En materia político criminal, las estrategias de prevención situacional remiten a estrategias que involucran aspectos urbanísticos, ecológicos y de ordenamiento del espacio.

De acuerdo a ellas, en la medida que el espacio público sea recuperado por la mayor cantidad de gente posible, la sensación de seguridad y la seguridad objetiva serán un patrimonio común de esos agregados. Por el contrario, aquellos ámbitos espaciales y territoriales donde se desarrollan procesos de exclusión, ghettización, homegeneización social y flujo migratorio, es posible que involucren mayores tasas de conflictividad. 

Históricamente, estas categorías conceptuales han sido exhibidas como un patrimonio de la derecha criminológica.

Creemos, en cambio, que es perfectamente posible desplegar estas herramientas de prevención situacional, adaptadas a las diferentes formas mediante las que se expresan la criminalidad o la violencia en cada zona de las distintas ciudades y centros urbanos, que tengan por objetivo la reconciliación, la restauración y la composición, y que involucren no solamente a las agencias estatales sino a organizaciones sociales y organismos de DDHH.

Este tipo de intervenciones -estatales y comunitarias- provocan adecuaciones y cambios que modifican a su vez rápidamente el sistema de creencias de la población, que tiende a visualizar como “políticas públicas” en materia criminal al cuidado de los espacios verdes, la mejor iluminación de ciertos sitios, la consecuente recuperación por parte de los vecinos de espacios compartidos, plazas, etc. Y, sobre todo, la presencia militante de vecinos y organizaciones de la comunidad. Estas medidas producen efectos en el corto plazo, modificando las tasas objetivas de criminalidad y fortaleciendo la sensación de mayor seguridad.

No obstante, estas estrategias, que en modo alguno pueden subalternizarse en términos político criminales, son difíciles de sostener en el tiempo, a menos que se las conjugue, como decimos, con intervenciones sociales e integradas de alta calidad institucional y una fuerte resignificación ideológica. El desafío consiste, justamente, en la articulación de las mismas con medidas de carácter social e integradas, en todo caso superadoras, cuya impronta principal sea incluir a los vecinos en la participación, la solidaridad, las prácticas de resolucióm amigables de los conflictos, las actividades comunes  y la militancia comunitaria.