El modelo del sistema internacional de conquista imperial, se legitima en un derecho  creado de manera unilateral y antidemocrática, tendiente a reproducir las relaciones de poder mundiales, funcional a los intereses del imperialismo. Éste expresa la fase superior del capitalismo, la disputa por los mercados del mundo, y, por ende, un derecho de esas características legitima la utilización de la fuerza con un criterio hobbesiano, reivindica el "realismo jurídico" y "político" con el que, contemporáneamente, han venido amenazando a la Humanidad Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Condoleezza Rice y Hillary Clinton, remitiendo a la vieja categoría del "vacío de poder" para ejercer su poder punitivo sobre el resto del planeta.
Para Estados Unidos, en consecuencia, el sistema internacional es un sistema de control internacional donde prima únicamente la relación de fuerzas.
Si, como sabemos, hace cuatro décadas, el pacto de Varsovia había advertido acerca de la matriz extraordinariamente vertical y antidemocrática de la concepción imperialista en materia de relaciones internacionales, podemos decir que la misma mantiene todavía una entera vigencia. Sólo que, en vez de construir como enemigos a los países socialistas (aunque también lo sigue haciendo todavía con alguno de ellos, como es el caso de la República Popular de Corea, Cuba, Bielorrusia o Venezuela), lo hace fundamentalmente con aquellos pueblos indóciles o poseedores de riquezas o recursos estratégicos escasos.
Eso explica que, pese a las profundas transformaciones que en materia de bloques de poder económico ha sufrido el mundo en los últimos años, la principal potencia militar siguen siendo los EEUU de Norteamérica.
Y lo es en base a un derecho portador de enunciados tales como la democracia, la paz, la civilización, etcétera, mediante los cuales se sienten habilitados para emprender operaciones policiales de alta intensidad o guerras de baja intensidad a lo largo y a lo ancho del planeta, casi todas ellas con la misma matriz ideológica.
En realidad, la propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre, cuyo principal estímulo de producción es la obtención de la ganancia, adquiere centralidad absoluta para el capitalismo y su forma de concebir las relaciones y el derecho internacional.
Para lograr esos objetivos, la fuerza se constituye en un elemento excluyente de la política internacional y de la diplomacia imperial.
Esto implica una legitimación de las disputas violentas por la hegemonía, que como exteriorización del poder, supone someter la voluntad de los pueblos militarmente más débiles a los designios unilaterales del más fuerte.
Esta praxis se sostiene en base a los postulados teóricos del denominado "realismo político", un hallazgo conceptual norteamericano de la época de la segunda posguerra, de resultas de la cual la  política de fuerza es concebida como una verdadera ley de la historia y por consiguiente, como la única política posible para el Estado. Su principal mentor fue el profesor de la Universidad de Chicago, Hans J. Morgenthau, que en 1948 editó el libro “Politics among Nations?”, en el cual se desarrolló  la idea de la imposición de la fuerza en las relaciones internacionales, lo que resultó absolutamente funcional al contexto histórico que se vivía con la aparición de la obra: la guerra fría.
Morgenthau consideraba que “la política internacional, como cualquier política, es una guerra por el poder. Dado que la tendencia por el poder es una característica que diferencia a la política internacional, como a cualquier política, la política internacional es inevitablemente política de fuerza".
Los gobernantes de los Estados imperialistas, sobre todo de Estados Unidos, continuamente violan el derecho internacional e intentan al mismo tiempo encubrir sus actividades ilegales jurando fidelidad al derecho internacional, en tanto y en cuanto los organismos en los que ejercen una influencia decisiva se presten a sus maniobras o decisiones a nivel global. O sea, convaliden aquel derecho sostenido únicamente por la fuerza y la vocación de control universal.
Esto hace que el sistema internacional encuentre en el derecho internacional una suerte de superestructura mundial que reproduce las relaciones de fuerzas entre los Estados. Ni siquiera la CPI ha logrado sustraerse de este sistema de disciplinamiento y control. Con mucha mayor razón, podemos decir que tampoco lo han hecho la ONU o los tribunales internacionales especiales, creados de manera ad-hoc y ex post facto, generalmente para juzgar la conducta de los vencidos en las guerras.
