“Los medios de comunicación, por consiguiente, permiten la información y la formación de la opinión pública. Han asumido la función de foros de exposición y debate de los principales problemas sociales: seleccionan los acontecimientos que se van a convertir en noticias (fijan qué es conflicto noticiable, cómo y con qué contenido debe ser presentado) y, a continuación, establecen las noticias que serán objeto de discusión social. Fomentan este debate a través de artículos de opinión y editoriales que presentan diversos enfoques y perspectivas de análisis y solución de un problema. Proponen medidas para solventarlo con la categoría de expertos. Los medios de comunicación son auténticos agentes de control social que reconocen y delimitan el «problema social» al mismo tiempo que generalizan enfoques, perspectivas y actitudes ante un conflicto”[1]

Así como la detección de variables criminológicas mediante metodologías cualitativas es, por así decirlo, incipiente en la Argentina, la determinación de las percepciones colectivas con relación al delito, mediante la utilización de herramientas etnográficas, es más infrecuente todavía. El presente estudio constituye una experiencia etnográfica, con encuestas en profundidad, que no registra precedentes -hasta donde hemos podido constatar- en las experiencias criminológicas y político criminales del Estado bonaerense, tendientes a evaluar e identificar las formas mediante las que se construye y reproduce el miedo al delito y una multiplicidad de narrativas comunicacionales coaligadas al mismo.

