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En
las cárceles argentinas se encuentran alojadas una gran cantidad de personas, que
evidencian una situación de objetiva indefensión y vulnerabilidad en virtud del padecimiento de
distintos tipos y diferentes grados de discapacidad mental. Tantas, que no
sabemos, a ciencia cierta, cuántas son.
Lo
que sí sabemos, es que este fenómeno supone una violación manifiesta de
derechos humanos, respecto de una multitud de ciudadanos que padecen este tipo
de discapacidades, a las que el Estado, además, revictimiza con el encierro y
la violencia institucional más brutal.
Esto
es particularmente paradójico en un país como Argentina, que no solamente ha
dado pasos de inédita trascendencia en materia de DDHH, sino que además ha
suscripto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y
llevado adelante una política consistente y consecuente en la materia.
La
propia Convención, vale recordarlo, destaca que la discapacidad es un concepto
evolutivo y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la
necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con
discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, y advierte
la vigencia de situaciones que vulneran sus derechos humanos en todas las
partes del mundo.
Tanto
es ello así, que muchos países han arbitrado políticas públicas y
estrategias tendientes a atenuar los procesos vergonzantes de afectación de
derechos de los discapacitados en las cárceles. Podemos recorrer algunas de las experiencias producidas en España, luego de sancionada la Convención.
Una
de ellas, por ejemplo, es la Guía de Intervención para personas con Discapacidad afectas al
Régimen Penal Penitenciario, en España[1].
Por
su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, destaca de manera
enfática: “Podemos afirmar, sin exagerar lo más mínimo, que tras la desaparición
de los “manicomios” en los años 80, las personas allí tratadas han ido
engrosando las estadísticas penitenciarias, convirtiéndose las cárceles en
nuevos almacenes de enfermos mentales. Eso sí, en las prisiones ni se les
trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrase en la
sociedad. La penalización de los enfermos mentales y su encarcelación como
única forma de asegurar la seguridad colectiva, cumple hoy la labor de limpieza
social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron en el estado totalitario.
Algo que debería ser objeto de profunda reflexión”[2].
En
las Jornadas Estatales sobre atención a Personas con Discapacidad intelectual
en Centros Penitenciarios (Sevilla, 2007)[3]
se ha entendido, en consonancia con el espíritu de la Convención, que “Las
últimas tendencias muestran un interés específico para que, en los supuestos de
delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual, dadas sus
características, que los hacen más vulnerables y con especiales dificultades,
éstas puedan no entrar en prisión, aun no concurriendo una eximente”.
“Para ello se propone la creación de un banco de recursos que evite
el internamiento, y la generación de programas sociales como medidas
sustitutivas al ingreso en prisión”.
Como vemos, la situación en España concita una
preocupación real. La situación, en rigor, así lo amerita: “La comunidad
científica considera unánimante que el ambiente penitenciario no es apto para
personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. Al
menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad
mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental".
Como ponen de manifiesto los datos analizados para realizar este reportaje,
cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica
que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros
penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de25.000
casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española
tiene que atender, en un año, a más de 420 casos de este tipo como promedio. Instituciones
Penitenciarias no conoce
exactamente cuántos enfermos mentales hay en
las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados
inimputables. Manuel Arroyo Cobo, subdirector general de Coordinación de
Sanidad en Instituciones Penitenciarias, ha reconocido este hecho: "Los
datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemológicos
disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de
errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al
olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental”[4].
Ahora bien, hecha esta
breve recorrida, y más allá de los programas y demás herramientas estatales que
en los últimos años ha desplegado la Argentina, insistimos que se desconoce la
magnitud del problema, que psiquiatras y jueces siguen ignorando la condición
de discapacidad de una masa indeterminada de presos, que esas personas son
doblemente victimizadas, su cautiverio constituye una forma iatrogénica de
agravamiento de sus condiciones de detención, y una flagrante violación a la
letra de la Convención y el paradigma de la Constitución.
Por si esto fuera poco,
muchas de estas personas terminan libradas al poder unilateral y omnímodo de
una fuerza militarizada que ha hecho pocos o ningún esfuerzo para
democratizarse durante los últimos 30 años de estabilidad institucional. Otros, los menos afortunados, son extraditados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, sin visitas,
abordajes efectivos y respeto de los derechos que la propia normativa
internacional e interna le garantizan.
Si esto fuera
efectivamente así, qué duda podría quedar que se está frente a una práctica
sistemática de persecución, degradación y exterminio de uno de los sectores más
vulnerables de la sociedad? Por ende, correspondería indagar también si las agencias estatales argentinas son conscientes de su responsabilidad.
[2] “Enfermos mentales en las
prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad del bienestar”, Informe de
febrero de 2007, disponible en http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1374
[4] El Confidencial, edición digital del 22 de julio de 2013,
disponible en http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013/07/07/enfermos-mentales-invisibles-tras-las-rejas-124423
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Así como están, probablemente, para nada. Quizás para ratificar el poder simbólico del positivismo decimonónico, profundizar la discriminación y acompañar un sistema de creencias sociales compatible con separaciones cada vez más rígidas entre lo permitido y lo prohibido, entre lo público y lo privado. La lógica regresiva del capitalismo hecho códigos. Cualquiera que lea el Código de Faltas de la Provincia de La Pampa (el mismo que promueve la "represión judicial" de los infractores, mantiene un esquema inquisitivo, acepta la publicidad de los juicios a menos que "motivos de moralidad u orden público aconsejaren lo contrario", )seguramente coincidirá, no sin demasiado esfuerzo, con estas apreciaciones iniciales.
Nuestra legislación viene precedida de fetiches y especulaciones ficticias, y por eso incurre en excesos casuísticos, errores de técnica legislativa relevantes y violaciones constitucionales múltiples.
La historia reciente de estos códigos en el país, remite inexorablemente a una norma de convivencia que rigió para la CABA, y que llevaba la impronta inconfundible y superadora del pensamiento zaffaroniano.
Puesto a pensar en qué postular para sortear las gramáticas increíbles de nuestros catálogos contravencionales, puedo reflexionar apresuradamente en la necesidad de impulsar reformas que impliquen la modificación integral de estos viejos esquemas, por sistemas superadores de composición y restauración ante las "faltas y contravenciones", mediante procedimientos más ágiles, profundamente ajustados al paradigma de la Constitución. Esto implica desarraigar el fetiche de que los Juzgados de Faltas se justifican porque las pequeñas contravenciones constituyen la antesala o la escala previa para la comisión de los más graves delitos y sustituirlo por el paradigma de la responsabilidad social para la convivencia armónica y pacífica. Esa especulación, que carece de la más mínima verificación empírica, se ha incorporado al módico arsenal discursivo de los estados y no hace más que contribuir a la profundización de la violencia estatal (y por ende, social), en situaciones donde el avenimiento, la composición y la restauración frente a estas situaciones problemáticas, implicaría un salto de calidad institucional y una alternativa superadora de convivencia democrática. Esos nuevos modelos (que no son un patrimonio exclusivo de los argentinos: el Ayuntamiento de Barcelona acaba de multar con 180 euros a un indigente por dormir en la vía pública, en una respuesta propia del predominio político neoconervador) , deberían contar con el protagonismo activo y directo de los municipios y las comunidades, con quienes sería deseable establecer acuerdos formales para la puesta en práctica focalizada de estas estrategias, de conformidad con las problemáticas que acontezcan en cada localidad. Resulta difícil concebir,a esta altura, la existencia de códigos como el nuestro, que penalizan con multa de hasta treinta (30) días o arresto de hasta diez (10) días a los empresarios y directores de entidades deportivas cuando en un match o justa sustituyan a los atletas o jugadores que por renombre puedan determinar la asistencia del público, sin hacerlo saber con la debida antelación y a los que perturben el orden de las filas formadas para la adquisición de las entradas o para el ingreso al lugar donde se desarrollará el espectáculo deportivo o su egreso.
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Entre las funciones simbólicas de la cárcel, podemos incluir seguramente
la reproducción de sensaciones públicas respecto del delito.
La Encuesta de
Seguridad Pública de Cataluña correspondiente al año 2002, revelaba que un alto
porcentaje de los encuestados decía sentir preocupación por la mayor cantidad
de personas en prisión.
