Por César Manzanos Bilbao (*)

En este comentario sobre la situación de las personas encarceladas a su salida de prisión, el autor expone las principales necesidades del ex-recluso, aporta datos referentes a estas necesidades extraídas de un estudio realizado en 1991, y ofrece algunas recomendaciones para afrontar con éxito la excarcelación

Tras la constatación del fracaso de los programas de «tratamiento penitenciario» vinculados a las ideologías de la resocialización penitenciaria que estuvieron de moda en los años 60 y 70 (Martinson R., 1974) y que comienzan a entrar en crisis en la década de los 80, se confirma la necesidad de plantear un modelo de ejecución penal fundamentado en la privación de libertad respetuoso con los derechos legalmente tipificados de las personas presas, con el fin de evitar lo más posible los efectos desocializadores de la reclusión, así como el plus de penosidad que supone el incumplimiento de las normas contenidas en la legislación sobre las condiciones en las que ha de ejecutarse esta pena. 

Así lo expresan las normas europeas mínimas del Consejo de Europa sobre trato a presos y detenidos de 1987, cuando plantean la necesidad de respetar los principios de mínima intervención y la idea de evitar la desocialización mediante el establecimiento de dispositivos para garantizar el cumplimiento de los derechos recogidos en la legislación. El primer reto con el que se encuentra una persona al salir de prisión es luchar contra los efectos de la prisionización, entendida como los efectos iatrogénicos y perniciosos que provoca la estancia en prisión y que son más intensos en función de muy diversos factores como por ejemplo el tiempo de estancia en prisión, el régimen de vida al que haya estado sometido, la edad de la persona encarcelada, la existencia de apoyos personales y/o familiares fuera de la prisión, la madurez psíquica de la persona así como su capacidad económica, etcétera. La cárcel ha supuesto un proceso de desidentificación personal y de reidentificación con valores y hábitos propios de la subcultura carcelaria que impone condiciones de vida anormalizadoras, característicos de una institución segregativa de exclusión social (Goffman E., 1984). La «clientela» habitual de la cárcel o, dicho de otro modo, la gran mayoría de las personas que son sancionadas con penas privativas de libertad, responden a un perfil sociológico bien definido. Efectivamente, entre el 70 % y 80 % de las personas encarceladas son reclutadas de entre los sectores socio-económicamente desfavorecidos, y están encarceladas por delitos menores contra la propiedad y contra la salud pública tales como robos y hurtos o tráfico a pequeña escala con drogas ilegalizadas (Manzanos C, 1991). Esto no quiere decir que la delincuencia sea patrimonio de la pobreza. Ni mucho menos. Tan sólo significa que en el proceso de selección de la delincuencia convencionalizada, en la construcción socio-penal del «problema del delito» podemos constatar la identificación de delincuencia, no sólo, pero si de un modo relevante, con pobreza (Manzanos C, 1991). Por lo tanto la existencia de problemas penales en los sectores sociales empobrecidos es una circunstancia que agrava aún más su situación objetiva y subjetiva de marginación social. Salir de la cárcel nunca ha sido fácil; hoy tampoco. Es una situación dura con grandes dificultades para la persona que ha pasado por prisión y que casi siempre se acompaña de un importante empobrecimiento y deterioro. No sólo se es pobre porque se entra y se sale sin dinero. Cuando se sale, la pobreza es además de ideas, de miras, de amigos. Es bastante frecuente salir con menos salud que se tenía al entrar. Es como si la condena no se limitase a privar de libertad; la condena debe enfermar al que pasa por una cárcel, debe quitarle la capacidad de comunicarse con otras personas, reducir al individuo hasta el punto que no se crea eso: individuo, persona, único, valioso, irrepetible (Ambit, 1997). La autoestima suele estar baja, muy baja, tan baja como para ver una montaña el mero hecho de acercarse a una oficina del INEM, ni muchísimo menos para intentar plantearse una entrevista para buscar trabajo. Preguntar a alguien por una calle o por un autobús pasa inevitablemente por una mirada acompañada de miedo, culpa y