En este caso, hemos decidido apartarnos de los estudios cuantitativos, no solamente porque no contamos con los insumos y medios mínimos para llevarlos a cabo, sino porque, en estos casos, las Encuestas de Victimización han sido objeto de cuestionamientos a los que es preciso atender. “Se trata, entonces, de medir la potencialidad de las EV para producir datos y nuevas preguntas para la investigación en curso, así tanto como dar cuenta de sus límites en la empresa de conocer.  En otro trabajo (Varela 2004b) he analizado la construcción de la segunda parte del cuestionario, es decir, aquella que busca rastrear las experiencias de victimización a los fines de poder dar cuenta de índices de victimización “reales”. En este sentido, la encuesta ofrece una imagen de la criminalidad que excluye a los llamados delitos “de cuello blanco”, la criminalidad económica y los delitos “sin víctima” tales como el tráfico de drogas, reforzando los estereotipos de la criminalidad que circunscriben ésta al delito “callejero” (Sozzo 2000; Lea Young 1984)”.  [1].
La validez de este tipo de experiencias, de neto corte “cualitativo”, suponen un “ir hacia la gente” para comprender, de esa manera, circunstancias incógnitas tales como su sistema de creencias, sus percepciones e intuiciones - en este caso frente al fenómeno de la criminalidad y la violencia- y el grado de preocupación que el mismo ocasiona en el conjunto social o en segmentos acotados del mismo, conforme se lo propongan los estudios atendiendo al marco social que se abarque.
Los relevamientos de este tipo implican un trabajo en el campo, con informantes claves, entrevistas en profundidad y relevamientos de historias de vida, que suponen, a priori, la construcción por parte del investigador, de un “rapport” que confiera fiabilidad al mismo.
Resultan de una importancia indudable, no solamente como complemento de los estudios cuantitativos, sean éstos estadísticas policiales o judiciales o encuestas de victimización, sino como insumos de medición de las diferencias que existen entre la denominada “inseguridad objetiva” y la “inseguridad subjetiva”, y muy especialmente, de las formas como se desagregan socialmente estas percepciones y se articula la construcción de un discurso al que se asume como hegemónico, pero que se revela como matizado e intersticial.
Como expresa Garland, en las sociedades postmodernas el delito, y en particular lo que se hace desde los estados para intentar controlarlo, constituye un articulador de la vida cotidiana[2], donde el “miedo al otro” es la nueva forma de representación de lo diverso, y sucede a los miedos ancestrales del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. El miedo animista, el miedo sagrado, el miedo religioso, el miedo al Leviatán y, finalmente, el miedo a la “otredad”.
Esta visión particular, de “los otros”, de los infractores, del “delito” y de la “inseguridad”, en definitiva, no configuran únicamente un yerro analítico, sino que se nutre de contenidos ideológicos precisos y es uno de los productos culturales hegemónicos en el marco de la nueva relación de fuerzas sociales imperante, que es necesario remover imperiosamente porque deriva -en un último plano analítico de la inseguridad- en la utilización o manipulación del miedo como elemento de dominación y control social, a la sazón un extremo fundamental a abordar en materia político criminal y social.
Por un lado, el miedo al delito puede entenderse como la percepción subjetiva de las probabilidades de convertirse en víctima de un delito. Por el otro, esos mismos temores importan una expresión sintética de otros miedos de mucha más dificultosa identificación y dominio. Miedos humanos ancestrales, existenciales, donde la muerte configura una especie de vórtice inexorable que tiende sistemáticamente a ser eludida como principio y fin de todos los temores, justamente por su indocilidad e irreversibilidad. Lo que provoca una suerte de “trabajo práctico” que se expresa en la construcción fragmentaria de otros miedos, y en este caso del “miedo al otro” como forma de coexistencia militante frente a lo sobrecogedor e inmanejable de la vida y de la muerte.
Es, como dijimos, la actualización en clave de la modernidad tardía de los miedos cósmicos antiguos, de los miedos religiosos del medioevo, del miedo moderno a la política, al Leviatán.
El miedo al delito, como un fetiche postmoderno,  se ha inscripto como un insumo básico en las agendas políticas. “Gobernar desde el delito” implica actualmente una tentación irrefrenable, que tanto permite ganar elecciones, controlar y dominar, como deteriorar el catálogo de libertades y garantías decimonónicas y la convivencia armónica y medianamente civilizada, sustituida por una concepción sociológica de la enemistad (y la intolerancia)[3].
Peor aún, y por el contrario, conscientes de los réditos que en términos políticos la “lucha contra el delito” depara, las discusiones de las campañas y las acciones durante las gestiones se vinculan inexorablemente a la puesta en escena de gestualidades y gramáticas tan ampulosas y demagógicas como inocuas e inservibles, y de prácticas militarizadas, segregativas y violentas, casi siempre criminales. “Gobernar a través del delito”, además de resultar corrosivo de la propia democracia, marca el agotamiento y los límites objetivos que en términos de transformación de las nuevas sociedades “bulímicas” del capitalismo neoliberal de la periferia, exhiben la política y los estados
Es importante destacar además un dato comparativo por cierto revelador de la indigencia teórica de estas prácticas y ejercicios propagandísticos: mientras el “miedo al delito” ocupa el centro de la agenda social en la Argentina, la ya citada edición 2002 de la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña señalaba las diferentes formas que la inseguridad asume para los habitantes de esa región, advirtiéndose allí que la criminalidad convencional en modo alguno excluye ni desplaza la preocupación ciudadana por otras incertidumbres tanto o más relevantes, como la pérdida del empleo, de la vivienda, de la salud o factores asociados a terceros, como por ejemplo la negligencia médica, el envenenamiento y el deterioro del medio ambiente, en tanto realidades propias de la modernidad tardía. Esta misma encuesta revela, además, que una mayoría abrumadora de ciudadanos de Cataluña intuye, paradójicamente, que el incremento de los delincuentes en prisión aumentará sus problemas y su inseguridad, al igual que la instalación de cárceles cercanas a sus lugares de residencia.
Una instancia más reflexiva, en un contexto de exploración etnográfica, con una simbología y un marco diferentes, nos devuelve, al parecer, respuestas hasta ahora impensadas.
Es menester entonces dar en la Argentina una discusión sostenida desde la sociedad y el Estado, reivindicando la amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el capitalismo tardío marginal depara.                                                
La convalidación de una percepción reaccionaria de la “inseguridad” únicamente se comprende a partir de una declinación en el plano discursivo, cooptado y rellenado a su imagen y conveniencia por los sectores más ortodoxos de la sociedad, que además se escudan en el  “cumplimiento de la ley” como forma de disciplinamiento ritual. Es que las nuevas formas de dominación obligan a ocultar la verdadera ideología de sus mentores y ejecutores políticos. Así, por ejemplo, valores tales como la “democracia”, la “legalidad”, la “familia”, la “autoridad” y el “orden” son patrimonio casi exclusivo del pensamiento conservador, justamente porque se ha dejado de lado la discusión sobre el contenido conceptual de esas apelaciones.
Las experiencias políticas en los estados convenientemente debilitados, en los que la “lucha contra el delito” se vuelve indispensable para la legitimación de los mismos, demuestran que estas irrupciones conducen a regímenes autoritarios y policíacos, que conservan las formas extrínsecas aparentes de la democracia, pero al mismo tiempo habilitan las políticas “de mercado”, el espionaje y la persecución interna. No tanto el orden como el mítico retorno a un orden inexistente, no tanto la autoridad como la vulgar vocación de la erradicación social de los diferentes, constituyen los elementos que tienden a exacerbar y resignificar en clave conservadora, a los “nuevos” miedos como articuladores de la vida cotidiana. Los discursos políticos desbordan de lugares comunes, apelaciones tan enfáticas como inconsistentes respecto de la lucha que a diario se emprende (y se vuelve a emprender sin solución de continuidad) contra el “desorden” y la “inseguridad”, sin que siquiera nos percatemos de que esas mismas narrativas, transmitidas en clave de amenazas, enmascaran o suprimen deliberadamente cualquier tipo de propuesta dirigida a revertir las inéditas asimetrías sociales de la tardomodernidad en nuestro margen.
La “acción” (en rigor, los fastos punitivos), entonces, se prioriza a la razón y la demagogia a la experticia. Por el contrario, esta “guerra preventiva interior”, se percibe desde las intuiciones colectivas como un hacer impostergable, justo, heroico, cruzado, aunque se emprenda contra los destituidos, los marginales, los excluidos y los disidentes que se animan a reclamar por su derecho a vivir con apego a bagajes culturales alternativos a las “buenas costumbres” y la “moral” única, que reniegan de los datos objetivos del pluralismo y la diversidad de nuestras sociedades fragmentarias.
 En este contexto, es importante preguntarse es en qué medida esos miedos contribuyen o determinan a la configuración de una realidad alternativa, donde el miedo y la sensación de inseguridad resulten completamente distintos de la existencia verificable de un incremento de los riesgos.
La dilucidación de este extremo es central, no para subalternizar la preocupación por el delito sino, justamente, para atenderlo, educar a favor de la seguridad y en contra del miedo, justamente porque éste constituye uno de los más formidables elementos contemporáneos de control social.
La alarma social, convertida en estado permanente, la sensación de inseguridad y el miedo al delito tienen un efecto devastador para la sociedad democrática y para los individuos en particular.
Con todo, y siguiendo a Vozmediano, San Juan y Vergara[4], hacemos una advertencia sobre la diferencia entre lo que significa el miedo al delito, en tanto “temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la delincuencia”, de la percepción o sensación de inseguridad, que puede abarcar el “miedo al crimen en abstracto, como una inquietud respecto al delito como problema social. Dando un paso más, podemos entender la inseguridad ciudadana como el compendio de inquietudes que viene impregnando el discurso de la denominada “sociedad del riesgo”.
El miedo termina condicionando la vida de las personas, recortando su vida social, alterando su vida relación y provocando un aislamiento generalmente acompañado de estados de angustia o ansiedad, propiciando la “fractura del sentido de comunidad, abandono de los espacios públicos, actitudes favorables a políticas penales más punitivas, efectos psicológicos negativos a nivel individual y cambio de hábitos (adoptar medidas de seguridad, evitar transitar por ciertas zonas…)”[5].
Estas reflexiones conducen a las configuraciones de Wagman sobre los “cuatro planos de la inseguridad”.
En esta línea de razonamiento, es preciso ubicar una primera delimitación de la inseguridad derivada de la existencia del delito en la vida cotidiana de las personas.
Un segundo plano se vincula a las sensaciones de incertidumbre y miedo que generan las catástrofes y desastres, naturales o provocados, que se abaten sobre el planeta, y que provocan su acelerado deterioro.
Una tercera mirada está, justamente, dirigida a comprender la inseguridad como miedo, percepción o intuición que no necesariamente coincide con la realidad objetiva.
El cuarto plano, justamente, descubre a la inseguridad -y al miedo- como formidables instrumentos de control social y dominación política que impactan de manera brutal en la convivencia social organizada y armónica, requisito organizacional básico de las democracias y el Estado Constitucional de Derecho[6].
Este muestreo  efectuado en la ciudad de La Plata en el año 2008, permite afirmar que es posible realizar este tipo de intervenciones sin costo ni dificultad objetiva alguna.
La delimitación de las percepciones e intuiciones con respecto al crimen y el miedo al delito constituyen un insumo imprescindible para los operadores del sistema, ya que no identificados los antecedentes y las formas del constructo en el miedo al delito, y una aproximación a los mismos promoverá una mayor calidad de vida humana y el diseño de estrategias de política criminal compatible con certidumbres emanadas de esas percepciones y las formas como el miedo se construye y se transmite como discurso dominante: identificar e intervenir sobre los antecedentes del miedo permitirá promover una mayor calidad de vida urbana.
A continuación, se transcriben las conclusiones de las primeras diez entrevistas realizadas en el inicio de este trabajo etnográfico. Es interesante advertir la relación entre miedo al delito y niveles de victimización objetivos, y cómo el miedo se desagrega y expresa en percepciones y narrativas diferentes, frente a la incorporación de variables tales como la presencia cercana de la cárcel respecto de los lugares de residencia de los entrevistados, un insumo hasta ahora inexplorado que constituye una de las originalidades que plantea la investigación, condicionada por una opción por la metodología cualitativa y, fundamentalmente, por los medios de que se dispone para llevarla a cabo.
1. Jaime tiene entre 40 y 50 años. Es peruano y trabaja como portero de un edificio céntrico de la ciudad, habitado por gente de clase media y media alta. Nunca fue víctima de un delito, y reconoce que en su país natal los indicadores de delincuencia son mucho mayores que en la Argentina, a la que identifica con La Plata (“allá está mucho peor”). Admite sentir mucho miedo ante la posibilidad de ser víctima de un delito y dice que siempre lleva consigo un “controlador de pánico”, especialmente para ser utilizado “cuando sale afuera” del edificio. Relata hechos de hurto (conoce el caso de un automotor Fiat 147 que había permanecido estacionado durante días frente al edificio donde trabaja), la mayoría de los cuales les han sido relatado por terceros. Señala, no obstante, que el centro de La Plata “es muy peligroso”.
2. Alicia es abogada. Tiene entre 25 y 35 años. Dice que siente un muy intenso miedo al delito, que la posibilidad de ser víctima de un delito está entre sus principales miedos (tengo miedo a la muerte producida con motivo u ocasión de un delito). Señala que “toda la gente” tiene mucho miedo.
3. Adriana tiene 52 años. Es odontóloga, aunque no ejerce su profesión. Señala que toma muchas precauciones al salir a la calle, y lo propio hace con sus dos hijas, de 18 y 20 años. “Vos no sabés lo que es esto”, expresa (refiriéndose a la realidad que la circunda y más especialmente a la delincuencia común). Reconoce que nunca fue víctima de un delito, pero sí que sabe de familiares directos que han sido víctimas de hurtos o robos y además expone una cantidad innumerable de hechos que conoce por terceros y, también, por los medios de comunicación. El miedo al delito está entre sus principales temores.
4. Florencia tiene 25 años. Es estudiante de Sociología y oriunda del interior. Refiere que un año atrás, una noche que volvía del súper con su hermano menor fueron asaltados a punta de pistola en el palier del edificio, y obligados a subir a su apartamento, donde el atacante los redujo e inmovilizó, mientras les exigía dinero y les repetía que no dieran cuenta a la policía una vez que él se fuera. Conjetura que el episodio pudo haber sido determinante para que su hermano abandonara sus estudios, pero que ella lo había superado a los pocos días. No siente miedo a ser víctima de un nuevo ataque. De hecho, regresa de la facultad todos los días en horario nocturno y atravesando una plaza pública del centro de la ciudad, y no ha vuelto a tener experiencias de ese tipo. Como único recuerdo ingrato de aquel episodio, relata que la policía se encargó de dar las identidades de ambos (incluso consignado erróneamente como mayor la de su hermano - “a propósito”, para poder publicarlo, dice Florencia, cosa que sí le hizo sentir temor por posibles represalias-y su dirección exacta a la prensa, que los publicó tal cual. Curiosamente, tiene miedo de la policía, pero no de terceros o extraños.
6. Miguel tiene 62 años y es el primero de los taxistas entrevistados. Ni bien pone dirección a la Terminal, que es el lugar que le indico como destino, escucha que un joven le grita algo a su paso, como reprochándole lo intempestivo de la partida. “Qué te pasa, negro boludo”, le dice en un tono entre provocativo y dominante. Reivindico su conducta y le digo algo así como “ya no se puede andar por la calle, con estos muchachitos por ahí; están cada vez más irrespetuosos”. Me cuenta que él es jubilado del Servicio Penitenciario, que lo que pasa es que “todo” es un absoluto desorden, que no se sabe ya quiénes son los buenos y quiénes los malos. Que esta confusión la ha creado el gobierno, y que la gente ya no puede vivir por temor a la delincuencia, a la que asocia con los delitos predatorios. Nunca fue víctima de un delito.
7.  Raúl también es taxista. Tiene más de 60 años. Es locuaz y no me cuesta nada preguntarle de manera directa si aquí en La Plata el tema de la delincuencia es realmente tan grave como lo refleja la prensa. Sí, maestro, me responde con gesto grave, mirándome por el espejo retrovisor. Dice que después de las 8 y media o 9 de la noche “ya no se puede salir, acá”. Admite que a él nunca le pasó nada, pero que “el problema es que estos guachos, los delincuentes, son todos menores”. Entonces, “los vigilantes se rompen el culo para agarrarlos, y al rato vienen los jueces o los fiscales y los largan porque son menores”- “por eso matan tanta gente, acá. Aunque la mayoría de los que mueren son estos guachitos (siempre utilizará esta expresión para referirse a los jóvenes), pero matan a 2 y aparecen otros 10, matan 10 y hay 100, parece que dejaran semillas estos h…de p…”. Señala que esto no tiene solución, y que además “no les calienta solucionarlo”, aludiendo, supuestamente, a las agencias estatales. Cuando pasamos por 7 y 50, advierte la presencia de 5 o 6 jóvenes en la vereda de la legislatura, en un lugar que a esa hora (20,48) se encuentra muy densamente transitado. Acto seguido me previene de que “esos son”. “Si ud pasa por ahí, le aparecen desde un lugar oscuro y “lo hacen”, y encima por ahí los desfiguran a trompadas. Los chicos, vestidos con bermudas, remeras y algunos con gorritas, seguían jugando entre ellos. Cuando llegamos al edificio donde queda mi apartamento, ve a unos chicos que todas las tardes aprovechan la superficie lisa de la vereda de un edificio público para practicar skate. “Allá hay otros. Hacen como que están ahí boludeando y su usted pasa por al lado de ellos por ahí le manotean el bolso o la cartera”. En este caso, solamente se ven los jóvenes enfrascados en su actividad, pero ni siquiera se observa ningún otro rasgo, ni su vestimenta, ni sus rostros. Absolutamente nada. Me demoro a propósito en bajar del auto y se lo nota incómodo, temeroso, con la vista fija en los jóvenes (a quienes cruzo todos los días y todas las noches).
8. Rolando, otro taxista. Tiene alrededor de 60 años. Dice que “está podrido de cómo está todo”. Que a él “nunca le pasó nada”. Y que esto se arregla “únicamente si viene alguien con pelotas y pone las cosas en su lugar. Un Pinochet”.
 9. Renzo tiene una pequeña peluquería en el centro de la ciudad. Es oriundo de Huanguelén y hace unos años que vive en La Plata. Es locuaz, tiene clara posición tomada frente a hechos políticos contemporáneos (problema con el campo por las retenciones, la contaminación ambiental, la cuestión criminal), conoce a los actores institucionales provinciales, y cree que hay una exagerada sensación de inseguridad y que el miedo al delito lo ha llevado a advertir a su familia para que esas percepciones (en cuya generación le asigna particular relevancia a los medios de comunicación, en especial a la televisión) no les hagan cambiar sus rutinas ni su forma de vida. Tampoco ha sido víctima de un delito en el tiempo que lleva residiendo en La Plata.
10. Florencia es peruana, tiene alrededor de 35 años, y realiza tareas domésticas por hora. Dice que “los chicos están tranquilos”, que “no hay problema de delincuencia” en su barrio. Vive “en una casilla” (asentamiento precario) en las afueras de Berisso. Es muy reticente a explayarse sobre el tema, no se logra inicialmente construir un vínculo suficiente como para indagar mucho más sobre sus percepciones y sobre su historia de vida.
Aclaración: los nombres de las personas son ficticios.







