Por Eduardo Luis Aguirre

En los últimos días, asumí la tarea de desgrabar mi editorial del sábado pasado en "Multitud", el espacio de política internacional que emite Radio Kermés y puede escucharse también por la radio pública argentina. Este es el resultado prieto, breve, muy perfectible, acerca de un neologismo que nos interpela.

La expresión “lawfare” ha sido incorporada como un significante ordenador a la jerga coloquial de la política argentina. En líneas generales, se la traduce habitualmente como la utilización del derecho como arma de guerra. De esa manera se alude al histórico contubernio entre las operaciones de la prensa conservadora, la influencia de oscuros poderes fácticos y las decisiones de un sector de la burocracia judicial y se resume la perversidad de la persecución política ensayada durante los últimos años en el país y en el mundo contra gobiernos que han intentado llevar adelante políticas autonómicas o emancipatorias. En definitiva, la utilización ilegítima que puede llevar a cabo el Poder Judicial del derecho como forma de perjudicar a un adversario y obtener un resultado político, naturalmente compatible con las expectativas de los sectores sociales más retardatarios. Como se observa, los elementos imprescindibles de este concepto, en nuestra acepción no serían las leyes sino los encargados de aplicarlas, diferencia para nada menor. Ha dicho Valeria Vegh Weis, coautora junto a Raúl Zaffaroni y Cristina Caamaño del libro “Bienvenidos al Lawfare”, prologado por el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva: “¿Qué es entonces el lawfare? La manipulación selectiva del sistema penal para buscar la muerte política y jurídica de dirigentes populares y salvar de esa misma muerte política y jurídica a dirigentes funcionales al poder real, aún cuando sí hayan cometido delitos”.

“La pregunta obligada es entonces ¿quiénes son los verdugos de estas muertes políticas y jurídicas? Los verdugos son cuatro viejos poderes: el judicial, el mediático, el corporativo y el internacional” (1). Quizás deberíamos problematizar esta estandarización del uso social del término.

Más allá de la incorporación unívoca al acervo del lenguaje popular, lo que la fortalece a tal punto de que actualmente se escriben excelentes libros sobre el lawfare y el propio Papa Francisco haga referencias explícitas al mismo con una acepción análoga (2), siempre esa categoría, por su procedencia originaria, nos despertó cierta prevención.

Es que el concepto de lawfare no habría sido ideado para denunciar la utilización escandalosa de la judicatura de la manera antes señalada, sino que su origen histórico es mucho más complejo y al parecer no fue pensado justamente para acudir en ayuda de los reclamos democráticos que reclaman un servicio público de justicia transparente. Más claramente, el lawfare no habría sido creado pensando precisamente en Comodoro Py, ni en Lula, ni en Correa, ni en Dilma Rousseff, ni en CFK, ni en Evo Morales, ni en Julian Assange, por citar solamente algunos nombres.

El neologismo –según destaca Roberto Gargarella- habría sido acuñado inicialmente en 1975 por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, argumentando contra la evolución excesivamente utilitarista del sistema jurídico de occidente, comparado con las normas que rigen el derecho oriental.

Posteriormente, Charles Dunlap Jr., General de división de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, definió hace exactamente 20 años al lawfare como la estrategia de usar o usar mal la ley como un sustituto para los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de guerra . Vale decir, que el lawfare, en el entendimiento de los militares y juristas de la potencia que más frecuentemente ha acudido a las instancias bélicas a lo largo de toda la historia, no sería algo necesariamente desvalorable. Por el contrario, y esto es preciso destacarlo, en la mirada imperial podría existir un lawfare “bueno”. David Kennedy, también profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, proporcionó una definición de lawfare, lo llamó el arte de administrar la ley y la guerra juntos. En este sentido, hay que interpretar sobre las muchas otras formas en que la ley puede operar, así como ejemplos de diferentes tipos de ley, cultivar un método para evaluar el poder y utilidad que subyace.
En igual sentido, el Profesor Trachtman expresa, que el concepto surge en el ámbito militar, ya que, a la hora de llevar adelante sus operaciones, deben tener en cuenta el medio ambiente, obligaciones, la salud de la población local, responsabilidad penal local para operaciones y una serie de otros problemas legales que tradicionalmente no ha sido preocupaciones militares. En este sentido, lo que se busca es usar la ley como una forma de guerra asimétrica  es útil pensar en ella como un arma que se puede usar para bien o para mal, dependiendo de quién la esté usando y porqué razones. Hace referencia a que: —La guerra jurídica puede sustituir a la guerra tradicional cuando funciona como un medio que obliga a ciertos comportamientos específicos con menos costos que la guerra convencional, e incluso en los casos en donde esta sería ineficaz— . Existe una serie de enfoques en donde puede utilizarse la ley para socavar a los adversarios, enfoques que pueden ponerse bajo la protección del lawfare (3).