la inevitable pregunta: ¿se me notará que estuve allí? La cárcel, palabra cada día más en desuso, se ocupa de enseñar el miedo, inculcar muy adentro la idea de que el castigo es lo que merecías y mereces, que poco bueno se puede esperar de ti (Ambit, 1997). Sin embargo, resulta muchísimo más viable cambiar las condiciones de vida fuera de la prisión que dentro de ella, por eso, articular lugares, programas, recursos y, sobre todo, contar con personas cercanas que animen y apoyen a la persona en el difícil momento en que sale de la cárcel, es una forma muy eficaz y posible de conseguir luchar contra los efectos de las medidas penalizadoras que no hacen sino sangrar las heridas y sobre todo luchan para sortear las condiciones sociales y personales que le impiden llevar una vida en libertad con expectativas de futuro. 
1. PREPARACION DE LA SALIDA. El apoyo a las personas encarceladas, tiene sentido desde la perspectiva no de considerar la cárcel como un espacio resocializador, sino por el contrario como un lugar donde la desocialización y pérdida de sentido de la realidad exterior necesita de mecanismos y apoyo humano exterior que contribuya a que la salida de prisión no sea en unas condiciones tales, que por otra parte son las habituales, donde el abandono, la falta de ayuda y, en definitiva, el choque que supone la salida, siembren la semilla de un nuevo ingreso en prisión debido a la comisión de nuevos delitos. Antes de salir de prisión, interesa sacar las pertenencias y documentación: D.N.I., cartilla seguro, carné de conducir, etc., teniendo a punto los resguardos de las cosas depositadas al entrar, y en caso de que algo no aparezca, han de reclamarse. Es importante además tener los certificados y títulos de cursos, actividades, etc.; los papeles de juzgados, especialmente sentencias cumplidas y notificaciones de causas que se tengan en libertad como preventivo, el certificado de permanencia en prisión para el INEM y el certificado de cumplimiento de la condena (estos dos los dan al salir; si se sale en condicional, sólo darán el primero). Además, si se ha seguido un tratamiento que se necesita mantener fuera, es necesario pedir al médico los informes que facilitarán los trámites en el centro de salud u hospital. Lo mismo si se padece enfermedad crónica, para facilitar la tramitación de una minusvalía y posible pensión no contributiva. Por último también es importante recoger toda información o direcciones que se hayan conseguido durante el internamiento y que puedan ser útiles fuera. 
2. NECESIDADES BÁSICAS DE LA PERSONA PRESA A LA SALIDA DE PRISIÓN. Los datos e ideas que aquí exponemos están recogidos de las investigaciones empíricas que sobre la situación social de las personas presas y sus familias ha realizado y publicado quien suscribe este artículo (Manzanos C, 1991). En el momento de salir de prisión, tres necesidades son imprescindibles para disponer de las garantías mínimas de reintegración social. Estas tres cuestiones son fundamentales como indicadores de la situación personal y social que se va a encontrar la persona excarcelada: en primer lugar, tener a alguien esperándole a la salida (familia, pareja...); en segundo, disponer de una vivienda donde residir; y en tercer lugar, tener un trabajo para buscarse la vida por medios legales. En relación con nuestra población objeto de estudio obtenemos los siguientes datos: En primer lugar, la gran mayoría se encuentran en situación de desempleo al salir de prisión; es decir, que no han conseguido un trabajo con vistas a su reincorporación en la sociedad, ni a través de su familia, ni de las instancias penitenciarias responsables de este tipo de actividades tal y como lo establece tanto el mandato contenido en el art. 25.2 de la Constitución en relación con el derecho al trabajo y a los beneficios de la seguridad social —trabajo penitenciario entendido como dentro o fuera de la prisión— (De la Cuesta J.L., 1989), como en otros artículos de la legislación específicamente referidos a la responsabilidad de la administración de facilitar un trabajo como medida reinsertadora. Así el Reglamento Penitenciario actual, contempla en el caso de los liberados condicionales (hemos de tener en cuenta que la mayoría de los penados salen en libertad condicional) la obligación de la