[1] “Etnografías Contemporáneas. La medición de la “sensación de inseguridad en las encuestas de victimización. Apuntes teórico-metodológicos para el abordaje de las representaciones sociales sobre el delito y la crisis de la (in) seguridad”, Revista Litorales. Año 5, n°7, diciembre de 2005.


[2] “La cultura del control”, Gedisa, 2001, p. 184.
[3] conf. Simon, Jonhatan: “Gobernando a través del Delito”, en “Delito y Sociedad”, N° 15, Universidad Nacional del Litoral, p. 75 y ss.

[4] Vozmediano, Laura; San Juan, César; Vergara, Ana Isabel: “Problemas de Medición del miedo al delito. Algunas respuestas teóricas y técnicas”, disponible en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología”, Artículos, 10-7, 2008.
[5] Ibid.
[6] Conf. Wagman, Daniel; “Los cuatro planos de  la seguridad”, Ponencia presentada en el Congreso “Política Social y Seguridad Ciudadana”, Escuela Universitaraia de Trabajo Social, Vitoria- Gasteiz, 2003, actualmente disponible en sitio “Seguridad Sostenible”, www.iigov.org/seguridad/?p=17_01

[1] Fuentes Osorio, Juan L.: “Los medios de comunicación y el derecho penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC, 07-16, 2005.

América Latina parece encaminarse, lenta pero inexorablemente, hacia formas realizativas  penales llamativamente análogas, a las que, en principio, la sociedad blanca y los estados consideran  compatibles con las Constituciones liberales y el Estado Constitucional de Derecho. Así, formas procesales caracterizadas por un sesgo acusatorio, donde se elimina la figura inquisitiva de una instrucción formalizada donde el juez instruye, averigua, aporta e incorpora pruebas y resuelve, tiende a sustituirse paulatinamente por instancias dinámicas el impulso de la acción penal corresponde al Fiscal, se propende a un mayor protagonismo de las víctimas durante el proceso, se incorporan formas de resolución de  conflictos alternativas a la punición, se desacralizan los procesos y se tiende a un derecho procesal de actos y no actas.

Sin perjuicio de esta mirada, que ha calado profundamente en los nuevos abordajes procesales, político criminales y constitucionales, en la academia y en la dogmática, las comunidades mapuches tienen algo que decir al respecto, como resultado de su propia historia colectiva y la forma en que han incorporado las nuevas tecnologías procesales en Chile. Un supuesto empíricamente verificable, cuyas consecuencias no podemos seguir soslayando.