Sin embargo, los teóricos del modelo imperialista del sistema internacional se encuentran en una posición mucho más difícil. Como científicos que apoyan el predominio de la fuerza en las relaciones internacionales, están forzados a desconocer o en general a ignorar el derecho internacional, o bien a afirmar que éste no puede influir en la conducta de los Estados, y que se encuentra al servicio de la fuerza.
Con ello se intenta eliminar el derecho internacional, al que se considera un obstáculo para la política de fuerza. Es decir, no pueden a esta altura de la historia soportar la legalidad formal que ellos mismos han creado.

Las actitudes que asumieron el Reino Unido y los países de América Latina durante lo que algunos denominan “el caso Assange”, merece algunas reflexiones que no pretenden abordar la cuestión de la libertad de expresión implicada, los exabruptos del gobierno británico, sus históricas contradicciones respecto del instituto del asilo,  el interés indiscutible  de Estados Unidos en la resolución del diferendo, ni tampoco las verdaderas razones que llevan a perseguir al creador de wikileaks.
Las  motivaciones de esta nota pretenden dotar de historicidad y contextualizar  un episodio que conmueve a la opinión pública mundial y que puede ser analizado desde diferentes perspectivas, algunas de ellas no suficientemente exploradas todavía.
En esa inteligencia, deberíamos  preguntarnos cómo y por qué pudieron ocurrir, en este preciso momento histórico, la insólita amenaza británica de asaltar la embajada de Ecuador en Londres y la réplica consistente, robusta y unánime de los países de América Latina frente a una eventual decisión arbitraria y manifiestamente ilegal del Imperio.
El Reino Unido sabía de antemano que, con esa bravuconada, propia de lógicas coloniales, violaba groseramente, entre otras normas, el artículo 22 de la Convención de Viena, vigente desde hace casi medio siglo, que establece expresamente que los locales de las misiones diplomáticas  son inviolables. Este mismo artículo garantiza que los agentes del Estado receptor no solamente no podrán penetrar en las embajadas sin consentimiento del jefe de cada misión, sino que también  tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad; y que dichos  locales, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.
La norma difícilmente podría ser más clara, y es obvio que ninguna disposición interna del estado receptor resultaba suficiente para contradecir una convención internacional de esa jerarquía. Por ende, deberíamos preguntarnos cuáles pudieron ser los motivos que llevaron a Gran Bretaña a colocarse en una situación de semejante incomodidad diplomática.
Por supuesto, estaríamos tentados a responder que ha actuado así porque no le importa cumplir con el derecho internacional, porque sigue aplicando una suerte de derecho colonial de conquista, como lo ha hecho siempre, o porque se sabe integrante de un bloque de poder imperial- militar que lo pone a cubierto de cualquier represalia.
Todo esto puede ser indudablemente cierto, pero es también posible problematizar esa conducta con apego a otras claves.
El Reino Unido forma parte, como aliado preferencial, de un bloque de poder hegemónico desde el punto de vista militar. Habita un espacio privilegiado en un contexto disuasivo que reedita –al menos en ese plano- la “unipolaridad” del mundo decretada hace pocas décadas por el triunfo del neoliberalismo, el “fin de la historia” y el Consenso de Washington.
Pero también es parte esencial del epicentro de una crisis económica y financiera global sin precedentes, que expresa el fin del capitalismo globalizado, al menos en los términos en el que los concibieron los economistas ortodoxos que pronosticaban la muerte de las ideologías.
Desde esta perspectiva, el mundo se ha vuelto inesperada y dramáticamente multipolar para los principales portadores armamentísticos.
Por lo tanto, estas potencias no pueden ahora soportar las doctrinas de soberanía y coexistencia pacíficas creadas por ellas mismas, que tan útiles le fueran, por ejemplo, durante la guerra fría. Ni siquiera esa legalidad  formal, asimétrica, vertical, si se quiere ficta, pueden soportar frente a la emergencia fáctica de otros bloques de poder económico que han demostrado ser mucho menos frágiles frente a la debacle internacional que la propia Europa. Este escenario –vale aclararlo- coloca a la humanidad frente a la inminencia probable de la guerra, que es la forma mediante la que el imperialismo ha resuelto históricamente sus crisis cíclicas.
