Por Roberto Ottaviano (*)

Creemos que es necesario, -aunque se ha escrito bastante alrededor del tema- analizar el escenario socioeconómico y político nacional, abierto a partir del fallo del jueves 18 de la Corte Suprema de Justicia con relación al tarifazo de gas.

La presentación ante la justicia, a través de un recurso de amparo, había sido hecha por una ONG, el Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), en el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, en abril de 2016.

En segunda instancia, los primeros días de julio la Cámara Federal de la Plata declaró la nulidad de los aumentos tarifarios. A partir de esto el Estado recurrió a la Corte Suprema, al máximo tribunal.

El fallo de la Corte, que entre otras cuestiones plantea la falta de racionalidad y de gradualidad del aumento, declara nulo el tarifazo, pero (a diferencia de la instancia inferior) sólo para usuarios residenciales de gas. Es decir, dejó fuera del alcance de la nulidad al resto de los usuarios del servicio de gas: las unidades productivas, las empresas, cualquiera sea su dimensión y formato jurídico (empresas de capital, empresas familiares, pymes, cooperativas, etc.), como también a las organizaciones sociales (clubes de barrio, sindicatos, ongs, etc.). Este es un tema que requiere un análisis profundo a partir de ahora.

Es interesante pensar el momento del proceso en el cual, como colectivo que llevó y lleva adelante el reclamo, estaríamos. Para clarificar mejor, podríamos valernos de los aportes, categorías, dimensiones de análisis de algunos autores. Un grupo de investigadores integrado, entre otros, por Federico Schuster y Francisco Naishtat, llevan adelante proyectos de investigación referidos a movimientos sociales, acciones colectivas, y acciones colectivas de protesta, como una modalidad especial de la acción colectiva. Son autores que de algún modo han dado una vuelta de tuerca al concepto weberiano de acción social. Al estudiar las acciones colectivas de protesta, plantean la identidad como una de las dimensiones de análisis. Es decir, quién o quiénes constituyen el sujeto colectivo que lleva adelante el reclamo, que impulsa la demanda.

Y en nuestro caso habría que destacar que el sujeto colectivo, que es muy heterogéneo en su composición, encontró en la constitución de la “Multisectorial contra el tarifazo” un modo de unificar fuerzas, un medio de constituir un bloque. Y en las calles y plazas de diferentes ciudades, a través de la coordinación de día y hora, halló la mejor forma de hacer visible la demanda, de expandirla. Con movilizaciones ruidosas, pacíficas, activas, coloridas, sin interrupción del resto de la actividad cotidiana de las diferentes ciudades, este colectivo encontró los formatos, los repertorios para que se propague la acción colectiva de protesta. Esto hay que dimensionarlo; ha sido clave la creatividad para saber encontrar los puentes unificadores de sujetos que no son, en principio, la misma cosa. Es una inmensa fortaleza de la Multisectorial, una muestra de lo que suele llamarse racionalidad estratégica de los actores de la acción colectiva.

Este es el escenario político y social en el que se da el fallo de la Corte. Forma parte de lo que estos autores denominan estructura, que estaría dada por las condiciones externas e internas en la constitución de un agente de acción colectiva: la situación política, la fortaleza o debilidad relativas del antagonista, y también de la propia organización de la protesta. Un integrante de la “Multisectorial contra el Tarifazo” del cordón industrial de Rosario destacaba esto, hace un par de días: “la participación incidió muchísimo, visibilizó un tema que estaba encapsulado en una ONG, el Cepis, y promovió la adhesión de diferentes actores sociales que en un principio se mantuvieron al margen”. También dijo: “es un logro de la manifestación popular”.

Ahora bien: el fallo, objetivamente, divide el campo de este sujeto colectivo. Según cifras oficiales, hay un universo de usuarios de gas de 8.500.000 conexiones. Los residentes representan numéricamente más del 95% (aproximadamente 8.100.000) y consumen aproximadamente el 24% del gas. Este 24% de los consumos, pero 95% del número de usuarios (el consumo domiciliario) obtiene la nulidad del aumento tarifario. Ese bloque al que nos referíamos aparece hoy dividido por el fallo. Este es un cambio de escenario político, a partir del fallo judicial. El gobierno está habilitado a aplicar el tarifazo a aproximadamente el 76% del consumo de gas, que es de agentes no residentes, cuya principal caracterización podría ser la tremenda heterogeneidad entre sí: desde las grandes firmas oligopólicas o monopólicas, desde los grandes grupos económicos, con poder de mercado suficiente como para descargar en los costos y en los precios el nuevo cuadro tarifario, hasta las pymes, las cooperativas en sus diferentes tipos, las empresas familiares, las empresas recuperadas, las unidades de la economía popular que no operan en sus residencias, las cooperativas, las organizaciones sociales de distinto tipo (clubes de barrio, asociaciones civiles, ongs, etc.).

Entonces: en lo estructural, en lo económico, este feroz aumento tarifario fue y es inviable para un conjunto de unidades productivas y otras organizaciones sociales. Días atrás, a través de los medios, un trabajador de Fa.sin.pat. (“Fábrica sin Patrones”), la ex Zanón, planteó algunas cifras del aumento tarifario de la recuperada neuquina. Fa.sin.pat. es un ejemplo de la lucha de trabajadores y trabajadoras en la defensa de la fuente de trabajo, en la capacidad de generar un ámbito en la unidad de producción no jerárquico, democrático, y exitoso en lo económico durante años y años. Hoy, esta combinación de aumento desbocado de tarifas, caída de las ventas por el derrumbe en la actividad de la construcción y apertura de importaciones, ponen a la experiencia autogestionada al borde del abismo. “No nos dan los números”, decía uno de los trabajadores asociados días pasados. Y los ejemplos son miles y miles.

Pero insistimos: el escenario político permite distinguir que el fallo de la Corte fue dictado en un contexto de intensa movilización popular, que le dieron un contexto político determinado. Hay que poder dimensionarlo, y saber valorarlo. Y esto marca el camino a seguir. La cuestión sigue siendo política, aunque gran parte del futuro inmediato las diferentes organizaciones lo deban jugar en el terreno judicial con un sinnúmero de presentaciones. La fortaleza va a estar dada por el contexto político de movilización en las calles. Ese va a seguir siendo el aspecto central de la acción colectiva.

Esto permitirá que se logre lo que estos autores a los que venimos apelando denominan performatividad, que es el impacto político de la acción, su inscripción en la agenda política, su capacidad para que la demanda continúe siendo una cuestión, (como lo denominan desde el texto ya clásico Oszlak y O´Donnell), con todos sus efectos, materiales y simbólicos, capaces de transformar las condiciones políticas de un estado de cosas, de un determinado "orden social". 

Esto las organizaciones lo perciben, lo saben, lo conocen, lo sienten y muy bien. Son ellas mismas, justamente, en su mayoría, (pensemos en las recuperadas y sus luchas, por ejemplo) producto de la acción colectiva en el espacio público.

Roberto Ottaviano



Referencias bibliográficas

Schuster, Federico, 2005: Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En: Naishtat, Francisco, Schuster, Federico y Nardacchione, Gabriel. Compilado por Francisco Naishtat y Federico Schuster: Tomar la palabra: Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Prometeo Libros.

Oszlak Oscar y O´Donnell, Guillermo, 1984: Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Alcalá de Henares, Instituto Nacional de Administración Pública.
(*) Docente e Investigador (UNLPam)