El nuevo sistema, para ellos, representa (tal como empezamos a descubrirlo también nosotros en La Pampa) una mecanización acelerada, una suerte de automatización de procesos selectivos de criminalización que se abate sobre los sectores más vulnerables de la sociedad con la misma iniquidad y a una mucha mayor velocidad que los sistemas mixtos o inquisitivos, mediante acusaciones tan graves como terrorismo, asociación ilícita o entorpecimiento del transporte y circulación de las personas. La necesidad de un análisis crítico de los riesgos que, respecto de la criminalización de colectivos sociales apelando a figuras punitivas tan gravosas como el terrorismo, la asociación ilícita, la interrupción del normal funcionamiento de los medios de transporte, supone la necesidad de desmitificar las (nuevas) formas jurídicas y relevar los efectos que en la realidad objetiva su aplicación -siempre en apariencia neutra- ocasiona en los segmentos más expuestos frente a la conflictidad de las sociedades monistas. En este sentido, las lecturas iniciales que se han hecho sobre los nuevos sistemas procesales  de corte acusatorio ameritan una lectura crítica a partir de la incorporaciòn de las intuiciones de los sujetos perseguidos penalmente.
Quienes hemos hecho cuanto estuvo a nuestro alcance para remover las viejas prácticas inquisitoriales y sustituirlas por un sistema compatible con el programa constitucional, e impulsamos fuertemente la consagración de un código adversarial, debemos analizar con el mayor rigor la constatación de "efectos colaterales" manifiestamente contrapuestos a los ideales operantes originarios que inspiraron esta nueva forma de reglamentar la constitución provincial. Lo que pasa en Chile con los comuneros mapuches es un dato que guarda inquietantes similitudes con lo que ocurre en nuestra Provincia.
Ya en el año 2000, apenas entrada en vigencia el nuevo sistema procesal, se vivieron momentos de "tensa calma" en el centro de Temuco, luego de que un grupo de mapuches se reuniera a las afuera de la ciudad para protestar  contra la aplicación del nuevo sistema penal en esa región austral del país hermano.
Cerca de 50 mapuches, según relataban los sueltos priodísticos de la época, provenientes de diversas comunidades de la región, marcharon por diversas calles Temuco para manifestar su disconformidad ante el nuevo sistema judicial.
El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo entonces que la Reforma Procesal Penal negaba completamente al pueblo mapuche y los postergaba en toQdos sus derechos.
"Este proceso le da la espalda a todo nuestro pueblo. También viola el derecho internacional, que entrega mecanismos para resolver los conflictos entre el Estado y pueblo indígena", sostuvo.
Agregó además que este sistema era la oportunidad para incluir un régimen que permitiera el acceso a la justicia con mejores condiciones para los indígenas. "Estos han sido los mismos criterios que utilizó el Estado para despojarnos de nuestras tierras", 
Cabría preguntarse si esa percepción colectiva se ha modificado con posterioridad a aquellas protestas colectivas.
Durante el año 2009, Organizaciones del pueblo Mapuche rechazaron la detención del joven Waikilaf Cadin, líder indígena que fue apresado el pasado 11 de septiembre durante el homenaje al presidente chileno Salvador Allende.
"El joven líder mapuche alcanzó a estar en libertad sólo una semana luego de salir de la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, en la austral región de Los Lagos.
Cadin es hijo de la encarcelada lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, y del werken Antonio Cadin, preso hasta hace poco en Temuco.
Acusado de la colocación de una bomba en Temuco el 29 de diciembre de 2008, Waikilaf Cadin pasó seis meses en prisión preventiva y sin sentencia.
Detenido el 27 de marzo de 2009, el joven ex estudiante de Derecho fue enjuiciado por la ley antiterrorista que las organizaciones indígenas señalan como un ejemplo de la táctica policial orientada a neutralizar los liderazgos del pueblo mapuche.
Explicaron además, que en Chile se utilizan las medidas cautelares como mecanismo de control de la lucha política y social.
En este último año de gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet, hay 87 presos políticos y/o procesados mapuche, una lista que incluye algunos activistas chilenos solidarios con su causa.
De ellos, 38 casos corresponden a personas que cumplen prisión efectiva actual. El ministerio público, por instrucciones del gobierno del ex Presidente Lagos, y ahora de Bachelet, ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, en 35 oportunidades.
Existen otros 44 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares. Cuatro mujeres mapuche están en prisión y 3 viven con medidas cautelares que restringen sus libertades democráticas (http://chilecontaminada.blogspot.com.ar/2009/09/mapuches-denuncian-persecucion-penal.html).
Por su parte, la Agrupación de jóvenes técnicos y profesionales Konapewman, de Temuco, también ha realizado fuertes críticas al sistema procesal: "En este último tiempo, diversas han sido las posiciones del modo en que ha operado  en la Región el Nuevo Sistema  procesal penal, principalmente ante su accionar con la realidad Mapuche.
Si bien el marketing  utilizado por el Gobierno ante la Reforma procesal ha sido el de  proyectar un sistema más ágil, dinámico y viable, que permita resoluciones más oportunas y transparentes, pero sin embargo no es coincidencia que este nuevo modelo se aplique casi exclusivamente (junto con la IV Región) en este territorio en medio de movilizaciones Mapuches por la recuperación de tierras y reivindicaciones de Derechos como Pueblo.
Tampoco es coincidencia, que su implementación conducido por Fiscales haya provocado una directa represión en Comunidades y organizaciones ocasionando el sometimiento a proceso de numerosos dirigentes y comuneros Mapuches, como asimismo la utilización de violentos operativos policiales que en variadas ocasiones han dejado a heridos y masivos daños.
Por estas coincidencias, cabe cuestionarse entonces  ¿quién está detrás de este nuevo frente judicial y cuál es su  finalidad al aplicarlo en esta zona?. Es evidente que la política estatal busca  reprimir y opacar en el centro de su medula las acciones de comunidades reivindicativas, utilizando una institucionalidad como la Judicial para, según se aprecia, obtener el imperio de la ley y establecer un estado de derecho rígido, pero a costa de una conducta prácticamente terrorista y que ha violado los Derechos Humanos más esenciales del Pueblo Mapuche, con graves consecuencias violentitas. No sería de extrañarse que se haya implementado esta Reforma Penal bajo la presión e intervencionismo de  intereses económicos de minorías que lo único que buscan un proteccionismo simulado y conseguir el sosiego e integracionismo Mapuche  para seguir ampliando su mega-productividad (agrícolas y forestales) a costa del deterioro y exterminio de las entidades territoriales Mapuches" (http://mapuche.info.scorpionshops.com/mapuint/konapewman0108.html). 
Como vemos, hay denominadores comunes que deberían merecer nuestra mejor disposición y atención. La macdonalización de los procesos, el uso excesivo de ciertas medidas de coerción, en especial la prisión preventiva, el incremento de las tasas de encarcelamiento, la desigualdad de armas durante los procesos, las dificultades de los operadores para remover sus rasgos culturales y prejuicios previos, la falta de una política criminal unitaria, la incapacidad de exhibir al nuevo sistema como una forma pacífica, armónica, y por lo tanto superadora en la forma de administración de la conflictividad social, son algunos de los problemas comunes que aquejan a la reforma. Más de diez años de imposición de la misma en Chile, permiten auscultar las valoraciones que sobre la misma hacen los mapuches. Deberíamos, quizás, compulsar la que podrían ensayar los sectores más vulnerables de nuestra sociedad provincial.




En sucesivas ediciones de nuestro blog, habíamos advertido, de distintas maneras, sobre el riesgo de cederle a las derechas duras el rol de gestores "eficientes" de las políticas públicas en materia de administración de las  nuevas formas de conflictividad.

A expensas de esa pasividad de los críticos, puede explicarse en buena medida el crecimiento sostenido de las prácticas y narrativas del pensamiento reaccionario en materia de "seguridad" pública, transformando a la misma en un fetiche imprescindible de las agencias políticas, capturadas desde lo peor del pensamiento conservador, por políticos de esa catadura.
Acaba de llegar Rudolph Giuliani a la Argentina. Como no podía ser de otra manera, el referente del realismo de derecha norteamericano vino de la mano de una de las expresiones políticas reaccionarias con mayor intención de voto en la provincia más importante del país. Su prédica, por conocida, no debe dejar de (pre) ocuparnos. Ya sabemos cuál ha sido su postura respecto de las iniciativas de Juan Carlos Blumberg, el otrora ingeniero que contara con el generoso apoyo de los grandes medios de comunicación que -vaya coincidencia- son los que ahora aúpan al candidato anfitrión de este retardatario gestor de estrategias binarias y brutales en materia de convivencia social.
Si bien Massa se animó a deschavarse ideológicamente con la importación de semejante compañero de ruta, de quien espera poder extraer conclusiones para adaptar a nuestra realidad, a Giuliani lo conocemos desde hace demasiado tiempo.
Sabemos que sus "estrategias" segregativas, prejuiciosas y violentas en materia  política criminal han sido mucho más exitosas desde lo mediático que desde sus verdaderos resultados. Que Boston o San Diego -que no pusieron en práctica la "tolerancia cero"- pudieron exhibir mejores estándares en términos de articulación de formas de convivencia armónica que Nueva York, durante la "era" Giuliani, aunque recibieran un favor y un reconocimiento mucho menor de parte de la gran prensa estadounidense.
Que sus prédicas incluyen posicionamientos igualmente reaccionarios en materia de política exterior, propiciando una relación todavía más hostil -también de "tolerancia cero"- de EEUU para con Cuba, Venezuela u otros países insumisos a los designios imperiales (http://www.prensa.com/uhora/mundo/con-romney-habra-una-posicion-mas-firme-contra-chavez-y-cuba-dice-giuliani/110866).
Giuliani justifica la tortura y propicia la construcción de nuevas cárceles (http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-168288-2011-05-17.html), ha dicho que le ve un gran futuro a Sergio Massa, y éste -exhibido como el campeón del montaje de las videocámaras- que espera contribuir a que los delincuentes dejen de entrar por una puerta y salir por la otra. La aporía perfecta del léxico simplista pero (mal) intencionado de la peor derecha criolla. No nos quejemos ahora. Si Massa, Giuliani & cia ocupan estos lugares, es porque la mayor parte del arco iris ideológico del pensamiento crítico no se ha preocupado lo suficiente por construir un programa político criminal democrático. En Argentina y en la región.

La dinámica inusual de las percepciones e intuiciones mutuas entre el Estado y la sociedad, entre ésta y la prisión y entre el propio Estado y la cárcel, generan desde siempre diagnósticos desagregados, con una notable insularización del conocimiento objetivo respecto de la cuestión penitenciaria, de sus realidades, variables e incidencias en el resto de la sociedad civil. La cárcel difumina los límites entre sus funciones explícitas y simbólicas, crea una cultura patibularia, instala mitos, los reproduce y los multiplica. Ese proceso dialéctico de construcción brutal de poder impacta decididamente, en la modernidad tardía, en el sistema de creencias de los particulares, y transforma la cuestión criminal en una suerte de botín de guerra susceptible de ser utilizado con fines ideológicos que a veces encarnan hasta conatos destituyentes. Cárcel y miedo al delito, deslegitimación de las instituciones y organizaciones del Estado y cremación de los proyectos populares, se coaligan como una suerte de profecía autocumplida en la cotidianeidad mediatizada. En síntesis, que entre las funciones simbólicas de la cárcel, podemos incluir seguramente la reproducción de sensaciones públicas respecto del delito.

En ese contexto, donde se implican procesos de aculturación y contraculturación sin precedentes, disputas “habermasianas” sobre la hegemonía de los discursos y una defensa del orden que por cierto trasciende la cuestión criminal, cuánto y qué sabemos sobre la cárcel parece hasta ahora un misterio cerrado con siete llaves para los Estados de este margen, en orden a aspectos que considero, humildemente, cruciales y estratégicos. 