La de Londres sería así, una actitud desesperada de un capitalismo en bancarrota, que no puede tolerar los mecanismos de disciplinamiento y control que el mismo occidente había concebido, como salvaguarda de sus intereses permanentes de dominación.
Y ese colapso se produce cuando las amenazas de conflagración se multiplican en diversas regiones del planeta, justamente como consecuencia de la proliferación de misiones “humanitarias”, “intervenciones democráticas” y demás agresiones directas e interrupciones institucionales que lidera activamente el imperialismo.
América Latina, que ha apoyado explícitamente la posición ecuatoriana, constituye uno de esos bloques de poder emergentes que desafían la unipolaridad económica perdida que añoran las potencias de occidente. El MERCOSUR es la quinta potencia económica mundial, la región se ha consolidado en sus políticas unitarias democráticas, populares (que no “populistas”) y antiimperialistas. Ha fortalecido sus vínculos con China, Rusia y el BRICS. Reconoce y honra sus denominadores comunes –en particular su historia- defiende incondicionalmente la vigencia de la democracia y tiene, incluso con Gran Bretaña, una actitud docente en materia de Derechos Humanos. El UNASUR, por lo demás,  ha creado a instancias de Brasil, el Consejo Sudamericano de Defensa, con una concepción bastante diferente de la que preferiría Washington.
 Por otra parte, la entente del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), prohijada también por la administración demócrata,  no ha podido convertirse  en una alternativa a la unidad del resto de los países de la región, que los superan  en base a sus políticas públicas inclusivas, sus estándares de desarrollo con mayor equidad social y sus indicadores promisorios de disminución de la pobreza y la exclusión social.
Si, como todo parece indicarlo, las elecciones de octubre le habrán de dar un holgado triunfo al presidente Chávez, se consoliderá entonces una tendencia en el Sur de América, que significará un nuevo avance del protagonismo de los pueblos y una complicación todavía mayor para los gendarmes universales.

La ocupación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido atraviesa casi dos siglos. Las formas que ha asumido ese avasallamiento emblemático del derecho internacional, se han ido modificando a través del tiempo, en consonancia con las diferentes lógicas imperiales de dominación, sus discursos y doctrinas. La última de esas prácticas, no solamente incluye la ocupación, la explotación predatoria de recursos naturales, la profanación del cementerio de Darwin (donde descansan soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas) y una creciente militarización de las islas, hasta transformarlas en una base estratégica de la OTAN , sino que también implican los intereses de la gran banca internacional. Efectivamente, las petroleras británicas han tenido el respaldo explícito y concreto de grandes entidades financieras en sus actividades extractivas, violatorias de resoluciones expresas de organismos internacionales. Según relata el corresponsal de RT Ignacio Jubilla,” entre los mayores accionistas de los trabajos de explotación en las islas Malvinas figuran los bancos estadounidenses Bear Stearns y JP Morgan, símbolo de la crisis de especulación en EE.UU., así como el banco suizo Credit Suisse y el banco británico Barclays”. “Hay ocho empresas y lo que se ve es que detrás de estas decisiones en buena parte se encuentran las entidades más importantes del sistema financiero, entre ellas Barclays, principal banco inglés que hace poco, durante el primer trimestre, fue sancionado con una multa millonaria por manipular las tasas Libor”, dijo a RT el periodista argentino Ignacio Chausis. “Actualmente, con autorización unilateral del Reino Unido, en las Malvinas operan ilegalmente tales empresas como Rockhopper, Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas, Argos Resources, Premier Oil y, en asociación con Rockhopper, la estadounidense Noble Energy”. Es previsible que las diferencias pudieran profundizarse a partir de la decisión soberana de Argentina de buscar petróleo en áreas colindantes a las islas, en un proyecto que coaliga a la recientemente recuperada YPF con la empresa estatal venezolana PDVSA. El emprendimiento conjunto, vale aclararlo, es absolutamente legítimo, se inscribe dentro de las más elementales normas del derecho internacional, expresa la potestad soberana de Argentina sobre su territorio, y únicamente podría ser controvertida desde una perspectiva colonial impensable en el siglo XXI. Semejante a la que el Reino Unido pone de manifiesto al amenazar a Ecuador por haber concedido asilo diplomático a Julián Assange.