No es necesario
tomar en cuenta referencias tan lejanas para comenzar a indagar a la cárcel
como productora y reproductora de inseguridad.
En realidad,
pareciera que no hay estudios de este tipo en el país en su conjunto, pese a la
indudable importancia de los mismos al momento de articular políticas públicas.
En este caso, solamente
hemos registrado opiniones, apelaciones al imaginario, invocaciones genéricas o
afirmaciones en cualquier sentido, que no remiten a investigaciones
etnográficas previas, y que seguramente deberán complementarse y actualizarse
dialécticamente con exploraciones análogas a futuro.
* “Coca” es jubilada de la administración
pública Provincial. Vive en una vivienda ubicada a unos cincuenta metros de la Unidad Penitenciaria
N° 9, de la ciudad de La
Plata. El barrio que circunda el penal muestra una
homogeneidad que se resiente únicamente tras los muros que dan a la calle….Se
trata de un colectivo densamente poblado, de casas bajas. Se advierte que los
niños juegan solos en la vereda, muchos autos particulares son dejados todas
las noches en la calle por los vecinos, y a 100 metros de los muros
nadie podría suponer, a priori, que en medio del lugar se halla enclavada una
cárcel. Frente a la misma, un pequeño local comercial que expende vituallas,
tiene colgado un cartel de cartón escrito a mano que promociona viajes desde y
hacia el conurbano para los familiares de los reclusos. En los alrededores del
edificio, coexisten las pintadas contra el SPB y las de “La 22”, la barra de Gimnasia y
Esgrima La Plata.
Encontramos a Coca
en una esquina, mi compañero se presentó brevemente, le explicó que estábamos
llevando a cabo una investigación (en verdad, durante ese primer día nuestro
objetivo era únicamente recorrer y conocer el lugar), y nuestra respectivas
profesiones.
Nuestra
entrevistada se muestra dispuesta al diálogo, y hasta muy avanzada la
conversación no atina a preguntar, en detalle, quiénes somos y qué hacemos.
Dice que la presencia cercana de la prisión no le da mayor seguridad, porque “inseguridad hay en todos lados”, que a
ella “gracias a Dios” nunca le pasó
nada, pero sabe que a un comerciante de la zona le han robado
tres veces. Que esos negocios son lugares adonde van los familiares de
los reclusos en los días de visita y también los penitenciarios. No se explica
cómo habiendo personal en los muros nadie hace nada para impedir esos robos. Es
interesante esta primera asimilación que hace entre las fuerzas de seguridad,
que en principio podría a nosotros parecernos indiscriminada, pero es evidente
que a ella los guardias del servicio le remiten a la obligación de proveer
seguridad.
La silueta de la
cárcel le resulta indiferente, la tiene totalmente incorporada y -desde sus
intuiciones- no encuentra mayores diferencias entre la prisión y - por ejemplo-
“un colegio” situado en las
inmediaciones. Es decir que, desde lo simbólico, la arquitectura penitenciaria
no modifica en absoluto ni sus percepciones ni sus rutinas.
Sí, en cambio, y en
un quiebre muy notable -el primero- destaca que no transita por 76 ni por el
lugar por donde ingresan internos, porque “una vez venía con su nietito y pasó cerca de un micro que transportaba
internos y las voces que escuchó le dieron mucho miedo”: “adónde nos llevan!”, escuchó entre
otras cosas en esa oportunidad. Relata que atinó a taparle los oídos al niños,
“porque era muy chiquito”, y “para que no escuchara esas cosas”.
En una oportunidad,
cuando el pequeño le preguntó “qué era eso”, refiriéndose a la cárcel, cuenta
que le contestó: “ese es un lugar donde están
todas las personas malas”.
En este tramo del
diálogo se advierte una tendencia a unificar y ratificar su distancia -también-
hacia los familiares de los internos “por los problemas que esa gente debe
tener”.
Lo que sí admite,
es que por las noches, desde el baño de su casa, se escuchan ruidos de portones
o puertas que se cierran en la cárcel y eso “le da impresión”.
Que tuvo mucho temor, ella y su familia, durante sendos motines que hubo
ya hace muchos años. Incluso, en una de esas oportunidades, se fue a vivir a la
casa de un familiar mientras duró esa incidencia.
Que “al barrio lo
hicieron los vecinos”, ya que vinieron “cuando la cárcel ya estaba construida.
Coca hace 40 años que vive en la misma casa
y se empeña en demostrar que conoce a todos los vecinos del lugar. Cree
que si uno se decidió a vivir en el barrio existiendo ya el presidio, “no puede
decir que tiene miedo”.
Sin que se le preguntara dice que cuando sintieron un miedo único, e
irrepetible, fue durante la época de la dictadura, ya que veía cómo trasladaban
a la Unidad a
los presos políticos, veía a los helicópteros que pasaban a baja altura, los
soldados que gritaban.
A lo largo de toda
la entrevista se nota una suerte de desagregación entre sus reflexiones sobre
la prisión en sí, a la que naturaliza y hasta subalterniza (“cuando paso por ahí en el auto es como si pasara por
cualquier otro edificio”), y sus sensaciones cuando “humaniza” la
cárcel. Los ruidos nocturnos, las voces de
los internos, los robos a un comerciante cercano, los motines, la presencia de
los familiares de los presos, y sobre todo la represión ilegal durante el
proceso, le resultan datos significativos, que relata espontáneamente.
En síntesis, no es tanto el muro desde lo simbólico cuanto la dinámica
carcelaria, la aproximación a “lo humano” de la misma, lo que la moviliza y le
hace experimentar temor o “impresión”, según el caso.
* A pocos metros de la Unidad 9, sobre la calle
que desemboca en la propia entrada del penal, durante el inicio de nuestra
segunda jornada en el campo nos encontramos con un vecino, al que llamaremos
“N”, ya que no atinamos a preguntar su nombre. Cuando lo vimos, apoyado a media
mañana sobre un tapial de una casa de aspecto humilde y algo antiguo, carente
de rejas u otras barreras protectivas, decidimos aproximarnos a él y de
inmediato presentarnos. Le proporcionamos nuestros nombres, nuestras
respectivas profesiones y el objetivo de nuestra visita. Se trataba de un
hombre robusto, mayor adulto, de actitud melancólica aunque ciertamente amable
y dispuesta. Nos tendió la mano de manera solícita y comenzó a hablar él mismo,
de forma espontánea. Contó que hacía cincuenta y tres años que vivía en la
misma casa. Que cuando llegó al barrio la cárcel todavía no estaba construida.
Que el barrio es muy tranquilo, que la cárcel no le ocasiona ningún problema.
El único episodio en contrario que recuerda es una revuelta “cuando se habían
levantado todos los presos de todas las cárceles”, que no ubica ni precisa en
el tiempo, aunque refiere que pasó “hace mucho”. Que tampoco se siente más
seguro por la presencia de los guardias, porque “quien tiene la función de
darnos seguridad es la policía y no el Servicio Penitenciario”, en una
exhibición de clara delimitación de roles institucionales. Que sabe que a un
comerciante que tiene un quiosco a la vuelta, en la esquina, lo han robado
cuatro veces (se trataba del mismo comercio al que hacía referencia Coca). Que
los días de visita los familiares dejan sus vehículos cerca de su casa, pero
que eso no le ocasiona ningún inconveniente, ni le causa ninguna prevención.
Que los demás robos que conoce por mentas en el barrio - nombra el caso de un
medidor de gas de un vecino- son producto del accionar de jóvenes que ubica
como provenientes de un barrio cadenciado cercano (en rigor, dice inicialmente
“villa”), pero no los vincula con los familiares. No menciona haber sido él
víctima de un delito. Que no escucha ruidos del interior de la cárcel. Que
entró a la cárcel en una sola oportunidad, “cuando era chico”, hasta la oficina
de ingresos, a traer o llevar pan, pero nunca más.
Nos cuenta que
desde hace más de un año está sin trabajo, que no consigue nada. Que durante
mucho tiempo manejó camiones y últimamente taxis. Que en la última oportunidad
en que fue a renovar el carnet no pasó el examen psicofísico y le dijeron que
lo iban a llamar para hacerle una junta médica. Luce muy preocupado, triste,
por esta situación. Dice que en varias oportunidades fue nuevamente a averiguar
sobre su situación y no obtuvo respuestas (“me tuvieron a las vueltas más de un
año”).
