Acabamos de conocer los nuevos cuestionamientos efectuados por la relatora especial sobre independencia de jueces y abogados de la ONU, la brasileña Gabriela Knaul, contra las medidas de democratización de la justicia impulsadas por el gobierno argentino, particularmente en lo que concierne a los mecanismos propuestos de selección de jueces.
La mencionada funcionaria había exteriorizado sus primeras  y llamativas críticas desde Ginebra, Suiza.
Sería bueno saber si, antes de incurrir en esos excesos e inexactitudes, la relatora intentó también amonestar al país desde donde realizó esas especulaciones, que no es otro que un proclamado campeón occidental de la democracia cantonal.
Es necesario decir esto, a la luz de los mecanismos de elección de los jueces que, entre otros Estados, utiliza Suiza, que al parecer no es otro que la elección popular directa, "en el que existe un dominio político partidario transparente y en el que los partidos políticos tienen absoluto predominio"[1].
Resultaría también interesante conocer si, con los mismos argumentos basados en la preservación del Estado de derecho, la independencia de poderes y demás invocaciones genéricas, puso en algún momento en crisis la constitución y el funcionamiento de una multiplicidad de tribunales internacionales esponsoreados por la propia   ONU y la “comunidad jurídica internacional”, acusados históricamente de violar principios básicos de cualquier derecho democrático, tales como la igualdad ante la ley, el juez natural, la ley previa, el derecho de defensa en juicio, los derechos fundamentales de los reclusos, los derechos de las víctimas, etcétera. Esas y otras críticas, nunca suficientemente rebatidas, se extienden desde los tribunales de Nüremberg y Tokio hasta -en lo que hace a la responsabilidad directa de la ONU- los de la Antigua Yugoslavia, Ruanda y la propia Corte Penal Internacional. No se ha podido conocer, hasta ahora, la opinión de la relatora sobre estos temas tan sensibles, que hacen a la democracia planetaria.