotando en el aire cierta incredulidad por la decisión del país andino. Esta incredulidad obedece no sólo a razones históricas, ya que Perú fue uno de los países más solidarios con la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Obedece también al contexto en que se iba a producir la visita de la embarcación de guerra británica: desde hace algunos meses y a casi treinta años de la guerra del Atlántico Sur, Argentina y Gran Bretaña mantienen una escalada diplomática cuyo último acto fue la decisión del gobierno argentino de demandar penalmente a todas las compañías involucradas en la ilícita actividad petrolífera que se desarrolla en la región isleña. Pero las razones del Perú justifican la incredulidad general por otra circunstancia: es que el gobierno de Ollanta Humala apoyó entusiastamente los reclamos y denuncias argentinos al mismo tiempo que abría sus puertos a la Armada inglesa. Los apoyos los dio directamente por carta el presidente peruano a su par argentina hace quince días. Pero hay más: al mismo tiempo en que la fragata inglesa daba la vuelta al estrecho de Magallanes, este mismo sábado, en el encuentro de cancilleres de la Unasur, Perú se sumaba nuevamente al respaldo continental a una negociación por las islas y al repudio de la “militarización” británica. Afortunadamente, el gobierno del Perú reaccionó a tiempo y canceló la visita. De esta forma, se consumaba un tercer desaire de la diplomacia británica en una semana. Los otros dos tuvieron un estilo similar. Por un lado, el número dos del Foreign Office, Jeremy Browne, visitó Chile, Perú y Colombia en los últimos diez días. Al país trasandino viajó antes de que se entrevistaran el presidente Sebastián Piñera y su par argentina, donde se ratificó el apoyo de Chile a los reclamos de su vecino. Por el otro lado, los funcionarios del Departamento de Estado debieron desmentir al premier británico David Cameron, quien aseguró de visita a los Estados Unidos que Barack Obama había respaldado la posición de su país. Pero esto no termina aquí. La diplomacia británica no cesará en intentar producir grietas en el bloque sudamericano, ya sean por medidas concretas o simbólicas, como la de invitar al presidente del Perú a realizar una visita oficial a Gran Bretaña justo cuando se cumplen los 30 años de la guerra del Atlántico Sur. En todo caso, una pregunta queda en el aire: ¿Cuáles han sido las razones del presidente Humala para permitir el amarre de la fragata militar inglesa? * Original de "La voz de Rusia" en Español.