* A cincuenta metros de la Unidad tiene su negocio de
venta de productos de limpieza y plásticos varios Jorge, un señor de más de 50
años, que vive fuera del barrio pero hace ya algunos años que ejerce el
comercio en esa zona (conociendo la existencia de la cárcel). Ingresamos al
local, nos presentamos y le dijimos cuál era nuestro objetivo. Desde el inicio,
la conversación fue sumamente amena (tal vez, porque mencionamos que
proveniamos del Ministerio de Justicia; luego nos diría que sus hijos están
vinculados al ámbito judicial), y nuestro entrevistado fue proporcionando una
cantidad de datos que intentaremos consignar.
Nos dice que él
conoce que gente del barrio tiene prevenciones respecto de la cárcel, pero que
no es su caso. Destaca inicialmente la presencia masiva de familiares durante
los días de visitas al penal.
Muchas de esas personas,
a las que califica de “cascarrabias” o “mal llevadas”, por sus modales, pasan a
comprar algún producto de limpieza para llevar a los internos. Dice que se da
cuenta, por el aspecto, que no son gente del ambiente. Que si bien “a estos
tipos dan ganas de agarrarlos del cogote” (la referencia, aunque explícita, no
parece sino figurada), “debe ser muy triste estar ahí”, o “tener un hijo ahí”.
La noción de “hijo” se reitera en varios de sus aportes. Nos cuenta que tiene
dos hijos profesionales, exitosos. Que para él, “la cárcel es un mundo aparte”.
“Que, por supuesto, si pudiera evitar que esa gente pasara por ahí, mucho
mejor”. Hay una circunstancia interesante que relata, que tiene que ver con la
forma que los familiares utilizan para llevarse las tortas que los reclusos les
preparan. “Las llevan en la mano, como un trofeo”. En todos estos años
“solamente dos personas le pidieron cajas para guardar las tortas. El resto,
sube a los micros que los llevan de vuelta con las tortas en la mano”. “Los
micros”, son los ómnibus que, según nos cuenta, llevan a los familiares al
conurbano.
Respecto de la
inseguridad en el barrio, cuenta -también él- que conoce a un comerciante de la
zona, que tiene un kiosco, al que lo robaron varias veces.
* En la tercera oportunidad en que
salimos a caminar las zonas aledañas a la Unidad 9, elegimos a una señora mayor que
transitaba en dirección opuesta a la nuestra, con una bolsa vacía de
mercaderías en la mano, sobre la vereda en la que se encuentra la entrada
principal del penal. Parecía ir de compras por el barrio. Nos aproximamos a
ella, nos presentamos en la misma forma en que lo veníamos haciendo, y le
intentamos explicar nuestro cometido. Ella se ve como incómoda, en ningún
momento sostiene la mirada, balbucea algo así como “yo nunca tuve problemas
acá”, y se tiende a alejar. La saludamos, le agradecemos, y continuamos con la
recorrida.
* A pocos metros de allí, se
encuentra, en una esquina, un quiosco que, intuimos, podría ser el comercio que
aparece recurrentemente en los relatos de los vecinos.
Entramos al local.
Desde atrás de un mostrador, nos atiende Eduardo, un joven de alrededor de
treinta años, que dice ser empleado en el comercio. Se muestra predispuesto al
diálogo, y sus respuestas son pormenorizadas y en muchos momentos remiten a
historias de vida.
Dice que la cárcel
enfrente del local no le significa nada especial, que la tiene incorporada.
Relata que su novia trabaja en el penal. Y comienza a contar detalladamente una
serie de impresiones vinculadas a los cambios que en el paisaje urbano
determina la presencia de los familiares de los reclusos durante los días de
visita. En ese momento, ingresa un guardia penitenciario, toma un agua, se la
muestra y le dice que la anote a su nombre. “Está bien”, responde Eduardo, y lo
saluda. Expresa que “lo conmueve” ver esa cantidad de gente humilde que desde
la noche anterior “acampa” a la intemperie, a la espera de lograr ingresar
rápidamente a la visita el día siguiente. Con frío, con calor, ve que los
visitantes, chicos, bebés, mujeres, vienen con sus viandas, que es lógico que
ese flujo de personas disemine algunos objetos tales como pañales o sobrantes
de alimentos, en las calles y veredas. Que es toda gente que hace un gran
sacrificio. Cuenta que vivió en Córdoba, en Merlo. Y que en Merlo veía a una
señora “con unas várices como mi dedo gordo” que todos los días de visita iba a
encontrarse con un hijo preso alojado en la cárcel de Campana.
Que, efectivamente,
ese quiosco es el comercio al que robaron tres veces, dos mientras estaba el
dueño atendiendo y una tercera en que se encontraba otro empleado detrás del
mostrador.
Que él fue víctima
de dos robos, aunque no en la ciudad de La Plata, pero que superó sin demasiadas
dificultades esos trances. En dos oportunidades dice tener hijos, y piensa que
“los pibes se pueden equivocar”. “Ellos creen que están haciendo las cosas bien
y por ahí se equivocan”, señala para retomar su relato sobre los familiares
que, reitera, lo conmueven.
Salimos del local y cruzamos la calle hasta
la vereda perimetral de la cárcel. Volvimos a pasar por la entrada del penal y
decidimos rodearlo. Frente al muro trasero hay un barrio de monoblocks de dos
pisos, los mismos que habíamos visto días antes con niños jugando y autos con
bidones en el techo, en inequívoca señal de ofrecimiento para la venta. Vimos
un señor de unos 40 o 50 años, pelo corto, jogging, que limpiaba un Peugeot 404
en el verde que hace las veces de parque de los edificios. Nos acercamos. Sin
mirarnos, percibe nuestra presencia, cierra el auto con llave presurosamente y,
mientras intentábamos explicarle el motivo de nuestra presencia, nos contesta
“no quiero saber nada”.
Quiero agradecer a Martín Oyarzun, mi
compañero de trabajo, sin cuya colaboración, experiencia y el salto cualitativo
de su mirada antropológica, esta experiencia embrionaria no habría podido
realizarse.
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“Los medios de comunicación,
por consiguiente, permiten la información y la formación de la opinión pública.
Han asumido la función de foros de exposición y debate de los principales
problemas sociales: seleccionan los acontecimientos que se van a convertir en
noticias (fijan qué es conflicto noticiable, cómo y con qué contenido debe ser
presentado) y, a continuación, establecen las noticias que serán objeto de
discusión social. Fomentan este debate a través de artículos de opinión y
editoriales que presentan diversos enfoques y perspectivas de análisis y solución
de un problema. Proponen medidas para solventarlo con la categoría de expertos.
Los medios de comunicación son auténticos agentes de control social que
reconocen y delimitan el «problema social» al mismo tiempo que generalizan
enfoques, perspectivas y actitudes ante un conflicto”[1]
Así como la detección de variables
criminológicas mediante metodologías cualitativas es, por así decirlo,
incipiente en la Argentina,
la determinación de las percepciones colectivas con relación al delito,
mediante la utilización de herramientas etnográficas, es más infrecuente
todavía. El presente estudio constituye una experiencia etnográfica, con
encuestas en profundidad, que no registra
precedentes -hasta donde hemos podido constatar- en las experiencias criminológicas y político
criminales del Estado bonaerense, tendientes a evaluar e identificar las formas
mediante las que se construye y reproduce el miedo al delito y una
multiplicidad de narrativas comunicacionales coaligadas al mismo.
En este caso, hemos decidido apartarnos de
los estudios cuantitativos, no solamente porque no contamos con los insumos y
medios mínimos para llevarlos a cabo, sino porque, en estos casos, las
Encuestas de Victimización han sido objeto de cuestionamientos a los que es
preciso atender. “Se trata, entonces, de medir la potencialidad de las
EV para producir datos y nuevas preguntas para la investigación en curso, así
tanto como dar cuenta de sus límites en la empresa de conocer. En otro
trabajo (Varela 2004b) he analizado la construcción de la segunda parte del
cuestionario, es decir, aquella que busca rastrear las experiencias de
victimización a los fines de poder dar cuenta de índices de victimización
“reales”. En este sentido, la encuesta ofrece una imagen de la criminalidad que
excluye a los llamados delitos “de cuello blanco”, la criminalidad económica y
los delitos “sin víctima” tales como el tráfico de drogas, reforzando los
estereotipos de la criminalidad que circunscriben ésta al delito “callejero”
(Sozzo 2000; Lea Young 1984)”.
