Los miles de despidos y la represión masiva, sin precedentes en la democracia argentina, nos permiten escrutar el verdadero rostro del cambio derechista y su tránsito hacia una escalada autoritaria que se diferencia claramente –y para peor- de las experiencias conocidas del consenso de Washington.

Asistimos ahora a una restauración conservadora imposible de disociar de una nueva forma de control global que se asienta en el disciplinamiento y  la punición de las experiencias autonómicas en todo el mundo, por parte de un imperio que, en los último años, añadió a su histórica hegemonía política, militar, tecnológica y económica, un decisivo excedente energético mediante el que impone condiciones en todas las latitudes.

El mundo está en guerra. Y lo que se vive en la Argentina es una réplica de las denominadas guerras asimétricas, que responden a una afilada estrategia internacional que cuenta siempre con la complicidad de los grandes medios de comunicación, los sectores concentrados del capital (interno e internacional), los CEO´s y la gran burguesía agropecuaria. Una nueva puesta en escena de una sociología de control global punitivo, cuya primera expresión fue la guerra de los Balcanes y que en América Latina se exteriorizó mediante  múltiples tentativas de golpes suaves destinados a desestabilizar a los gobiernos populistas de la región. Y que, en nuestro país, terminan imponiéndose mediante elecciones cuyo contexto merecería ser motivo de otro análisis.

Es cierto que el modelo de ajuste y exclusión no cierra sin represión. La incógnita es quién tendrá a su cargo en lo sucesivo la conjuración de la protesta social, porque está claro no resultará sencillo hacerle entender al pueblo argentino que buena parte de sus habitantes quedarán afuera de la transformación de colores y globos. Hasta ahora, las fuerzas de seguridad interna han asumido el rol de ejército de ocupación encomendado, pero la verdadera magnitud de la punición de la protesta social va a depender de factores que tampoco se sustancian exclusivamente en el acotado escenario doméstico. De hecho, el Ministro de Justicia acaba de advertir que “Lamentablemente estamos  transitando un camino muy parecido al de Colombia y México cuando el narcotráfico penetra el Estado”, y al mismo tiempo la vicepresidenta se quejó de que el Estado Nacional "no tiene medios" para capturar a tres prófugos condenados por delitos comunes. Son dos avisos concomitantes, que deben mensurarse en el marco de la obstinada y reconocida predilección del gobierno por reformular la política exterior argentina, alineándose con Estados Unidos y los países del Pacifico. De ahí la propensión a exhumar el ALCA, ahora reconvertido como TPP, que además de regular las relaciones entre Europa y EEUU va a controlar más de la mitad del comercio mundial. La potencial incorporación de nuestro país a ese esquema global importa una verdadera capitulación de nuestra soberanía, y las reacciones frente a la tentativa infame seguramente habrá de deparar nuevas y más encendidas protestas por parte de los sectores populares. En ese caso ¿Se viene un “Plan Argentina” con la excusa de la inseguridad y el narcotráfico, que algunos llaman narcoterrorismo? Si eso fuera así, tomando la queja de Michetti ¿qué medios harán falta para neutralizar al nuevo "enemigo"?

 Si analizamos la política internacional de los países vecinos que han inclinado a fortalecer sus alianzas estratégicas con el imperio (nuestros potenciales socios del Pacífico, según la mirada del gobierno), en términos de intervención militar y estratégica, veremos que el panorama es más preocupante todavía, pero también que es posible encontrar algunas respuestas a estos interrogantes.

En Chile, el Comando Sur instaló la base militar de Fuerte Aguayo, cercana al puerto de Valparaíso, destinada a llevar a cabo operaciones de “mantenimiento de la paz y la “estabilidad civil”.

En Colombia hay una infinidad de enclaves militares que merecen ser consignados. Una de ellas, la base aérea Fernando Gómez Niño, ubicada en una zona cercana a la frontera con Brasil, está destinada no solamente a lanzar operaciones armadas contra las FARC, sino a llevar a cabo campañas contra el narcotráfico y controlar vuelos que transporten narcóticos hacia otros países. La base está en condiciones de recibir todo tipo de aviones. La base aérea Alberto Pauwels Rodríguez, situada a 700 kilómetros al norte de Bogotá, es la sede del Comando Aéreo de Combate Número 3, y está concebida también para realizar operaciones militares contra la guerrilla, intercepción de vuelos ilegales y lucha contra el narcotráfico.

La base Palanquero (190 kilómetros al norte de Bogotá), es la sede del Comando de Combate Nº 1 y constituye un objetivo principal de los EEUU. La base aérea José Inocencio Chincá, ubicada en Toleimada, a 100 km de Bogotá, alberga frecuentemente a militares norteamericanos encargados de entrenar a las tropas colombianas en estrategias de lucha antiinsurgente y narcotráfico. La base fue visitada en 2012 por León Panetta, Jefe del Pentágono. La base naval Bahía Málaga, ubicada en un punto de la costa colombiaana equidistante de Ecuador y Panamá. Por un acuerdo con Washington opera como puerto alterno de barcos de guerra norteamericanos, habilitados a patrullar el litoral colombiano. También está destinada a la lucha contra el narcotráfico. A todas ellas, podríamos agregar las bases de Tres Esquinas, Turbo, Cartagena y Larandia.

Si bien la información que atañe al Perú es calificada de confusa, algunas fuentes aseguran que hay bases norteamericanas semipermanentes y sitios de radar en Iquitos (Amazonas), Pucallpa, Mazamari, Palmapampa y Ancón, un puerto que ha servido de teatro de entrenamiento proporcionado por el Comando Sur a las fuerzas de la región. Además, el gobierno peruano autorizó el uso de instalaciones portuarias para el abastecimiento de la IV Flota. 

En Paraguay, en la estratégica base militar Mariscal Estigarribia (ubicada a apenas 200 km de la frontera con Bolivia y Argentina) fue sede desde 2005 de ejercicios militares y operaciones de la Special Operations Forces (SOF) y se denunciaron supuestas operaciones humanitarias de la USAID. En el aeropuerto internacional Dr. Augusto Roberto Fuster, ubicado al noroeste de Asunción, en el límite con Brasil, funcionan efectivos militares de la agencia antinarcóticos de EEUU. Por razones de brevedad, omitimos la descripción detallada de la fuerte presencia militar estadounidense en México (*). Ahora sí podremos evaluar si el ALCA (o su sucedáneo) es o no una mala palabra para los intereses de la Patria.

(*) Todos los datos fueron extraídos del libro de Telma Luzzani: "Territorios Vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica", Ed. Debate, 2012.