Por M. Emilio Gutiérrez Guerrero

 

El Senado de Brasil aprobó por 61 votos a 20 la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, y puso así fin a 13 años de gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Es el tercer golpe a un gobierno de los denominados progresistas.

El primer caso fue en Honduras en 2008, por una vía más tradional, militar, con participación durecta del Departamento de Estado. El seguindo ocurrió en Paraguay en 2011, mediante un mecanismo similar al de Brasil, aunque más grosero, aberante: el "juicio" sólo duró 28 horas, con una masacre previa (la de campesinos en Curuguaty), convertida en pretexto o "casus belis". La participación del gobierno yanqui fue más indirecta, a través de la multinacional Monsanto y algunos asesores de la Embajada, pero no era necesario más. La debilidad social del gobierno de Fernando Lugo facilitó la tarea e hizo inneceraria una intervención mayor de Washington.

Esta de Brasil contra el Partido de los Trabajadores es la tercera derrota del progresismo por la vía del golpe institucional, parlamentario. La derrota en Argentina fue más simple: la derecha neoliberal ganó lo que el kirchnerismo perdió desde 2011.

Sin duda, que este retroceso político, o avance de la derecha, será aprovechado por la oposición venezolana para incentivar mañana su disputa con el gobierno de Nicolás Maduro, mediante una marcha que promete ser violenta, como casi todas las que protagonizó la derecha venezolana. Lo mismo vale para Bolivia.

La abarrotada jornada final del juicio político en la Cámara alta estuvo marcada por la tensión que hasta el último instante demoró y enredó la histórica sesión. Los senadores petistas pidieron que el impeachment se votara en dos cuestiones separadas: si Rousseff era culpable de los crímenes de responsabilidad de los que se la acusó y debía perder su cargo, y si, en consecuencia, debía ser inhabilitada para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo de ocho años.

La desesperada moción retardatoria de la defensa fue finalmente aceptada por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que presidió esta etapa del proceso contra Rousseff, una ex guerrillera de 68 años que se convirtió en la primera mujer presidenta de este país.

El magistrado llamó entonces a los legisladores a sufragar por medio del sistema electrónico que resultó en las sentencias definitivas al superar el umbral necesario de dos tercios del Senado, o sea 54 de sus 81 miembros, para su aprobación: por 61 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones, Rousseff fue hallada culpable de crímenes de responsabilidad y depuesta. Está pendiente la votación para definir si queda además inhabilitada para volver a ocupar funciones públicas por ocho años.
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En las próximas horas, en un breve acto en la Cámara de Diputados, será oficializado al frente del Palacio del Planalto el presidente en ejercicio, el ex vice Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que era el principal socio del PT hasta que la crisis política generada por la aguda recesión económica y las investigaciones de la red de corrupción en Petrobras pusieron fin a la alianza. La combinación de estos factores llevaron a que Rousseff perdiera la capacidad de gobernar.

"Brasil pasó por un período difícil de disputas políticas, pero la Constitución fue cumplida. Tras la separación de la presidenta, asume el vicepresidente, porque ese es su papel. No hay una crisis institucional", aseguró Temer al diario O Globo esta mañana.