Veo con satisfacción que se han hecho públicos nuevos intentos por lograr la reincorporación del militante sindical Miguel Maldonado, quien fuera dado de baja y luego encarcelado por la dictadura militar, "por presunta vinculación en actividades subversivas". Esta reincorporación, además de implicar una mínima reparación para quien fuera víctima de la tragedia argentina reciente, es absolutamente justa desde el punto de vista legal. El 4 de diciembre de 2006, siendo Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, dictaminé en favor de su pedido. Lo hice porque, en primer lugar, Maldonado solicitó oportunamente acogerse a los beneficios de la Ordenanza 14/84, que disponía la incorporación de los trabajadores municipales que hubieran sido prescindidos o cesanteados por causas gremiales políticas o ideológicas durante el gobierno militar. Esa petición fue avalada por la Comisión Ejectiva de Personal Municipal Prescindido circunstancia ésta que se concreta con la Resolución Nª 1779/84, que concede a los requirentes un plazo de 30 días para efectivizar las mismas. Lo real es que no hay en el expediente constancia alguna de que este militante hubiera sido notificado personalmente de ese acto administrativo, y por ende mal puede suponerse que el término para acogerse al beneficio habría expirado. "A mayor abundamiento - sigue diciendo el dictamen, en un último punto- y sin perjuicio de estos aspectos formales, esta Dirección entiende que, para que el derecho no se convierta ni utilice de manera rutinaria como un elemento de disciplinamiento o control destinado a reproducir las injusticias del sistema, el mismo debe armonizarse con el paradigma de la Constitución, posibilitando que estas circunstancias se salden con arreglo a criterios "pro homine". Con mayor razón, cuando las cuestiones a dilucidar tienen que ver con aspectos tan sensibles que hacen a los Derechos Humanos de las personas victimizadas por el terrorismo de estado".