Sucesivos actos de barbarie, en apariencia inusitados, recorren la Argentina. Hechos conmovedores, hasta ahora impensados para la mayoría de la población, comienzan a sucederse en distintos puntos del territorio. Con la misma lógica con la que estos ataques brutales han ocurrido en distintos países de la región y del mundo, la excusa es -también aquí- la iracundia "ciudadana", que apela a técnicas de neutralización canallas. En este caso, la exhibición de estos crímenes como respuestas “vecinales” frente a un pretendido estado “ausente”. Curiosa caracterización de un país que tiene muchos más efectivos dedicados a la seguridad que a la defensa, lo que da la pauta de la data sostenida en la construcción falaz de una hipótesis de conflicto al interior de sus fronteras. Que equivale a decir, a la construcción de un (nuevo) enemigo interno.

Los crímenes son horrendos y masivos. Su masividad no solamente depende del número de víctimas, sino de las ya mencionadas lógicas mediante las cuales los criminales las construyen. La misma concepción que ha precedido a los genocidios.

En efecto, a esta altura de la historia,  los crímenes masivos podrían conceptualizarse -con abstracción  de las definiciones estrictamente normativas o jurídicas- en función de la finalidad de eliminación o neutralización de determinados agregados humanos, con el objetivo de reorganizar una “nueva” sociedad sin la presencia de esos grupos, a los que se considera, por parte de los perpetradores, peligrosos, extraños, enemigos, distintos y, casi siempre, la causa de todos sus males[1] . Los mismos sujetos respecto de los cuales "la sociedad" hacía en la década de los noventa "como que no existían", pretenden ahora ser lisa y llanamente exterminados sin mediación alguna por los sectores hegemónicos de esa misma sociedad. Los invisibilizados de entonces, son ahora individualizados, construidos y elegidos como víctimas de las pulsiones homicidas de las personas  de bien,"hartas de la inseguridad", como analiza la gran  prensa, en el colmo de la banalización del mal absoluto.

Estas lógicas binarias, militarizadas, aunque primitivas, no son originales. Durante todo el siglo XX, las grandes matanzas fueron precedidas por una fascistización de los discursos y las relaciones sociales, por pulsiones de muerte autoritarias que fueron socavando la convivencia armónica entre minorías y mayorías, o entre Estados dominantes y Estados dominados, que culminaron siempre en ejercicios de exterminio estremecedores.

La idea paranoica de la “amenaza” externa o interna exhibe un desarrollo histórico sin demasiadas variantes y con muchas regularidades de hecho, que se reiteran, como veremos, en la mayoría de los crímenes masivos que asolaron a la humanidad[2].

En el orden internacional, el prevencionismo radical que traducen las gramáticas y las prácticas policiales del imperio, instalan una lógica de la enemistad respecto de los “diferentes”, verdadero germen de los genocidios, imposible de distinguir de otras lógicas pretéritas en las que se basaron  grandes aniquilamientos de la modernidad. Esas mismas prácticas prevencionistas y punitivistas pueden instaurarse al interior de las naciones, en la medida que concurran determinadas condiciones de probabilidad, objetivas y subjetivas.

El caldo de cultivo de una cultura genocida siempre se produce en un contexto político  en el que se desboca el poder punitivo, se crea de manera paranoica un enemigo y se construye un derecho penal antidemocrático, de emergencia o excepción, que termina legitimando las peores masacres.

Ahora bien, a pesar de la recurrencia en identificar al genocidio como el producto de la intención del perpetrador de aniquilar un determinado grupo social, la experiencia histórica parece demostrar que, desde el punto de vista criminológico, esta voluntad realizativa del tipo penal no constituye una constante unilateral que existe únicamente en la mentalidad de los agresores.

Al respecto se ha señalado que “el desarrollo de dicha intencionalidad está determinado por estructuras, discursos y relaciones sociales (…). Esta mentalidad surge en diferentes grupos sociales debido a que el uso de la violencia es generalmente aceptado como un instrumento para resolver los conflictos sociales; lo cual refuerza una actitud que muy probablemente resulta en genocidio, en este mapa mental la destrucción de un grupo social es considerada como el camino a seguir”[3].

Los intentos de masacrar a pibes pobres acusados de robos y hurtos, no debe olvidarse, no son hechos aislados producidos sin explicación aparente en los últimos días.

Durante la sedición policial cordobesa, patrullas de civiles salieron literalmente a “cazar” a jóvenes provenientes de estos sectores desfavorecidos, acusados, desde luego, de generar la mentada “inseguridad”. Fueron, también en ese momento, “ellos”, los que generaron las peores sensaciones y miedos entre “nosotros”.

