Los diputados Martín Berhongaray (UCR) y Espartaco Marín (PJ), integrantes de los dos partidos políticos más importantes de la provincia, contaron su experiencia de la visita a la cárcel de Punta de Rieles, la cual es conocida por su funcionamiento como un pueblo. Explicaron con imágenes su experiencia, señalando las grandes ventajas que supone el sistema en función de los derechos de las personas privadas de la libertad, pero también de la sociedad en su conjunto.

Estos establecimientos implican la desmilitarización de la vida interna, la que se gestiona por los propios presos en asamblea con operadores civiles (que aproximadamente en un 70% son mujeres) y una apertura familiar amplia, sumado a políticas socializadoras más parecidas al ámbito social libre, como por ejemplo, contar con emprendimientos productivos que auto financian al establecimiento y aseguran salida laboral tanto durante el encierro como después de terminada la pena. Estas medidas han llevado a que en muy pocos años se reduzca la reincidencia de un 50% a un 3%, bajando la conflicitividad interna del penal, hasta casi desaparecer.

En el panel se sumó el propio gobierno provincial en la persona de Alan Ruiz, Director de Inteligencia Criminal de la provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, que comentó el estado de situación actual en La Pampa, y contó el convenio que se firmó con el Servicio Penitenciario Federal para alojar presos varones en la U.13 local, y asegurar más vacantes en el resto de las unidades provinciales, y el acuerdo existente para enviar a condenados por delitos sexuales a Senillosa (Neuquén), que funciona desde agosto como unidad terapéutica para esta conflictiva, todo lo cual ha significado un principio de solución que es histórico y sin precedentes en la Provincia.

Estas iniciativas son políticas de Estado, que se colocan por encima de las contingencias y se orientan a afrontar, de modo creativo, problemas endémicos. La Pampa tiene condiciones óptimas para encarar el desafío propuesto de una cárcel diferente a la tradicional: una baja densidad de presos (alrededor de 350 en toda la provincia), una población penitenciaria que, en general, no reviste complejidades en su composición, condiciones geográficas y edilicias acordes, y experiencias previas, como la unidad abierta de General Pico, que demuestran que es factible implementar otro sistema, respetuoso de los derechos y la dignidad de las personas y pensando en devolver a la sociedad individuos que salgan en mejores condiciones que cuando ingresaron, pero también un Estado amigable para la recepción laboral y productiva pos penitenciaria, marco en el cual el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal será de vital importancia.

Agradecemos profundamente a todas las personas que asistieron y colaboraron para la realización de esta iniciativa, y muy especialmente a las autoridades que participaron del panel, al público interesado y a quienes nos hicieron llegar su interés aunque no pudieron asistir, por el compromiso asumido en trabajar en pos de un modelo penitenciario alternativo para La Pampa.

15 de abril de 2016