El sistema internacional es un conjunto de normas y prácticas de interacción, vigente entre los actores internacionales, que abarca Estados, organismos y otras instituciones, ordenando, a través del conflicto, los interesas y las relaciones de fuerza o poder. Los actores del sistema internacional, además de los Estados, son los grupos subnacionales (por ejemplo, las minorías) o entidades análogas que luchan por su liberación ( naciones sin Estado o Estados en trance de formación), organismos interestatales internacionales, coaliciones o bloques de Estados (UE, G-20, CELAC, UNASUR), organizaciones de diversa índole (política, económica, religiosa) que operan transnacionalmente o que no tienen a gobiernos o sus representantes como miembros, conferencias internacionales, organizaciones internacionales no gubernamentales, el derecho internacional y sus organismos, estatutos y normas específicas. El sistema internacional, que abarca implicaciones políticas, económicas, militares, religiosas, históricas y filosóficas, donde la aparición del Estado-nación burgués impactó decisivamente sobre los sistemas de creencias y el sentido de pertenencia de los sujetos, funciona en base a los intereses permanentes de sus actores, articulando formas de relacionamiento asimétrico entre los mismos. Estas relaciones no son igualitarias, no han sido nunca democráticas, ni siquiera consensuales, pero no pueden dejar de mantenerse, por lo menos en lo inmediato. Expresan relaciones de fuerzas, formas de conflicto que se profundizan al proyectarse el capitalismo hacia su última fase imperialista, aunque su fundamento aparente sea la solidaridad, la paz, la convivencia pacífica, la seguridad y la armonía de los actores. La globalización dotó de una nueva razón de ser al sistema internacional, ya que la obligatoria interdependencia resignificó los motivos que le conferían sentido en la modernidad temprana, introduciendo alteraciones en los mapas políticos y en las nuevas alianzas que se correspondieron con la aparición de nuevos bloques y nuevos sujetos políticos que han demostrado, hasta ahora, una mejor capacidad de adaptación a la crisis internacional que los propios países hegemónicos. La aparición de estas naciones o grupos de naciones, tienen que coexistir con un sistema jerárquico, antidemocrático, que ha legitimado un estado de permanente excepción, como así también la imposición de normas y doctrinas compatibles con los intereses unilaterales de los poderosos, que se comportan como una suerte de gran gendarme universal. En ese contexto debe analizarse la relación entre el nuevo sistema internacional y la cuestión Malvinas.
El escritor, cineasta, analista y militante Tariq Ali cree que así como la globalización del capitalismo ha llevado la existencia de diferentes grupos sociales a los extremos, se impone una globalización de la democracia. Para demostrarlo analizó pormenorizadamente las expresiones de la protesta global contra el neoliberalismo.
El académico y cineasta paquistaní analiza que “América Latina es el único lugar del mundo donde está funcionando la democracia, dado que los gobiernos progresistas profundizan en derechos y libertades para la ciudadanía, que son hechos factuales y no desviaciones de un discurso semántico.
Tal es el caso de la concepción del Buen Vivir (Sumak Kausay) propiciado desde Ecuador, ante lo cual advierte que no debemos hacernos muchas ilusiones, “porque el Buen Vivir no le gusta (al imperio); no funciona con el modelo de los oligarcas”. Todo esto lo dijo en una entrevista con la Agencia Andes.
“Hay que quitarles (a los medios mercantiles y a la derecha política) la propiedad del concepto de libertad, y los Bolivarianos deben decir abiertamente que nuestra gente tiene más libertad que el resto”, comenta el paquistaní, historiador, director de cine y escritor, cuyo pensamiento de izquierda refresca nociones tradicionales, al ser indagado sobre el papel del capitalismo en el contexto actual.