Esto supone una necesidad inmediata de revisar la fiabilidad, la exhaustividad y la congruencia con la que se realizan los estudios criminológicos de los internos al momento de decidir sobre algunos de los derechos que se solicitan en el marco de la ley de ejecución penal; los efectos que en términos de criminalización de los propios internos ocasionan sus rutinarias, arbitrarias y escandalosas negativas; la utilización de una curiosa eficacia de los “tratamientos” de resocialización y sus perfiles, que llegan a imponer, por ejemplo, que el privado de libertad declare contra sí mismo como pretendida condición para acceder a esos derechos; el peligrosismo descarado de esos instrumentos y –en definitiva- la deriva consuetudinaria de los informes criminológicos hacia sistemas de premios y castigos administrativizados y carentes de contralor por parte del Estado.
Para eso, sería de importancia estratégica, la creación de un ámbito de observación, estudio y seguimiento criminológico hacia el interior de los Servicios Penitenciarios, a cargo de funcionarios estatales y representantes de organizaciones de DDHH, que proporcionen pautas criminológicas permanentes, que eviten la fragmentación de las intervenciones, las contradicciones entre los informes criminológicos, producto de deficiencias objetivas respecto de la centralización y unificación de los criterios a implementarse, y la vigencia del paradigma positivista en los mismos.
Y cuya función podría extenderse a extremos tales como: los estándares reales de vigencia de los DDHH y de los derechos y garantías fundamentales de los reclusos. La cuestión de género en las prisiones. Las estadísticas de la prisión y su análisis comparativo. El miedo al delito, la cárcel y la consistencia y calidad institucional de las respuestas estatales.
Esta propuesta, desde luego, no es original. Reconoce antecedentes que datan de más de setenta años y se inscriben en la impronta que el “primer peronismo” le confirió a la cuestión carcelaria. Básicamente, propender a que la Revolución social llegara a las cárceles (1946/47), tal como lo relata Lila Caimari. Por esto es que hablamos de resignificar las funciones explícitas y simbólicas de la cárcel, redefiniendo y actualizando la idea fuerza del correccionalismo como límite a las modernas narrativas del neopunitivismo retribucionista y prevencionista, con una lógica adaptación a las condiciones objetivas de las sociedades de control, con una profunda y sistemática intervención del Estado y la sociedad civil (encarnada en organizaciones de DDHH) en los aspectos criminológicos que implican a los reclusos, que constituyen uno de los datos más salientes de la problemática de las prisiones y afectan derechos fundamentales de los prisioneros, porque gravitan decisiva y arbitrariamente sobre sus propias vidas.

Por Ignacio Castro Rey. Las tres chicas de Alcàsser, Rocío Wanninkhof, Marta del Castillo, los niños de José Bretón. Ahora, en claroscuro, ese ser que se llamó Asunta, su rastro leve en Santiago y alrededores. Llama la atención, en estos tristes casos criminales de los últimos años, algunos todavía no resueltos, el peso de la ferocidad informativa. Junto con esto, como su otra cara –es preciso decirlo-, una escandalosa inoperancia policial. Torpeza que en el caso de Marta del Castillo llega a niveles de esperpento. No entremos en detalles, pero ¿tal incompetencia profesional se deberá al hecho de que también la Policía y la Guardia Civil se pasan el día entero pegados al delirio informativo, siguiendo la carnaza del escándalo y buscando signos del último rumor? Es de suponer que la norma, en cualquier asunto criminal, es la labor de investigación policial y, detrás, la lógica expectación popular. En nuestra bendita nación terciaria –pero también en el Reino Unido, con el resucitado caso Madeleine- ocurre más bien lo contrario. El negocio informativo va por delante, con muchas horas baratas dedicadas al caso, a veces tan nauseabundas como el mismo crimen, y los cuerpos policiales detrás, haciendo lo que pueden. ¿Lo que pueden? O cualquier otra cosa. En el asunto Wanninkhof –recordemos el linchamiento moral de Dolores Vázquez: ¿en qué barrio de Londres ha de refugiarse ahora?- la Guardia Civil se limitó durante días y días a seguir las olas de una embriagadora indignación popular. Una democrática “alarma social” de la que hoy en día difícilmente se libran los jueces. ¿Se imaginan la estampa de unos bobbies ingleses que se limitasen a acompañar los sentimientos angelicales de sus hooligans? En esas estamos, según parece. ¿Malas prácticas periodísticas? No, gracias. Hace mucho tiempo que el periodismo es exactamente eso. Sabemos lo que, aquí y en todas partes, es la información: cabeza buscadora de nuestra ofensiva militar contra la vida, elemental y secreta. Vanguardia crucial en la caza del hombre, ¿qué sería de la información, en España, Inglaterra o Francia, sin humanos a los que decapitar impunemente? Nada, absolutamente nada. No cumpliría, en una sociedad encharcada en el malestar, su labor de drenaje anímico, de blanqueo espiritual. Cada una de nuestras vidas es un poco menos miserable, menos humillada, frustrante y malhumorada, después de comprobar lo mal que le va al otro. Por lo tanto, es necesaria nuestra diaria ración de horror, con su cortejo de víctimas y verdugos.
El entretenimiento está servido. Como si no fueran por un momento de este planeta tierra, échenle un ojo a cualquier telediario. Ya solamente la expresión triunfal del locutor al narrar –con la sonrisa apenas disimulada de esa vocalización darwinista- los detalles de la última desgracia, es indicativa de que el espanto de los otros es crucial para que la humillación cotidiana que llamamos economía sea soportable. Lo dijo hace años Emil Cioran: atrapada en las coacciones del mundo moderno, la gente se volvería loca sin ese exorcismo obsceno de las pantallas.



Que la información sea otra cosa, algo distinto a una sangrienta cinegética es, poco más o menos, lo que antes se llamaba un milagro. Que esta labor de blanqueo anímico sea en España particularmente activa y cruel sólo recuerda que vivimos en el país de la tauromaquia, en una cultura que necesita una bestia indefensa a la que martirizar para que se cumpla la deseable cohesión social. ¿La ausencia de rivales externos temibles –esas escasas iniciativas internacionales- fuerza la necesidad de enemigos internos? ¿A qué se debe si no el fervor masivo que sigue día tras día el “sota-caballo-rey” del caso Bárcenas o de los Ere andaluces? Desgranados además en mil detalles minuciosos que parecen buscar, ante todo, prolongar el filón de la alarma social.



Si de los periodistas dependiera, y de su instinto profesional para estirar el espectáculo, jamás saldríamos de la llamada crisis. El negocio del índice de audiencia, con el tam-tam de una información barata. Y el negocio también del sectarismo partidista, con el arma arrojadiza de la corrupción. ¿El alto nivel de paro refuerza además la necesidad de noticias-basura para matar el tiempo, a cualquier precio?



Nunca se insistirá lo bastante en el papel de la prensa y la televisión en la corrupción de la vida pública española, una corrupción que tiene su eje en algo prácticamente inimputable como es la pereza mental y la inercia endogámica de los gremios. En los cinco casos criminales que antes mencionábamos se da además el añadido de que el morbo temático sirve al cuerpo social en conjunto, no sólo al latifundio partidista. Todo el mundo toma partido entonces, buscando su parte en la fiesta. Se dijo hace años: mientras los canallas globales bombardean naciones exangües, los canallas locales tienen que conformarse con masacrar al vecino que ha caído del lado del Mal.



Frivolizando al máximo con la tragedia –informar es básicamente divertir, entretener- una mujer llega a decir: “Hasta yo mataría mejor”. ¿Es cierto o no que en el colegio de Asunta, mientras su pupitre permaneció vacío durante días y la dirección se ocupaba de actos escénicos de cara a la galería, apenas hubo una palabra pública de los adultos ante los niños, la autoridad moral de un discurso que se elevase por encima de la bazofia mediática? De ser así, y la noticia es creíble, estaríamos ante otra constante de la comunicación, la redundancia: “Piensa globalmente, actúa globalmente”. O peor aún: “Piensa localmente, actúa globalmente”. Mientras tanto, la presencia real queda a merced de los nuevos seres primarios y sus formas de violencia. Prácticamente indetectables, pues todo el mundo atiende a las pantallas y nadie actúa in situ, presente con sus cinco sentidos.



Incluso en octubre, la información hace su agosto magnetizando a un público cautivo. Culpables o inocentes, ¿dónde levantarán cabeza las víctimas de esta masiva ferocidad privada del público democrático, histerizado por una libertad de expresión que es la cara externa de la atrofia en la acción? Incluso, ¿en qué cárcel podrán cumplir su condena los culpables sin el riesgo de ser linchados?



Porque además, en esta España laica que –sin solución de continuidad- ha relevado a la nación religiosa de ayer, se da otro fenómeno espectacular. Si antaño la norma era el secreto y el rumor, ahora el micrófono y la cámara permanecen pegados a la primera línea de la "investigación" policial y judicial. De manera que –de paso que jueces y policías se convierten en estrellas- el público ávido de noticias sigue en directo los pormenores lascivos de turno: ¿son o no restos de semen las manchas biológicas encontradas en el vestidito de la niña muerta? ¿Semen del padre adoptivo, quizás?