Con lo que queda en claro que esos episodios policiales de ninguna manera pueden ser asumidos como hechos aislados y desvinculados de las previsibles consecuencias sociales que podían derivarse de esas asonadas, tal como ha venido ocurriendo en diversos países de la región.

En el proceso informal, aunque  colectivo, de aceptación de la violencia, interviene una delicada trama de factores e intereses sociales. No son solamente los perpetradores los que participan de lógicas bélicas, sino que éstos reciben la aceptación y la aquiescencia de sectores sociales visibles, generalmente poderosos, que generan y reproducen discursos que favorecen las prácticas sociales de exterminio.

Grandes corporaciones económicas y mediáticas son las que invariable e incesantemente agitan el fantasma de la “inseguridad” y exhiben como causantes de la misma invariablemente a los mismos sujetos sociales.

De esa manera, en los últimos años se ha vuelto a construir un enemigo interno en la Argentina, contra el que es necesario "hacer algo", incluso, antes de que éste pase a la vía de los hechos. Por eso se exhibe a Rudolph Giuliani, como la amenaza simbólica de lo que podría ser una futura política pública de limpieza de clase en caso de imponerse un  gobierno de derecha en el país.

En la Argentina, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue, en nuestro pasado reciente, además de un proyecto político e ideológico, una concepción militar del mundo que naturalizaba las prácticas genocidas desde una perspectiva de defensa social encaminada a liberar a la Patria de “cuerpos extraños[4]. 

Pero al sostenimiento de esa concepción coadyuvaba también buena parte de la sociedad civil, que se había convencido de que era necesario abdicar de ciertas libertades y derechos en aras de dejar en manos de “profesionales” la “limpieza” de “la sociedad”, infestada por un sistema de creencias “extraño” a los valores del  ser nacional. “En la época de la dictadura, circulaba una narrativa “médica”: el país estaba enfermo, un virus lo había corrompido, era necesario realizar una intervención quirúrgica drástica. El Estado militar se autodefinía como el único capaz de operar tal intervención, sin postergaciones y sin la demagogia populista. Para sobrevivir, la sociedad tenía que soportar esa cirugía mayor. Algunas zonas debían ser operadas sin anestesia. Ése era el núcleo del relato: un país desahuciado y un equipo de profesionales dispuestos a todo para salvarle la vida”[5].

El virus, ahora, es la “inseguridad”. La incautación y el sesgamiento intencionado de este concepto, incorporado desde hace años a las retóricas mundanas, es otra evidencia de la potencia discursiva de los sectores neoconservadores de la región.

Por ello, es necesario entender a los crímenes masivos como una tecnología de poder vinculada inexorablemente con la exacerbación de la potencia punitiva, destinada a reorganizar una determinada sociedad sin la presencia de los indeseados.

Ahora bien: cómo podemos determinar cuándo una sociedad  se convierte en genocida? Yves Ternon -cirujano francés experto en comportamientos de exterminio- ha señalado que el preludio de las masacres constituye “el momento final de una crisis anunciada” por actos previos, a partir de los cuales cabe identificar su desencadenamiento: para identificarlo, se han aislado una serie de acontecimientos que van desde los primeros actos de discriminación, pasando a las agresiones físicas, hasta una secuencia programada de destrucción que deroga los derechos cívicos de los miembros del grupo-víctima, los despoja de su nacionalidad y culmina en su expulsión, deportación, persecución y masacre: “en dichas secuencias subyace un proceso de radicalización ideológica en torno a un principio básico de carácter excluyente, del cual se desprende su incompatibilidad con los dilemas que el grupo percibido como amenaza le plantea. El lenguaje no juega en este punto un papel menor: valiéndose de la jerga y los eufemismos deshumaniza y demoniza a las víctimas, distorsiona la verdad volviéndola funcional a los objetivos del agresor”[9].

Los mencionados procesos de radicalización ideológica, entendidos como condicionamientos acumulativos, como precondiciones que profundizan la situación de vulnerabilidad de las víctimas[10], van desde las tentaciones racistas o clasistas, hasta la asunción de la propia ilegalidad en la comisión de estas prácticas como un derecho y un deber de identidad nacional, elemento éste -cabe recordarlo-muy presente en el imaginario y las narrativas de los genocidas argentinos[11]. También ahora, en los políticos y los medios que fogonean o legitiman el exterminio, y en los propios perpetradores masivos.