administración de «en caso de no disponerse de un puesto de trabajo, se indicarán las gestiones realizadas para encontrárselo». En segundo lugar, la mayoría disponen de vivienda y de alguien que les espera a la salida (normalmente su familia). Aproximadamente una de cada diez personas recluidas, no tienen vivienda a la salida, se encontrarán en la calle. Además, en parecidas proporciones, no tienen a nadie esperándoles, por tanto, estarán totalmente solas sin ningún apoyo familiar, afectivo o humano, teniendo que recurrir a las instituciones asistenciales de tipo privado o público. Por último, algunas personas salen de prisión hacia una situación de total abandono, cifra que es cada vez mayor puesto que es la situación que viven muchas de las personas presas procedentes de otros países, sobre todo del Sur y del Este. Se encuentran sin trabajo, sin vivienda y sin nadie esperándoles a la salida. Este es un colectivo, aunque bajo porcentualmente, relevante desde el punto de vista del deterioro de su situación social, y sobre todo, son personas sin posibilidades objetivas (laborales, económicas, afectivas) de eludir el reingreso en prisión. Prueba de ello es que muchas de estas personas cuentan con más de un ingreso y, en el caso de las personas extranjeras, son finalmente expulsadas. Hemos de preguntarnos: ¿cuáles son las condiciones positivas que pueden incidir para evitar el reingreso en prisión, y de este modo hacer efectiva la posibilidad de reintegración social? Las necesidades mayoritarias con vistas a la reinserción social, como condiciones imprescindibles para que el componente que ha sido acusado o sentenciado a una pena privativa de libertad no vuelva a reingresar en prisión, son las siguientes: — Necesidad de un trabajo (dimensión laboral): entendiendo como tal un trabajo que le aporte una estabilidad e independencia económica y una ocupación productiva de una parte de su tiempo. — Alguien con quien compartir su vida (dimensión socio-afectiva): es decir, tener la posibilidad de constituir una familia adquirida o simplemente establecer lazos afectivos estables y consistentes que contribuyan a su equilibrio psico-afectivo. — Tener dinero (dimensión económica): se refiere a la posibilidad de disponer de bienes y servicios para atender necesidades materiales básicas. — Apoyo familiar (dimensión familiar): supone el reforzamiento de los lazos con los miembros de su hogar ante las situaciones de desvinculación y conflicto que han deteriorado la vida familiar como núcleo de pertenencia y de referencia primario. — Dejar la droga (dimensión socio-sanitaria): entendiendo por tal la deshabituación en el consumo y dependencia de las llamadas drogas duras (heroína, cocaína...) y del alcohol. — Cambiar de grupo de relaciones primarias no familiares (dimensión ambiental): hace referencia a la inclusión en círculos de relación donde priman el tipo de actividades cotidianas vinculadas a la actividad delictiva o paradelictiva y al consumo de drogas (colegas drogodependientes, camellos, socios de «trabajos», etc.). — Alguien que le ayude a reconstruir su vida (dimensión educativa, terapéutica y asistencial): supone la necesidad de un apoyo personal, profesional o institucional mediante un tratamiento (educativo, médico, ocupacional, sicológico...) con vistas a llevar un programa integral de tipo rehabilitador que incida en la transformación de las coordenadas personales y sociales en las que se desarrolla su vida actual. Una vez enumeradas las necesidades, vamos a cuantificarlas y ordenarlas de mayor a menor frecuencia con el fin de establecer una jerarquía de prioridades en función del peso específico de cada una. Observemos a priori que todas ellas son necesidades que se dan en más de la mitad de la población. Las necesidades de primer orden para hacer efectivo el proceso de reinserción social, son fundamentalmente tres: Primero, la reintegración laboral es la necesidad más importante, vinculada a la posibilidad de desarrollar un trabajo estable, y de reunir previamente para ello las condiciones necesarias para hacerlo posible: disposición y expectativas de trabajar, entrenamiento y experiencia laboral, cualificación técnica y formación académica o profesional. El hecho de que esta población se vea afectada por la falta de acceso al mercado