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Publicado: 08 Junio 2012

El gobierno argentino abortó la instalación de una base militar del Comando Sur de Estados Unidos en la provincia de Chaco. La Cancillería y el Ministerio de Defensa cancelaron el acuerdo que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, había sellado con representantes diplomáticos y militares estadunidenses. El proyecto había sido presentado públicamente como un centro de ayuda humanitaria para hacer frente a catástrofes naturales o epidemias. El sitio elegido para su emplazamiento fue el aeropuerto de Resistencia, capital de la provincia. En su predio se construyeron dos edificios, financiados por el Comando Sur, que depende del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. La inauguración estaba prevista para fines de mayo. Pero encontró el rechazo abierto de la población chaqueña, que suponía la instalación de una base militar encubierta, con el objetivo primordial de controlar recursos naturales estratégicos. La misma idea parece haber guiado la acción discreta y firme del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Jorge Capitanich es un aliado de la presidenta. Su disposición para complacer los intereses estratégicos de Estados Unidos acabó colisionando, sin embargo, con las posiciones de Argentina dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), bloques regionales que excluyen a Estados Unidos. Reprendido por el gobierno central, Capitanich tuvo que dar un giro de 180 grados. El pasado 22 de mayo, aclaró que las instalaciones en el aeropuerto de Resistencia servirán de sede permanente a la Defensa Civil. Ese mismo día envió a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley de Defensa Civil de la provincia. En él se prohíbe expresamente la injerencia de cualquier Estado extranjero en caso de emergencias y catástrofes. “Esto obedece sin dudas a una directiva dada desde el gobierno central”, dice a Apro Elsa Bruzzone, asesora del Ministerio de Defensa de Argentina. “Fue un tirón de orejas a un funcionario que se ha excedido en sus atribuciones, ya que ningún gobernador puede firmar un convenio con el Comando Sur, cualquiera sea la índole del mismo.” Bruzzone explica que, además, “pendía sobre Capitanich un pedido de juicio político por parte de la Legislatura provincial”, que la reacción de todas las organizaciones sociales, culturales y políticas en la provincia fue enorme, y “hubo también mucha repercusión en los países de la Unasur y en el resto de los pueblos hermanos del Continente”, dijo. Curiosamente, los grandes medios nacionales casi no cubrieron el tema. Clarín y La Nación –los principales diarios del país– no pierden oportunidad de criticar aspectos de la gestión de este gobernador “kirchnerista”. Han explotado las desventuras de Capitanich con su exmujer, la exministra de Salud provincial, Sandra Mendoza. La disputa conyugal tuvo por escenario varias veces el espacio de la gestión pública. En el caso del “centro de ayuda humanitaria”, sin embargo, los grandes medios guardaron silencio. El diario Tiempo Argentino consultó sobre la decisión del gobierno a Gabriel Fuks, titular de Cascos Blancos de la Cancillería, según una nota que publicó el pasado 27 de mayo. “El principio consiste en evitar, bajo el paraguas de las urgencias humanitarias, la injerencia de potencias militares extranjeras”, sostuvo Fuks. “Con la imagen humanitaria muchas veces se enmascaran políticas de intervención”, dijo. “No es algo nuevo. Se suele usar lo humanitario, como Caballo de Troya, para establecer otra relación.” Previamente, el gobierno nacional había vetado el ingreso del equipo tecnológico, las computadoras, los radares y el sistema operativo para el funcionamiento de la base en Chaco. Hoy se discute la devolución de los 3 millones de dólares que el Comando Sur donó para las instalaciones. Agua “En los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, Estados Unidos incrementó las presiones sobre los gobiernos argentinos para que permitieran la instalación de una base descubierta en la provincia argentina de Misiones”, dice Elsa Bruzzone. “El lugar elegido era San Ignacio, que es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del Acuífero Guaraní. Ésta es la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”. Licenciada en historia, miembro del prestigioso Centro de Militares por la Democracia (Cemida), Bruzzone es autora del libro Las guerras del agua (2008). “Entonces los estadunidenses agitaban el fantasma de la presencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera –prosigue–, cuando todos los informes elaborados por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el terrorismo en el