Por Eduardo Luis Aguirre

Deje Netflix por unos días. No se pierda la saga de la trama Gürtel, un prodigio audiovisual que desde youtube le va a permitir conocer las ocultas facetas políticas de España y, por extensión, las lógicas del capitalismo en su fase neoliberal.

El Ministerio Público Fiscal ha sostenido hace pocos días su dictamen en el juicio en el que sustancian los hechos correspondientes a la réplica 'Boadilla del Monte (Madrid) de la gigantesca causa 'Gürtel', que se dirime en la Audiencia Nacional española.

La acusación pública, en manos de Concepción Nicolás asevera que el Partido Popular malversó 205.000 euros en "actos ilícitos" solamente en el segmento de la trama que se perpetrara en este municipio madrileño en manos del PP. Pero Gürtel no es un hecho aislado ni tampoco un entramado reciente.

El Partido Popular está siendo juzgado como partícipe a título lucrativo (una figura procesal singular del derecho español), por haberse beneficiado de manera ilícita de una suma que debería devolver en su totalidad durante una década de gobierno de la formación derechista. Por ejemplo, ha indicado que de la UTE con la empresa Sufi, adjudicataria de los servicios de limpieza en el municipio, 24.000 euros fueron a parar al PP, que también recibió 120.000 euros de otra mordida. "Así lo ha consignado la perito de la Agencia Tributaria. Todos y cada uno de los pagos recibidos han quedado acreditados", ha concluido la fiscal, que ha recordado que "quien se aprovecha tiene la obligación de devolver el dinero". 

La fiscal ha modificado su acusación originaria, dejando de lado la imputación del delito de asociación ilícita contra el líder de la trama, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo. El motivo de este cambio estriba en que los dos acusados ya fueron condenados por el mismo en la sentencia de la denominada trama de Fitur, acaecida en 2017.

La acusadora ha valorado muy positivamente las confesiones de 16 de los 27 imputados en esta pieza de la causa principal "Gürtel": "Han sido conformidades legales, por escrito, y que han agilizado el juicio, evitando muchas pruebas", ha señalado la fiscalía, destacando en especial la confesión de Francisco Correa. "Es la primera vez que colabora de manera clara".  

"Lo ha reconocido absolutamente todo. Ha reconocido su papel en la empresa, la estructura societaria y quienes eran las personas asesoras. Ha reconocido la caja b, cuál era la función del contable de la trama (José Luis Izquierdo). Nos ha reconocido cómo se agasajaba, los pagos al PP y hasta que se pagaban actos con esa caja b", ha destacado la fiscal. 



Sobre los 16 confesos, la representante del Ministerio Público ha dicho: "Unos de manera mas minuciosa y otros menos nos han dado un crisol absoluto, todas las piezas de un puzzle para conocer cómo se produjeron los hechos, siendo todas ellas muy reseñables".

También se ha referido a Ramón Blanco Balín, el asesor financiero de las empresas de la trama, que, por primera vez, se ha animado en esta causa a colaborar con la Justicia, tras dos condenas previas por la trama 'Gürtel'. La fiscal ha reconocido que ha tenido dudas sobre la veracidad de su confesión, pero finalmente la ha creído. 

Precisamente durante el juicio, la defensa de Blanco Balín ha acusado al abogado del empresario Jorge Martínez Massa --también encausado pero que no ha confesado--, de filtrar unos correos electrónicos en los que supuestamente Blanco Balín "intentó convencer" a Martínez Massa de que "lo mejor era llegar a un acuerdo con Fiscalía" y donde reconocía que "muchos de los hechos" que admitió "no son verdad".


La pieza juzgada versa sobre el presunto cobro de comisiones y el amaño de concursos públicos en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, entre 2001 y 2009, donde prácticamente todo el urbanismo estuvo en manos de la red dirigida por Francisco Correa y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, en connivencia con cargos del PP, entre ellos el alcalde Arturo González Panero, conocido como "el albondiguilla", Todo ello, según lo consignado por el diario publico.es

