“Tenemos el desafío de bajar la invisibilidad social porque no todos los seres humanos son tratados como personas. Es necesario contar con funcionarios profesionales y tener los instrumentos para llenar de defensores públicos a toda América Latina, América del Norte y porqué no, todo el mundo” (Haman Tabosa de Moraes, Defensor Público General Federativa de la República Federativa del Brasil).

Prácticamente desde que asumió su función, en el año 2012, el titular de la Defensa Pública santafesina, Gabiel Ganón, fue objeto de una persecución sistemática por parte de diversas agencias estatales y poderes fácticos determinados que observaron la labor del funcionario como una amenaza para el establishment local.

Actualmente, Ganón afronta un juicio político al que caracterizó como plagado de irregularidades.
En los últimos días, se conoció la existencia de una amenaza burocrática análoga contra el Defensor Oficial de Neuquen, y además Defensor Interamericano, Gustavo Vitale.
Ambos, además de funcionarios de la justicia, prestigiosos académicos y militantes de causas justas que, como rasgo distintivo unitario, habían intentado correr el límite de los posible en materia de defensa de los DDHH de sectores vulnerables en sus repesctivas provincias.
Al parecer, forman parte del pasado aquellos días en que, en un Aula Magna colmada de la Facultad de Derecho de la UBA, se definía a la defensa pública como parte de una "revolución silenciosa". El clima de época que impuso la restauración conservadora dejó al descubierto la debilidad de ciertas construcciones institucionales. La defensa oficial no fue una excepción en ese sentido. Habrá que recrear espacios horizontales, democráticos, ideológicamente consistentes y políticamente fuertes como forma de resistir los embates que -seguramente- habrán de continuar en la Argentina actual.