“No les interesan los Derechos Humanos, ordenan al mundo mirar la televisión”, dice cuando reflexiona sobre la democracia: “el capitalismo y la democracia se están volviendo incompatibles” y considera que ningún gobierno de Europa o Estados Unidos ha hecho algo por el pueblo.
“La mentalidad neoliberal dice: dejemos que el mercado decida, pero usan al Estado para ayudar a los ricos”.
Para el intelectual de izquierda, autor de Bush en Babilonia: la reconciliación de Irak (2004), Estados Unidos hace gobiernos similares entre Demócratas y Republicanos, un suceso político que llama “Centro Extremista”.
“Obama relamente sigue las políticas de Bush”, comenta y añade que los indignados en España y Estados Unidos “odian a los políticos”.
Sin embargo nota que en Latinoamérica funciona la democracia: “en general la región está cambiando; Suramérica fue el primero en rechazar el neoliberalismo, que no es rechazado en Estados Unidos o en Europa”.
Sin embargo, para el otrora colaborador de The International Marxist Group, de Estados Unidos, “en México no dejan que la democracia suceda, igual que en Colombia, especialmente con Uribe”, reflexiona.
Luego repasa la crisis del sistema económico y social europeo, y se muestra preocupado porque “esta crisis ha revelado que Alemania es el Estado más fuerte y dice a los demás países qué hacer”.
En relación a la izquierda en el viejo continente, en cambio se muestra desencantado: “En Grecia había mayor resistencia cuando los movimientos sociales crearon un movimiento político (Zyrisa, del candidato Alexis Tsipras) en base al modelo suramericano, pero los medios atemorizaron a la gente. Les dijeron que si siguen a este partido joven no recibirán ayuda del resto de Europa, en ese país la izquierda stalinista se dedicó a atacar a Zyrisa y no a la derecha” (Original de http://www.diario-octubre.com/).
La policía cargó esta madrugada y disparó pelotas de goma contra manifestantes y transeuntes entorno a la medianoche, con el Congreso de los Diputados cercado por decenas de miles de personas que se concentraban en la zona en protesta por los recortes que se ha celebrado en Madrid. La protesta fue pacífica en todo momento, aunque cuando se dirigió al Congreso aumentó la tensión hasta producirse una primera carga policial. Los bomberos estaban en primera línea agrupados protegiendo a los manifestantes, aunque cuando uno de sus compañeros fue detenido decidieron retirarse para rebajar la tensión. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se repitieron por todo el centro de Madrid, lleno de barricadas por todas las calles. En la plaza Santa Ana también cargó la policía, que finalmente tomó la puerta del sol con un enorme número de efectivos y muchos manifestantes empezaron a dispersarse. El balance es de 6 detenidos y 26 heridos.Original de www.larepublica.es
Por Celso Amorim* - Hace siete años, cuando se hablaba de la necesidad de cambios en la geografía económica mundial o se decía que Brasil y otros países deberían desempeñar un papel más relevante en la Organización Mundial de Comercio (OMC) o integrarse de modo permanente el Consejo de Seguridad de la ONU, muchos reaccionaban con escepticismo. Desde entonces, el mundo y Brasil han cambiado a una velocidad acelerada, y algunas supuestas "verdades" del pasado se van rindiendo ante la evidencia de los hechos. Las diferencias en el ritmo de su crecimiento económico con relación a los países desarrollados han convertido a los países en vías de desarrollo en actores centrales de la economía mundial. La mayor capacidad de articulación Sur-Sur -en la OMC, en el FMI, en la ONU y en nuevas coaliciones, como el BRIC- eleva la voz de países que antes estaban relegados a una posición secundaria. Cuanto más hablan y cooperan entre sí los países en desarrollo, más son escuchados por los ricos. La reciente crisis financiera puso de manifiesto de manera aún más evidente el hecho de que el mundo ya no puede estar gobernado por un consorcio de pocos. Brasil ha intentado de forma osada desempeñar su papel en este nuevo escenario. Tras siete años y medio de Gobierno del presidente Lula, la visión que se tiene del país en el exterior es otra. Es innegable el peso cada vez mayor que Brasil, así como un grupo nuevo de países, tiene hoy en la discusión de los principales temas de la agenda internacional, desde el cambio climático al comercio, desde las finanzas a la paz y la seguridad. Esos países aportan una nueva forma de mirar los problemas del mundo y contribuyen a un nuevo equilibrio internacional. En el caso de Brasil, ese cambio de percepción se debió, en primer lugar, a la transformación de la realidad económica, social y política del país. Avances en los más variados rubros, desde el equilibrio macroeconómico hasta el rescate de la deuda social, hicieron un Brasil más estable y menos injusto. Las cualidades personales y el compromiso directo del presidente Lula en temas internacionales colaboraron para llevar la contribución brasileña a los principales