Con prescindencia de la disputa cultural que evidentemente se ha generado alrededor del significado y el alcance del término, y que en las versiones más conservadoras se alzan interpretaciones como las que a manera de mero ejemplo citamos (4), lo cierto es que la duda parece atravesar también a los juristas del campo popular. Así lo expresa en un artículo de su autoría el propio Carlos Zanini.

Zanini advierte que no hay en nuestros países una guerra jurídica sino una una violación de las leyes y de las más elementales garantías convencionales y constitucionales

“Pienso que basta una mirada un poco más detenida para advertir que, llamar de ese modo a este accionar sistemático, un verdadero modelo de dominación y entretenimiento de la sociedad, es, por lo menos, benévolo.

Así, ese nombre tapa la verdadera naturaleza de la implicancia política e institucional que tuvo y tiene esa práctica. La mayor trascendencia y conocimiento del concepto de “Lawfare”, para América del Sur, no ha sido en el terreno militar

ni relacionado a guerra alguna. Se ha llamado así al hostigamiento y la persecución de los adversarios políticos contrarios al establishment, concretado con la utilización profusa de los medios de comunicación y los servicios de inteligencia; que empujan una acción judicial violatoria de los derechos básicos que por estas latitudes representan el estado de inocencia, el derecho a la defensa en juicio, la prohibición de la creación de tribunales especiales y el derecho al debido proceso y al imperio de las leyes

.Básicamente, como más arriba hemos manifestado, se ha tratado de la persecución a ex presidentes y líderes políticos, así como a muchos de sus partidarios, en Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia. Podría sostenerse que el método ha sido utilizado para intentar lograr la proscripción de esos líderes, o por lo menos, para tratar de provocarles un gran daño reputacional, sin reparar en la ilegalidad de los medios persecutorios, para dificultarles, limitarles, o simplemente, impedirles su participación política”.

Eliseo Verón advertía sobre estas disputas ideológicas que siempre subyacen en el lenguaje. la lingüística no es suficiente para realizar un análisis exhaustivo de lo que él denomina el “discurso social”, entendiendolo como una articulación entre el eje sociocultural y la significación, planteamiento en el que subyace la idea de “comprender” la red semiótica como un sistema social productivo de sentido. Verón plantea entonces una doble hipótesis para su teoría: el sentido siempre se produce desde lo social y a su vez todo fenómeno social siempre tendrá en su origen una producción de sentido. Es desde esta relación dual entre el sentido y lo social donde el autor instala el concepto de “sociosemiótica” ya que logra articular ambas dimensiones.





(1)   Página 12, edición del 20 de enero de 2021, disponible en https://www.pagina12.com.ar/318605-que-es-el-lawfare

(2)   “Aprovecho esta oportunidad para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales.
El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos (…)” (Roma, 4 de junio de 2019).

(3)   Rodríguez Zabala, Jorge: EL "LAWFARE" UN CONCEPTO QUE DEBEMOS PRESTAR ATENCIÓN EN EL SIGLO XXI, Ed. Hammurabi, disponible en https://www.hammurabi.com.ar/zabala-el-lawfare/

(4)   Da Silva Oliveira, Guilherme Tadeu Berriel : “LAWFARE” E O USO DO DIREITO COMO INSTRUMENTO DE GUERRA, disponible enhttps://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/2488. Recomendamos también la lectura del artículo disponible en https://www.utdt.edu/nota_prensa.php?id_nota_prensa=17775&id_item_menu=424

(5)   “Por qué no deberíamos hablar de Lawfare”, disponible en https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/10662