de trabajo, y este sea un problema fundamental tanto antes de ingresar como cuando salen de prisión, tiene su explicación en las propias funciones sociales del sistema punitivo penitenciario que se aplica —y trata de ser un mecanismo de inculcación de la disciplina social— a aquellos sectores sociales que no son disciplinados por otras vías como la fábrica, la escuela o la familia (Melossi D. y Pavarini M., 1987). Segundo, la recomposición familiar, manifestada como necesidad de apoyo familiar y por tanto como carencia de este apoyo, se nos presenta en casi las tres cuartas partes de la población encarcelada. Es un indicador que se decanta en el mismo sentido que una de las hipótesis básicas de esta investigación: la incidencia de la aplicación de penas de prisión en la desvinculación familiar. Las propias familias consideran necesario el apoyo familiar, bien por ser inexistente, habiéndose deteriorado las relaciones en el hogar, bien por considerar necesario un reforzamiento de los lazos dado que éstos se han debilitado durante el tiempo en que ha permanecido un familiar recluido. Tercero, el tratamiento socio-sanitario, relacionado con la necesidad de dejar las drogas, problema que afecta a las dos terceras partes de las familias. Supone una especial preocupación por la realidad específica de drogodependencias que afecta aproximadamente a las dos terceras partes de personas sobre las que recae la sanción privativa de libertad. Posteriormente, en un segundo plano destacan otras necesidades que aun siendo también de tipo instrumental como el trabajo, el apoyo familiar o la deshabituación a las drogas, son necesidades más específicas que suponen cambios más concretos en relación con la ausencia o presencia de determinadas figuras referenciales: pareja, grupo de relaciones primarias, «educadores» (psicólogos, médicos, asistentes sociales, terapeutas...). En cierto modo, estas personas y figuras profesionales son contempladas como medios o canales a través de los cuales van a obtener refuerzos positivos o negativos para conseguir solucionar algunos de los problemas de rango mayor (desempleo, drogodependencia, delincuencia, conflicto familiar, etc.). Por último, la dimensión económica, referente a tener dinero para afrontar las necesidades básicas es un problema que vivencian casi la mitad de las familias como condición para la reintegración social de su componente encarcelado, y en este sentido establecen una relación directa entre su situación de penuria económica y la comisión de hechos delictivos. No obstante, hemos de tener en cuenta que la penuria económica, en algunos casos, puede venir ocasionada por la carencia de dinero para afrontar los gastos derivados de problemas económicos añadidos que ocasiona la drogodependencia o el despilfarro económico, por citar dos ejemplos relevantes; pero en cualquier caso, esta última afirmación no se constata empíricamente, al menos en el caso de las drogodependencias, dentro del colectivo de presos drogodependientes que manifiestan la necesidad de dejar la droga como una de las condiciones para su reinserción social. En relación con estas dificultades con las que esperan encontrarse los presos a la salida, cabe destacar su paralelismo con los resultados obtenidos en las investigaciones de autores como B. Maelicke (1977). Este autor mide asimismo factores como el trabajo, la familia, la vivienda y la situación afectiva, con indicadores paralelos a los nuestros, obteniendo resultados similares.
3. NECESIDADES ACUMULADAS Y DIFICULTADES DE REINTEGRACIÓN SOCIAL. El proceso de reintegración social va a depender directamente del grado y formas de desarraigo social que se presenten en la vida del individuo. Ya hemos definido y caracterizado éstas en el apartado anterior, pero aún nos resta precisar la medida y evolución de éstas dificultades, consideradas hasta el momento de forma aislada. Se presentan en los mismos individuos y familias, y por tanto son además dificultades acumuladas. Lógicamente, a medida que un sujeto esté afectado por una sola de estas necesidades (trabajo, dejar las drogas...) su proceso de reintegración será mas fácil y su nivel de desarraigo menor. Por el contrario, una persona que presenta todas las necesidades y por tanto problemáticas apuntadas, presentará un alto