debates internacionales. Brasil está desarrollando una política exterior abarcadora y proactiva. Buscamos construir coaliciones que vayan más allá de las alianzas y las relaciones tradicionales, a las que tratamos sin embargo de mantener y profundizar, como la formalización de la Relación Estratégica con la Unión Europea y del Diálogo Global con Estados Unidos. El elocuente crecimiento de nuestras exportaciones hacia los países en desarrollo y la creación de mecanismos de diálogo y concertación, como la UNASUR, el G-20 en la OMC, el Foro IBAS (India, Brasil y África del Sur) y el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) reflejaron esa política exterior universalista y libre de visiones pequeñas de lo que puede y debe ser la actuación de un país con las características de Brasil. La base de esa nueva política exterior fue la profundización de la integración sudamericana. Uno de los principales activos de que dispone Brasil en el escenario internacional es la convivencia armoniosa con sus vecinos, comenzando por la intensa relación que mantenemos con Argentina. El Gobierno del presidente Lula se ha empeñado, desde el primer día, en integrar el continente sudamericano por medio del comercio, de la infraestructura y del diálogo político. El Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina creó, en la práctica, una zona de libre comercio que abarca toda la América del Sur. La integración física del continente avanzó de una forma notable, incluida la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Nuestros esfuerzos para la creación de una comunidad sudamericana llevaron a la fundación de una nueva entidad: la Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR). Sobre las bases de una América del Sur más integrada, Brasil contribuyó en la creación de mecanismos de diálogo y cooperación con países de otras regiones, fundados en la percepción de que la realidad internacional ya no permite la marginalización del mundo en desarrollo. La formación del G-20 de la OMC, en la Reunión Ministerial de Cancún de 2003, marcó la madurez de los países del Sur, cambiando de forma definitiva el modelo de toma de decisión en las negociaciones comerciales. El IBAS respondió a los anhelos de concertación entre tres grandes democracias multiétnicas y multiculturales, que tienen mucho que decir al mundo en términos de afirmación de la tolerancia y de conciliación entre el desarrollo y la democracia. Además de la concertación política y de la cooperación entre los tres países, el IBAS se convirtió en un modelo para los proyectos en pro de naciones más pobres, demostrando, en la práctica, que la solidaridad no es un atributo exclusivo de los ricos. También lanzamos las cumbres de los países sudamericanos con los países africanos (ASA) y con los países árabes (ASPA). Construimos puentes y políticas entre regiones hasta ahora distantes unas de las otras, a despecho de sus complementariedades naturales. Esa aproximación política derivó en notables avances en las relaciones económicas. El comercio del Brasil con los países árabes se cuadruplicó en siete años. Con África se multiplicó por cinco y llegó a más de 26.000 millones de dólares, cifra esta superior a la del intercambio con socios tradicionales como Alemania y Japón. Estas nuevas coaliciones ayudan a cambiar el mundo. En el campo económico, la sustitución del G-7 por el G-20 como principal instancia de deliberación sobre los rumbos de la producción y de las finanzas internacionales es el reconocimiento de que las decisiones sobre la economía mundial carecían de legitimidad y eficacia sin la participación de los países emergentes. También en el terreno de la seguridad internacional, cuando Brasil y Turquía convencieron a Irán para que asumiera los compromisos previstos en la Declaración de Teherán, quedó demostrado que nuevas visiones y formas de actuar son necesarias para lidiar con temas tratados hasta entonces de forma exclusiva por los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de las resistencias iniciales a una iniciativa que nació fuera del cerrado club de las potencias nucleares, estamos seguros de que la dirección del diálogo allí señalada servirá de base para las futuras negociaciones y para la eventual solución de la cuestión. Una buena política externa exige prudencia. Pero también exige osadía. No puede basarse en la timidez o en el complejo de inferioridad. Es común escuchar que los países deben actuar de acuerdo con sus medios, lo que es casi una obviedad. Pero el mayor error es subestimarlos. A lo largo de estos casi ocho años, Brasil actuó con osadía y, al igual que otros países en desarrollo, cambió su lugar en el mundo. Esos países son vistos hoy, inclusive por los eventuales críticos, como actores a los que les tocan crecientes responsabilidades y un papel cada vez más central en las decisiones que afectan los destinos del planeta. *Celso Amorim es ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. En sección "Tribuna" de El País.
