La restricción de vuelo establecida unilateral e ilegalmente por  varios países europeos, que impidió que el avión  que trasladaba al presidente de Bolivia y su comitiva de regreso de una misión oficial en Rusia utilizaran el espacio aéreo de dichas naciones, constituye una violación flagrante del derecho internacional, una afrenta al país hermano y a Latinoamérica en su conjunto y una patética evidencia de la subordinación europea a los dictados del gendarme global.
La prohibición de España, Portugal, Francia e Italia, que obligó a la nave boliviana a efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Viena y permanecer más de diez horas varado en el mismo, se debió a la infundada sospecha de que el ex funcionario de la CIA Edward Snowden, pudiera encontrarse a bordo del avión presidencial.
La argumentación, tan módica que  se asemeja demasiado a un condicionamiento de la diplomacia estadounidense, no supera un examen mínimo de legalidad y convencionalidad. 



La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en vigencia desde el año 1961, establece en su artículo 22.3  que los medios de transporte diplomáticos "no podrán ser objeto de ningún registro"; en el 26, que el Estado con relación diplomática garantizará "la libertad de circulación y de tránsito por su territorio"; y en el 40 que "1. Si un agente diplomático atraviesa el territorio de un tercer Estado que le hubiere otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, o se encuentra en él para ir a tomar posesión de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o para volver a su país, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso. Esta regla será igualmente aplicable a los miembros de su familia que gocen de privilegios e inmunidades y acompañen al agente diplomático o viajen separadamente para reunirse con él o regresar a su país. 2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 de este artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso por su territorio de los miembros del personal administrativo y técnico, del personal de servicio de una misión o de los miembros de sus familias.3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y a otras comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos en clave o en cifra, la misma libertad y protección concedida por el Estado receptor. Concederán a los correos diplomáticos a quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, así como a las valijas diplomáticas en tránsito, la misma inviolabilidad y protección que se halla obligado a prestar el Estado receptor.4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también aplicables a las personas mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y a las valijas diplomáticas, que se hallen en el territorio del tercer Estado a causa de fuerza mayor". 
Es obvio, entonces, que la revisión del interior del avión que exigió el reino de España, colisiona con expresas normas del derecho internacional. Un avión oficial que traslada a un jefe de estado asume la misma condición jurídica de inviolabilidad que una embajada y goza de la misma libertad que en su propio país.
Solamente podría limitarse ese ámbito de inmunidad en aquellos casos en que se sospechara fundadamente que un mandatario a bordo hubiera cometido graves crímenes contra la humanidad, supuesto que, naturalmente, no se dio en este caso.
Esta última especulación no es ociosa.
Llama la atención especialmente la irreductibilidad española en este caso, si consideramos que un informe  de Amnistía concluyó que, entre 2002 y 2007, más de 90 vuelos de aviones supuestamente vinculados con la CIA con desde o hacia Guantánamo o centros de detención secreta en otros países, hicieron escala en 15 aeropuertos españoles "sin que ni un solo funcionario subiera a ninguno de ellos a investigar" (Diario Público, edición del 8/10/08). Se trataba, vale destacarlo, de aviones que prestaban una colaboración imprescindible a la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos de las personas secuestradas, ante la cual el gobierno español no movió un dedo.
Más extraño aún, resulta el alineamiento de estos países frente al caso concreto, toda vez que Snowden acaba de revelar la maniobra de espionaje más grave de la historia política mundial, entre cuyas víctimas, paradójicamente, se encuentran la ONU, la Unión Europea y sus países miembros, que no solamente no han reaccionado frente a esta intromisión sin precedentes, sino que respaldaron en los hechos las estrategias de hostigamiento estadounidenses respecto del espía, sin importarles la real puesta en peligro del mandatario de un país soberano y su comitiva oficial.
El rechazo inmediato de la mayoría de los países sudamericanos y la urgente convocatoria a un encuentro de la UNASUR frente a esta ofensa inédita a los gobiernos que desde la región han profundizado sus experiencias democráticas y autonómicas, constituye una expresión soberana, plausible unitaria y digna. Indudablemente elocuente al momento de recordarle al mundo que una Patria Grande se ha puesto de pie, sosteniendo los mejores valores de la convivencia democrática, la conciencia de un destino común y la defensa de intereses regionales que no reconoce tutelajes ni convalida las nuevas formas de dominación y control que intentan imponerse de espaldas al derecho internacional y la vigencia plena de los Derechos Humanos.