grado de desarraigo social; su proceso de reintegración será mucho mas difícil, puesto que tanto su situación actual como las condiciones objetivas necesarias para la normalización de su vida social, son muy desfavorables. El dato general de partida es la existencia de una mayoría aplastante de personas que al salir de prisión plantean al menos una de las necesidades apuntadas para hacer posible su proceso de reintegración social y evitar el reingreso en prisión. Muy pocas manifiestan no tener ninguna de las necesidades anteriores y por tanto, su proceso de reinserción depende de otras consideraciones. No deja de resultar esclarecedor hacer explícitos los problemas sociales de las personas recluidas cuando salen de prisión para comprender la necesidad de crear condiciones exteriores al sujeto para hacer posible su reintegración social, entre las que posiblemente se encuentra la eliminación de la acción nociva de la estancia en prisión. Pero más que tratar de abarcar el total de factores que inciden en el desarraigo social o que concurren en la explicación total del hecho delictivo —cuestión ésta, por otra parte, altamente compleja—, vamos a centrarnos en las dificultades sociales de la persona para hacer posible su reintegración dentro de los parámetros de lo que se considera una «vida normalizada» desde un punto de vista laboral, económico, familiar o afectivo. Y estas dificultades van a ser mayores a medida que el proceso histórico personal y familiar ha llegado a cotas mayores de marginación, es decir, a medida que las necesidades objetivas para la reintegración se han acumulado. Hemos de tener en cuenta diversos aspectos si queremos evitar el reingreso en la cárcel, en función del grado de acumulación de los problemas que se le plantean al preso. Podemos distinguir tres grados de acumulación de necesidades que inciden en la posibilidad o no de reintegración al salir de prisión: 3.1. Sin dificultades exógenas para la reintegración La de aquellas familias que a la salida de prisión de su componente excarcelado se encuentran en condiciones objetivas óptimas para su reintegración: sin problema de drogodependencia, sin conflictos graves en el hogar, con un relativo equilibrio afectivo con el excarcelado, etc. Estas familias representan aproximadamente el 2,5 % del total. Son por tanto tan sólo una de cada cuarenta las personas que no tienen estos problemas de reintegración social a la salida. Estas personas únicamente tendrán que afrontar los problemas derivados de los efectos nocivos de la estancia en prisión (imagen social, choque psicológico que produce la salida, readaptación ambiental del familiar liberado... . 3.2. Condiciones favorables para la reintegración Nos referimos a aquellas personas que a la salida de la prisión únicamente están afectadas por una de las distintas situaciones problemáticas arriba consideradas; consecuentemente esto significa que las posibilidades para neutralizar y atender esa necesidad específica sean mucho mayores. En esta situación se encuentra entre un 5% y un 10% del total de personas excarceladas y, por tanto, es una situación que afecta a una de cada veinte familias. 3.3. Condiciones desfavorables para la reintegración Hemos tipificado en este apartado a aquellas familias del excarcelado donde 68 se presentan de forma acumulada tres situaciones problemáticas. En este sentido, suele ser frecuente que existan conjuntamente problemas de reintegración laboral, recomposición familiar o tratamiento socio-sanitario. A este grupo pertenecen entre el 20 % y el 25 % de las familias, es decir, una de cada cinco personas al salir de prisión. 3.4. Condiciones muy desfavorables para la reintegración Cuando presentan al salir de prisión un alto grado de acumulación de necesidades; este grupo se ve afectado por cuatro o más problemas. Este es un sector con condiciones objetivas de alto riesgo de reincidencia dada la presencia de una gran multiplicidad de factores de desarraigo. Representan alrededor del 70 % de la población y son por tanto dos de cada tres personas que salen de prisión. Las situaciones más frecuentes son las dificultades de trabajo, de apoyo familiar, drogodependencias y los problemas afectivos o de relaciones primarias. Resulta especialmente interesante profundizar en la relación existente