(Este artículo también fue publicado en www.diario-octubre.com). A pocas horas de haberse consumado un golpe de estado contra el Presidente Fernando Lugo, que pone de manifiesto la versatilidad de las nuevas estrategias imperiales de intervención en la región, la situación en Bolivia ha derivado hacia una preocupante coyuntura que reproduce, incluso en la velocidad con la que se despliegan estas acciones concertadas, algunos precedentes de intentos de quiebre institucional contra los gobiernos progresistas de América Latina. En este caso, es la policía boliviana la que, aupada en un pretendido reclamo salarial, pone en vilo a la propia institucionalidad, reproduciendo el protagonismo que también asumió la policía en Ecuador contra el presidente Correa. El Gobierno boliviano, a través de su Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, expresó hace pocas horas “su preocupación por la posibilidad de que se esté gestando un golpe de Estado en su contra, a instancias de la protesta de los policías que están amotinados desde el jueves y la llegada a La Paz la próxima semana de los nativos amazónicos que defienden el parque Tipnis”….”Dávila aludió así a los disturbios violentos en varias ciudades, sobre todo en La Paz, donde centenares de agentes saquearon el edificio donde funcionan la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la Policía, además de Interpol, y quemaron sus archivos”, advirtiendo que se estaba llegando a un escenario “muy preocupante”, según publica el diario catalán “La Vanguardia”[1]. Nos permitimos recordar lo que, en una entrevista que nos concediera hace algunos años, el premio Estocolmo de Criminología Eugenio Raúl Zaffaroni había manifestado, cuando nos respondía cuáles eran, a su entender, los instrumentos para acotar la violencia de los aparatos represivos del Estado en América Latina: “Primero, sería necesario jerarquizar a las policías y convertirlas en verdaderas policías comunitarias. El gran peligro de los aparatos de poder aquí no son los servicios de inteligencia, sino las policías comunes, que se autonomizan. De este modo reciben el poder que otrora era de las fuerzas armadas y comienzan a protagonizar golpes de estado. Si bien no asumen el poder, derrocan políticos cuando no les gustan (caso Rio de Janeiro, golpe interno en Plaza de Mayo en diciembre del año 2001). Sería necesario permitir que se sindicalicen para desarmar el poder de las cúpulas corruptas, terminar con la recaudación y las cajas y darles salarios y condiciones dignas de trabajo. En otro orden sería necesario reforzar la selección de los magistrados por concurso en toda la región y la autonomía de los poderes judiciales. Desde lo académico impulsar discursos realistas y no meramente tecnocráticos. Despertar la conciencia jurídica hacia la verdadera función de lo judicial, que es de contención y de vigilancia de las agencias ejecutivas”[2]. Llama la atención que el supuesto reclamo de los uniformados se haya planteado contra un gobierno que en los últimos seis años aumentó los salarios de la fuerza en un 46% y que durante el mismo período haya incrementado la masa salarial de esta agencia en más de un 100%. En rigor, la asonada de los uniformados debería leerse en clave de las últimas medidas adoptadas por Evo Morales, especialmente la expropiación decretada sobre el 99% de las acciones de la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE), hasta entonces pertenecientes a la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de la Red Eléctrica Española, acciones que pasaron a manos de la compañía eléctrica estatal ENDE. El anuncio de esa recuperación de una empresa fundamental para el Estado boliviano, se anunció dos semanas después de que el gobierno argentino expropiara a la española Repsol las acciones de la petrolera YPF, lo que arroja luz sobre ciertas coordenadas e