[1].
La validez de este
tipo de experiencias, de neto corte “cualitativo”, suponen un “ir hacia la
gente” para comprender, de esa manera, circunstancias incógnitas tales como su
sistema de creencias, sus percepciones e intuiciones - en este caso frente al
fenómeno de la criminalidad y la violencia- y el grado de preocupación que el
mismo ocasiona en el conjunto social o en segmentos acotados del mismo,
conforme se lo propongan los estudios atendiendo al marco social que se
abarque.
Los relevamientos
de este tipo implican un trabajo en el campo, con informantes claves,
entrevistas en profundidad y relevamientos de historias de vida, que suponen, a
priori, la construcción por parte del investigador, de un “rapport” que
confiera fiabilidad al mismo.
Resultan de una
importancia indudable, no solamente como complemento de los estudios cuantitativos, sean
éstos estadísticas policiales o judiciales o encuestas de victimización, sino
como insumos de medición de las diferencias que existen entre la denominada
“inseguridad objetiva” y la “inseguridad subjetiva”, y muy especialmente, de
las formas como se desagregan socialmente estas percepciones y se articula la
construcción de un discurso al que se asume como hegemónico, pero que se revela
como matizado e intersticial.
Como expresa
Garland, en las sociedades postmodernas el delito, y en particular lo que se
hace desde los estados para intentar controlarlo, constituye un articulador de
la vida cotidiana[2], donde
el “miedo al otro” es la nueva forma de representación de lo diverso, y sucede
a los miedos ancestrales del ser humano a lo largo de la historia de la
humanidad. El miedo animista, el miedo sagrado, el miedo religioso, el miedo al
Leviatán y, finalmente, el miedo a la “otredad”.
Esta visión
particular, de “los otros”, de los infractores, del “delito” y de la
“inseguridad”, en definitiva, no configuran únicamente un yerro analítico, sino
que se nutre de contenidos ideológicos precisos y es uno de los productos
culturales hegemónicos en el marco de la nueva relación de fuerzas sociales
imperante, que es necesario remover imperiosamente porque deriva -en un último
plano analítico de la inseguridad- en la utilización o manipulación del miedo
como elemento de dominación y control social, a la sazón un extremo fundamental a abordar en materia político
criminal y social.
Por un lado, el
miedo al delito puede entenderse como la percepción subjetiva de las
probabilidades de convertirse en víctima de un delito. Por el otro, esos mismos
temores importan una expresión sintética de otros miedos de mucha más
dificultosa identificación y dominio. Miedos humanos ancestrales,
existenciales, donde la muerte configura una especie de vórtice inexorable que
tiende sistemáticamente a ser eludida como principio y fin de todos los
temores, justamente por su indocilidad e irreversibilidad. Lo que provoca una
suerte de “trabajo práctico” que se expresa en la construcción fragmentaria de
otros miedos, y en este caso del “miedo al otro” como forma de coexistencia
militante frente a lo sobrecogedor e inmanejable de la vida y de la muerte.
Es, como dijimos,
la actualización en clave de la modernidad tardía de los miedos cósmicos
antiguos, de los miedos religiosos del medioevo, del miedo moderno a la
política, al Leviatán.
El miedo al delito,
como un fetiche postmoderno, se ha inscripto como un insumo básico en las
agendas políticas. “Gobernar desde el delito” implica actualmente una tentación
irrefrenable, que tanto permite ganar elecciones, controlar y dominar, como
deteriorar el catálogo de libertades y garantías decimonónicas y la convivencia
armónica y medianamente civilizada, sustituida por una concepción sociológica
de la enemistad (y la intolerancia)[3].
Peor aún, y por el
contrario, conscientes de los réditos que en términos políticos la “lucha
contra el delito” depara, las discusiones de las campañas y las acciones
durante las gestiones se vinculan inexorablemente a la puesta en escena de
gestualidades y gramáticas tan ampulosas y demagógicas como inocuas e
inservibles, y de prácticas militarizadas, segregativas y violentas, casi
siempre criminales. “Gobernar a través del delito”, además de resultar
corrosivo de la propia democracia, marca el agotamiento y los límites objetivos
que en términos de transformación de las nuevas sociedades “bulímicas” del
capitalismo neoliberal de la periferia, exhiben la política y los estados
Es importante
destacar además un dato comparativo por cierto revelador de la indigencia
teórica de estas prácticas y ejercicios propagandísticos: mientras el “miedo al
delito” ocupa el centro de la agenda social en la Argentina, la ya citada
edición 2002 de la Encuesta
de Seguridad Pública de Cataluña señalaba las diferentes formas que la
inseguridad asume para los habitantes de esa región, advirtiéndose allí que la
criminalidad convencional en modo alguno excluye ni desplaza la preocupación
ciudadana por otras incertidumbres tanto o más relevantes, como la pérdida del
empleo, de la vivienda, de la salud o factores asociados a terceros, como por
ejemplo la negligencia médica, el envenenamiento y el deterioro del medio
ambiente, en tanto realidades propias de la modernidad tardía. Esta misma
encuesta revela, además, que una mayoría abrumadora de ciudadanos de Cataluña
intuye, paradójicamente, que el incremento de los delincuentes en prisión
aumentará sus problemas y su inseguridad, al igual que la instalación de
cárceles cercanas a sus lugares de residencia.
Una instancia más
reflexiva, en un contexto de exploración etnográfica, con una simbología y un
marco diferentes, nos devuelve, al parecer, respuestas hasta ahora impensadas.
Es menester
entonces dar en la Argentina
una discusión sostenida desde la sociedad y el Estado, reivindicando la
amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el
marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el
capitalismo tardío marginal
depara.
La convalidación de
una percepción reaccionaria de la “inseguridad” únicamente se comprende a
partir de una declinación en el plano discursivo, cooptado y rellenado a su
imagen y conveniencia por los sectores más ortodoxos de la sociedad, que además
se escudan en el “cumplimiento de la ley” como forma de disciplinamiento
ritual. Es que las nuevas formas de dominación obligan a ocultar la verdadera
ideología de sus mentores y ejecutores políticos. Así, por ejemplo, valores
tales como la “democracia”, la “legalidad”, la “familia”, la “autoridad” y el
“orden” son patrimonio casi exclusivo del pensamiento conservador, justamente
porque se ha dejado de lado la discusión sobre el contenido conceptual de esas
apelaciones.
Las experiencias
políticas en los estados convenientemente debilitados, en los que la “lucha
contra el delito” se vuelve indispensable para la legitimación de los mismos,
demuestran que estas irrupciones conducen a regímenes autoritarios y
policíacos, que conservan las formas extrínsecas aparentes de la democracia,
pero al mismo tiempo habilitan las políticas “de mercado”, el espionaje y la
persecución interna. No tanto el orden como el mítico retorno a un orden
inexistente, no tanto la autoridad como la vulgar vocación de la erradicación
social de los diferentes, constituyen los elementos que tienden a exacerbar y
resignificar en clave conservadora, a los “nuevos” miedos como articuladores de
la vida cotidiana. Los discursos políticos desbordan de lugares comunes,
apelaciones tan enfáticas como inconsistentes respecto de la lucha que a diario
se emprende (y se vuelve a emprender sin solución de continuidad) contra el
“desorden” y la “inseguridad”, sin que siquiera nos percatemos de que esas
mismas narrativas, transmitidas en clave de amenazas, enmascaran o suprimen
deliberadamente cualquier tipo de propuesta dirigida a revertir las inéditas
asimetrías sociales de la tardomodernidad en nuestro margen.
La “acción” (en
rigor, los fastos punitivos), entonces, se prioriza a la razón y la demagogia a
la experticia. Por el contrario, esta “guerra preventiva interior”, se percibe
desde las intuiciones colectivas como un hacer impostergable, justo, heroico,
cruzado, aunque se emprenda contra los destituidos, los marginales, los
excluidos y los disidentes que se animan a reclamar por su derecho a vivir con
apego a bagajes culturales alternativos a las “buenas costumbres” y la “moral”
única, que reniegan de los datos objetivos del pluralismo y la diversidad de
nuestras sociedades fragmentarias.
