El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), ligado a los “Tribunales Russell” desde antes de su constitución operada en 1979, está integrado por caracterizados y reconocidos miembros del campo político, académico, literario, científico y artístico que son designados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, y su objetivo y razón de ser estriba en caracterizar desde el punto de vista jurídico y visibilizar aquellas situaciones que implican violaciones de los derechos fundamentales de la humanidad, que no han sido atendidas por las instancias institucionales nacionales e internacionales1.

El Tribunal Permanente de los Pueblos “es un tribunal de opinión internacional, independiente de cualquier autoridad estatal. Examina casos relativos a violaciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos” (…) “Las demandas vistas por el Tribunal son presentadas por las víctimas o por grupos o individuos que las representan. El PPT convoca a todas las partes afectadas y ofrece a los defendidos la posibilidad de que sus propios argumentos sean escuchados. El Jurado es seleccionado para cada caso combinando miembros que pertenecen a un listado permanente de miembros del jurado e individuos que son reconocidos por su competencia e integridad. Desde junio de 1979 al presente el PPT el tribunal ha celebrado unas 40 sesiones, cuyos resultados y juicios están disponibles en www.internazionaleleliobasso.it”2.

De alguna manera, se puede decir que este tribunal representa la conciencia ética de los pueblos en su lucha contra un sistema global expoliatorio, concentrador de la riqueza, profundamente injusto y depredador de los recursos naturales del conjunto de la Humanidad.

El Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó primeramente en Bolonia, Italia, a partir del 23 de junio de 1979. Desde ese momento y hasta abril de 1984, el Tribunal dictaminó respecto de dos situaciones de manera consultiva, vinculadas al Sahara occidental y Eritrea, desarrollando luego sesiones sucesivas en Argentina, Filipinas, El Salvador, Afganistán, Timor Oriental y Guatemala, clausurándose las mismas en Madrid en 1984, donde los 35 miembros discutieron nada más y nada menos que la cuestión del genocidio armenio. Entre los días 13 y 16 de abril de 1984, se llevó a cabo una sesión especial en Madrid para investigar el genocidio armenio3.

El panel de 35 miembros de este Tribunal estaba compuesto por tres premios nobel (Sean MacBride, Adolfo Pérez Esquivel y George Wald), diez juristas reconocidos, académicos e intachables figuras políticas, que dictaminaron declarando culpable al Estado turco por las prácticas sociales genocidas llevadas a cabo en contra del pueblo armenio4.

La última sesión del Tribunal se llevó a cabo, también en Madrid, en mayo de 2010, y en febrero de este mismo año produjo notables conclusiones en torno a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas en Sri Lanka5.

Desde su conformación, el Tribunal Permanente de los Pueblos se ha reunido en más de 40 oportunidades para juzgar hechos ocurridos en los más diversos países de la tierra6.

A lo largo de ese extenso recorrido, el Tribunal ha propendido a la defensa de los derechos humanos, con juzgamientos simbólicos de situaciones que incluyen desde casos de genocidios y delitos de lesa humanidad hasta el manejo de las finanzas internacionales por parte de instituciones cuyas recetas regresivas (y recesivas) han causado verdaderas calamidades y tragedias sociales, situaciones de intervenciones armadas y agresiones al medio ambiente7.

En este momento, y desde unos años a esta parte, el TPP ha hecho especial hincapié en acciones sustanciadas contra empresas multinacionales, sobre todo por los devastadores efectos de sus actividades en América Latina8.

Según se señala en documentos del propio Tribunal “Con los Tribunales Permanentes de los Pueblos se pretende contribuir a la construcción de una solidaridad de ida y vuelta entre los hombres y las mujeres del Norte y del Sur. Y es que las sesiones son rigurosas, estudian los hechos, analizan las declaraciones y los testimonios... pero no son neutrales, ya que apuestan por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por la defensa de los derechos de las mayorías. A través de la utilización de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder, y empleando las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos, amparan a quienes son castigados y desahuciados por la impunidad con la que actúan las compañías multinacionales. En definitiva, son una forma de globalizar la solidaridad, pues nos sirven para coordinar las luchas y las denuncias”. (…) “Por lo tanto, las redes de solidaridad, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales tenemos así otra herramienta para globalizar nuestras luchas y derribar sus muros, ya que ir ganando estas pequeñas batallas contra las empresas multinacionales es seguir avanzando poco a poco en la construcción de otro modelo de sociedad. Por eso, ojalá que las próximas ediciones de los Tribunales Permanente de los Pueblos -donde lo deseable sería que los comités de empresa de Repsol, del BBVA, de Iberdrola o de Telefónica se hubieran sumado a esta lucha- sean, sobre todo, un lugar donde podamos encontrarnos todos y todas para continuar con la resistencia frente al poder de las empresas transnacionales”9.