El pueblo Mapuche, habitante ancestral del sur de Chile y la Patagonia argentina, encarna un supuesto paradigmático de nación sin estado.

Sistemáticamente colonizados, reprimidos y sojuzgados por los estados chileno y argentino, los mapuches atraviesan hoy una circunstancia especialmente sensible, producto del unidimensionalismo cultural que pretende imponer verticalmente el gobierno derechista de Sebastián Piñera, amenazando con utilizar contra los comuneros en conflicto una ley "antiterrorista" que asimila la protesta social a un delito.

La rotunda y reiterada negativa del estado chileno a reconocer el pluralismo y la diversidad cultural como eje central para abordar la "cuestión mapuche", ha llevado finalmente a la sanción de una legislación regresiva y represiva, que se vehiculiza a través de un sistema procesal de máxima velocidad y mínimas garantías, puesto en vigencia para garantizar, precisamente, la reproducción de las formas de disciplinamiento social. En este caso concreto, la superestructura jurídica vigente supone la más rápida y dura posibilidad de punición de los militantes en lucha por la reivindicación de las tierras ancestrales[1].

Lo que se dirime en las calles de Chile es una problemática que lleva siglos y atraviesa la historia de la nación trasandina. El estado chileno  no ha acertado a comprender que el multiculturalismo y la pluralidad no pueden reducirse al "patriotismo constitucional" de los blancos, o, peor aún, ha decidido prescindir del respeto por las diferencias. Es imposible resolver este problema si no se presta atención a la conmovisión diferente del pueblo mapuche, y no se respeta su acervo, su sistema de creencias y su visión cosmogónica.

Entre estas cuestiones, resultan particularmente sensibles las diferentes formas de relacionamiento con la naturaleza. A la tradicional postura de apropiación individualista de la tierra, propia de la expansión capitalista -operada a partir del siglo XIX en Chile y Argentina, previo exterminio sistemático de los pueblos originarios, perpetrado mediante genocidios reorganizadores de las relaciones sociales preexistentes- debe oponerse una perspectiva de matriz indígena solidaria y respetuosa del medio ambiente. 
 Los mapuches, por definición, se asumen como “gente de la tierra”. De acuerdo a su particular concepción del mundo, la tierra no es de ellos sino que “ellos son de la tierra”. Incluso, la lucha épica de siglos enteros en defensa de la tenencia de la tierra, no debe hacer ver a la misma, en la concepción mapuche, como un bien económico, sino como un espacio para la vida[2]. 
Este pueblo se asume como perteneciente a un orden terrenal en el que hasta los entes que el cientificismo moderno consideró inanimados adquieren sentido y vida propia (el agua, la tierra, las rocas, el aire). Esos elementos coadyuvan para el establecimiento y preservación de un orden armónico totalizante.

Incluso, la posibilidad de valerse de esos bienes estaba regida por una idea de conservación de los mismos, a fin de no alterar el equilibrio de un ecosistema y un medio ambiente determinado, que los instrumentos de control social mapuche tendían a conservar y reproducir, en un marco ostensible de solidaridad comunitaria y respeto por las tradiciones culturales heredadas .

Esta disidencia, en términos de reivindicación de derechos inexcusables de la nación mapuche, no puede saldarse con apego a categorías jurídicas y políticas opresoras, impuestas por la fuerza, a riesgo de profundizarse el conflicto hasta límites imprevisibles.

Por otra parte, para los mapuches en litigio, permitir que la diferencia se circunscriba a una rutina de investigación y persecución penal puede ser literalmente suicida, toda vez que la matriz del conflicto ha acelerado la disputa sobre aspectos cruciales que hacen a la propia forma ordenatoria del sistema capitalista.

Así las cosas, es necesario preguntarse si no ha llegado la hora, para los comuneros en lucha, de acudir a instancias internacionales como forma de resguardar de manera más consistente sus derechos.

Pienso, aclaro, en tribunales de opinión, históricamente más proclives que las agencias oficiales de la "comunidad internacional", a comprender las problemáticas de los agregados más vulnerables de las sociedades de clase y reconocer sus derechos.