En este
contexto, es importante preguntarse es en qué medida esos miedos contribuyen o
determinan a la configuración de una realidad alternativa, donde el miedo y la
sensación de inseguridad resulten completamente distintos de la existencia
verificable de un incremento de los riesgos.
La dilucidación de este extremo es central, no para subalternizar la
preocupación por el delito sino, justamente, para atenderlo, educar a favor de
la seguridad y en contra del miedo, justamente porque éste constituye uno de
los más formidables elementos contemporáneos de control social.
La alarma social,
convertida en estado permanente, la sensación de inseguridad y el miedo al
delito tienen un efecto devastador para la sociedad democrática y para los
individuos en particular.
Con todo, y
siguiendo a Vozmediano, San Juan y Vergara[4],
hacemos una advertencia sobre la diferencia entre lo que significa el miedo al
delito, en tanto “temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la
delincuencia”, de la percepción o sensación de inseguridad, que puede abarcar
el “miedo al crimen en abstracto, como una inquietud respecto al delito como
problema social. Dando un paso más, podemos entender la inseguridad ciudadana
como el compendio de inquietudes que viene impregnando el discurso de la
denominada “sociedad del riesgo”.
El miedo termina
condicionando la vida de las personas, recortando su vida social, alterando su
vida relación y provocando un aislamiento generalmente acompañado de estados de
angustia o ansiedad, propiciando la “fractura del sentido de comunidad,
abandono de los espacios públicos, actitudes
favorables a políticas penales más punitivas, efectos
psicológicos negativos a nivel individual y cambio de hábitos (adoptar
medidas de seguridad, evitar transitar por ciertas zonas…)”[5].
Estas reflexiones
conducen a las configuraciones de Wagman sobre los “cuatro planos de la
inseguridad”.
En esta línea de
razonamiento, es preciso ubicar una primera delimitación de la inseguridad
derivada de la existencia del delito en la vida cotidiana de las personas.
Un segundo plano se
vincula a las sensaciones de incertidumbre y miedo que generan las catástrofes
y desastres, naturales o provocados, que se abaten sobre el planeta, y que
provocan su acelerado deterioro.
Una tercera mirada
está, justamente, dirigida a comprender la inseguridad como miedo, percepción o
intuición que no necesariamente coincide con la realidad objetiva.
El cuarto plano,
justamente, descubre a la inseguridad -y al miedo- como formidables
instrumentos de control social y dominación política que impactan de manera
brutal en la convivencia social organizada y armónica, requisito organizacional
básico de las democracias y el Estado Constitucional de Derecho[6].
Este muestreo efectuado en la ciudad de La Plata en el
año 2008, permite afirmar que es posible realizar este tipo de
intervenciones sin costo ni dificultad objetiva alguna.
La delimitación de
las percepciones e intuiciones con respecto al crimen y el miedo al delito
constituyen un insumo imprescindible para los operadores del sistema, ya que no
identificados los antecedentes y las formas del constructo en el miedo al delito, y una aproximación a los mismos
promoverá una mayor calidad de vida humana y el diseño de estrategias de
política criminal compatible con certidumbres emanadas de esas percepciones y
las formas como el miedo se construye y se transmite como discurso dominante: identificar e intervenir sobre los antecedentes del
miedo permitirá promover una mayor calidad de vida urbana.
A
continuación, se transcriben las conclusiones de las primeras diez entrevistas
realizadas en el inicio de este trabajo etnográfico. Es interesante advertir la
relación entre miedo al delito y niveles de victimización objetivos, y cómo el
miedo se desagrega y expresa en percepciones y narrativas diferentes, frente a
la incorporación de variables tales como la presencia cercana de la cárcel respecto
de los lugares de residencia de los entrevistados, un insumo hasta ahora inexplorado que constituye una de las
originalidades que plantea la investigación, condicionada por
una opción por la metodología cualitativa y, fundamentalmente, por los medios
de que se dispone para llevarla a cabo.
1. Jaime tiene entre 40 y 50 años. Es
peruano y trabaja como portero de un edificio céntrico de la ciudad, habitado
por gente de clase media y media alta. Nunca fue víctima de un delito, y
reconoce que en su país natal los indicadores de delincuencia son mucho mayores
que en la Argentina,
a la que identifica con La Plata
(“allá está mucho peor”). Admite sentir mucho miedo ante la posibilidad de ser
víctima de un delito y dice que siempre lleva consigo un “controlador de
pánico”, especialmente para ser utilizado “cuando sale afuera” del edificio.
Relata hechos de hurto (conoce el caso de un automotor Fiat 147 que había
permanecido estacionado durante días frente al edificio donde trabaja), la
mayoría de los cuales les han sido relatado por terceros. Señala, no obstante,
que el centro de La Plata
“es muy peligroso”.
2. Alicia es abogada. Tiene entre 25
y 35 años. Dice que siente un muy intenso miedo al delito, que la posibilidad
de ser víctima de un delito está entre sus principales miedos (tengo miedo a la
muerte producida con motivo u ocasión de un delito). Señala que “toda la gente”
tiene mucho miedo.
3. Adriana tiene 52 años. Es
odontóloga, aunque no ejerce su profesión. Señala que toma muchas precauciones al salir a la calle, y
lo propio hace con sus dos hijas, de 18 y 20 años. “Vos no sabés lo que es
esto”, expresa (refiriéndose a la realidad que la circunda y más especialmente
a la delincuencia común). Reconoce que nunca fue víctima de un delito, pero sí
que sabe de familiares directos que han sido víctimas de hurtos o robos y
además expone una cantidad innumerable de hechos que conoce por terceros y,
también, por los medios de comunicación. El miedo al delito está entre sus
principales temores.
4. Florencia tiene 25 años. Es
estudiante de Sociología y oriunda del interior. Refiere que un año atrás, una
noche que volvía del súper con su hermano menor fueron asaltados a punta de
pistola en el palier del edificio, y obligados a subir a su apartamento, donde
el atacante los redujo e inmovilizó, mientras les exigía dinero y les repetía
que no dieran cuenta a la policía una vez que él se fuera. Conjetura que el
episodio pudo haber sido determinante para que su hermano abandonara sus
estudios, pero que ella lo había superado a los pocos días. No siente miedo a
ser víctima de un nuevo ataque. De hecho, regresa de la facultad todos los días
en horario nocturno y atravesando una plaza pública del centro de la ciudad, y
no ha vuelto a tener experiencias de ese tipo. Como único recuerdo ingrato de
aquel episodio, relata que la policía se encargó de dar las identidades de
ambos (incluso consignado erróneamente como mayor la de su hermano - “a
propósito”, para poder publicarlo, dice Florencia, cosa que sí le hizo sentir
temor por posibles represalias-y su dirección exacta a la prensa, que los
publicó tal cual. Curiosamente, tiene miedo de la policía, pero no de terceros
o extraños.
6. Miguel tiene 62 años y es el
primero de los taxistas entrevistados. Ni bien pone dirección a la Terminal, que es el lugar
que le indico como destino, escucha que un joven le grita algo a su paso, como
reprochándole lo intempestivo de la partida. “Qué te pasa, negro boludo”, le
dice en un tono entre provocativo y dominante. Reivindico su conducta y le digo
algo así como “ya no se puede andar por la calle, con estos muchachitos por
ahí; están cada vez más irrespetuosos”. Me cuenta que él es jubilado del
Servicio Penitenciario, que lo que pasa es que “todo” es un absoluto desorden,
que no se sabe ya quiénes son los buenos y quiénes los malos. Que esta
confusión la ha creado el gobierno, y que la gente ya no puede vivir por temor
a la delincuencia, a la que asocia con los delitos predatorios. Nunca fue
víctima de un delito.
7. Raúl también
es taxista. Tiene más de 60 años. Es locuaz y no me cuesta nada preguntarle de
manera directa si aquí en La
Plata el tema de la delincuencia es realmente tan grave como
lo refleja la prensa. Sí, maestro, me responde con gesto grave, mirándome por
el espejo retrovisor. Dice que después de las 8 y media o 9 de la noche “ya no
se puede salir, acá”. Admite que a él nunca le pasó nada, pero que “el problema
es que estos guachos, los delincuentes, son todos menores”. Entonces, “los
vigilantes se rompen el culo para agarrarlos, y al rato vienen los jueces o los
fiscales y los largan porque son menores”- “por eso matan tanta gente, acá.