mundo lo desmienten cada año”. Explica: “Como no lograron ese objetivo, reflotaron un convenio firmado en 2006 entre ambos gobiernos, para intentar entrar por la puerta de servicio.” El convenio bilateral se llama “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”. Fue impulsado por el Comando Sur y la embajada estadunidense y aprobado por el Ministerio del Interior, “como un aporte a los programas sociales del gobierno”. La estratégica ubicación de Chaco, y la receptividad de su gobernador, dieron alas al proyecto del Comando Sur. Ya en 2007, siendo candidato a la gobernación, Capitanich se reunió con el embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, y le expresó que él “no compartía el sentímiento antinorteamericano de la población argentina”, según revelaron en 2011 cables de Wikileaks. En marzo de 2008, se llevó adelante en Resistencia una jornada de capacitación para el personal de Defensa Civil de la provincia. Fue impartida por consultores designados por la embajada de Estados Unidos. Se tocaron temas relacionados con la organización y el funcionamiento de un centro de emergencias. El embajador Wayne visitó la provincia el 13 de agosto de 2008, para presidir junto al gobernador “la ceremonia de cierre de un programa civil de capacitación para la prevención, mitigación y superación de desastres naturales”, según informó la página web de la embajada estadunidense en Argentina. “Defiendo una alianza estratégica (con Estados Unidos) y estoy dispuesto a luchar por esa idea”, le dijo Capitanich a una delegación de legisladores estadunidenses que visitó Chaco en septiembre de 2010, según refleja Chacoonline, portal del gobierno de la provincia. En diciembre de 2011, el gobernador recibió al coronel Edwin Passmore, máximo representante del Comando Sur en Argentina. Los antecedentes de Passmore no reflejan viículo alguno con la ayuda humanitaria. Participó en la invasión a Afganistán, fue asesor de inteligencia en Irak y terminó expulsado de Venezuela en 2008 por actividades de espionaje. Passmore era, además, el encargado de recibir, en el aeropuerto de Buenos Aires, el avión militar estadunidense que “intentó ingresar un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes”, según informó el diario Página 12 el 13 de febrero pasado. El material supuestamente se usaría en una jornada de capacitación a la Policía Federal. Fue retenido durante meses por el gobierno argentino, lo que generó un incidente diplomático. La donación del “centro de ayuda humanitaria” despertó grandes sospechas entre la población de la provincia. El Comando Sur no es precisamente una organización solidaria sin fines de lucro. Como unidad militar, dependiente del Ministerio de Defensa estadunidense, enfoca su acción en el continente latinoamericano, con excepción de México. Por otra parte, existen numerosas organizaciones civiles, argentinas e internacionales, que se orientan hacia la acción social y humanitaria, y que en caso de necesidad podrían cooperar en en este tipo de tareas. Resistencia El pasado 2 de abril, día en que se conmemoraron 30 años de la guerra de Malvinas, y el 25 de mayo último, día en que Argentina festeja su primer gobierno patrio, Resistencia fue escenario de dos marchas multitudinarias. Los manifestantes transitaron los 10 kilómetros que separan la Casa de Gobierno del Aeropuerto. Cantaban consignas de rechazo al acuerdo del gobierno provincial con el Comando Sur de Estados Unidos. “No se trataba de una base militar, aunque los fondos para la construcción salieron del fondo de asistencia humanitaria del Comando Sur”, dijo el 27 de mayo Alfredo Forti, secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, al periódico Tiempo Argentino. “Aunque el convenio no preveía presencia militar, podría haber dejado una puerta abierta para un tipo de capacitación”, señaló. Elsa Bruzzone se basa justamente en este punto para afirmar que la de Chaco iba a ser una base militar encubierta. “Las bases descubiertas operan a la luz del día –dice–. Las encubiertas se esconden detrás de estos centros de ayuda humanitaria o en instalaciones cercanas a algún aeropuerto”, explica. “Edifican una construcción que más o menos parece civil, pero que la pueden transformar en militar cuando se le requiera, porque tienen una pista que permite el aterrizaje de aviones de gran porte.” Según estudios del Cemida, en el aeropuerto de Resistencia pueden aterrizar aviones militares con cargas pesadas, como los C-130 Hércules, C-17 Globemaster III y C-5 Galaxy. “Dentro de los nuevos conceptos ‘flexibles’ del Pentágono sobre bases militares, hay un borde difuso en las actividades militares y civiles, lo que maximiza la confusión de la opinión pública”, escribió