La ocupación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido atraviesa casi dos siglos. Las formas que ha asumido ese avasallamiento emblemático del derecho internacional, se han ido modificando a través del tiempo, en consonancia con las diferentes lógicas imperiales de dominación, sus discursos y doctrinas. La última de esas prácticas, no solamente incluye la ocupación, la explotación predatoria de recursos naturales, la profanación del cementerio de Darwin (donde descansan soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas) y una creciente militarización de las islas, hasta transformarlas en una base estratégica de la OTAN , sino que también implican los intereses de la gran banca internacional. Efectivamente, las petroleras británicas han tenido el respaldo explícito y concreto de grandes entidades financieras en sus actividades extractivas, violatorias de resoluciones expresas de organismos internacionales. Según relata el corresponsal de RT Ignacio Jubilla,” entre los mayores accionistas de los trabajos de explotación en las islas Malvinas figuran los bancos estadounidenses Bear Stearns y JP Morgan, símbolo de la crisis de especulación en EE.UU., así como el banco suizo Credit Suisse y el banco británico Barclays”. “Hay ocho empresas y lo que se ve es que detrás de estas decisiones en buena parte se encuentran las entidades más importantes del sistema financiero, entre ellas Barclays, principal banco inglés que hace poco, durante el primer trimestre, fue sancionado con una multa millonaria por manipular las tasas Libor”, dijo a RT el periodista argentino Ignacio Chausis. “Actualmente, con autorización unilateral del Reino Unido, en las Malvinas operan ilegalmente tales empresas como Rockhopper, Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas, Argos Resources, Premier Oil y, en asociación con Rockhopper, la estadounidense Noble Energy”. Es previsible que las diferencias pudieran profundizarse a partir de la decisión soberana de Argentina de buscar petróleo en áreas colindantes a las islas, en un proyecto que coaliga a la recientemente recuperada YPF con la empresa estatal venezolana PDVSA. El emprendimiento conjunto, vale aclararlo, es absolutamente legítimo, se inscribe dentro de las más elementales normas del derecho internacional, expresa la potestad soberana de Argentina sobre su territorio, y únicamente podría ser controvertida desde una perspectiva colonial impensable en el siglo XXI. Semejante a la que el Reino Unido pone de manifiesto al amenazar a Ecuador por haber concedido asilo diplomático a Julián Assange.