Aunque la mayoría de los que mueren son estos guachitos (siempre utilizará esta
expresión para referirse a los jóvenes), pero matan a 2 y aparecen otros 10,
matan 10 y hay 100, parece que dejaran semillas estos h…de p…”. Señala que esto
no tiene solución, y que además “no les calienta solucionarlo”, aludiendo,
supuestamente, a las agencias estatales. Cuando pasamos por 7 y 50, advierte la
presencia de 5 o 6 jóvenes en la vereda de la legislatura, en un lugar que a
esa hora (20,48) se encuentra muy densamente transitado. Acto seguido me
previene de que “esos son”. “Si ud pasa por ahí, le aparecen desde un lugar
oscuro y “lo hacen”, y encima por ahí los desfiguran a trompadas. Los chicos,
vestidos con bermudas, remeras y algunos con gorritas, seguían jugando entre
ellos. Cuando llegamos al edificio donde queda mi apartamento, ve a unos chicos
que todas las tardes aprovechan la superficie lisa de la vereda de un edificio
público para practicar skate. “Allá hay otros. Hacen como que están ahí
boludeando y su usted pasa por al lado de ellos por ahí le manotean el bolso o
la cartera”. En este caso, solamente se ven los jóvenes enfrascados en su
actividad, pero ni siquiera se observa ningún otro rasgo, ni su vestimenta, ni
sus rostros. Absolutamente nada. Me demoro a propósito en bajar del auto y se
lo nota incómodo, temeroso, con la vista fija en los jóvenes (a quienes cruzo
todos los días y todas las noches).
8. Rolando, otro taxista. Tiene alrededor de 60
años. Dice que “está podrido de cómo está todo”. Que a él “nunca le pasó nada”.
Y que esto se arregla “únicamente si viene alguien con pelotas y pone las cosas
en su lugar. Un Pinochet”.
9. Renzo tiene una pequeña peluquería en el centro de la ciudad. Es oriundo
de Huanguelén y hace unos años que vive en La Plata. Es locuaz, tiene
clara posición tomada frente a hechos políticos contemporáneos (problema con el
campo por las retenciones, la contaminación ambiental, la cuestión criminal),
conoce a los actores institucionales provinciales, y cree que hay una exagerada
sensación de inseguridad y que el miedo al delito lo ha llevado a advertir a su
familia para que esas percepciones (en cuya generación le asigna particular
relevancia a los medios de comunicación, en especial a la televisión) no les
hagan cambiar sus rutinas ni su forma de vida. Tampoco ha sido víctima de un
delito en el tiempo que lleva residiendo en La Plata.
10. Florencia es peruana, tiene alrededor
de 35 años, y realiza tareas domésticas por hora. Dice que “los chicos están
tranquilos”, que “no hay problema de delincuencia” en su barrio. Vive “en una
casilla” (asentamiento precario) en las afueras de Berisso. Es muy reticente a
explayarse sobre el tema, no se logra inicialmente construir un vínculo
suficiente como para indagar mucho más sobre sus percepciones y sobre su
historia de vida.
Aclaración: los nombres de las personas son ficticios.
[1] “Etnografías Contemporáneas. La medición
de la “sensación de inseguridad en las encuestas de victimización. Apuntes teórico-metodológicos para el abordaje de
las representaciones sociales sobre el delito y la crisis de la (in)
seguridad”, Revista Litorales.
Año 5, n°7, diciembre de 2005.
[2] “La cultura del control”, Gedisa, 2001,
p. 184.
[3] conf. Simon, Jonhatan: “Gobernando a través del Delito”, en
“Delito y Sociedad”, N° 15, Universidad Nacional del Litoral, p. 75 y ss.
[4] Vozmediano,
Laura; San Juan, César; Vergara, Ana Isabel: “Problemas de Medición del miedo
al delito. Algunas respuestas teóricas y técnicas”, disponible en Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología”, Artículos, 10-7, 2008.
[5] Ibid.
[6] Conf. Wagman,
Daniel; “Los cuatro planos de la seguridad”, Ponencia presentada en el
Congreso “Política Social y Seguridad Ciudadana”, Escuela Universitaraia de
Trabajo Social, Vitoria- Gasteiz, 2003, actualmente disponible en sitio
“Seguridad Sostenible”, www.iigov.org/seguridad/?p=17_01
[1] Fuentes Osorio, Juan L.: “Los medios de comunicación y el derecho
penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC, 07-16,
2005.
- Detalles
América
Latina parece encaminarse, lenta pero inexorablemente, hacia formas
realizativas penales llamativamente análogas, a las que, en principio, la
sociedad blanca y los estados consideran compatibles con las Constituciones
liberales y el Estado Constitucional de Derecho. Así, formas procesales
caracterizadas por un sesgo acusatorio, donde se elimina la figura inquisitiva
de una instrucción formalizada donde el juez instruye, averigua, aporta e
incorpora pruebas y resuelve, tiende a sustituirse paulatinamente por
instancias dinámicas el impulso de la acción penal corresponde al Fiscal, se
propende a un mayor protagonismo de las víctimas durante el proceso, se
incorporan formas de resolución de conflictos alternativas a la punición,
se desacralizan los procesos y se tiende a un derecho procesal de actos y no
actas.
Sin perjuicio de esta mirada, que ha calado profundamente
en los nuevos abordajes procesales, político criminales y constitucionales, en
la academia y en la dogmática, las comunidades mapuches tienen algo que decir
al respecto, como resultado de su propia historia colectiva y la forma en que
han incorporado las nuevas tecnologías procesales en Chile. Un supuesto
empíricamente verificable, cuyas consecuencias no podemos seguir soslayando.
El
nuevo sistema, para ellos, representa (tal como empezamos a descubrirlo también nosotros en La Pampa) una mecanización acelerada, una suerte de
automatización de procesos selectivos de criminalización que se abate sobre los
sectores más vulnerables de la sociedad con la misma iniquidad y a una mucha
mayor velocidad que los sistemas mixtos o inquisitivos, mediante acusaciones
tan graves como terrorismo, asociación ilícita o entorpecimiento del transporte
y circulación de las personas. La necesidad de un análisis crítico de los
riesgos que, respecto de la criminalización de colectivos sociales apelando a
figuras punitivas tan gravosas como el terrorismo, la asociación ilícita, la
interrupción del normal funcionamiento de los medios de transporte, supone la
necesidad de desmitificar las (nuevas) formas jurídicas y relevar los efectos
que en la realidad objetiva su aplicación -siempre en apariencia neutra-
ocasiona en los segmentos más expuestos frente a la conflictidad de las
sociedades monistas. En este sentido, las lecturas iniciales que se han hecho
sobre los nuevos sistemas procesales de
corte acusatorio ameritan una lectura crítica a partir de la incorporaciòn de
las intuiciones de los sujetos perseguidos penalmente.
Quienes hemos hecho cuanto estuvo a nuestro alcance para remover las viejas prácticas inquisitoriales y sustituirlas por un sistema compatible con el programa constitucional, e impulsamos fuertemente la consagración de un código adversarial, debemos analizar con el mayor rigor la constatación de "efectos colaterales" manifiestamente contrapuestos a los ideales operantes originarios que inspiraron esta nueva forma de reglamentar la constitución provincial. Lo que pasa en Chile con los comuneros mapuches es un dato que guarda inquietantes similitudes con lo que ocurre en nuestra Provincia.
Ya en el año 2000, apenas entrada en vigencia el nuevo sistema procesal, se vivieron momentos de "tensa calma" en el centro de Temuco, luego de que un grupo de mapuches se reuniera a las afuera de la ciudad para protestar contra la aplicación del nuevo sistema penal en esa región austral del país hermano.
Cerca de 50 mapuches, según relataban los sueltos priodísticos de la época, provenientes de diversas comunidades de la región, marcharon por diversas calles Temuco para manifestar su disconformidad ante el nuevo sistema judicial.
El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo entonces que la Reforma Procesal Penal negaba completamente al pueblo mapuche y los postergaba en toQdos sus derechos.
"Este proceso le da la espalda a todo nuestro pueblo. También viola el derecho internacional, que entrega mecanismos para resolver los conflictos entre el Estado y pueblo indígena", sostuvo.