entre el número de ingresos en prisión y la acumulación de necesidades a la salida de prisión. Dos de cada tres hogares, son familias cuyo componente encarcelado ha ingresado al menos dos veces en prisión. Observamos también cómo a medida que aumenta el número de ingresos, lo hace el número de necesidades acumuladas a la salida de prisión. Parece existir una relación significativa entre número de ingresos y acumulación de necesidades a la salida de prisión. Podemos sugerir que la aplicación reiterativa de penas de prisión, incide negativamente en las posibilidades o condiciones objetivas necesarias para la reintegración social, siendo la privación temporal de la vida social en el exterior un factor de desarraigo a la salida. 
4. CRONIFICACION DEL DESARRAIGO A LA SALIDA DE PRISION. Todos los factores condicionantes anteriormente apuntados provocan la falta de posibilidades reales de realizar una actividad laboral a la salida de prisión y, además, van creando en la persona una serie de predisposiciones y actitudes subjetivas contrarias a su integración laboral. Estas se caracterizan por la progresiva pérdida de expectativas de encontrar un trabajo y de disposición a realizar estudios académicos o de formación profesional. Sobre la problemática de reintegración laboral, apunta R. Bonal (1985: 319): «La situación laboral del exrecluso, viene determinada por una fuerte inestabilidad personal y social; la estancia en prisión lo ha sometido a una forma de ser tal que, en cierta forma, lo incapacita para asumir una disciplina laboral con regularidad y una débil búsqueda personal de seguridad a través de la misma actividad laboral». Las predisposiciones influyen en gran medida en la falta de experiencia normalizada de trabajo estable que, según se cronifica, es un elemento crucial de reproducción de la delincuencia, pues trae consigo, como forma de vida, la introducción, o si ya participaba, la inclusión cada vez mayor en las redes de economía marginal de tipo delictivo. Introducción en calidad de mano de obra, no en puestos de privilegio en las mismas. Como «trabajador», no como «capital» o como «contratante». Nuevamente la implicación en actividades ilegales perseguidas por la maquinaria del control formal y, más específicamente, el carácter selectivo de la persecución policial y penal, que controla especialmente a aquellos sujetos con ficha y antecedentes policiales y penales, contribuye a que estos jóvenes sean reabsorbidos una y otra vez por los sistemas del control policial y penal y, en consecuencia, reingresen en prisión. Los aparatos de control social directamente coercitivos, consiguen además inculcar al sujeto el rol social de «delincuente» mediante las modernas técnicas propias de la aplicación de las teorías conductistas en la organización de los sistemas de control, de entre los que destaca la prisión (Cohen S., 1988: 208 y ss). Aquí se cierra el circuito de reproducción tanto objetiva como subjetiva de la marginación laboral criminalizada. Objetiva, por el conjunto de circunstancias apuntadas que concurren. Subjetiva, porque el propio individuo es víctima de la instrumentalización social de su papel de delincuente, y se comporta como el personaje que se le ha asignado en la sociedad.  

BIBLIOGRAFIA:

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COHEN, S.: Visiones de Control Social, 1988, PPU, Barcelona. 

DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L.: «Respetar los Derechos Humanos de los Presos: un camino hacia la transformación de la cárcel. El derecho de los presos al trabajo y a la seguridad social», Jornadas sobre Alternativas a la cárcel, 1989, Asociación «Salhaketa», Vitoria. 

GOFFMAN, E.: Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, 1984, Amorrortu. 

MAELICKE, B.: Entlassung und Resozialisierung, 1977, Heidelberg.


 MANZANOS, C: Cárcel y Marginación social, 1991, Gakoa, San Sebastián. 

MARTINSON, R.: «What works? -questions and answers about prison reform», The Public Interest, 1974 Spring. 

MELOSSI, D. Y PAVARINI, M.: Cárcel y Fábrica. Los orígenes del Sistema Penitenciario (siglos XVI-XIX), 1987, Siglo XXI, México.

(*) Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad del País Vasco. El artículo se encuentra disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=231744