identidades no siempre visibilizadas, en términos de poder real, al interior de nuestro Continente. “Este rumbo de recuperación de soberanía – publicó en su edición en español La Voz de Rusia- en sectores clave de la economía del país del altiplano, no le ha evitado al gobierno de Evo Morales críticas varias ni conflictos de otra índole. En efecto, el nuevo decreto fue comunicado a la población en el marco de airadas protestas de la Central Obrera, de una histórica huelga del sector de la salud y una nueva marcha de los indígenas del norte del país que protesta para evitar la construcción de una carretera en el parque Tipnis. En paralelo, no son pocas las críticas especializadas que indican que la política de nacionalizaciones en el sector hidrocarburífero se contradice con un reciente anuncio de redituables e innecesarios incentivos a las compañías extranjeras que operan en el sector. Todo ello aún cuando la captura de una buena parte de la renta energética ha sido destinada en estos años para distintos y muy necesarios programas sociales”[3] . Como se observa, la analogía con las reacciones de ciertas corporaciones en Argentina, frente a un anuncio de similares características, son llamativas, y ayudan a desnudar las contradicciones fundamentales que se agudizan en este singular momento de nuestra historia. Con la evidente complicidad imperial en todos los casos, los denominadores comunes de la reacción se visibilizan y permiten ser observados en su verdadera dimensión. En el caso paraguayo, la “amenaza” no concretada de una reforma agraria para remover una situación estructural donde menos del 3% de los propietarios poseen el 85% de las tierras, fue determinante para que políticos representantes del viejo orden se coaligaran en la cruzada golpista. A eso debe sumarse la debilidad institucional histórica, el poder del narcotráfico, el interés norteamericano por los enclaves militares en espacios estratégicos de extrema complejidad y la escasa organización popular dispuesta a defender organizadamente en las calles al presidente Lugo. La situación de Bolivia no es, por cierto, menos compleja. Al racismo desembozado de sus clases dominantes, hegemónicas en la denominada “medialuna” del país andino, que ponen en jaque la propia Constitución del nuevo Estado multicultural con sus renovados reclamos “autonómicos”, consolidada por la histórica influencia económica, política, cultural y militar de fascistas de distinto origen (descendientes de alemanes y croatas nazis, militares argentinos partícipes del genocidio, empresarios que fortalecieron una poderosa burguesía regional durante el gobierno del general Hugo Banzer), debe sumarse la incomprensión de ciertos sectores progresistas que terminan siendo funcionales a esta derecha brutal[4]. Argentina, por su parte, ha sido tal vez el país del MERCOSUR que, en los últimos años, ha producido las transformaciones más profundas en el marco de esta desfavorable relación de fuerzas. No debe asombrar, entonces, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de encarnar una referencia política inédita para el país a nivel internacional, haya sido objeto de virulentas y recurrentes tentativas desestabilizadoras, en las que intervinieron activamente sectores concentrados del capital, la poderosa patronal agraria, los medios de comunicación más influyentes -que diseñan a diario las más esmeradas operaciones de prensa de que se tenga memoria-, buena parte de la clase media urbana -que no ha acompañado la evolución de la conciencia política que han experimentado los sectores más dinámicos de la sociedad argentina-, segmentos autoritarios de la burocracia sindical, y los consabidos grupos minoritarios de izquierda, por primera vez en su historia, institucionalizados como necesarios para que el poder conservador corra, por diestra y siniestra, al gobierno popular.