Agregó además que este sistema era la oportunidad para incluir un régimen que permitiera el acceso a la justicia con mejores condiciones para los indígenas. "Estos han sido los mismos criterios que utilizó el Estado para despojarnos de nuestras tierras",
Cabría preguntarse si esa percepción colectiva se ha modificado con posterioridad a aquellas protestas colectivas.
Durante el año 2009, Organizaciones del pueblo Mapuche rechazaron la detención del joven Waikilaf Cadin, líder indígena que fue apresado el pasado 11 de septiembre durante el homenaje al presidente chileno Salvador Allende.
Durante el año 2009, Organizaciones del pueblo Mapuche rechazaron la detención del joven Waikilaf Cadin, líder indígena que fue apresado el pasado 11 de septiembre durante el homenaje al presidente chileno Salvador Allende.
"El joven líder mapuche alcanzó a estar en libertad sólo una semana luego de salir de la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, en la austral región de Los Lagos.
Cadin es hijo de la encarcelada lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, y del werken Antonio Cadin, preso hasta hace poco en Temuco.
Acusado de la colocación de una bomba en Temuco el 29 de diciembre de 2008, Waikilaf Cadin pasó seis meses en prisión preventiva y sin sentencia.
Detenido el 27 de marzo de 2009, el joven ex estudiante de Derecho fue enjuiciado por la ley antiterrorista que las organizaciones indígenas señalan como un ejemplo de la táctica policial orientada a neutralizar los liderazgos del pueblo mapuche.
Explicaron además, que en Chile se utilizan las medidas cautelares como mecanismo de control de la lucha política y social.
En este último año de gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet, hay 87 presos políticos y/o procesados mapuche, una lista que incluye algunos activistas chilenos solidarios con su causa.
De ellos, 38 casos corresponden a personas que cumplen prisión efectiva actual. El ministerio público, por instrucciones del gobierno del ex Presidente Lagos, y ahora de Bachelet, ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, en 35 oportunidades.
Existen otros 44 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares. Cuatro mujeres mapuche están en prisión y 3 viven con medidas cautelares que restringen sus libertades democráticas (http://chilecontaminada.blogspot.com.ar/2009/09/mapuches-denuncian-persecucion-penal.html).
Por su parte, la Agrupación de jóvenes técnicos y profesionales Konapewman, de Temuco, también ha realizado fuertes críticas al sistema procesal: "En este último tiempo, diversas han sido las posiciones del modo en que ha operado en la Región el Nuevo Sistema procesal penal, principalmente ante su accionar con la realidad Mapuche.
Si bien el marketing utilizado por el Gobierno ante la Reforma procesal ha sido el de proyectar un sistema más ágil, dinámico y viable, que permita resoluciones más oportunas y transparentes, pero sin embargo no es coincidencia que este nuevo modelo se aplique casi exclusivamente (junto con la IV Región) en este territorio en medio de movilizaciones Mapuches por la recuperación de tierras y reivindicaciones de Derechos como Pueblo.
Tampoco es coincidencia, que su implementación conducido por Fiscales haya provocado una directa represión en Comunidades y organizaciones ocasionando el sometimiento a proceso de numerosos dirigentes y comuneros Mapuches, como asimismo la utilización de violentos operativos policiales que en variadas ocasiones han dejado a heridos y masivos daños.
Por estas coincidencias, cabe cuestionarse entonces ¿quién está detrás de este nuevo frente judicial y cuál es su finalidad al aplicarlo en esta zona?. Es evidente que la política estatal busca reprimir y opacar en el centro de su medula las acciones de comunidades reivindicativas, utilizando una institucionalidad como la Judicial para, según se aprecia, obtener el imperio de la ley y establecer un estado de derecho rígido, pero a costa de una conducta prácticamente terrorista y que ha violado los Derechos Humanos más esenciales del Pueblo Mapuche, con graves consecuencias violentitas. No sería de extrañarse que se haya implementado esta Reforma Penal bajo la presión e intervencionismo de intereses económicos de minorías que lo único que buscan un proteccionismo simulado y conseguir el sosiego e integracionismo Mapuche para seguir ampliando su mega-productividad (agrícolas y forestales) a costa del deterioro y exterminio de las entidades territoriales Mapuches" (http://mapuche.info.scorpionshops.com/mapuint/konapewman0108.html).
Como vemos, hay denominadores comunes que deberían merecer nuestra mejor disposición y atención. La macdonalización de los procesos, el uso excesivo de ciertas medidas de coerción, en especial la prisión preventiva, el incremento de las tasas de encarcelamiento, la desigualdad de armas durante los procesos, las dificultades de los operadores para remover sus rasgos culturales y prejuicios previos, la falta de una política criminal unitaria, la incapacidad de exhibir al nuevo sistema como una forma pacífica, armónica, y por lo tanto superadora en la forma de administración de la conflictividad social, son algunos de los problemas comunes que aquejan a la reforma. Más de diez años de imposición de la misma en Chile, permiten auscultar las valoraciones que sobre la misma hacen los mapuches. Deberíamos, quizás, compulsar la que podrían ensayar los sectores más vulnerables de nuestra sociedad provincial.
- Detalles
En sucesivas ediciones de nuestro blog, habíamos advertido, de distintas maneras, sobre el riesgo de cederle a las derechas duras el rol de gestores "eficientes" de las políticas públicas en materia de administración de las nuevas formas de conflictividad.
A expensas de esa pasividad de los críticos, puede explicarse en buena medida el crecimiento sostenido de las prácticas y narrativas del pensamiento reaccionario en materia de "seguridad" pública, transformando a la misma en un fetiche imprescindible de las agencias políticas, capturadas desde lo peor del pensamiento conservador, por políticos de esa catadura.
Acaba de llegar Rudolph Giuliani a la Argentina. Como no podía ser de otra manera, el referente del realismo de derecha norteamericano vino de la mano de una de las expresiones políticas reaccionarias con mayor intención de voto en la provincia más importante del país. Su prédica, por conocida, no debe dejar de (pre) ocuparnos. Ya sabemos cuál ha sido su postura respecto de las iniciativas de Juan Carlos Blumberg, el otrora ingeniero que contara con el generoso apoyo de los grandes medios de comunicación que -vaya coincidencia- son los que ahora aúpan al candidato anfitrión de este retardatario gestor de estrategias binarias y brutales en materia de convivencia social.
Si bien Massa se animó a deschavarse ideológicamente con la importación de semejante compañero de ruta, de quien espera poder extraer conclusiones para adaptar a nuestra realidad, a Giuliani lo conocemos desde hace demasiado tiempo.
Sabemos que sus "estrategias" segregativas, prejuiciosas y violentas en materia política criminal han sido mucho más exitosas desde lo mediático que desde sus verdaderos resultados. Que Boston o San Diego -que no pusieron en práctica la "tolerancia cero"- pudieron exhibir mejores estándares en términos de articulación de formas de convivencia armónica que Nueva York, durante la "era" Giuliani, aunque recibieran un favor y un reconocimiento mucho menor de parte de la gran prensa estadounidense.
Que sus prédicas incluyen posicionamientos igualmente reaccionarios en materia de política exterior, propiciando una relación todavía más hostil -también de "tolerancia cero"- de EEUU para con Cuba, Venezuela u otros países insumisos a los designios imperiales (http://www.prensa.com/uhora/mundo/con-romney-habra-una-posicion-mas-firme-contra-chavez-y-cuba-dice-giuliani/110866).
Giuliani justifica la tortura y propicia la construcción de nuevas cárceles (http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-168288-2011-05-17.html), ha dicho que le ve un gran futuro a Sergio Massa, y éste -exhibido como el campeón del montaje de las videocámaras- que espera contribuir a que los delincuentes dejen de entrar por una puerta y salir por la otra. La aporía perfecta del léxico simplista pero (mal) intencionado de la peor derecha criolla. No nos quejemos ahora. Si Massa, Giuliani & cia ocupan estos lugares, es porque la mayor parte del arco iris ideológico del pensamiento crítico no se ha preocupado lo suficiente por construir un programa político criminal democrático. En Argentina y en la región.
