Por Eduardo Luis Aguirre

Este artículo intenta recuperar una investigación del profesor mexicano Fernando Tenorio Tagle y se propone problematizar las remanidas retóricas y las  interminables cruzadas contra la “impunidad”, todas ellas  inexorablemente infructuosas, resultado éste que, por supuesto, los estados policiales conocen perfectamente de antemano.

Tagle logra calcular que la criminalidad mundial equivale, por ciudad y por país, a un 20/25 por ciento de su población al año (1). Es decir, tomando una población de 40 millones de habitantes, la Argentina registraría entre 8 y 10 millones de delitos por año.

Este guarismo se obtiene descontando crímenes tales como  tráfico de armas, personas o drogas, porque son éstos delitos difíciles de rastrear en las encuestas de victimización, que por otra parte no abundan en la Argentina.

No obstante esa debilidad de origen, en Italia, que tiene aproximadamente 50 millones de habitantes, se logró hacer la detección de transacciones ilegales de narcóticos.  El resultado fue estremecedor: se perpetran un millón de esas transacciones por día.

O sea que, al menos en ese país, hay 365 millones de delitos que hay que agregar a aquel 20-25 por ciento estimado por el investigador.

Vamos a ver el impacto que esto tendrá en el tema de la “impunidad”, contra la cual se emprenden a diario luchas, guerras, programas y otras nomenclaturas binarias y castrenses igualmente fallidas, q que en muchos casos, encubren prácticas  más propias de una ocupación que de ejercicios racionales y democráticos tendientes a prevenir, disuadir o conjurar el delito.

Si analizamos el sistema penal en todo el mundo, la media mundial es 95% de “impunidad”, tomando en cuenta todos los delitos denunciados. Esto es, sin cifra negra. Si incluimos la cifra negra, la impunidad crece al 99,95%. Si añadimos el tráfico de drogas, como fue el caso de la investigación italiana, la impunidad crecería al 99,999%. O sea que el sistema penal sólo puede enfrentar  con “éxito”, la milésima parte de un 1 por ciento de la criminalidad real.

Sin embargo, el espectáculo febril de a labor de las agencias encargadas de la seguridad parece pintarnos un cuadro de otra realidad. Están todos trabajando en los juzgados, en las comisarías, en las fiscalías, en los ministerios contra la inseguridad y la impunidad, mientras la realidad empíricamente verificada  pone de manifiesto estos guarismos impactantes.

Frente a ellos, surge nuevamente la discusión acerca del sentido último del sistema penal, que no es otro que el control de las clases subalternas. Es más, en las últimas décadas, el orden global necesita de un sistema de control global punitivo que se asienta en guerras de baja intensidad o campañas policiales de altísima intensidad, que generalmente se abaten sobre los sectores subalternos de las sociedades, los díscolos, las minorías y los inmigrantes. Una verdadera cruzada destinada al disciplinamiento racista de un otro desvalorado. Una forma brutal de rubricar la categoría de extimidad acuñada por Lacan y luego analizada por Jacques- Alan Miller (2).

Ahora bien, es preciso advertir que culquier tipo de subestimación de la importancia de la criminalidad, sobre todo en América Latina, implica un prejuicio regresivo del que no participamos, sobre todo si conocemos las mediciones objetivas que pueden recabarse sobre la cuestión: "Algunos pocos datos elocuentes bastarían para acordar la importancia del problema de la criminalidad en la región: según datos de 2013 de las Naciones Unidas (UNODC 2014) América Latina, que concentra aproximadamente el 14 % de la población mundial, posee alrededor del 5 % del total de armas de fuego en manos civiles, registra el 36 % de homicidios cometidos en el mundo. Mientras el promedio global es de 6,2 homicidios cada 100.000 habitantes, en nuestra región es de 23,5, con grandes diferencias entre los países pero con una tendencia al incremento de un 15 % entre 2008 y 2012 (Fleitas et al. 2014). En un ranking de 2011 de la organización Paz Ciudadana las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio del mundo, 37 eran de América Latina y del Caribe, específicamente del norte de América Central, México, Colombia, Venezuela y Brasil. Otros delitos y otras violencias, que concitan distintos grados de preocupación y visibilidad pública, también son muy altas, tales como diferentes robos, violencias interpersonales y de género, corrupción pública y privada, fraudes, evasión y delitos económicos por parte de sectores poderosos, delitos medio ambientales y variadas formas de violencias expoliadoras contra sectores subalternos" (3). Por ende, lo que proponemos es racionalizar el eje del debate sobre la criminalidad, prescindiendo de la tentación de recurrir a la violencia estatal y a lemas vacíos  -como el de la "lucha contra la impunidad"- para revertir la onflictividad social en la región. Para ello, basta un ejemplo: La Pampa posee índices de homicidios cada 100.000 habitantes inferiores a la mitad del promedio argentino y latinoamericano. Las "grandes diferencias" sobre las que alertan Kessler y Oyhandy en el texto que citamos, por su objetiva relevancia, no pueden dejarse de lado a la hora de poner en marcha políticas públicas en la materia.

(1)   https://www.youtube.com/watch?v=zqPG-z4rrlk

(2) Extimidad, Editorial Paidós, Buenos Aires 2017.

(3) Kessler, G., & Oyhandy, A. (2014). Presentación: Dossier sobre criminalidad y políticas de seguridad.Cuestiones De SociologíA, (10). Consultado de http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/arti