La trama Gürtel marca un hito en la democracia española. Los que la conocen saben que no se trata de un hecho de corrupción aislado sino de una continuidad que atraviesa toda la transición de la democracia peninsular española hasta la actualidad, dejando al descubierto una rutina ilícita del derechista Partido Popular y revelando la participación en la misma de las principales figuras del conservadurismo español. Los que no la conocen podrán seguirla por you tuve. Si lo hacen, descubrirán analogías y ramificaciones inesperadas. Una de esas particularidades se refleja en que la originaria trama Gürtel derivó a su vez en la “trama Kitchen”, que alude a una operación ilegal de intento de recuperación ilícita de papeles de la vivienda del otrora poderoso tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, no hace de esto demasiado tiempo. El escándalo mantiene en vilo a la política española, a pesar de la fabulosa cobertura de la prensa del establishment. En la saga de declaraciones que se dan ante los tribunales o ante una comisión de investigación del Congreso de los Diputados, se podrán observar detenidamente las declaraciones del ex Presidente José María Aznar y Mariano Rajoy, de Dolores de Cospedal, de Soraya Santamaría, del oscuro comisario José Luis Villarejo y su escabrosa relación con políticos y periodistas (tal el caso de la rutilante presentadora televisiva Ana Rosa Quintana, quien lo habría contratado para extorsionar a jueces que deberían actuar en causas que asediaban al esposo de una de las periodistas y formadoras de opinión más importantes de España, dueña de los ratings mañaneros durante 17 años). Villarejo y otros espías dan cuenta de operaciones de inteligencia en países árabes y comprometen con sus dichos a un gran porcentaje de los políticos, funcionarios y ex funcionarios españoles. En algunos pasajes aparece mencionado incluso el ex policía Antonio González Pacheco, más conocido como “Billy el niño”, ya fallecido,  miembro del Cuerpo General de Policía en la Brigada Político-Social durante la dictadura franquista, conocido por torturar a numerosos opositores políticos.

En estas largas audiencias transcurre la historia política del último medio siglo español, es mucho más entretenida que la mayoría de las series de Netflix y, como no podía ocurir de otra manera, en la trama de corrupción aparece mencionada la Argentina de la dictadura. Ocurre que el acaudalado y hoy recluso Luis Bárcenas, le habría hecho un préstamo de tres millones de euros al empresario Ángel Sanchís (mano derecho y admirador confeso de Manuel Fraga Iribarne y de la política del régimen franquista) para que comprara miles de hectáreas en Salta y convirtiera las mismas, después de fundar la empresa La Moraleja, que lleva el mismo nombre que la finca, en un emporio limonero que muchos señalan como una maniobra magistral de lavado. Sanchís, además de conocer a Bárcenas desde que este tenía 7 años, fue también tesorero de los primeros tramos de Acción (luego Partido) Popular. Luis Bárcenas vació sus cuentas en el Dresdner Bank de Zurich, y otros 4,5 millones en cuentas en Nueva York para llevarse esas sumas de dinero a Argentina, concretamente a la finca “La Moraleja” de Salta.

Según dan cuenta los diarios españoles, esta finca está ubicada en la localidad de Apolinario Saravia, a unos 290 kilómetros al sureste de la capital salteña, en un lugar estratégico. Posee un total de 30.000 hectáreas, 2.500 de las cuáles están sembradas con limones, siendo una de las plantaciones más grandes del mundo.

Según el diario.es, la administración de José María Aznar, ya consolidadas las democracias en ambos países, habría continuado con esta práctica sospechosa que fortaleció aún más a La Moraleja, que tiene su sede central en Buenos Aires. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó 18 millones de dólares a La Moraleja S.A, una explotación agrícola en Argentina propiedad de los extesoreros del PP Angel Sanchís y Luis Bárcenas

Parte del dinero en Suiza de Bárcenas se transfirió a una cuenta en Estados Unidos de Brixco SA, la empresa que gestiona las exportaciones de esta finca.

La Moraleja SA gestiona un enorme latifundio de 300 kilómetros cuadrados que produce mil toneladas diarias de cítricos.
La empresa no quiso devolver el dinero y el crédito acabó en los juzgados argentinos.

El juicio prosigue, entre recursos, investigaciones legislativas, sospechas y personajes implicados que siguen apareciendo. Insisto, el seguimiento del mismo da cuenta de la radicalización de un capitalismo financiero mundializado que ni siquiera puede soportar los límites de la legalidad de las democracias indirectas creadas hace más de dos siglos.

Su seguimiento depara una experiencia de comprensión e involucramiento real mucho más entretenido que las series y pelis que, con mayor o menor calidad, puntería u honestidad intelectual abarcan los entramados políticos contemporáneos. Hagan la prueba.