"El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños." (Eduardo Galeano)

        Para entender el verdadero sentido y las singulares connotaciones de los ataques sistemáticos que el gobierno de Israel ha emprendido contra el pueblo palestino, y comprender la gravedad intrínseca de tales ofensas, no resulta ocioso revisar algunas normas del Derecho Internacional.
De esta manera, podremos advertir que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 prescribe, en su artículo  II que, para que se considere perpetrado este delito, la conducta deberá haber incluido “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 contempla una referencia similar en su artículo 6°: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
La especificidad de la exigencia que se impone en ambos textos respecto de que el autor haya tenido la intención de destruir a un grupo, por su condición de tal, no parece dejar, así, demasiado lugar a dudas. Esta  intencionalidad es, justamente, la que distingue el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad.
La intención especial, requerida como un elemento constitutivo del delito, exige que el perpetrador claramente pretenda llevar a cabo el acto del que se lo acusa. En definitiva, el componente subjetivo adicional en el delito de genocidio reside en la “intención de destruir, en forma total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religiosos como tal”.
 Estos elementos básicos que hacen a la descripción del más grave crimen contra la Humanidad, obligan a reflexionar sobre la matanza que el gobierno de Israel está ocasionando al pueblo palestino, y la necesidad urgente de que los organismos internacionales intervengan activamente para poner fin a la masacre.
       El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ya ha aclarado que los ataques mortales realizados en el marco del operativo eufemísticamente denominado "Borde Protector", que diera comienzo el pasado 7 de julio, continuarán "hasta que se restaure la paz y la calma", sin atender a la creciente presión internacional (Venezuela y Bolivia han roto relaciones diplomáticas con Israel en las últimas horas) frente a las dantescas consecuencias verificadas hasta el momento. Los bombardeos israelíes han causado la muerte de más de 120 civiles, de los cuales 22 son menores de edad.
 "Nosotros atacamos solo a integrantes de Hamas, en ocasiones dañando a civiles por casualidad y sin intención", ha admitido Netenyahu. Sin embargo, hasta la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció este viernes la escalada del conflicto en la Franja de Gaza y recordó a Israel que viola la ley internacional cuando bombardea áreas pobladas y especialmente viviendas.
           "Hemos recibido informes muy preocupantes que indican que la mayoría de las víctimas civiles, incluidos niños, ocurrieron como resultados de bombardeos sobre casas. Estos informes levantan muchas sospechas sobre si Israel cumple la ley internacional", dijo Pillay, citada en un comunicado.
          "Atacar las casas donde residen civiles es una violación de la ley humanitaria internacional a menos que esos hogares tengan un uso militar. En caso de dudas, edificios usados de forma ordinaria por civiles, como casas, no son un objetivo militar legítimo", advirtió la Alta Comisionada.
          "Incluso cuando se identifica que un hogar es usado con fines militares, cualquier ataque debe ser proporcionado, y se deben tomar todas las precauciones posibles", añadió la funcionaria.
         Pillay recordó que los bombardeos israelíes han causado la muerte de un centenar de palestinos, incluidos más de una veintena de niños en tan solo dos días y medio, según ha destacado la Agencia Telesur. Es decir que la propia ONU, ha señalado claramente en qué consistirían las "evidencias circunstanciales" que podrían llevar a inferir que los ataques israelís, además de configurara una clara infracción al Derecho Internacional, importen una práctica social de exterminio sobre un grupo social determinado. Es decir, un verdadero genocidio.
             Huelga  decir que subyace un justificado temor respecto de la suerte que podría correr esta práctica de aniquilamiento efectuada con desprecio sustancial por la vida, los bienes y otros derechos fundamentales de personas inocentes. Casi todos sospechan que la ofensa quedará impune, y que los propios países y organismos que integran la "Comunidad Internacional" poco y nada harán frente a un crimen brutal perpetrado por poderosos.
             Probablemente, una de las pocas voces que se alcen contra la masacre sean -como de ordinario ocurre- la de los tribunales de opinión, verdadera reserva ética del derecho internacional.