el politólogo Carlos Pereyra Mele, profesor de la Universidad de la Patagonia, en un texto difundido el 27 de marzo por Argenpress. En el caso de estas bases se presenta un “componente humanitario visible al público, estructurado sobre actividades que la sociedad visualiza como ‘justas’ y en su beneficio, de modo tal que pueda justificarse una interacción bilateral”, según explican Bruzzone y José Luis García en su artículo El Comando Sur en el Chaco, publicado el 28 de marzo también por Argenpress. “Pero hay, además, un componente no visible que se encuadra en los objetivos estratégicos afines a los intereses de Estados Unidos y muchas veces contrapuestos a los del país asistido, conducidos por un comando militar”, agrega. Es posible que al principio la base militar encubierta opere sin personal militar. Pero una estructura de este tipo puede transformarse rápidamente en una instalación castrense formidable y muy difícil de eliminar. Cuando ha sido alcanzada cierta aceptación social y un nivel de organización aceptable –según explica el citado artículo de Bruzzone y García–, la base puede convertirse en un Centro de Seguridad Cooperativa (CSL), que coordina la lucha contra las drogas, con poca o nula presencia permanente de los estadunidenses; pero ante una supuesta “amenaza”, por parte de un “enemigo común”, el centro puede pasar a ser Base de Operaciones Principales (MOB), con fuerzas operativas permanentes; o bien Base de Operaciones de Avanzada (FOB), que además incluye fuerzas para operaciones especiales. Estados Unidos suele aprovechar estas bases para realizar operaciones militares encubiertas. Se vigilan y espían los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión, y sus vecinos. Se realizan acciones de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las fuerzas armadas y la población civil. Adicionalmente se monitorea y controla satelitalmente toda la región. –¿Qué reacciones ha habido frente al tema dentro del ejército argentino? –se le pregunta a la asesora del Ministerio de Defensa. –El ejército argentino ya no es el de la dictadura; no está formado en la hipótesis del enemigo interno. Hace unos años la fuerza elaboró el proyecto Ejército Argentino en el horizonte 2025, que en parte fue tomado por el ministerio de Defensa. “Argentina tiene como hipótesis de conflicto suceptibles de transformarse en hipótesis de guerra la defensa de sus recursos naturales.” dice Bruzzone. Pone como ejemplos el Acuífero Guaraní, los minerales e hdrocarburos. “Lo que ha quedado perfectamente explicitado es que la agresión va a venir de un enemigo extraregional, extracontinental, que esta fuera de la Unasur y la Celac”, sostiene. “No se les nombra, pero sabemos ciertamente que se están refiriendo a Estados Unidos y a la OTAN.” Emergentes El liderazgo de Brasil en el subcontinente preocupa a Estados Unidos. La frustrada base en Chaco hubiera contribuido al cerrojo que ya sufre el gigante sudamericano. El país está rodeado por más de 20 bases de Estados Unidos, instaladas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Una vez más, para Bruzzone lo que está en juego es el control de recursos naturales estratégicos. “La Amazonia, que es el mayor pulmón del planeta, tiene el 25% de las reservas mundiales de agua dulce, la mayor fuente de biodiversidad, y no olvidemos que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas de los bosques y las selvas”, sostiene Entre los minerales estratégicos cita el neobio, el titanio o el tugsteno, que se utiliza en la tecnología aeroespacial y en la industria militar. Hay también grandes riquezas hidrocarburíferas. “Estados Unidos ha utilizado la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia para sembrar de bases toda la frontera amazónica”, dice la asesora. La base inaugurada el 5 de abril de 2012 en Concón, Chile, es un centro de entrenamiento para las fuerzas de paz de la ONU. Fue construida con 500 mil dólares aportados por el Comando Sur. Apunta, según la analista, a la estrategia de control y militarización del Océano Pacífico que desarrolla Estados Unidos. La estrategia incluye a México, Colombia, Perú, Chile, y también a Corea del Sur y los Tigres asiáticos. “El objetivo final es cercar a China, país que ellos perciben como el gran oponente en este siglo XXI, el enemigo que tiene visos de ser la gran potencia hegemónica”, dice Elsa Bruzzone. “Se toma posición enmascarada en el paraguas de la ONU –advierte –. Detrás de las misiones de Naciones Unidas desembarcan los soldados de la OTAN, los marines estadunidenses, no precisamente para preservar la paz sino para hacer pie y quedarse.” Publicado originariamente en www.proceso.com.mx También en www.diario-octubre.com