- Detalles
La dinámica inusual de las percepciones e intuiciones mutuas entre el Estado y la sociedad, entre ésta y la prisión y entre el propio Estado y la
cárcel, generan desde siempre diagnósticos desagregados, con una notable
insularización del conocimiento objetivo respecto de la cuestión penitenciaria,
de sus realidades, variables e incidencias en el resto de la sociedad civil. La
cárcel difumina los límites entre sus funciones explícitas y simbólicas, crea una
cultura patibularia, instala mitos, los reproduce y los multiplica. Ese proceso
dialéctico de construcción brutal de poder impacta decididamente, en la
modernidad tardía, en el sistema de creencias de los particulares, y transforma
la cuestión criminal en una suerte de botín de guerra susceptible de ser
utilizado con fines ideológicos que a veces encarnan hasta conatos destituyentes.
Cárcel y miedo al delito, deslegitimación de las instituciones y organizaciones
del Estado y cremación de los proyectos populares, se coaligan como una suerte
de profecía autocumplida en la cotidianeidad mediatizada. En síntesis, que
entre las funciones simbólicas de la cárcel, podemos incluir seguramente la
reproducción de sensaciones públicas respecto del delito.
En ese
contexto, donde se implican procesos de aculturación y contraculturación sin
precedentes, disputas “habermasianas” sobre la hegemonía de los discursos y una
defensa del orden que por cierto trasciende la cuestión criminal, cuánto y qué
sabemos sobre la cárcel parece hasta ahora un misterio cerrado con siete llaves
para los Estados de este margen, en orden a aspectos que considero,
humildemente, cruciales y estratégicos.
Esto supone
una necesidad inmediata de revisar la fiabilidad, la exhaustividad y la
congruencia con la que se realizan los estudios criminológicos de los internos
al momento de decidir sobre algunos de los derechos que se solicitan en el
marco de la ley de ejecución penal; los efectos que en términos de criminalización
de los propios internos ocasionan sus rutinarias, arbitrarias y escandalosas negativas; la utilización de
una curiosa eficacia de los “tratamientos” de resocialización y sus perfiles,
que llegan a imponer, por ejemplo, que el privado de libertad declare contra sí mismo como
pretendida condición para acceder a esos derechos; el peligrosismo descarado de
esos instrumentos y –en definitiva- la deriva consuetudinaria de los informes
criminológicos hacia sistemas de premios y castigos administrativizados y
carentes de contralor por parte del Estado.
Para eso,
sería de importancia estratégica, la creación de un ámbito de observación,
estudio y seguimiento criminológico hacia el interior de los Servicios
Penitenciarios, a cargo de funcionarios estatales y representantes de organizaciones
de DDHH, que proporcionen pautas criminológicas permanentes, que eviten la
fragmentación de las intervenciones, las contradicciones entre los informes
criminológicos, producto de deficiencias objetivas respecto de la
centralización y unificación de los criterios a implementarse, y la vigencia
del paradigma positivista en los mismos.
Y cuya
función podría extenderse a extremos tales como: los estándares reales de
vigencia de los DDHH y de los derechos y garantías fundamentales de los reclusos.
La cuestión de género en las prisiones. Las estadísticas de la prisión y su
análisis comparativo. El miedo al delito, la cárcel y la consistencia y calidad
institucional de las respuestas estatales.
Esta
propuesta, desde luego, no es original. Reconoce antecedentes que datan de más
de setenta años y se inscriben en la impronta que el “primer peronismo” le
confirió a la cuestión carcelaria. Básicamente, propender a que la Revolución social
llegara a las cárceles (1946/47), tal como lo relata Lila Caimari. Por esto es
que hablamos de resignificar las funciones explícitas y simbólicas de la
cárcel, redefiniendo y actualizando la idea fuerza del correccionalismo como
límite a las modernas narrativas del neopunitivismo retribucionista y
prevencionista, con una lógica adaptación a las condiciones objetivas de las
sociedades de control, con una profunda y sistemática intervención del Estado y
la sociedad civil (encarnada en organizaciones de DDHH) en los aspectos
criminológicos que implican a los reclusos, que constituyen uno de los datos
más salientes de la problemática de las prisiones y afectan derechos
fundamentales de los prisioneros, porque gravitan decisiva y arbitrariamente sobre
sus propias vidas.
- Detalles
El entretenimiento está servido. Como si no fueran por un momento de este planeta tierra, échenle un ojo a cualquier telediario. Ya solamente la expresión triunfal del locutor al narrar –con la sonrisa apenas disimulada de esa vocalización darwinista- los detalles de la última desgracia, es indicativa de que el espanto de los otros es crucial para que la humillación cotidiana que llamamos economía sea soportable. Lo dijo hace años Emil Cioran: atrapada en las coacciones del mundo moderno, la gente se volvería loca sin ese exorcismo obsceno de las pantallas.
Que la información sea otra cosa, algo distinto a una sangrienta cinegética es, poco más o menos, lo que antes se llamaba un milagro. Que esta labor de blanqueo anímico sea en España particularmente activa y cruel sólo recuerda que vivimos en el país de la tauromaquia, en una cultura que necesita una bestia indefensa a la que martirizar para que se cumpla la deseable cohesión social. ¿La ausencia de rivales externos temibles –esas escasas iniciativas internacionales- fuerza la necesidad de enemigos internos? ¿A qué se debe si no el fervor masivo que sigue día tras día el “sota-caballo-rey” del caso Bárcenas o de los Ere andaluces? Desgranados además en mil detalles minuciosos que parecen buscar, ante todo, prolongar el filón de la alarma social.
Si de los periodistas dependiera, y de su instinto profesional para estirar el espectáculo, jamás saldríamos de la llamada crisis. El negocio del índice de audiencia, con el tam-tam de una información barata. Y el negocio también del sectarismo partidista, con el arma arrojadiza de la corrupción. ¿El alto nivel de paro refuerza además la necesidad de noticias-basura para matar el tiempo, a cualquier precio?
Nunca se insistirá lo bastante en el papel de la prensa y la televisión en la corrupción de la vida pública española, una corrupción que tiene su eje en algo prácticamente inimputable como es la pereza mental y la inercia endogámica de los gremios. En los cinco casos criminales que antes mencionábamos se da además el añadido de que el morbo temático sirve al cuerpo social en conjunto, no sólo al latifundio partidista. Todo el mundo toma partido entonces, buscando su parte en la fiesta. Se dijo hace años: mientras los canallas globales bombardean naciones exangües, los canallas locales tienen que conformarse con masacrar al vecino que ha caído del lado del Mal.
Frivolizando al máximo con la tragedia –informar es básicamente divertir, entretener- una mujer llega a decir: “Hasta yo mataría mejor”. ¿Es cierto o no que en el colegio de Asunta, mientras su pupitre permaneció vacío durante días y la dirección se ocupaba de actos escénicos de cara a la galería, apenas hubo una palabra pública de los adultos ante los niños, la autoridad moral de un discurso que se elevase por encima de la bazofia mediática? De ser así, y la noticia es creíble, estaríamos ante otra constante de la comunicación, la redundancia: “Piensa globalmente, actúa globalmente”. O peor aún: “Piensa localmente, actúa globalmente”. Mientras tanto, la presencia real queda a merced de los nuevos seres primarios y sus formas de violencia. Prácticamente indetectables, pues todo el mundo atiende a las pantallas y nadie actúa in situ, presente con sus cinco sentidos.
Incluso en octubre, la información hace su agosto magnetizando a un público cautivo. Culpables o inocentes, ¿dónde levantarán cabeza las víctimas de esta masiva ferocidad privada del público democrático, histerizado por una libertad de expresión que es la cara externa de la atrofia en la acción? Incluso, ¿en qué cárcel podrán cumplir su condena los culpables sin el riesgo de ser linchados?
Porque además, en esta España laica que –sin solución de continuidad- ha relevado a la nación religiosa de ayer, se da otro fenómeno espectacular. Si antaño la norma era el secreto y el rumor, ahora el micrófono y la cámara permanecen pegados a la primera línea de la "investigación" policial y judicial. De manera que –de paso que jueces y policías se convierten en estrellas- el público ávido de noticias sigue en directo los pormenores lascivos de turno: ¿son o no restos de semen las manchas biológicas encontradas en el vestidito de la niña muerta? ¿Semen del padre adoptivo, quizás?
Pobres asesinos, no sabían en qué avispero se metían. En cuanto a los inocentes triturados por la batidora informativa, sólo tendrán que encontrar la medicación adecuada. Y un país lejano en el que refugiarse.
*La base de este texto se publicó el sábado 12 de octubre en fronterad. La actual versión se encuentra en la sección de novedades de www.ignaciocastrorey.com
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