Pobres asesinos, no sabían en qué avispero se metían. En cuanto a los inocentes triturados por la batidora informativa, sólo tendrán que encontrar la medicación adecuada. Y un país lejano en el que refugiarse.



*La base de este texto se publicó el sábado 12 de octubre en fronterad. La actual versión se encuentra en la sección de novedades de www.ignaciocastrorey.com





Héctor Huergo escribió hace unos días una nota señera en el diario Clarín. Sugestivamente, o no tanto, es el gran diario argentino y no el vocero tradicional de la oligarquía terrateniente vernácula, el que publica este anuncio virtual de la nueva contradicción que se habría saldado recientemente en el país. Huergo lee - y escribe- que el resultado de las PASO expresa la síntesis de una lucha entre la Argentina “verde”, el eje sojero de la pampa húmeda, y el cordón “Matanza-Riachuelo”. La Argentina productiva, expoliada para satisfacer las necesidades básicas de millones de ciudadanos todavía sumergidos (a los que se imagina habitando únicamente el conurbano, en una caracterización e identificación segregativa y excluyente que refleja su ADN ideológico sin pudores) se ha puesto de pie, ha elegido su candidato, y el círculo rojo ha eyectado definitivamente de las expectativas presidenciales las tenues presencias políticas de otros candidatos opositores.
El articulista no hace más que interpretar el estado de la disputa: la derecha tiene el poder económico, pugna por el religioso, y confía en un multitudinario festival de garrochas en las gobernaciones y municipios del interior, fundamentales para terminar de inclinar la balanza en favor del –imaginan- Capriles criollo.
Todos adorando un “nuevo modelo”, que significa, nada más y nada menos, que dar marcha atrás con las conquistas sociales revolucionarias de los últimos diez años e instaurar una remake neoliberal con pretensiones de historicidad adaptativa.
Retrocederíamos, entonces, pero no hasta un capitalismo neoliberal “de valores asiáticos”, sino hasta donde lo permitan los millones de promocionados sociales del kirchnerismo. Intuyen, no sin razón, que una vuelta de tuerca mayor no cerraría sin represión. Y cuando hablo de represión, no pienso en el puente de Avellaneda. Remito a gigantescas operaciones policiales de intervención, no necesariamente internas. Pero la nueva derecha no ha establecido todavía sus verdaderos y últimos límites, más allá de la franja tumultuosa del conurbano que describe Huergo. Por brutalmente explícito, el análisis de clase del texto en cuestión no deja de tener el mérito de todo hallazgo. Se trata de la primera advertencia, de la que, en apariencia, el kirchnerismo no ha tomado debida nota a lo largo de estos diez años. A esta exhibición de poder descomunal, pretende oponerle  la reiteración de una fraseología de nula conceptualidad que atraviesa los medios de comunicación afines, y que sintetiza la recurrencia de erradicar el argumento como forma de construir política. Y, sobre todo, han renunciado a profundizar una interpretación de la nueva composición e interrelación de clases en el país. Lo que parece resultarle sencillo de entender en el plano internacional (donde la Presidenta acierta casi sin solución de continuidad), sugestivamente se le representa como un misterio cerrado con siete llaves en el plano interno.
Eso es lo que le impide percibir que el revés que le espetaron sus propios beneficiarios, que engrosan el segundo peldaño de la nueva base social, tiene que ver con el nuevo sistema de creencias y representaciones de millones de emergentes, arrojados irreflexivamente al consumo y a presenciar como enconados testigos el mayor circulante de riqueza de la historia, propia de un capitalismo que se sustenta más en la envidia que en el individualismo. Esa construcción fue un error, pero el gobierno no alcanza a entenderlo. No percibe que ese empoderamiento social que ha dado lugar a una amorfa masa de ávidos consumidores, en sustancia tan individualista como la histórica clase media, le ha impedido la consolidación de un sujeto social más dinámico, con conciencia de clase y de su condición de clase explotada.
El bloque corporativo hegemónico sabe, no obstante, que todavía no puede cantar victoria. El kirchnerismo, como dato político y como hecho social, va a trascender largamente en el tiempo su vigencia institucional. Las bases sociales que lo sustentan y se sienten representadas por las reivindicaciones relevantes de sus gobiernos, configuran un núcleo duro sin parangón en la política argentina, y participan de una coherencia interna que supera, incluso, a muchos de sus dirigentes. Diez años es mucho tiempo como para suponer alegremente que se pueda prescindir en la realidad objetiva, de un impresionante cambio cultural y una evidente elevación de la conciencia popular. Esta vez, a diferencia de lo que marcaba Walsh, el pueblo no debería retroceder a posiciones que le resultan conocidas, simplemente porque está lejos ahora de experimentar una derrota política, a menos que se confunda la misma con un contraste electoral en una contienda de medio término.
Hay evidencias concretas que dan cuenta que esta afirmación está lejos de ser una especulación optimista. Los sectores populares han comenzado a dar la batalla, incluso, en aquellos temas que la derecha ha utilizado para organizar y articular la vida cotidiana de las grandes mayorías sociales. En materia securitaria (quizás el ejemplo que colorea con mayor fidelidad estas tendencias), más allá de los discutibles esfuerzos del gobierno por recuperar una empatía social concediendo a favor de políticas públicas con algo (bastante) de demagogia y populismo punitivo, el pueblo ha decidido organizarse alrededor de consignas y prácticas asociativas otrora impensables. Los diarios nacionales (en rigor, solamente algunos) dan cuenta que los vecinos del barrio Zavaleta reunidos en la “asamblea poderosa”, nucleada en torno de la revista barrial La Garganta Poderosa, pondrán en marcha “un modelo de Control Popular sobre las fuerzas de seguridad, sin ningún padrinazgo partidario ni financiero”, que incluye fuertes cuestionamientos a la Policía y Gendarmería Nacional (edición de hoy de P12). Semejante nivel de avance de la capacidad de organización y solidaridad popular en un tema ubicado en el corazón de las prácticas de control social punitivo, no parece demasiado compatible con un proyecto que desapodere a los sectores sociales más vulnerables de conquistas históricas obtenidas durante este decenio. Esta tendencia solidaria en materia de administración democrática de las conflictividades, tranquilamente puede hilvanarse con la decisión gubernamental de articular con el Brasil un bloque de prevención pacífico de las injerencias y espionajes informáticos con las que el imperio viola olímpicamente el derecho internacional. Pero no puede disociarse de la propuesta del Presidente Evo Morales, tendiente a crear un nuevo sistema continental de Derechos Humanos y una coalición regional en materia de defensa y seguridad, encargado de acotar la expansión del poder punitivo imperial y preservar la paz en América Latina
La Presidenta Cristina Fernández, en un tramo de su exposición en la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ha afirmado que no existen las guerras justas, y que lo único justo es la paz.
La formulación parece encerrar una enunciación simplista, y de hecho, la frase pasa inadvertida frente a otros hallazgos de singular conceptualidad que caracterizaron esa intervención. Tal vez por eso, la referencia no ha trascendido el marco acotado de los titulares de los diarios argentinos. Es una lástima. La relación entre la guerra y el derecho a hacerla encierra algunas cuestiones históricas, geopolíticas y jurídicas, que merecen algún nivel de profundización, sobre todo porque implican o aluden a las formalidades legales que deben cumplirse para acceder a la decisión  estatal de  recurrir a las hostilidades. Y que, en definitiva, parecen  sugerir la existencia de una guerra justa.
Por eso es necesario recapitular, aunque sea brevemente, sobre la guerra y su evolución durante la modernidad.