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Publicado: 01 Junio 2012

01/06/2012 11:58:00
IRUÑEA-. El mapa, que todavía sigue "abierto", ha sido presentado por el vicepresidente primero del Gobierno de Iruñea, Roberto Jiménez, y técnicos de Tracasa, la empresa que trabaja en su realización, a los representantes de las asociaciones de familiares de víctimas, que han agradecido haber sido informados antes de que se haga público, pero han lamentado el retraso que ha habido y que no se haya contado con ellos desde el principio.

En esa sesión, según ha explicado a los periodistas Moisés Zalba, técnico de Tracasa, director del departamento de sistemas de información territorial, se ha presentado la aplicación web en la que se ha recogido toda la información disponible y que ha sido recopilada con los datos facilitados por las propias asociaciones, la investigación en archivos judiciales y aportaciones particulares.

A la vista del mapa de Iruñea "hacia abajo hay más densidad de hechos", según Zalba, quien ha señalado que los alrededores de la capital navarra, en torno al fuerte de San Cristóbal, Erribera, toda la zona del Ebro y Lizarraldea, son las zonas con un mayor número de puntos, frente a la zona norte, que registra una densidad inferior.
Aplicación web accesible para todos
Zalba ha recordado que Tracasa recibió en setiembre el encargo del Gobierno foral de publicar la información relativa al mapa de fosas, lo que han hecho a través de la citada aplicación que, una vez que sea pública, será accesible a todo el que lo desee.

Ha precisado que su papel no era descubrir nuevas zonas, sino recopilar lo que estaba documentado y la información disponible.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión, se trata de un "mapa vivo, que va a tener continuidad, va a seguir mejorándose y ampliando la información".

En representación de los diferentes colectivos que trabajan en la recuperación de la memoria histórica en Nafarroa Carlos Otxoa ha comentado desde el momento en el que tuvieron conocimiento de que se trabajaba en este mapa las asociaciones se reunieron para tratar de dar una respuesta conjunta con el fin de que el mapa fuera "lo más completo posible".

En este sentido, pidieron colaborar en su elaboración, poner encima de la mesa sus planteamientos, de ahí su crítica a que no se les haya llamado hasta ahora cuando el producto está ya "prácticamente acabado".

No obstante, ha reconocido que están de acuerdo con lo que les ha sido presentado y se encuentran satisfechos porque se les haya presentado a ellos antes de hacerlo público.

Otxoa ha subrayado que comparten que tiene que ser una base de datos de fácil acceso para la ciudadanía, en la que figuren los enterramientos, las intervenciones que había habido y los datos que se posean de las personas y, según ha dicho, parece que "todo eso está recogido".
"No debe ser un producto con fecha de finalización"
Las asociaciones han incidido en que "esto no debe ser un producto con fecha de finalización, tiene que estar abierto y uno de los problemas de que esté abierto es que tiene que haber una partida presupuestaria para poder seguir trabajando".

Otxoa ha indicado que parece que va a ser así, ya que Roberto Jiménez –que el pasado mes de noviembre afirmó que para el presente mes de mayo estaría listo, publicado y accesible– les ha asegurado que va a haber un presupuesto para seguir trabajando y completar lo mejor posible el mapa.

Una de las críticas que han trasladado al Ejecutivo foral es que el mapa llega "bastante tarde" y eso ha hecho que haya habido "una serie de destrucciones, ya que se han hecho obras, se ha pasado por encima de sitios donde había fosas o enterramientos".

Por eso con el objeto de evitar que en un futuro esto vuelva a suceder han pedido que las fosas y los enterramientos se señalicen físicamente y se protejan ante posibles intervenciones urbanísticas o de cualquier otra índole.

La primera versión del mapa de fosas de la Guerra del 36 en Nafarroa que el Ejecutivo foral ha presentado a las asociaciones de familiares de víctimas recoge 221 puntos, entre fosas, puntos donde hay enterramientos o se cree que puede haberlos, y sitios donde ha habido hechos violentos.

Original de http://www.gara.net/