No deja de llamar la atención, en los últimos años, la utilización por parte de las clases dominantes asociadas a los intereses imperialistas, de mecanismos en apariencia legales, en distintos países latinoamericanos (todos ellos, vale aclararlo, con gobiernos progresistas que se hallan en pleno y arduo proceso articulador de un bloque unitario regional), con objetivos claramente destituyentes. El caso del Presidente Zelaya, es, por sus consecuencias consumadas, uno de los más preocupantes. Pero no le van en zaga, desde luego, la asonada policial contra Correa, el secuestro de Hugo Chávez, los embates recurrentes de sectores corporativos en permanente proceso de realineación contra Cristina Fernández de Kirchner, el acoso y bloqueo histórico contra Cuba, o el desgaste sistemático ejercido contra Evo Morales, cuya última manifestación queda a cargo de la propia policía, enancada en supuestos reclamos sectoriales (no hace falta recordar el rol de la policía en Ecuador, ni los análisis que dan cuenta que las policías encarnan el nuevo brazo armado de los desbordes del poder punitivo en América Latina). Finalmente, el juicio político orquestado contra el Presidente Lugo, confirma que la derecha recurre actualmente a mecanismos que preservan una fachada de pretendida legalidad, para intentar tumbar a determinados gobiernos, no por sus errores, sino, justamente, por sus aciertos. Esta metodología marca una evidente ruptura con las prácticas golpistas clásicas de hace algunas décadas, pero expresan los mismos objetivos de sometimiento. Paradójicamente, la naturaleza híbrida, no exenta de arbitrariedad, de un juicio político, coadyuva al menoscabo de garantías básicas del debido proceso. Pero no hay duda que este tipo de procesos debe asegurar sin cortapisas, en particular, una de ellas: la del derecho de defensa de los acusados, que en este caso ha sido groseramente ignorada. Preocupa también la desinterpretación que de estos procesos históricos, orquestados de manera sistemática en la región, hacen ciertos sectores de la izquierda, siempre proclives a sumarse a muchos de estos emprendimientos canallas y ser utilizados así como una suerte de corifeo progresista legitimante, en el marco de estas novedosas formas de interrumpir los ciclos institucionales elegidos por los pueblos de la región. Esto, también, parece ser un sino trágico que ha contribuido de manera decisiva a la balcanización del Continente, a lo largo de toda su historia. No es necesario realizar una reflexión demasiado exhaustiva, para advertir que el Imperio juega sus fichas a la desestabilización de varias democracias incipientes insumisas, de manera casi contemporánea, porque no ignora la potencialidad de la América Latina en un contexto de emergencia de nuevos bloques de poder. En nuestro Continente sobran el agua, los alimentos y los minerales. Vale decir, los elementos más preciados en el mundo entero. El caso de Lugo no es solamente el más cercano en el tiempo (de hecho, lo estamos viviendo en tiempo real), sino que, además, encarna un ejemplo de lo que algún penalista desprevenido podría denominanr como un caso de "falta de conducta". En efecto, como dice Urgente 24: “La matanza de campesinos y policías en Curuguaty, que ocurrió hace 1 semana, y aún no esclarecida, de ninguna manera puede atribuirse al presidente Lugo. Más bien parece resultar parte de la estrategia de los terratenientes paraguayos, la mayoría de ellos vinculados al Partido Colorado, que se empeñan en impedir una mejor distribución de las tierras”. Como sea, se está cobrando la suerte del Presidente pro tempore del UNASUR. Ni más, ni menos.