Históricamente, el sistema capitalista ha recurrido a la guerra para superar o sortear sus crisis cíclicas. Los períodos de paz, en esta lógica, deben entenderse como intervalos excepcionales, compatibles con distintas etapas de reconversión de las economías a escala global.
La guerra ha servido también, en el capitalismo temprano, para unificar las intuiciones, los sentidos de pertenencia y el encubrimiento de las contradicciones sociales fundamentales en los Estados nacionales, exacerbando el patriotismo y los intereses de las burguesías, profundizando inexorablemente las pulsiones de violencia colectiva contra un otro (estatal) desvalorado.
La guerra así concebida, concernía únicamente a los Estados beligerantes y a sus ejércitos regulares en pugna. Esas fuerzas dirimentes se reconocían mutuamente como enemigos, esto es, como iustus hostis (es decir, se acuñaba la categoría de enemigo justo en el sentido, no de ‘bueno’, sino de igual).
El caso testigo de esta nueva impronta de la guerra lo configura la política exterior de los Estados Unidos, que pese al cambio de su administración y el padecimiento de una fenomenal crisis financiera y política interna, no ha cambiado. Salvo que entendamos por cambio el abrupto freno impuesto recientemente a la decisión del presidente Obama de lanzar un ataque militar contra Siria y los explícitos discursos antiimperialistas que ha debido soportar en la reciente Asamblea de la ONU.
Sin perjuicio que una mayoría excluyente de normas del derecho son “leyes de paz”, es necesario poner de relieve que, efectivamente, existen normas legales internacionales “de guerra”.
Algunas de ellas, como lo han señalado reconocidos autores, se relacionan con la forma de conducción de las guerras. Dicho de otra manera, regulan las formas aceptables y permitidas de comportamientos gubernamentales durante un conflicto armado.
Otras, en cambio, que son las que en este caso interesan, atañen a la iniciación de las guerras; o sea, regulan aquellas circunstancias que autorizan legalmente a un Estado a emprender la fuerza contra un par.
Se trata de Convenciones internacionales que, en algunos casos, datan de más de un siglo (vgr, La Haya, 1907), y que han tenido como propósito fundamental “humanizar” la guerra, objetivo éste paradójico si los hay.
En esa misma línea, se han consagrado numerosas normas legales tendientes a regular los requisitos para iniciar la guerra, y el primer intento de prohibir los enfrentamientos armados como forma de resolución de los conflictos armados (Pacto Kellog- Briand), fracasó estrepitosamente frente al estallido de la II Guerra Mundial.
La Carta de las Naciones Unidas de 1945, se plantea un genérico objetivo prohibicionista, que obliga a los Estados parte a abstenerse de recurrir al uso de la fuerza armada contra sus pares, lo que daría la idea inicial de que la guerra podría ser considerada, en principio, contraria al derecho internacional.
Pero, por otra parte, el mismo instrumento admite la utilización de la fuerza armada en tres supuestos específicos: a) en ejercicio del legítimo derecho a la defensa propia, en caso de un ataque de Estado o coalición de Estados; b) cuando los Estados actúan como parte de una misión de paz o securitaria (o “humanitaria”, deberíamos agregar no sin remordimientos) llevada a cabo por la ONU; y c) cuando la utilización de la fuerza se hace sirviendo a una organización regional cuya misión es el mantenimiento de la paz. Con estas excepciones y su exagerada amplitud, no es fácil limitar las guerras. Por el contrario, pareciera que la propia Carta facilita los pretextos para acudir a la guerra. Con sólo recordar el comportamiento imperialista a lo largo de la historia, observaremos que sus intervenciones armadas pretendieron siempre ser incluidas dentro de estos laxos permisos. Con los cuales, la evolución del derecho internacional en punto a esta cuestión es compleja e impredecible.
Sin embargo, la guerra clásica ha experimentado importantes transformaciones conceptuales y categoriales.
Ya en la Primera Guerra imperialista, se advirtió una modificación cualitativa y cuantitativa en las formas de concebir y llevar a cabo los enfrentamientos armados. Los cambios en la táctica y la estrategia bélica acompañaban la evolución tecnológica y los progresos científicos, que eran a su vez los emergentes de nuevas formas de articulación y ordenamiento del poder mundial, el derecho internacional, la soberanía y los Estados.
Si bien la contienda quedaba ahora limitada a los ejércitos, las nuevas tecnologías de la muerte y las formas masivas de eliminación del enemigo, constituyeron el prólogo de la masacre que durante la Segunda Guerra enlutó al planeta, con la devastación sin precedentes de la población civil, ciudades arrasadas, la utilización de armas atómicas, y el juzgamiento final de los vencidos por parte de los primeros tribunales competentes para entender respecto de la comisión de crímenes contra la Humanidad. Esa fue la última gran confrontación entre naciones, entendido el concepto con arreglo a las pautas tradicionales mediante las que hemos incorporado culturalmente el concepto de guerra.
Las guerras actuales, en cambio, ya no son cruzadas expansionistas tendientes a anexar territorios, ni a imponer una determinada voluntad o ganar espacios en la disputa por mercados internacionales.
Por el contrario, representan hoy en día una disputa cultural y eonómica, se llevan a cabo con la pretensión de imponer valores, formas de gobierno y estilos de vida, que coinciden con un sistema económico y político determinado: la democracia capitalista impulsada por el Imperio, una novedosa figura supranacional de poder político1 .
Por lo tanto, a partir del desmembramiento de la ex Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, el Imperio fue el encargado de administrar el aniquilamiento de los enemigos, en una confrontación que debe acabar necesariamente con la colonización cultural, territorial y económica de los “distintos” -generalmente estigmatizados como “terroristas”- en un mundo unipolar en el que crece de manera exponencial la influencia política del complejo militar industrial.
Estas características se exacerbaron, indudablemente, a partir del 11-S y el incremento del riesgo que surge del primer ataque sufrido por los Estados Unidos en su propio territorio.
La inmediata decisión de enfrentar al terrorismo apelando a cualquier tipo de medios, adquirió una renovada significación de “guerra justa”, en la que no era valorada positivamente la condición pacífica de la neutralidad que caracterizó al derecho de gentes hasta el siglo XIX.
En cambio, la participación en este tipo de conflictos pasa a ser exhibida como una obligación moral, asumida para contrarrestar o neutralizar los riesgos que supone la supervivencia de los enemigos. Cualquier medio, entonces, es válido para eliminar a los enemigos, incluso antes de que éstos hayan llevado a cabo conducta de agresión u ofensa alguna2.
Todo es legítimo, si lo que quiere preservarse es un determinado orden global, liderado de manera unilateral. Precisamente, para que ese poder único alcance los fines proclamados de la paz y la democracia, “se le concede la fuerza indispensable a los efectos de librar -cuando sea necesario- guerras justas en las fronteras, contra los bárbaros y, en el interior, contra los rebeldes”3.
La censurable noción de “guerra justa” -vale señalarlo- estuvo vinculada a las representaciones políticas de los antiguos órdenes imperiales, y había intentado ser erradicada, al parecer infructuosamente, de la tradición medieval por el secularismo moderno.

Entonces -y también ahora- supuso una banalización de la guerra y una banalización y absolutización del enemigo en cuanto sujeto político. A este último se le banaliza como objeto de represión, y se lo absolutiza como una amenaza al orden ético que intenta restaurar o reproducir la guerra, a través de la legitimidad del aparato militar y la efectividad de las operaciones bélicas para lograr los objetivos explícitos de la paz, el orden y la democracia4.
En definitiva, y como lo ha puesto de manifiesto hace pocas horas el canciller ruso Serguéi Lavrov, en la misma 63ª Asamblea de la ONU,  lo que se exterioriza como un derecho a iniciar una guerra justa en Siria, no hace sino encubrir, en realidad, la pretensión de usar la fuerza militar para defender intereses propios.








1 Hardt, Michael- Negri, Antonio: “Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p 41.
2 Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p 30.
3 Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 27. En este caso, lo ocurrido en Irak importa un ejemplo por demás elocuente. Los invasores (la denominada “Autoridad Provisional de Coalición Iraquí”) fueron habilitados para “colaborar” en la creación de un Consejo de Gobierno, compuesto fundamentalmente por “notables” afines a los intereses norteamericanos, durante cuya “administración” entraría en vigencia originariamente, desde el 10 de diciembre de 2003, el Alto Tribunal Penal Iraquí, que debería juzgar (ratione materiae) las graves violaciones a los derechos humanos (crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y demás delitos considerados en la legislación interna iraquí),cometidas entre el 17 de julio de 1968 y el 1° de mayo de 2003 (ratione temporis, según artículos 1 y 10 del Estatuto), abarcando los crímenes cometidos en Irak, pero también en la guerra contra Irán y la Invasión de Kuwait (ratione loci). El Tribunal de Irak, en cuyas conformación y decisiones tvieron activa participación juristas estadounidenses e igleses, debió ser constituido con la participación de la ONU, por tratarse de la persecución de crímenes contra el derecho internacional, que no hubieran sido juzgados libremente por las autoridades iraquíes (al menos de esta manera) si no hubiera mediado la invasión; contó con jueces de “identidad reservada”, con la excepción de su presidente, que dimitió a los 4 meses de comenzada su gestión denunciando presiones del gobierno provisional; violó las garantías básicas del debido proceso, y fue un ejemplo de conversión ex post facto de la guerra en “derecho”.
4 Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 29.

Hace pocos días, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció su decisión de denunciar a Barack Obama por crímenes contra la Humanidad. En ese momento, la motivación del anuncio radicaba en la negativa norteamericana de permitir el sobrevuelo de un avión oficial venezolano, con el Presidente Maduro a bordo, sobre el espacio aéreo portorriqueño. Una maniobra demasiado parecida a la que las principales potencias, habían hecho sufrir pocos meses atrás al propio mandatario boliviano.
Por primera vez quedaba planteada, de manera explícita, la voluntad de un país soberano de América del Sur de denunciar ante los organismos internacionales competentes a la primera potencia mundial por violar estándares mínimos en materia de Derecho Internacional.
No ha sido este atropello estadounidense, por cierto, el único ni el último. Hace pocas horas, la Presidenta Dilma Rousseff denunció en la 68ª Asamblea de la ONU al espionaje perpetrado por Estados Unidos sobre organismos y empresas brasileñas, como un nuevo atentado a los Derechos Humanos de la potencia sudamericana.

Y todavía falta dilucidar la responsabilidad penal de los líderes estadounidenses respecto de Cuba, en lo que implica una conducta de tracto continuado francamente violatoria de derechos fundamentales del pueblo cubano.

Para que no se olvide esta inaceptable ofensa, es necesario detallar la conducta continuada, potencialmente genocida, del gobierno estadounidense contra la República de Cuba[1], por su gravedad intrínseca inaceptable, los daños inferidos de manera metódica, ininterrumpida y sistemática y la permisividad de las organizaciones y agencias institucionales internacionales, toda vez que la agresión, anterior a la creación de la Corte Penal Internacional, se continúa perpetrando a la fecha y es escandalosamente silenciada por la comunidad internacional[2].
Pese a que numerosas resoluciones de la antigua Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General y el propio Consejo de Derechos Humanos, así como reiteradas Declaraciones Políticas aprobadas en importantes Cumbres y Conferencias Internacionales auspiciadas por las Naciones Unidas, han dictaminado que la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, la perpetración de estas conductas continúa de manera inalterable[3].
Ello así a pesar de que es sabido que la adopción e implementación de medidas coercitivas unilaterales como instrumento de coerción política y económica atenta contra el pleno disfrute de todos los Derechos Humanos, contra la independencia, la soberanía y el derecho de libre determinación de los pueblos. Las principales víctimas de estas medidas son los pueblos de los países objeto de las mismas, en particular, los grupos más vulnerables de la población, especialmente los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados[4].
Más aún, desde fechas tan tempranas como 1970, la Asamblea General de Naciones Unidas dispuso claramente en que ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado, con vista a obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de este ventajas de cualquier tipo[5], lo cual quedó refrendado en La Declaración sobre los principios del Derecho Internacional, referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados[6]: “Estados Unidos ha adoptado y aplicado a largo de estos años distintas leyes y medidas coercitivas unilaterales contra Cuba. Entre las más conocidas y repudiadas internacionalmente sobresalen las llamadas leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996, cuyas disposiciones son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, violatorias del Derecho Internacional vigente y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mediante estas leyes, de marcado carácter extraterritorial, el Gobierno de Estados Unidos ha reforzado y extendido a terceros Estados, sus empresas, y ciudadanos, la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero, que ha impuesto contra Cuba por 50 años”[7]. “Los daños provocados por el carácter extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales se multiplican por la importante participación de los Estados Unidos y sus empresas en el comercio y las inversiones transnacionales. Tanto las inversiones de empresas de terceros países en los EE.UU., como las norteamericanas en el exterior, fundamentalmente en la forma de fusiones y adquisiciones totales o parciales de empresas, agravan los efectos extraterritoriales de estas medidas, al reducir el espacio económico externo de Cuba y hacer más difícil, a veces imposible, la búsqueda de socios y suministradores para sortear el férreo bloqueo norteamericano. Más de las dos terceras partes de la población cubana (70%) han nacido y vivido siendo objeto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Según cálculos muy conservadores el daño directo a Cuba como resultado del bloqueo, hasta diciembre del 2008, supera los miles de millones de dólares. No es difícil imaginar el progreso que Cuba habría alcanzado y del cual se le ha privado, si durante estos 50 años no hubiese estado sometida a estas medidas coercitivas unilaterales de bloqueo”[8]. “Tras la aprobación de la más reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas pidiendo el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, adoptada por una abrumadora mayoría de votos de los Estados miembros el 28 de octubre del 2009, y a pesar de la existencia de otras 17 resoluciones anteriores que incluyen esa justa reivindicación; el Gobierno de los Estados Unidos ha continuado aplicando sus acciones contra el pueblo cubano con todo rigor como muestra de su más absoluto desprecio a las Naciones Unidas, al multilateralismo y al Derecho Internacional. El gobierno norteamericano ha intensificado sus intentos de fomentar la subversión en Cuba reclutando a mercenarios dispuestos a vender sus servicios a cambio de una parte de los millones de USD aprobados en Washington para tales fines. El objetivo último no es otro que privar al pueblo cubano de su soberanía y del ejercicio de su derecho a la libre determinación”[9]. “Sectores tan altamente sensibles como los de alimentación, salud, educación y transporte, han estado entre los principales blancos de esta política genocida[10].
Las afectaciones del bloqueo al sector de la Salud Pública impactan negativamente en el pueblo cubano y repercuten en su calidad de vida. Por ejemplo:
§     Los niños cubanos que padecen de leucemia linfoblástica y rechazan los medicamentos habituales no pueden ser tratados con el producto norteamericano “Elspar”, creado precisamente para casos de intolerancia. Como consecuencia su expectativa  de vida se reduce y aumentan sus sufrimientos. El gobierno norteamericano prohíbe a la compañía Merck and Co. suministrarlo a Cuba.
§     No se ha podido adquirir un Equipo Analizador de Genes, imprescindible para el estudio del origen del cáncer de mama, de colon  y de próstata, por ser fabricado exclusivamente por compañías con patente norteamericana, como la firma Applied Biosystem (ABI).
§     El Cardiocentro Pediátrico “William Soler” se ve imposibilitado de adquirir dispositivos como catéteres, coils, guías y stents, que se utilizan para el diagnóstico y tratamiento por cateterismo intervencionista en niños con cardiopatías congénitas complejas. A las empresas norteamericanas numed, aga y boston scientific se les prohíbe la venta de estos productos a Cuba”[11].
Cuba reivindica permanentemente su soberano derecho y el deber irrenunciable de denunciar los daños y violaciones que la política de bloqueo ha impuesto a su pueblo, al propio pueblo de los Estados Unidos, a terceros países y al Derecho Internacional. La aplicación de esta política de bloqueo continúa siendo el principal obstáculo al desarrollo económico y social de Cuba y constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo y una trasgresión al derecho a la paz, el desarrollo y la seguridad de un Estado soberano[12].
No obstante estas groseras violaciones a los Derechos Humanos, nunca desmentidas, la relación de fuerzas imperantes a nivel internacional, y sobre todo, el papel históricamente desempeñado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace que el sistema penal internacional no haya mostrado vocación alguna en la persecución y enjuiciamiento de estos crímenes, perpetrados concomitantemente con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Presidente Demócrata de los Estados Unidos.


[1] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[2] “La Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, ha remitido con fecha 10 de marzo del 2010 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos los comentarios del Gobierno de la República de Cuba en relación con la Nota GVA 0017, de fecha 8 de enerode 2010, mediante la cual se solicitara  información en virtud de la resolución 12/22 del Consejo de Derechos Humanos, titulada “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, obviamente perpetradas por los Estados Unidos y nunca sancionadas”.
[3] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[4] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[5] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[6] “Cuba, es víctima, sin embargo, desde hace más de 50 años, de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas por países desarrollados, particularmente por el gobierno de Estados Unidos de América. La aplicación de medidas coercitivas unilaterales ha sido el instrumento fundamental de la política de hostilidad y agresión de los Estados Unidos contra Cuba, en su propósito de destruir el sistema político, económico y social establecido por la voluntad soberana de la ciudadanía cubana. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, es el sistema de sanciones unilaterales más prolongado y cruel que se haya aplicado contra país alguno o haya conocido la historia de la humanidad. Su objetivo fue definido desde el 6 de abril de 1960, y ha sido la destrucción de la Revolución Cubana: “…a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…) negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno…” “Constituye, asimismo, un componente esencial de la política de Terrorismo de Estado, desplegada contra Cuba sucesivamente por diez administraciones norteamericanas que, de forma sistemática, acumulativa e inhumana, ha afectado a la población cubana sin distinción de edad, sexo, raza, credo religioso o posición social”. “Esta  política califica, además, como un acto de genocidio, en virtud del inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948. El bloqueo contra Cuba califica también como un acto de guerra y un delito de Derecho Internacional.
[7] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[8] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[9] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[10] “El respeto al Derecho Internacional existe para todos por igual, como paradigma irrenunciable de la convivencia pacífica y la justicia en el planeta. Es inadmisible que el Gobierno de los Estados Unidos continúe aplicando medidas y disposiciones destinadas a mantener el bloqueo y a empeorar las condiciones de vida del pueblo cubano, e ignore que la comunidad internacional lleva 18 años llamando a poner fin al bloqueo contra Cuba en sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, a la par que condena sistemáticamente la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en la propia Asamblea y en varios de sus órganos subsidiarios”.
[11] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html
[12] Nota de Respuesta de Cuba sobre “Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales”, Cuba Minrex, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, disponible en http://www.cubaminrex. cu/derechos%20humanos/articulos/PosturasCuba/2010/Nota.html